2013-05-18T17:54:42-04:00 Antonio Arroyo Gil http://www.huffingtonpost.es/author/index.php?author=antonio-arroyo-gil Copyright 2008, HuffingtonPost.com, Inc. HuffingtonPost Blogger Feed for Antonio Arroyo Gil Good old fashioned elbow grease. tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.2251029 2012-12-06T12:21:43-05:00 2013-02-05T05:12:01-05:00

Antonio Arroyo Gil http://www.huffingtonpost.com/antonio-arroyo-gil/ El matrimonio entre personas del mismo sexo es perfectamente constitucional, al igual que lo es la adopción que se pueda llevar a cabo en el seno de esa relación conyugal por ambos cónyuges del mismo sexo.

En este sentido, la sociedad española mayoritariamente no tenía ninguna duda de la constitucionalidad de extender el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo ya solo faltaba la sentencia del Alto Tribunal.

El matrimonio igualitario es constitucional -según el TC- porque su reconocimiento por el legislador no distorsiona el régimen jurídico del mismo y, en consecuencia, la imagen jurídica que la sociedad se va forjando de él. Es decir, que la sociedad española, a día de hoy, tal y como demuestran los sondeos de opinión, de manera muy amplia, reconoce que la institución matrimonial se puede abrir a las parejas del mismo sexo sin que eso suponga poner en cuestión la idea que socialmente se tiene del matrimonio. Y precisamente por esa razón es posible que el legislador democrático haya reconocido la posibilidad de ejercer conjuntamente este derecho a las personas del mismo sexo.

Por lo que se refiere a la adopción de menores por parejas del mismo sexo, el TC sostiene con convicción que el mandato de protección a la familia, en general, y de los hijos, en particular (art. 39.1 y 2 CE) no queda incumplido por la opción que realiza el legislador, pues los mecanismos legalmente previstos para garantizar la efectividad de ese mandato quedan incólumes, a fin de garantizar la idoneidad de las o los adoptantes.

La importancia de este pronunciamiento del TC adquiere de nuevo plena relevancia y actualidad en un día como el de hoy, 6 de diciembre de 2012, en el que celebramos el trigésimo cuarto aniversario de nuestra Constitución. Una Constitución que, hoy más que nunca, podemos decir que es, efectivamente, nuestra, en tanto que, por fin, se ha reconocido por su máximo intérprete, el Tribunal Constitucional, que la misma también reconoce y ampara la plena validez y vigencia de nuestros derechos, los derechos de las lesbianas, gais, transexuales y bisexuales.

La dignidad humana, a la que con tanta perseverancia apelamos siempre que tenemos ocasión, no es más que una mera declaración de buenas intenciones si no viene acompañada del reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales que constituyen el contenido de la misma. Dicho de manera más clara: Si hablamos de orientación sexual o identidad de género, una persona homosexual, bisexual o transexual no puede llevar una vida digna si no tiene reconocidos todos los derechos que se reconocen a una persona heterosexual o cisexual (persona no transexual). Cuando la diferencia es solo esta, y una vez que está admitido que la orientación sexual o identidad de género no puede ser motivo de discriminación alguna, carece de sentido utilizar esa diferenciación para otorgar o denegar ciertos derechos.

Si la homosexualidad, la bisexualidad o la transexualidad son manifestaciones de la diversidad sexual tan válidas como lo son la heterosexualidad o la cisexualidad no debería establecerse ninguna diferenciación entre las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en relación con las personas heterosexuales y cisexuales. Y menos aún en materia de derechos fundamentales. Es una cuestión de dignidad. De dignidad humana.

Por otra parte, hoy tenemos que alertar de la oportunidad perdida en el reconocimiento de la dignidad de las personas transexuales. Así, si bien las personas transexuales ya no son consideradas enfermas mentales en la nueva edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, comúnmente conocido como la "biblia" de la psiquiatría, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, sí se incluye el diagnóstico de "disforia de género", ignorándose las mayoritarias demandas de despatologización de la transexualidad.

En estos tiempos aciagos, de crisis económica brutal, recortes acusados de derechos sociales e individuales, desmantelamiento creciente del estado del bienestar, cotas muy dolorosas de desempleo, conflictividad territorial agravada, etc., etc., tendremos que seguir peleando por la dignidad de las personas transexuales.

Como miembros de un colectivo que ha conocido, como pocos, lo que significa el sufrimiento que provoca la marginación, la exclusión social, la discriminación en sus muy diferentes rostros, e, incluso, la agresión, física o verbal, y la muerte en su peor versión (el suicidio a que lleva la desesperanza y el asesinato provocado por el odio), primero, queremos, como siempre hemos hecho, lanzar un mensaje de solidaridad con todas y todos aquellos conciudadanos que en estos momentos lo están pasando mal como consecuencia de los males denunciados más arriba; y, en segundo término, queremos también proclamar nuestra alegría en un día como este, porque hoy más que nunca sentimos como propia esta Constitución que es de todas y todos, y no patrimonio de nadie.

Para nuestro colectivo comienza ahora una nueva etapa, que ineludiblemente ha de estar orientada hacia la consecución de un objetivo final: la igualdad real. En el último congreso de COGAM (Colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de Madrid), celebrado hace escasas tres semanas, nuestro lema no dejaba lugar a dudas: "IGUALDAD REAL YA". Porque todavía queda mucho por hacer hasta conseguir que ser lesbiana, gay, transexual o bisexual no signifique nada sustancialmente diferente que ser heterosexual o cisexual. En ese camino nos seguiremos encontrando. Y para ello estamos convencidos de que podremos seguir contando con el apoyo de todas y todos aquellos que creen y practican la igualdad.

También nos gustaría que el Gobierno de turno, máximo responsable de la dirección política de un país, asumiera como propia esta lucha a favor de la igualdad. Desde luego, el Gobierno actual del Presidente Rajoy tiene una buena ocasión para demostrarnos que, por fin, apuesta por ella. Sin embargo, esta esperanza, lamentablemente, se ha vuelto a ver frustrada estos días, con el anuncio hecho por el Ministro de Educación, el Sr. Wert, acerca de la supresión de la asignatura Educación para la ciudadanía.

Un buen Gobierno es aquel que, entre otras cosas, no se empecina en el error. Y el peor error que puede cometer un Gobierno es ir en contra de la igualdad real y efectiva, y de los medios que ayudan a su consecución, porque de hacerlo estaría incumpliendo el mandato que a todos los poderes públicos dirige el art. 9.2 de la Constitución: "Remover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas". Constitución, igualdad real y buen gobierno deberían ir siempre de la mano. No conviene empecinarse en el error.


Agustín López Lozano y Antonio Arroyo Gil son, respectivamente, presidente y coordinador del Grupo de Derechos Humanos de COGAM]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1953555 2012-10-11T00:00:28-04:00 2012-12-10T05:12:02-05:00

Antonio Arroyo Gil http://www.huffingtonpost.com/antonio-arroyo-gil/
Nous sommes ce que nous étions, mais il y a toujours une opportunité pour commencer à changer et à être ce que nous voulons arriver à être, sans complexes paralysants. Il est certain que l'expérience fédérale dans notre pays a été traumatisante. Mais aujourd'hui, ces temps nous paraissent loin et avec le temps, il en de même pour les raisons ultimes et profondes qui ont fait échouer cette tentative fédéraliste de notre État. Aujourd'hui nous avons la chance, durement gagnée, de vivre dans un État qui, en plus d'être social (même s'il l'est de moins en mois, lamentablement) et démocratique de Droit, est aussi un État territorialement ou politiquement décentralisé. C'est notre État des Autonomies. Nous l'avons construit avec force, longuement, et en dépit de ce que peuvent dire les uns et les autres aujourd'hui, cela a été un succès, un succès catégorique.

Cela veut dire qu'ils n'ont pas commis d'erreurs, qu'il ne faut rien améliorer ? Évidemment que non. En politique il y a toujours beaucoup à améliorer. Mais les déficiences, les erreurs, les excès qui ont été indéniablement commis ne peuvent justifier la remise en question de notre modèle d'État, et, encore moins, son démantèlement. Que nous traversions une crise économique gravissime, que des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans emplois, avec des conséquences douloureuses; que nous expérimentions un ébranlement brutal de nos droits sociaux (encore tout nouveaux), qui sont si directement liés à nos droits les plus intimes et fondamentaux (éducation, santé, etc...); qu'ils débouchent sur des inefficacités administratives, corruptions étendues et abus aussi intolérables; tout ceci, aussi véridique que ce soit, ne se solutionne pas en détruisant notre État des Autonomies, ni par la voie de sa centralisation totale ni par celle de sa désintégration absolue.

Ce qu'il faudra faire c'est identifier les problèmes concrets et chercher des solutions efficaces et graduées. Pour cela, rien de mieux que de regarder notre entourage, de regarder les États autour de nous qui fonctionnent mieux que nous du point de vue de l'organisation et qui, en plus, nous ont servi d'inspiration. La République Fédérale d'Allemagne, est sans aucun doute l'un d'entre eux.

Il y a beaucoup à apprendre de nos amis Allemands. Apprendre, par exemple, qu'il convient que la distribution de compétence entre la Fédération (notre État central) et les États fédéraux ou Länder (nos Communautés Autonomes) soit bien façonnée par la Loi Fondamentale (notre Constitution), afin d'éviter, le plus possible, des disputes pour la titularisation de la compétence.

Apprendre, par exemple, que dans la prise de décisions législatives au niveau fédéral (central) qui ont une incidence directe sur les États membres (ou Communautés Autonomes), il s'avère nécessaire de favoriser la participation de ces derniers, à travers une Chambre dans laquelle se retrouvent des représentants, le Bundesrat en Allemagne (notre futur Sénat ?). Apprendre, par exemple, à élaborer une méthode quand il faut entreprendre une réforme constitutionnelle prédéterminée, et que cette méthode doit se baser sur la fidélité institutionnelle de tous les acteurs politiques, sur la participation active de ceux qui vont être affectés par cette modification, mais aussi des autres qui, par leurs compétences, ont des choses à apporter au débat, qu'ils soient juristes, politologues, sociologues, économistes, etc.

Tout ce que nous pouvons apprendre de l'Allemagne nous fera assurément du bien, si nous mettons tout en pratique. Ça ne devrait pas nous coûter très cher, parce que notre État des Autonomies ressemble déjà beaucoup, beaucoup trop, à un État fédéral. De fait, peu sont ceux qui comprennent, et je m'inclus moi-même, que l'Espagne est déjà un État fédéral, mais c'est un État qui nécessite des améliorations, des perfectionnements de tout ce dont j'ai parlé plus haut. Ainsi, toutes ces propositions, ne valent rien si nous ne partageons pas de manière majoritaire une idée basique et centrale : que le fédéralisme est une forme d'organisation des pouvoirs politiques qui sert à garantir l'unité et le respect à la diversité.

Au fond, celui qui veut en finir avec cette unité pour aller vers l'indépendance (où et avec qui ?) aura en horreur le fédéralisme tant qu'il sera incapable de reconnaître que notre État se compose de territoires diverses qui méritent des garanties à leurs singularités. Cet équilibre entre unité et diversité est ce qui rend stables et prospères des États fédéraux comme l'Allemagne, la Suisse, l'Australie ou, bien sûr, les États-Unis. Et cet équilibre est l'essence même du fédéralisme, duquel il ne faut pas avoir peur, tout au contraire.

Le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (PSOE) fait bien de parler clairement de cette approche fédérale. Et en soutenant que s'il faut réformer la Constitution, aucuns traumatismes ne devraient se produire. Parce que les Constitutions ne sont pas des sacro-saints. En Allemagne, ils l'ont réformée presque 70 fois en plus de 60 ans. Qui parle avec clarté réussi à démasquer les vraies intentions de ceux qui se réfugient dans l'ambiguïté. Parions, sans ambiguïtés, sur une Espagne fédérale.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1929430 2012-10-03T04:03:25-04:00 2012-12-02T05:12:01-05:00

Antonio Arroyo Gil http://www.huffingtonpost.com/antonio-arroyo-gil/ nos diga claramente hacia dónde cree que debe ir la organización territorial de nuestro Estado: El federalismo es el camino; y el referente más claro, el federalismo alemán.

Somos lo que fuimos, pero siempre hay una oportunidad para empezar a cambiar y a ser lo que queremos llegar a ser, sin complejos paralizantes. Es cierto que la experiencia federal en nuestro país resultó traumática. Pero esos tiempos han quedado ya lejos y con ellos las razones últimas y profundas que hicieron fracasar aquel intento federalizante de nuestro Estado. Hoy tenemos la fortuna, ganada a pulso, de vivir en un Estado que además de social (aunque cada vez menos, lamentablemente) y democrático de Derecho, es también un Estado territorial o políticamente descentralizado. Eso es nuestro Estado de las Autonomías. Lo hemos construido con esfuerzo, generosamente, y, pese a lo que unos y otros nos quieran decir ahora, ha sido un éxito, un rotundo éxito.

¿Quiere eso decir que no se han cometido errores, que no hay nada que mejorar? Evidentemente, no. En política siempre hay mucho que mejorar. Pero las deficiencias, los errores, los excesos, que es cierto que se han cometido, no pueden justificar la puesta en cuestión de nuestro modelo de Estado, y, menos aún, su desmantelamiento. Que estemos atravesando una durísima crisis económica, que se está llevando por delante el empleo de cientos de miles de personas, con sus dolorosas consecuencias; que estemos experimentando una sacudida brutal de nuestros aún incipientes derechos sociales, que tan directamente relacionados están con nuestros derechos más íntimos, los fundamentales (educación, sanidad, etc.); que se estén destapando ineficiencias administrativas, duplicidades costosas, corrupciones gravísimas y corruptelas también intolerables; todo eso, por más cierto que sea, no se soluciona destruyendo nuestro Estado de las Autonomías, ni por la vía de su centralización total ni, claro está, por la de su desintegración absoluta.

Lo que habrá que hacer es identificar problemas concretos y buscar soluciones eficientes y contrastadas. Para ello, seguramente nada mejor que mirar a nuestro alrededor, a los Estados de nuestro entorno que mejor funcionan desde un punto de vista organizativo y que, además, nos han servido de inspiración. La República Federal de Alemania, qué duda cabe, es uno de ellos.

Es mucho lo que podemos aprender aún de los amigos alemanes. Aprender, por ejemplo, que conviene que la distribución de competencias entre la Federación (nuestro Estado central) y los Estados federados o Länder (nuestras Comunidades Autónomas) esté bien plasmada en la Ley Fundamental (nuestra Constitución), a fin de evitar, en lo posible, disputas por la titularidad de la competencia. Aprender, por ejemplo, que en la toma de decisiones legislativas a nivel federal (central) con incidencia directa sobre los Estados miembros (o Comunidades Autónomas), resulta necesario favorecer la participación de estos, a través de una Cámara en la que se encuentren representados, el Bundesrat en Alemania (¿nuestro futuro Senado?). Aprender, por ejemplo, que el método a la hora de acometer una reforma constitucional predetermina, en buena medida, su resultado, y que ese método ha de basarse en la lealtad institucional de todos los actores políticos, en la participación activa de quienes van a verse afectados por esa modificación, pero también de aquellos otros que, por razón de su competencia, tienen cosas que aportar al debate, ya sean juristas, politólogos, sociológicos, economistas, etc.

Todo eso lo podemos aprender de Alemania y, seguramente, si lo ponemos en práctica, nos vaya mejor. No debería costarnos demasiado, porque nuestro Estado de las Autonomías se parece ya mucho, muchísimo, a un Estado federal. De hecho, no son pocos los que entienden, entre los que me incluyo, que España es ya un Estado federal, pero necesitado de mejoras, de perfeccionamientos en la línea de lo apuntado más arriba. Pero todo eso, todas esas propuestas, no serán nada si no compartimos de manera mayoritaria una idea básica y nuclear: que el federalismo es una forma de organización de los poderes públicos que sirve para garantizar la unidad y el respeto a la diversidad.

Quien, en el fondo, quiera acabar con esa unidad para ir independientemente, no se sabe bien a dónde y con quién, aborrecerá del federalismo tanto como quien sea incapaz de reconocer que nuestro Estado se compone de territorios diversos que merecen garantías de su singularidad. Ese equilibrio entre unidad y diversidad es lo que hace estables y prósperos a Estados federales como Alemania, Suiza, Australia o, por supuesto, Estados Unidos de América. Y ese equilibrio es la esencia del federalismo, al que, por tanto, no hay que tenerle ningún miedo, sino todo lo contrario.

Hace bien el PSOE en hablar con claridad acerca de su apuesta federal. Y en sostener que si hay que reformar la Constitución, ello no debería producir ningún trauma. Porque las Constituciones no son sacrosantas. En Alemania se ha reformado casi sesenta veces en poco más de sesenta años. Quien habla con claridad consigue desenmascarar las verdaderas intenciones de quienes se refugian en la ambigüedad. Apostemos, sin ambigüedades, por una España federal.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1653832 2012-07-10T04:01:00-04:00 2012-09-08T05:12:09-04:00

Antonio Arroyo Gil http://www.huffingtonpost.com/antonio-arroyo-gil/ las calles del centro de Madrid abarrotadas por cientos y cientos de miles de personas. Es la fiesta más populosa que se celebra en nuestro país. Seguramente porque es la fiesta de la diversidad, en la que todas y todos cabemos, con independencia de cuál sea nuestra orientación sexual o identidad de género, nuestro color de piel, acento o creencias. Es la fiesta de la igualdad, de la que tan solo quedan fuera aquellos que, consciente o inconscientemente, practican el odio al diferente, cualquier tipo de odio.

Lo llamamos Orgullo porque durante demasiado tiempo hemos vivido, nos han obligado a ello, en la vergüenza. Y no hay por qué avergonzarse de ser como se es, cuando ello a nadie perjudica, ningún daño hace. Es una gran fiesta, sin duda, y como tal las formas de expresión son alegres, desenfadadas, hiperbólicas, en ocasiones; siempre llenas de música y color, el color del arco iris. Pero antes que una gran fiesta, por encima de todo, el Orgullo es un gran acto de afirmación personal y colectiva de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB), un colectivo que ha estado tradicionalmente discriminado, que ha sufrido como pocos el oprobio y la injusticia en sus propias carnes, pagando incluso con la propia vida por ello. Sí, el Orgullo es un gran acto de reivindicación política, pues le decimos al mundo entero que no estamos dispuestos a ser considerados personas de segunda clase, simplemente porque nuestra orientación sexual o identidad de género sea distinta a la predominante.

Aunque sea una gran fiesta no nos olvidamos de las miles y miles de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales que todavía hoy en día, también en nuestro país, sufren por ser como son. No nos olvidamos de los adolescentes LGTB, cuya tasa de suicidio es muy superior a la de los mismos adolescentes heterosexuales. No nos olvidamos de sus padres y madres, que tanto padecen por ello. No nos olvidamos de las personas afectadas de VIH/Sida, una enfermedad que ha castigado fuertemente a nuestro colectivo. No nos olvidamos, aunque sea una gran fiesta, de aquellos otros lugares del mundo en los que ser lesbiana, gay, transexual o bisexual te puede costar, literalmente, la vida. El Orgullo es una gran fiesta, sí, pero, antes de nada, es un gran acto de reivindicación política de nuestra DIGNIDAD, para que nunca más vuelva a ser violada, o para que deje de serlo, allí donde aún somos considerados enfermos, gente peligrosa o, sencillamente, delincuentes.

Y es que es nuestra dignidad lo que está en juego. El irrenunciable derecho a que nos dejen vivir en paz, a que no nos agredan, verbal o físicamente, al acceso a un puesto de trabajo en iguales condiciones que los demás, al libre desarrollo de nuestra personalidad; en definitiva, el derecho a todo aquello a lo que cualquier persona, en nuestro país, tiene derecho, sin que pueda existir diferencia alguna justificada en nuestra orientación sexual o identidad de género.

Los avances acaecidos en España durante los últimos años, por lo que se refiere a las personas LGTB, solo pueden ser caracterizados de espectaculares. En poco tiempo, pasamos de estar perseguidos policialmente y castigados penalmente a disfrutar de un reconocimiento pleno de nuestra dignidad, al menos, en el plano legal.

Y uno de los hitos fundamentales de ese camino, jalonado de episodios heroicos y de otros dolorosos, es el que tuvo lugar en 2005, cuando se aprobó una reforma del Código civil para permitir que las personas del mismo sexo pudieran contraer MATRIMONIO en iguales condiciones, con idénticos derechos y obligaciones, que las personas de sexo diferente. Fue un momento de júbilo, pues significaba el penúltimo escalón al que subir para disfrutar de la plena igualdad legal. Pero, como bien sabemos, pocas semanas después de la entrada en vigor de esta ley, la misma fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Desde entonces han transcurrido siete años. Siete años de incertidumbre, de inseguridad, de angustia. Siete años que pueden desembocar en breve en una sentencia de nuestro máximo intérprete de la Constitución.

Desde la prudencia, pero también desde la ilusión y, sobre todo, el firme convencimiento, no dudamos que será una sentencia favorable a la constitucionalidad del matrimonio igualitario. No se trata solo de la expresión de un íntimo deseo. Nuestra opinión se basa en firmes argumentos jurídicos. De la Constitución española de 1978 no es posible derivar, por más que se quiera, ninguna prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Constitución deja libertad al legislador para regular este tipo de uniones. Es más, de una interpretación sistemática del todo constitucional cabe derivar la necesidad de una conclusión así. Porque nuestra Constitución, en su artículo 14, al tiempo que garantiza la igualdad de todos ante la ley, prohíbe toda discriminación, en palabras del Tribunal Constitucional, también por razón de orientación sexual o identidad de género. Es más, la propia Constitución, en el artículo 9.2, conmina a los poderes públicos a que hagan todo lo posible para que la igualdad del individuo sea real y efectiva, removiendo todos los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. A ello hay que añadir que la igualdad es un valor superior del ordenamiento jurídico, según dispone el artículo 1.1, de forma que el resto de las normas e instituciones jurídicas han de ser interpretadas a la luz del mismo.

Estos argumentos, junto a otros que no es posible exponer ahora, han llevado a que la iniciativa de COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid) a favor de la constitucionalidad del matrimonio igualitario haya sido avalada por cien catedráticos y profesores de Derecho constitucional de Universidades de toda España, entre los que se encuentran algunos de los más prestigiosos. No parece baladí que cien destacados expertos en Derecho constitucional sostengan, sin reservas, que la ley de reforma del Código civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo es perfectamente constitucional. Además, según demuestra los sondeos de opinión del CIS, el matrimonio igualitario es algo completamente asumido por la sociedad española, que se muestra de manera abrumadoramente mayoritaria, sobre todo, entre los más jóvenes, a favor del mismo.

En fin, todos estos argumentos son los que nos hacen confiar en que la sentencia que, esperemos que muy pronto, dicte el Tribunal Constitucional sea favorable a la constitucionalidad de la referida ley. No podríamos entender que un tribunal que tiene entre sus funciones principales garantizar y proteger derechos, declarase inconstitucional una ley que precisamente lo que hace es ampliar uno de esos derechos a favor de un colectivo que no podía disfrutar de él. Nos parece además inimaginable que nuestro Tribunal Constitucional ignore hacia dónde soplan los vientos de la historia. Son ya varios los países de nuestro entorno que han reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el número va en aumento. Francia será de los próximos, según ha anunciado su gobierno.

Por todas estas razones, aguardamos con impaciencia a que el Tribunal Constitucional se pronuncie y deje definitivamente zanjada esta cuestión, de forma que una vez garantizada la igualdad legal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, podamos seguir luchando porque esa igualdad, algún día, sea una realidad plenamente asentada, acabando así con la trágica historia de un sufrimiento inútil.]]>