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Hay algo que no es como nos lo están contando

09/03/2017 20:02 CET | Actualizado 10/03/2017 07:23 CET
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Cuando se hace una defensa de una posición que traspasa las fronteras del círculo íntimo, cuando se ofrece, pues, un discurso a la opinión pública, es imprescindible contar la verdad o tener muy calculado cada vericueto en el que pueda derivar el postulado y todo su aparato de coacciones para imponerlo como razón imperante, sobre todo si se quiere parecer creíble. Si no, es muy probable que el receptor de la charla investigue un poco para no quedarse con la impresión de que aquí hay algo que no es como le están contando y se desmonte el circo, ya que, inevitablemente, se cae en contradicciones.

Estas palabras que escribo pretenden servir a la indagación de todos aquellos ciudadanos que hayan visto rejos extraños en el discurso del Ministerio de Fomento y su decreto de reforma de la estiba, y de aquéllos cuya decepción haya llegado más allá y se hayan sentido engañados, del mismo modo que nos ha ocurrido a nosotros, los estibadores portuarios, y a todos los colectivos de trabajadores que han entendido la lucha por la defensa de nuestra profesión en condiciones decentes como lo que es: una apuesta decidida por el trabajo digno para todos.

Afirma el ministro De la Serna que su decreto ley es producto de las exigencias dictadas por Europa en la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de diciembre de 2014. Sin embargo, nada dice esa sentencia de la idoneidad de extinguir una profesión indemnizada con fondos públicos ni de fomentar la precarización del empleo a través de la contratación vía ETT. En absoluto. La sentencia cuestiona tres aspectos concretos de nuestra Ley a los que se dio respuesta en un documento consensuado entre empresas y trabajadores, presentado en julio de 2015 a la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor. Al contrario de lo que expone el RDL, la UE en sus orientaciones para las Políticas de Empleo para los Estados Miembros incluidas en su plan Europa 2020, aboga en reiteradas ocasiones por la creación de empleo de calidad y lo vincula al progreso social.

Ahora ponen el acento en que Violeta Bulc, comisaria europea de Transporte, afirma que el RDL obedece a lo que solicitaba el Tribunal de Luxemburgo. Y claro, es cierto. El problema es que no lo hace de manera estricta sino que aprovecha para recortar, de forma extrema, los derechos de los trabajadores. Hay otras vías que también obedecen la sentencia sin necesidad de abocar a la muerte laboral a más de seis mil trabajadores. Por ejemplo, así lo corroboraron tres despachos de abogados especializados en derecho europeo, de la competencia y laboral, la plataforma común de empresarios y trabajadores presentada al Gobierno en 2015. Pero, al respecto, dice el ministro que esta propuesta se ha llevado a la Comisión Europea y esta la ha rechazado. Y nosotros nos preguntamos: ¿Quién fue el encargado de defenderla? ¿El presidente de Puertos del Estado, José Llorca? ¿El mismo que entendió casi como un logro personal la amonestación que la Justicia europea impuso al modelo español? ¿El mismo que declinó ejercer el derecho que tenía España a defenderse ante el Tribunal de Luxemburgo antes de imponerse la sentencia firme? Desde luego, si la Comisión la hubiera respaldado en estas condiciones hubiera sido un milagro digno de Lourdes.

Justifica el ministro de Fomento su decreto como única salida jurídica, después de que la institución que gobierna, según sus palabras, llevara dos años negociando con los trabajadores para llegar a una respuesta común, sin éxito. No es cierto, por lo tanto no puede probar eso que dice. Presentamos nuestra propuesta sectorial en 2015 y nunca más fuimos interlocutores del Ministerio. Le pedimos varias veces audiencia desde su incorporación al puesto y la única vez que accedió a recibirnos fue el pasado 2 de febrero, cuando nos presentó, verbalmente, un decreto autoritario y que supone un expediente de extinción de los 6.150 empleos estables que hay en la estiba en España.

Lo que persigue este Gobierno es la destrucción de uno de los últimos sectores profesionales con capacidad de negociación colectiva y, por lo tanto, con condiciones de trabajo decentes.

Esta imposición unilateral es también radicalmente contraria a la corriente europea, que cada vez da más fuerza al diálogo social como "elemento esencial del modelo social europeo, ya que desempeña un papel decisivo en la promoción de la competitividad y la equidad, así como en la mejora de la prosperidad económica y el bienestar social". Así lo exponen en su documento oficial "Un nuevo comienzo para el diálogo social", en línea con el Pacto Mundial para el Empleo, basado en el Programa de Trabajo Decente de la OIT, adoptado en 2009, de manera unánime, por los delegados de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores de los Estados Miembros de esta organización internacional. El documento promueve, contra la crisis, una recuperación productiva, centrada en la inversión, el empleo decente y la protección social; busca no olvidar la dignidad de las personas, de los trabajadores.

Incide De la Serna en lo terrible que es para las arcas españolas pagar una multa, impuesta por la dilación en la resolución de la respuesta a la sentencia del TJUE, que ya va por casi 22 millones de euros y que, si nos vuelven a amonestar, pasará a sumar más de 137.000 euros diarios. Estamos de acuerdo con él, es incomprensible tener que gastar esa cantidad de dinero, tan necesaria en infinidad de cuestiones que mejorarían la calidad de vida de los ciudadanos, por no haber sido responsables y competentes y responder a Europa desde que se impuso la sanción, tal como intentamos los trabajadores. Recordamos que nosotros no hemos estado ni en campaña electoral ni en funciones. Ahora bien, todavía más terrible para las arcas españolas nos parece abonar los 350 millones que supondría el despido masivo de más de 6.000 trabajadores de empresas privadas, competitivos y con contrato indefinido.

¿Por qué se empeña, pues, el Gobierno en dar una solución a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que va mucho más allá de sus exigencias y alimentar en los medios una imagen demonizada de una profesión digna que ha logrado, entre otros factores, en plena crisis, remontar los tráficos y que los puertos sean una de las industrias más prósperas de este país? ¿Qué es lo que no es como nos están contando?

Lo que persigue este Gobierno es la destrucción de uno de los últimos sectores profesionales con capacidad de negociación colectiva y, por lo tanto, con condiciones de trabajo decentes. Un sector, además, de los más eficientes de Europa, no en vano obtuvo hace unos meses, el puerto de Algeciras, el premio al segundo puerto más productivo del continente, y las cifras de tráfico en los últimos años, en el conjunto del país, están siendo históricas. El Ministerio, con esta actitud intransigente, atiende así a los grupos financieros y especuladores internacionales, máximos accionistas y propietarios de las terminales en todos los puertos españoles, algunos con preacuerdo de venta de sus concesiones a navieras chinas que, como condición sine qua non, han determinado que las empresas estén exentas de personal.

Aún con este panorama, se abre una nueva vía para la democracia real. El resto de grupos políticos, fundamentalmente PSOE y Ciudadanos, aunque también Podemos y los regionales, han hecho una apuesta por el compromiso social y la responsabilidad y han manifestado una negativa a la convalidación en el Congreso al RDL en las condiciones unilaterales en las que se presenta. Además, la patronal y nosotros hemos hecho un llamamiento conjunto al Gobierno para que se una a la mesa negociadora.

Se atisba, pues, una posibilidad de diálogo serio y fructífero con todas las partes implicadas con el objetivo que, desde el primer momento, hemos perseguido los estibadores: utilizar la sentencia para mejorar el modelo, para cambiar del mismo aquello con lo que Europa no está de acuerdo; pero aprovechar todo lo mucho que tiene de bueno. Es fundamental recordar que no se trata de una mera negociación entre empresas y trabajadores. Nosotros llevamos años poniéndonos de acuerdo sin mayores inconvenientes. Ahora lo que dificulta el entendimiento es otra variable de la que forma parte el Gobierno: el texto del RDL. Así, es imprescindible sumar todas las fuerzas, para lograr seguir batiendo records y no perder puestos de trabajo eficientes, productivos e indefinidos.

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