Es posible llegar a un gran acuerdo político

Nos encontramos en medio de una grave crisis política e institucional que encuentra su punto álgido en la tensión existente entre el Gobierno de España y el Govern de Catalunya, a propósito de la pretensión de este último de convocar un referéndum secesionista que -según aquel y la inmensa mayoría de los expertos en Derecho constitucional e Internacional Público- carece de fundamento legal alguno, tanto en el Derecho español como en el internacional. No es el momento de buscar a los responsables de que hayamos llegado hasta aquí. La prioridad ahora debe de ser evitar a toda costa que ese serio conflicto político desemboque en un indeseable enfrentamiento social, en el que todos saldríamos perdiendo. Por eso es necesario en estos críticos momentos proponer algunos puntos de encuentro, a partir de los cuales pergeñar una propuesta política que sirva para desencallar la situación.

Para ello resulta imprescindible, me parece, que los Gobiernos de España y de Cataluña, la mayor parte de las fuerzas políticas, y, en general, una amplia mayoría social, asuman la necesidad de partir de estas tres condiciones previas:

1º) Reconocer que en una parte nada despreciable de la sociedad y de las fuerzas políticas catalanas existe un -llamémosle así- "grave malestar territorial". O, dicho de otro modo, que la sociedad catalana se encuentra profundamente dividida en torno a una cuestión tan crucial para su futuro como es la relativa a si y/o cómo continuar formando parte de España. Ese "malestar territorial", con independencia de cuáles sean sus causas, justificadas o no, merece una respuesta política; no puede ser simplemente ignorado o, en su caso, reprimido aplicando la legalidad vigente, por más que esta, en todo caso, deba de ser respetada y hecha respetar, utilizando prudentemente todas las herramientas de la Constitución (entre las que se encuentra el art. 155 CE).

2º) Asumir que tal respuesta no puede pasar, como se pretende por parte del Govern de la Generalitat y de la mayoría del Parlamentde Catalunya, por la celebración de un referéndum independentista a celebrar entre el cuerpo electoral catalán, pues un referéndum así no cabe en el ordenamiento jurídico-constitucional español. En esto, por cierto, no somos muy originales. Por poner solo un ejemplo de países de nuestro entorno a los que con frecuencia miramos en busca de respuestas, las Constituciones de Alemania, Francia e Italia niegan a rádice la posibilidad de la secesión de un territorio. Y por si cupiera alguna duda, recientemente los Tribunales Constitucionales alemán e italiano negaron explícitamente cobertura constitucional a ese tipo de referéndums independentistas.

3º) Entender que, más allá de los argumentos jurídicos acerca da la posibilidad o imposibilidad de un referéndum secesionista, no parece que una alternativa como esa sea política y socialmente deseable, ya que un referéndum de ese cariz, de llegar a celebrarse, para lo único que serviría es para dividir aún más a las fuerzas políticas y, lo que es peor, a la sociedad catalana, al tratar de ofrecer una respuesta simple (sí o no a la independencia) a una cuestión sumamente compleja. De ahí que quepa negar a ese referéndum independentista su pretendido carácter democrático.

Y es que, en efecto, si una sociedad (la catalana, en este caso) se encuentra muy polarizada en torno a una cuestión que resulta crucial para seguir garantizando la convivencia armónica de todas las personas que forman parte de ella, como es la cuestión relativa a su permanencia dentro del Estado español, no parece que la mejor manera de resolver ese profundo conflicto pase por someter a tales personas a la toma de una decisión dicotómica. Por definición, esa resolución solo puede acabar agudizando aún más esa división, en la medida en que el resultado de tal referéndum actuaría como un hachazo que partiría en dos mitades a esa sociedad, lo que perjudicaría seriamente el mantenimiento de los profundos vínculos de todo tipo que comparten quienes se encuentran a uno y otro lado de la línea divisoria trazada por el resultado de ese referéndum.

Cuando existe un problema complejo, y más aún cuando este afecta, o puede afectar, a la sana convivencia política y, sobre todo, social, lo democrático es procurar la mejor integración de las distintas partes o posiciones en disputa, a través del diálogo, la deliberación, y, en definitiva, la búsqueda del acuerdo. Lo contrario, esto es, la reducción de lo complejo a un simple "sí" o "no", no solo no resuelve nada, sino que, antes bien, encona el distanciamiento, o, peor aún, el enfrentamiento. Y eso no puede ser considerado democrático.

Asumida la certeza de estas condiciones, la única solución que parece viable es la que apunta hacia la necesidad de reconstruir bases de diálogo y de acuerdo entre los Gobiernos de España y de Cataluña, con el fin de buscar un mejor acomodo de ésta en el seno de aquella. Esto, en un Estado democrático, basado en el respeto a los derechos fundamentales, y en el que se reconoce la diversidad y pluralidad de las distintas partes que lo integran, como lo es, y lo tiene que seguir siendo, el Estado autonómico español, no tendría que ser especialmente difícil, más aún cuando la apuesta por el otro gran proceso de integración, el europeo, por más que pase por momentos difíciles, sigue intacta.

De este modo, y sin perjuicio de la imprescindible llamada a la responsabilidad al Govern de la Generalitat, para que corrija su actuación y se mueva dentro de los amplios márgenes que ofrece el Estado de Derecho, sin desbordarlos, parece que ha llegado definitivamente el momento de que el Gobierno de España, en atención a todo lo dicho, asuma que ha de ofrecer una respuesta política de gran alcance a la llamada "cuestión catalana", a la vista de que con la sola respuesta judicial (y, en su caso, policial), por muy necesaria que sea en ocasiones, el problema político no solo no acaba de arreglarse, sino que, por el contrario, puede agravarse cada vez más. Ley y Política, por tanto, deben de jugar su papel, complementándose.

Una respuesta política que solo puede pasar por poner encima de la mesa un proyecto de reforma constitucional en clave federal. Un proyecto que al tiempo que trate de ofrecer una solución global a los problemas de organización y funcionamiento del Estado Autonómico (en materia competencial, financiera, de participación de las Comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Estado a través de un Senado que actúe como verdadera cámara de representación de las distintas voluntades autonómicas, etc.), ofrezca también un mejor reconocimiento simbólico a aquellos territorios que, como Cataluña, así lo demandan para sentirse más "cómodos" formando parte de un Estado democrático de Derecho respetuoso de sus singularidades territoriales.

En tal sentido, la propuesta que ha presentado el PSOE de constituir una comisión parlamentaria de actualización y modernización del Estado autonómico constituye un excelente punto de partida. Su éxito dependerá de que deje de ser la propuesta de un solo partido político para convertirse en un proyecto de todos (o la gran mayoría). Es ahí donde hay que centrar los esfuerzos.

Al igual que sucedió en 1978, conviene no olvidarlo, un momento mucho más difícil que el actual desde todos los puntos de vista, también hoy es posible llegar a un gran acuerdo político que ayude a procurar años de prosperidad y pacífica convivencia. Es responsabilidad de todos, y antes que nadie de nuestros representantes políticos, ponerse a trabajar ya mismo en su consecución.

*[El presente texto trae causa de otro más elaborado, que lleva por título "Cataluña en el Estado autonómico: Derecho y Política", publicado en la revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 70, 2017]

Antonio Arroyo Gil. Profesor de Derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. @AArroyoGil