En la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, el partido de Rajoy ha indicado que la ministra Ana Mato, es "no competente" en materia de salud sexual y reproductiva, es decir, que asuntos sanitarios estrechamente relacionados con la vida de las mujeres no puedan ser debatidos con la ministra de SANIDAD, Servicios Sociales e IGUALDAD.

Quizás los dirigentes del PP deban saber que cuando una mujer sospecha que ha quedado embarazada la primera reacción es comprobar cómo va su nivel de hormona hCG. Para eso, acudirá a la farmacia en busca de un test de embarazo, o visitará a algún profesional sanitario para que aclare la sospecha. Por saber, las mujeres, que somos las que quedamos embarazadas, incluso sabemos que es conveniente que se realicen sistemáticas revisiones que nos permitan conocer nuestro estado de salud a la hora de afrontar o prevenir un embarazo.

En los países democráticos que garantizan nuestros derechos, sea para mantener el embarazo, sea para evitarlo, las mujeres acudimos a profesionales médicos.

Que el acceso al aborto y a servicios de salud sexual y reproductiva son materia de salud pública y de derechos humanos, lo sabe todo el mundo. Pero quizás el PP, deba visitar la wikipedia para tomar conciencia de que son la Obstetricia y la Ginecología las especialidades médicas que se ocupan de acompañar, profesionalmente, las decisiones de las mujeres en relación a sus embarazos.

Lo ocurrido en la Diputación Permanente pone en evidencia a una ministra que elude persistentemente un debate de su absoluta competencia (sanidad e igualdad). Pero también evidencia a un PP que ningunea a la ministra del ramo declarándola "no competente" en la responsabilidad de gestionar los asuntos que conciernen a su Ministerio. Hay más menosprecio hacia la ministra en el comentario del PP que en los de las redes sociales sobre las cualidades, capacidades o suficiencia de la ministra en esta materia.

Pero, la cuestión de fondo es más grave, porque nos indica que el Gobierno de Rajoy quiere colocar la salud sexual y reproductiva de las españolas ¡en el ámbito de la legislación penal!

Lo que el PP busca es sacar los embarazos no deseados del ámbito sanitario y limitar nuestra autonomía para decidir y planificar el número de hijos/as y el espaciamiento entre ellos.

Como ministra de Sanidad e Igualdad, Ana Mato debería ser consciente de que la reforma restrictiva avanzada por Gallardón atenta contra la salud física y mental de las mujeres.

Es ella, como ministra de ambos ramos, la que debe dar a conocer al Consejo de Ministros reflexiones como la de Anand Grover, relator Especial sobre el Derecho a la Salud cuando indica que:

"Las leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son el ejemplo paradigmático de las barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse." (ONU)

O la de la relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, Sra. Radhika Coomaraswamy, que habla con conocimiento de causa cuando recuerda que:

"Los actos que limitan deliberadamente la libertad de la mujer para utilizar anticonceptivos o para hacerse un aborto constituyen violencia contra la mujer al someterla a un número excesivo de embarazos y partos contra su voluntad, que además aumentan el riesgo de mortalidad materna". (ONU)

Por tanto, a la ministra y a su Ministerio les compete defender y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, evitar la violencia institucional contra la mujer y su criminalización cuando no desean proseguir con un embarazo no deseado.

Ana Mato sí es competente... solo le falta demostrarlo. Si no lo hace, será de facto ministra sin cartera. Y las cosas no están para nombramientos de favor.

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