Desde el pasado sábado, se repiten escenas que no veíamos desde hace casi 20 años por la obstinación del Ministerio de Fomento en obligarnos a viajar con el certificado de residente y nuestra documentación. Un empeño anacrónico e inadmisible en plena era digital de un Gobierno que humilla con esta decisión a canarios, baleares y residentes en Ceuta y Melilla.

Lo intentamos hasta el último minuto, pero no hubo manera. El Ministerio se negó a oír a quienes le exigíamos que antes de aplicar esta medida buscase soluciones telemáticas alternativas para verificar la residencia del usuario sin tener que recurrir al caduco certificado y que se mantuviese el DNI como documento acreditativo.

Diputados y senadores de ambos archipiélagos tratamos infructuosamente de que la ministra de Fomento entendiese que su empeño nos retrotraía casi dos décadas y suponía un claro perjuicio a todos los ciudadanos y, especialmente, a aquellos que deben desplazarse con regularidad para recibir atención médica o aquellos estudiantes que se trasladan a otra Isla o a la Península para cursar sus estudios.

Pese a sus buenas palabras y comprensión, el Ministerio de Fomento no dio marcha atrás y, a partir del 1 de septiembre, debemos viajar con nuestro certificado de residencia. Durante el mes de agosto, y ante la premura con la que entra en vigor esta medida, en muchos Ayuntamientos se han vivido escenas de colas kilométricas y esperas de casi una hora para retirar el certificado. Y todo por el empeño unilateral del Ministerio de generar un problema antes de poner remedio para evitar este absurdo.

El Gobierno ha justificado el rescate del certificado argumentando que quiere evitar que se sigan registrando usos fraudulentos del mismo, sembrando dudas sobre los ciudadanos de ambos Archipiélagos y las Ciudades Autónomas, sin que hasta ahora conozcamos datos oficiales sobre las estadísticas que maneja Fomento sobre su utilización indebida.

Paradójicamente, esta humillación ha prosperado con el apoyo de los diputados y senadores canarios del Partido Popular, que cerraron filas con el Gobierno sin que ninguno de ellos expresase públicamente su oposición a un nuevo desatino de un Ejecutivo que ha demostrado desconocer la realidad insular.

Una periodista canaria se preguntaba en Twitter si el Gobierno se hubiese atrevido a adoptar una medida de este tipo en Cataluña o Euskadi. Lo dudo. Ambos territorios no hubiesen aceptado, como no lo hacemos en Canarias y Baleares, un tropelía que nos obliga a certificar nuestra residencia cada vez que acudamos a un mostrador de facturación o a una puerta de embarque.

Es tercermundista que el Gobierno incluya esta medida en su paquete de actuaciones para superar la prolongada crisis económica que sufrimos. Más que un incentivo es un obstáculo más para unos ciudadanos que en la inmensa mayoría de los casos no viaja por placer sino por causas laborales, académicas, sanitarias, etcétera.

La medida ha entrado en vigor, pero seguiremos insistiendo en el Congreso y el Senado para exigir al Gobierno que ponga fin cuanto antes a este abuso y degradación a un derecho que nos corresponde y que podemos certificar con el DNI sin tener que viajar con un papel que lo acredite.

La preocupación que ahora se plantea es qué sucederá con aquellos que se encuentran en la Península y creen que pueden viajar sin el certificado por haber comprado el billete con anterioridad. ¿Se les impedirá viajar o se les cobrará la diferencia para poder embarcar? Ya veremos.

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