Hay programas que hieren. Que pisotean la ética miserablemente cuando permiten que un delincuente acuda a un plató y sea premiado con una recompensa económica millonaria por relatar los entresijos de su delito en prime time. La voracidad con la que se busca arañar puntos en la audiencia televisiva ha traspasado en varias ocasiones la delgada línea roja de la ética periodística y ahora nos corresponde, en el Congreso de los Diputados, poner fin a una práctica despreciable de la que se han beneficiado personajes como Julián Muñoz, Luis Roldán o la madre de "El Cuco".

El próximo miércoles, día 27, se debatirá en la Comisión de Justicia del Congreso una proposición no de ley en la que insto al Gobierno a que acometa las reformas legislativas pertinentes para impedir que los condenados y sus familiares puedan lucrarse por relatar sus testimonios en programas de televisión. Es la segunda vez que lo intento. En la pasada legislatura, la disolución anticipada de las Cortes impidió que fuese debatida por el plenario de la Cámara Baja.

No pretendo con esta iniciativa ni limitar la libertad de expresión ni que estas personas no puedan expresarse en un plató de televisión. El objetivo es que quienes tengan cuentas pendientes con la Justicia no puedan enriquecerse ilícitamente en un medio de comunicación.

El único resquicio legal que hemos encontrado los que me han ayudado en la redacción de esta iniciativa es que el Gobierno "inicie los cambios normativos precisos en la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual, para ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a personas que, habiendo sido condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas. Esta prohibición alcanzará también a sus familiares o allegados".

Y, por otra parte, que "estudie la posibilidad de que esta prohibición de remuneraciones se extienda igualmente a las personas imputadas en la comisión de delitos o condenados por los mismos sin penalización económica pendiente, que podrían ejercer su derecho a la libre expresión en los medios, pero sin recibir remuneración de ningún tipo por declaraciones referidas a los delitos probados o presuntos con los que se les ha relacionado".

La limitación legal de estas prácticas retributivas a personas que hayan sido condenadas por los tribunales no puede ser total e incondicionada si se desea respetar el derecho constitucional de todas las personas a la libertad de expresión y de información. Pero desde luego sí cabe aplicarla a aquellas que mantengan deudas con las administraciones, fruto de una sentencia condenatoria. Porque de otra forma se produciría un doble agravio a la sociedad: la no devolución de lo indebidamente apropiado y el premio económico por la notoriedad de su delito.

No siempre los órganos judiciales pueden requisar los fondos pagados por este tipo de apariciones televisivas; y, en ningún caso, logran hacerlo cuando las percepciones las cobran familiares o allegados.

Es perverso e inadmisible que un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a un programa a hablar de ello, mientras las víctimas se ven obligadas a ser testigos de un espectáculo público y remunerado a costa de su dolor y sufrimiento.

No se puede permitir que se continúe premiando con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones sobre los delitos que cometieron, sin que conste que hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas.

Desde el ejercicio del servicio público de televisión en régimen de concesión administrativa se está financiando de esa forma a personas que, lejos de restituir las cantidades defraudas a la administración pública, mantienen ocultos los recursos obtenidos con sus delitos. Es un contrasentido ante el que los poderes públicos no pueden permanecer impasibles; con independencia de que corresponda a las organizaciones profesionales de la comunicación y el periodismo la autorregulación debida para que se restablezcan las buenas prácticas deontológicas.

La extensión continuada de pagos a personas condenadas o relacionadas con condenados o imputados por ocupar tiempos de pantalla y ganar determinadas audiencias se ha convertido además, en muchos casos, no ya sólo en un circo, donde no se respeta ninguna regla informativa, sino en un trampolín para la comisión de otros delitos de calumnias o injurias.

Espero contar el próximo miércoles con el apoyo de otros grupos parlamentarios para evitar que quienes matan o roban no vuelvan a ser recompensados en un plató por relatar su delito.

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