2013-05-19T03:04:25-04:00 Cristina Narbona http://www.huffingtonpost.es/author/index.php?author=cristina-narbona Copyright 2008, HuffingtonPost.com, Inc. HuffingtonPost Blogger Feed for Cristina Narbona Good old fashioned elbow grease. tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.2644348 2013-02-12T01:00:00-05:00 2013-04-13T05:12:01-04:00

Cristina Narbona http://www.huffingtonpost.com/cristina-narbona/
En estos términos se pronunciaba hace poco José Maria Figueres, expresidente de Costa Rica y exdirector ejecutivo del Foro Economico de Davos. Con toda razón: las aguas internacionales -que suponen nada menos que el 50% de nuestro planeta- son el escenario de prácticas, ilegales o simplemente irresponsables, que ponen en riesgo la seguridad alimentaria, agravan el proceso del calentamiento global, y anticipan conflictos geoestratégicos por el control de un inmenso patrimonio natural (recursos energéticos, riqueza genética...).

Hoy se presenta en Londres la Global Ocean Commission -presidida precisamente por José Maria Figueres, por Trevor Manuel, exministro de Finanzas de Sudáfrica, y por David Miliband, exministro de Exteriores del Reino Unido-, Comisión de la que formaré parte dando así continuidad a mi compromiso frente a los grandes desafíos ambientales, y en concreto a mi pertenencia al anterior Panel sobre Sostenibilidad Global de Naciones Unidas. Esta Comisión, que no comporta ninguna retribución para quienes participan en ella, celebrará solo cuatro reuniones presenciales durante los próximos catorce meses, siendo por tanto plenamente compatible con las tareas profesionales de cada uno de sus miembros.

La Comisión reúne a quince personas, procedentes de los cinco continentes, sin ninguna responsabilidad actual de gobierno en nuestros respectivos países, que compartimos la voluntad de contribuir a diseñar una auténtica gobernanza mundial de los océanos, mediante la elaboracion de recomendaciones dirigidas a instituciones públicas y privadas, de ámbito nacional e internacional. Una tarea en la que contaremos con las aportaciones, cada vez más importantes, de la comunidad científica, a través del asesoramiento de los mejores expertos en oceanografía y biodiversidad marina: una disciplina en la que, por cierto, España cuenta con especialistas de prestigio internacional. La Comision también recabará la opinión de empresarios y trabajadores de los sectores económicos relacionados con el mar, así como de las organizaciones no gubernamentales más comprometidas con la protección de los océanos.

En plena crisis económica, resulta más necesario que nunca introducir ética, racionalidad y conocimiento científico en la gestión tanto de lo público como de lo privado. Es inaudito, por ejemplo, que hayamos llegado al actual grado de sobreexplotación de los recursos pesqueros -el 80% de las poblaciones del Mediterráneo y casi el 50% de las del Atlántico-, sin establecer mecanismos realmente eficaces que eviten capturas muy superiores a la capacidad de recuperación de los caladeros.

Afortunadamente, el Parlamento Europeo acaba de aprobar una ambiciosa propuesta de reforma de la política pesquera común, prohibiendo los descartes (más del 25% de la pesca se devuelve al mar) y fomentando la recuperación efectiva de las especies en el horizonte 2020: ello comportaría un aumento significativo (y duradero) de la actividad y del empleo en este sector. Se trata de incorporar, de una vez por todas, el principio de precaución así como el conocimiento de los ecosistemas marinos, desde un enfoque de medio y largo plazo, superando la irresponsable miopía actual.

Pero no basta con que la Unión Europea avance en esta dirección. Otros países son protagonistas determinantes del futuro de nuestros océanos, y es imprescindible implementar acuerdos bilaterales y multilaterales que hagan efectivos los principios de la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas, adoptada hace treinta años. Durante este periodo, las amenazas se han hecho mucho mas visibles: desde los efectos de las emisiones de CO2 en la acidificación de los océanos y del cambio climático en la alteración de las corrientes marinas ( que, a su vez, agravan los fenómenos adversos asociados al calentamiento global), a la pérdida creciente de biodiversidad (favorecida por embarcaciones y sistemas de pesca cada vez más "eficientes" en la destrucción de los ecosistemas y en el agotamiento de los recursos pesqueros), al aumento de la pesca ilegal (que supone en torno al 20% de la pesca total) y de la piratería... Frente a tales desafíos, la comunidad internacional carece de los instrumentos adecuados para garantizar la supervivencia de aquellas actividades que, cuando se ajustan a la legalidad, contribuyen notablemente a la creación de empleo y a la provisión de alimentos de un número creciente de ciudadanos en todo el planeta.

Otras amenazas, como el rápido deshielo de los casquetes polares y la pugna por recursos energéticos hasta ahora inaccesibles (solo bajo el Ártico se almacenan más del 20% de los yacimientos de petróleo sin explotar) hacen aun más urgente una auténtica gobernanza de los mares más allá de las jurisdicciones nacionales; de aquellos mares que, no siendo privativos de ningún país, son responsabilidad de todos. Como la atmósfera, cuya protección se ha ido incorporando en los acuerdos internacionales sobre protección de la capa de ozono, contaminación transfronteriza, cambio climático, etc., con resultados todavía insatisfactorios, pero sin duda más articulados que la Convención del Derecho del mar fuera de las jurisdicciones nacionales.

España tiene una larga tradición de relación con los océanos. Nuestros pescadores vascos llegaron a las costas de Canadá en busca de ballenas y de bacalao mucho antes del desembarco de Cristobal Colón en la hoy Republica Dominicana; un desembarco que marcó definitivamente nuestra historia, generando vínculos duraderos al otro lado del Atlántico. Nos corresponde ahora, como país con clara dimension marítima, contribuir a una nueva gesta, mucho más difícil y trascedente: la gestión responsable de los océanos, antes de que sea demasiado tarde. Ojalá el debate que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo -en el que los eurodiputados del PP han sido parte de la escasa minoría contraria a la reforma propuesta- sea motivo de reflexión para el Gobierno, que, lamentablemente, ha demostrado, desde el inicio de la legislatura, su posición contraria a cualquier compromiso serio por la sostenibilidad, a diferencia de muchos otros gobiernos conservadores de la UE.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.2221260 2012-12-01T04:10:30-05:00 2013-01-30T05:12:01-05:00

Cristina Narbona http://www.huffingtonpost.com/cristina-narbona/
Según Miguel Blesa, "todos hicimos lo mismo" (asumir más riesgos de lo debido), en el contexto general de dinero barato y de burbuja inmobiliaria. Ese es su principal argumento en defensa de los resultados de sus trece años de mandato, resultados que constituyen el grueso del "agujero" de Bankia, según el testimonio de Rodrigo Rato ante la misma Comisión. Rato afirmó que, de acuerdo con la auditoría de Deloitte, se calculaba en 7.700 millones las pérdidas esperadas de Cajamadrid, tan solo un par de meses después de la salida de Blesa.

No, no todas las Cajas hicieron lo mismo, como prueba la comparacion entre los resultados de Cajamadrid en 2009 -último año de la presidencia de Blesa- y los de la Caixa, entidad muy comparable por tamaño y ámbito de actividad. Con datos de la CNMV, todos los ratios de solvencia, rentabilidad, cobertura de la morosidad, etc... eran significativamente mejores en el caso de la Caixa, a pesar de que, trece años atrás, Cajamadrid le sacaba ventaja en todos estos parámetros.

Blesa no supo explicar estas diferencias, que ponen de manifiesto los errores de su propia gestión; en primer lugar, en lo relativo a la politica crediticia: excesiva concentración al riesgo inmobiliario y deficientes sistemas de gestión de dicho riesgo. También en cuanto a la política de captación de recursos: en 1995, el ratio depósitos/activos de Cajamadrid era del 75%, y en 2009 se había reducido al 41%, claro reflejo de un porcentaje muy alto de financiación obtenida en los mercados de capitales. La comparación era pertinente para demostrar lo obvio: no es cierto que todas las Cajas de Ahorros "hicieron lo mismo", solo aquellas que lo hicieron rematadamente mal, hasta llegar a la quiebra, como es el caso de Cajamadrid.

Blesa insistió en el aumento del tamaño de su balance (que se multiplicó por seis) y de su red de oficinas , como prueba de su brillante estrategia. Por desgracia, precisamente la dimensión de Cajamadrid ha convertido la ruina de la entidad en la ruina de centenares de miles de familias: por lo pronto, de las más de cien mil familias que adquirieron 3.000 millones de participaciones preferentes, emitidas en 2009 y calificadas como "bono basura" por parte de Standard & Poors, en un momento en el que ya era evidente el deterioro de la solvencia de Cajamadrid. Ese volumen de preferentes supone el 70% de las emisiones vivas de las participaciones preferentes emitidas por las entidades hoy intervenidas. Pero hay muchas más víctimas: las decenas de miles de familias desahuciadas, que en su momento se vieron "beneficiadas" por una muy agresiva (y arriesgada) política de captación de clientes.

Y qué decir del despido masivo de empleados ( casi la tercera parte de la plantilla), condición impuesta por la Comisión Europea para "rescatar" a Bankia. Un proceso al que asistiremos a corto plazo, a menos que los actuales gestores de Bankia se demuestren "insumisos" en la aplicacion de la drástica reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP.

Blesa se negó a contestar a mi pregunta sobre sus retribuciones totales, incluyendo lo que cobraba por asistencia a otros Consejos de empresas participadas por Cajamadrid, siendo el único directivo de la entidad que cobraba tales remuneraciones. Esa negativa a responder hubiera sido imposible si el PP hubiera aceptado la creación de una Comisión de Investigación, como solicitamos en su momento el grupo parlamentario socialista, así como otros grupos. En todo caso, no es aceptable la falta de respeto de Blesa hacia el parlamento, en un contexto en el que existe un verdadero clamor social ante el aumento de las desigualdades y la ausencia de transparencia y de asunción de responsabilidades por parte de quienes generaron la crisis del sistema financiero, mientras recibian copiosas retribuciones. Así, hoy sabemos bastante más sobre las remuneraciones de Botín que sobre las de Blesa.

Tampoco demuestra la menor sensibilidad social el comentario de Blesa a propósito de la adquisición por Cajamadrid de un vehículo blindado de coste superior al medio millón de euros -"no saben ustedes lo incómodo que es un coche blindado"-, por supuestos imperativos de seguridad, cuando en ese momento la entidad contaba ya con otros coches blindados. Lo que sí sabemos es que esa "incomodidad" no le impedía utilizar dicho coche -con conductor de la Caja incluido- para ocios privados, incluyendo cacerías los fines de semana.

Lo sucedido en Cajamadrid -y, por supuesto, en muchas otras entidades de crédito- debe servirnos de lección, entre otras cosas, para modificar las normas que han permitido e incluso estimulado la mala gestión de las mismas para prevenir el sobreendeudamiento y evitar abusos de las instituciones financieras, como está defendiendo el PSOE.

Sin embargo, Blesa no considera oportuna ninguna modificación de la Ley Hipotecaria vigente: "Es una espléndida ley, tiene muchísimos artículos (sic), no hay que tocarla", afirmó durante su comparecencia. Y eso, en pleno contexto de opiniones muy críticas, incluso en instancias internacionales, a propósito de los abusos generados en España por la aplicación de las normas actuales. Por supuesto, no se trata solo de revisar el marco jurídico: parece evidente que es necesaria una actitud mucho más diligente de todos los miembros de todos los órganos de control de las entidades de crédito - que deberían ser elegidos según criterios más rigurosos que los actuales-, asi como mayor control por parte del Banco de España.

La crisis económica internacional, segun la OCDE, es la consecuencia de un fallo masivo en los mecanismos que deberían haber garantizado tanto la buena gobernanza privada como la pública: deficiente regulación, insuficiente supervisión, falta de transparencia, ausencia de instrumentos efectivos de rendición de cuentas y de exigencia de responsabilidades, incentivos "perversos"...

Un fallo masivo que ha sido, en gran medida, consecuencia del paradigma hasta hoy dominante basado en la confianza generalizada hacia la capacidad de autoregulación de los mercados y en la ciega convicción de que el incremento del PIB (o el volumen de ventas, en el ámbito de las empresas) miden adecuadamente el progreso económico. Resulta ineludible, pues, la construcción de un nuevo paradigma, en el que la economía contribuya al bienestar real de todos los ciudadanos y no solo de unos pocos; un paradigma en el que la economía tenga en cuenta los límites biofísicos que estamos ya desbordando con consecuencias irreversibles; un paradigma, en suma, que devuelva a la política su capacidad de transformación de la sociedad, para que los poderes no democráticos dejen de ser quienes decidan las condiciones de vida de los ciudadanos y, en particular, para que el sector financiero esté al servicio de la economía productiva, y no de la especulación en beneficio de quienes, además, "ni saben, ni contestan"]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1860489 2012-09-06T07:07:36-04:00 2012-11-06T05:12:01-05:00

Cristina Narbona http://www.huffingtonpost.com/cristina-narbona/
El ministro afirmaba, con rotundidad, que su principal objetivo en relación con la energía es atajar el "déficit tarifario": una denominación que llama a engaño, ya que se trata de la consecuencia de un cúmulo de regulaciones que alejan los costes y los ingresos de las empresas eléctricas de cualquier mecanismo real de mercado. La actual regulación garantiza, por ejemplo, elevados beneficios "caídos del cielo" a las centrales nucleares e hidroeléctricas, ampliamente amortizadas y cuya producción se retribuye como si sus costes fueran los de las centrales de ciclo combinado- ligados al precio, cada vez más alto, del gas-. Por cierto, la Comisión Europea ha señalado este sistema de retribución como uno de los elementos "perversos" que deben modificarse. Sin duda, hay que cambiar en profundidad la regulación del sector eléctrico, para garantizar, entre otras cosas, un verdadero impulso a la innovación tecnológica y para ello el Gobierno debería tener en cuenta las numerosas propuestas elevadas a la Comisión Nacional de la Energía. Porque, por supuesto, hay alternativas mucho más consistentes con un planteamiento estratégico que las medidas hasta ahora adoptadas o las que se anuncian para el inmediato futuro.

Nada dijo el ministro en su comparecencia sobre la excesiva dependencia del exterior -España importa casi el 90% de los combustibles, incluido el uranio-, ni del despilfarro y la contaminación asociados a la producción y el consumo de energía -fruto, entre otras cosas, del grave incumplimiento de la Directivas europeas sobre ahorro y eficiencia energética y del progresivo desmantelamiento del IDAE-, ni de las prácticas oligopolísticas nada compatibles con el obligado proceso de liberalización del sector energético.

De hecho, el ministro ni siquiera mencionó las "recomendaciones" de la Comisión Europea, cada vez mas crítica ante la política energética de España: en contraste con las contínuas referencias del Gobierno a la senda de austeridad exigida por las instituciones europeas, Soria parece totalmente sordo ante las advertencias de las mismas instituciones respecto del necesario impulso a las energías renovables y al cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de CO2. Así, en su comparecencia, Soria se limitó a presumir de los "ahorros" conseguidos en el déficit tarifario, mediante medidas que, entre otras cosas, han comportado ya el hundimiento de la actividad en el sector de las renovables, con la consiguiente destrucción de unos 50.000 puestos de trabajo, han incrementado nuestra factura energética exterior, y han paralizado el esfuerzo de mejora tecnológica que había convertido a muchas empresas españolas en auténticos lideres mundiales.

Y eso que el ministro, hablando de sus objetivos en política industrial, reiteró su empeño genérico de avanzar hacia un mayor peso de la industria en el PIB... pero sin que, al parecer, le preocupen lo más mínimo los efectos devastadores de sus medidas sobre el tejido industrial asociado al sector de las energías renovables, uno de los pocos segmentos de nuestra industria donde había aumentado la producción en los últimos años.

En síntesis, Soria elude cualquier consideración sobre la importancia de la política energética para contribuir a la reducción de nuestro déficit comercial, para consolidar un tejido industrial nacional de gran contenido tecnológico, para crear empleo de calidad, para reforzar la internacionalización de nuestras empresas... es decir, para propiciar el urgente cambio de modelo productivo de España.

Eso sí, mantiene el "mantra" de la necesidad de un "mix energético equilibrado, donde la energía nuclear tiene que seguir jugando un papel fundamental". Equilibrado... ¿para quién? ¿Considera, quizás, "desequilibrada" la decisión de Alemania, de Suiza, de Bélgica... hasta de Francia... de reducir progresivamente el uso de la energía nuclear? Su empeño por calificar como "ideológica" cualquier posición crítica ante la energía nuclear choca con la realidad de decisiones adoptadas por gobiernos de todos los signos políticos; y por las propias decisiones de las empresas (con Siemens a la cabeza) que se retiran de esta actividad, al reducirse su rentabilidad por las exigencias adicionales de seguridad tras la catástrofe de Fukushima.

Parece que los números ni siquiera le salen a Nuclenor, que ha "renunciado" a solicitar la prórroga de la vida de la central de Garoña, a la vista de la previsible merma de sus actuales beneficios por las muy elevadas inversiones exigidas por el CSN para mantener abierta la planta seis años más. Pero esta "renuncia" oculta un órdago al Gobierno, ya que la empresa sugiere que podría interesarle la prórroga si la anunciada reforma energética le "compensa" esos costes adicionales. Traducido para que se entienda: si la reforma, todavía inédita, reduce los impuestos sobre las centrales nucleares, inicialmente previstos, o si garantiza una mayor prolongación de la vida útil de todas las centrales nucleares (¿60 años sería suficiente?), o, mejor aún, una combinación de ambas cosas.

Cada día que pasa sin que el Gobierno dote de certidumbre regulatoria al sector energético, adoptando una reforma integral, acorde con una verdadera estrategia de medio y largo plazo- orientada a aprovechar, cada vez más, las únicas fuentes energéticas limpias, autóctonas y con un coste decreciente-, se acentúa la recesión en nuestro país: se pierden puestos de trabajo, se degrada la calificación de empresas españolas- no solo las del sector energético, también de los bancos financiadores-, se retira inversión extranjera... y aumenta, injustificadamente, el precio de la electricidad a familias y a empresas.

El daño, en parte irreversible, que está causando la incapacidad del Gobierno en este ámbito, afecta a una de las pocas posibilidades de recuperación económica de España tras el estallido de la "burbuja inmobiliaria" y el consiguiente colapso del sistema financiero; afecta, por tanto, a ese "interés general" que el ministro invocaba en el Congreso para rechazar la reclamación a favor de las energías renovables por parte del alcalde de Alburquerque- en huelga de hambre desde hace noventa días-, cuyas pretensiones, señor Soria, usted calificó torticeramente como un "interés particular".]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1787646 2012-08-16T04:48:23-04:00 2012-10-15T05:12:02-04:00

Cristina Narbona http://www.huffingtonpost.com/cristina-narbona/ sigue arrasando la isla de la Gomera, destruyendo casas y cultivos, calcinando animales, devastando ecosistemas con especies únicas en el mundo... ; y en Alicante se entierra a las dos víctimas mortales del incendio de Torremanzanas.

Una vez más, brigadistas forestales, pilotos, militares, agentes medioambientales... exponen sus vidas (y a veces, algunos la pierden) para evitar daños aun mayores; y de nuevo se reabre el debate sobre las causas de los incendios y sobre las medidas más adecuadas para prevenirlos y combatirlos. Un debate que, lamentablemente, amaina cuando pasa el calor...

En estos días mi memoria vuelve a revivir, con fuerza, la tragedia de Guadalajara acaecida en julio de 2005: 11 brigadistas murieron durante la extinción de un incendio provocado por una negligencia en una barbacoa. Jamás he sentido mayor dolor, mayor impotencia, mayor angustia... a lo largo de más de 20 años ejerciendo responsabilidades públicas. Acudí a dar el pésame a las familias, a pesar de ser consciente de que solo recibiría comprensibles insultos y reproches; y días después comparecí en el Parlamento, a petición propia, para rendir cuentas sobre la actuación del Ministerio de Medio Ambiente, asumiendo fallos y, sobre todo, comprometiendo nuevos esfuerzos legislativos y presupuestarios, en medio de acusaciones gravísimas e infundadas por parte del Partido Popular. En ningún momento eludí responsabilidades invocando las competencias de gestión de la Comunidad Autónoma -porque el Gobierno central también tiene muchas competencias que inciden en la prevención y en la extinción de incendios-, ni tampoco atribuí a las durísimas condiciones meteorológicas mayor relevancia que la que le otorgaban los expertos en la materia.

Aquel drama supuso un antes y un después en mi trayectoria como ministra: a partir de entonces, mi prioridad absoluta fue la de utilizar al máximo toda competencia estatal (no solo las del Ministerio de Medio Ambiente), para adoptar nuevas medidas en la lucha contra los incendios, incluyendo, por ejemplo, una mayor duración de los contratos de nuestros brigadistas -para reforzar tareas de prevención en invierno- así como la mejora de sus condiciones de trabajo. Asimismo, dedicamos varias Conferencias Sectoriales a concretar con las Comunidades Autónomas cómo mejorar la información y la coordinación de las respectivas actuaciones. El presupuesto del Ministerio registró importantes aumentos en los años sucesivos, que se tradujeron en mayor aportación estatal a los programas autonómicos de reforestación y lucha contra la desertificación, así como en el aumento de los medios estatales de extinción. Por su parte, el Ministerio de Defensa puso en marcha la creación de la UME, la unidad militar de emergencia, que se ha convertido en una potente herramienta cuya intervención está hoy muy bien valorada, aunque inicialmente fue objeto de críticas y suspicacias.

La reforma de la Ley de Montes en 2006 incorporó la creación de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo -para combatir más eficazmente, entre otros, los delitos de incendios-, así como la prohibición de recalificación durante treinta años de los suelos incendiados, y la consideración de los agentes forestales como agentes de la autoridad, con objeto de reforzar su función preventiva. Un Decreto Ley, aceptado por todas las Comunidades autónomas, estableció por primera vez, en todo el territorio nacional severas restricciones al uso del fuego (barbacoas, quema de rastrojos...) y puso en marcha un programa de apoyo a planes autonómicos para la recogida y uso energético de la biomasa forestal residual, que permitió algunas experiencias pioneras.

Los incendios no son inevitables: el calor, el viento, la baja humedad... son factores agravantes, pero solo en un 5% de los casos los incendios se producen por causas ajenas a la acción del hombre, y tanto las negligencias como los actos intencionados pueden reducirse (y mucho) mediante medidas normativas, incluyendo una auténtica educación cívica para fomentar comportamientos responsables. Por supuesto es importante la persecución y penalización de cualquier actitud irresponsable -y en ello está jugando un papel destacado la Fiscalía especial-, pero creo que hoy día el mayor esfuerzo debe centrarse en el adecuado tratamiento y la puesta en valor de los espacios forestales, en una estrecha colaboración entre las Administraciones. Por eso me sorprende que el ministro Cañete afirme que no se han producido recortes en su presupuesto en la lucha contra los incendios, haciendo referencia solo a la partida relativa a los medios estatales de extinción, cuando en 2012 se han reducido hasta en un 80% las cuantías destinadas a los programas de desarrollo rural, así como a actividades de reforestación y conservación de espacios naturales; en particular, en el caso de los Parques Nacionales, (cuatro se han visto afectados por incendios) cuyos planes de gestión están financiados principalmente por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Y, además, siguen sin concretarse los prometidos planes estatales de apoyo al uso energético de la biomasa, en un contexto de paralización general de las primas a las energías renovables.

No parece tampoco que al Ministro Cañete le preocupase, en absoluto, la legislación aprobada el pasado mes de enero en la Comunidad Valenciana, por la que se exime del cumplimiento de la prohibición de recalificar los suelos incendiados, establecida en la Ley estatal de Montes; una modificación que debería haber sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno, al ser contraria a una legislación de carácter básico. No sabemos si en otras CC AA se están contemplando iniciativas semejantes, ante la pasividad intolerable del Ministerio de Medio Ambiente.

El cambio climático está ya comportando una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, entre otros las olas de calor, que generan consecuencias tan espectaculares como el deshielo casi total de Groenlandia. Este verano, por ejemplo, Estados Unidos sufre una gravísima sequía que compromete ya la seguridad alimentaria global, y que incidirá, sin duda, en los próximos incendios forestales en aquel país, donde por cierto se ha reactivado el debate sobre las consecuencias del calentamiento global. Aquí, en cambio, tanto el Gobierno como la mayoría de los medios de comunicación siguen concediendo una importancia marginal a este debate: y sin embargo, hay cada vez más expertos que señalan el creciente coste económico del cambio climático y sus graves efectos sociales.

Hay que insistir, y mucho, en que los incendios forestales agravan el proceso de calentamiento global, y viceversa; y, sobre todo, hay que insistir en que España solo saldrá de esta crisis con un horizonte de prosperidad para todos si aprendemos a gestionar con inteligencia nuestro valioso patrimonio natural. Ello supone aprender de los errores cometidos en el uso del suelo, del agua, de los bosques... y de los inmensos recursos energéticos renovables.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1718918 2012-08-01T02:12:33-04:00 2012-09-30T05:12:04-04:00

Cristina Narbona http://www.huffingtonpost.com/cristina-narbona/ ha presentado un anteproyecto de reforma de la Ley de Costas de 1988 que, de acuerdo con varios expertos, podría incluso resultar inconstitucional.

Nuestra carta magna de 1978 definió de forma bastante precisa el dominio público marítimo terrestre (básicamente playas, dunas y marismas), y le otorgó un régimen de especial protección, anticipándose así a muchas otras legislaciones y a la propia Comisión Europea, en la configuración jurídica de un bien público de extraordinario valor económico, ecológico y social.

El Gobierno pretende justificar esta reforma por la "inseguridad jurídica" y los "efectos indeseables" que ha comportado la aplicación de la norma. Sin embargo, los mayores problemas -tanto de nuestro litoral como de los particulares con propiedades potencialmente afectadas por la ley- se han derivado, precisamente, de la tardanza en su desarrollo así como de su incorrecta aplicación por parte de las tres administraciones, en un contexto bastante generalizado de ausencia de directrices autonómicas de ordenación del territorio y de irregularidades urbanísticas.

Entre 1988 y 2004 solo se aprobó el 60% del deslinde de nuestro litoral, lo que favoreció la concesión de licencias de edificación que no respetaban los limites previstos por la Ley de Costas. Un caso emblemático fue el hotel Algarrobico que, en ausencia de deslinde, comenzó su construcción con una licencia municipal amparada en la pretensión de que no ocupaba la zona de protección (los primeros 100 metros a partir del límite de la playa), por encontrarse supuestamente en suelo urbano (donde solo se restringe la construcción en los primeros 20 metros). Desde el inicio de mi mandato como ministra de Medio Ambiente aceleré los trámites de todos los deslindes pendientes -hasta situarlos, al final de la legislatura, casi en el 90%-; y por supuesto advertí, tanto al promotor del citado hotel como al alcalde de Carboneras, de que cuando se culminara el deslinde, si se mantenía el proyecto original, parte del hotel quedaría dentro de la zona en la que la ley prohíbe cualquier edificación. El promotor siguió adelante con todas las consecuencias una vez aprobado el deslinde. El Ministerio inició el proceso de expropiación y actualmente diversas sentencias abundan en la ilegalidad de la obra, es decir, en la exigencia de su demolición. No es necesario cambiar la Ley de Costas para evitar casos semejantes: lo que ha faltado es, en muchos casos, la voluntad política de cumplir y hacer cumplir las respectivas obligaciones administrativas.

Desde luego, la reforma anunciada no responde ni a la necesidad de proteger mejor el litoral ni a la de garantizar mayor seguridad jurídica. No protegerá mejor el litoral, porque cambia los criterios de deslinde -injustificable cuando apenas está pendiente un 5% de la costa- a favor de una reducción del dominio público y de la zona de protección: por ejemplo, excluye del dominio público determinado tipo de dunas y restringe de 100 a 20 metros la zona de protección en el caso de las rías; aumentará el uso privativo en dominio público al prolongar otros 75 años la duración de las concesiones reconocidas durante 30 años a edificaciones construidas en las playas antes de 1988... y no contribuirá a una mayor seguridad jurídica, a pesar de una lista de casos concretos que se relacionan en un anexo del anteproyecto, en los que no se aplicará la ley hasta ahora vigente. La propia selección arbitraria de esta lista suscitará incertidumbre y litigios en muchos otros supuestos análogos.

Es cierto que la deficiente gestión y la falta de consideración de la Ley de Costas (insisto, por parte de las tres administraciones) ha propiciado que desde 1988 miles de personas adquieran, en principio de buena fe, viviendas construidas en dominio público y en la zona de protección, así como que se siga construyendo (y vendiendo) casas en dichos espacios, incluso después de 1988. Pero la respuesta no puede ser la de cambiar la ley hasta desnaturalizar por completo el objetivo de protección de un bien público establecido en la Constitución, sino como se comenzó a hacer desde 2004, analizar cada caso y sus posibles soluciones a la luz de la norma que incluso permite, en supuestos justificados, la desafección del dominio público, y por tanto, su uso privativo.

Quizás los miles de propietarios teóricamente "beneficiados" por esta reforma -o aquellos a los que venderán el uso de estas viviendas-, con un plazo muy largo de disfrute, no son del todo conscientes del retroceso que ya está registrando nuestro litoral a causa del cambio climático. Es verdad que, durante los últimos veinte años, los daños producidos en las playas por temporales e inundaciones, cada vez más frecuentes e intensos, han sido "reparados" con cargo a los presupuestos del Ministerio de medio ambiente... Pero estas costosas y recurrentes actuaciones de protección y de regeneración del litoral tienen poca cabida ante la creciente exigencia de eficacia y austeridad en el gasto público. Seguramente Cañete no ha evaluado en absoluto el coste de las indemnizaciones a las que tendrían derecho los "beneficiarios" de su reforma, en el caso, cada vez más probable, de que se aceleren los efectos del cambio climático; y ello, a pesar de que algunos de los máximos expertos en dinámica del litoral, en comportamiento del océano... son, precisamente, investigadores españoles (Iñigo y Miguel Ángel Losada, José Manuel Moreno, Carlos Duarte...). Basta con conocer sus recientes opiniones sobre la espectacular ampliación del deshielo en Groenlandia para comprender que la reforma de la Ley de Costas puede hacer que le llegue el agua al cuello, más pronto que tarde, a algunos de los que hoy la celebran.

Se trata de una nueva manifestación de la injusticia y la arbitrariedad del Gobierno en la aplicación de las leyes, contentando a unos pocos a costa de degradar lo que es de todos, que se suma a la amnistía fiscal y a la proliferación de recortes en los servicios públicos. Pero también es una manifestación del mantenimiento a toda costa -nunca mejor dicho- del nefasto modelo productivo de nuestro país. ¿O es que el ministro Soria cree, quizás, que esta reforma de la ley de Costas ayudará a mejorar la calidad de nuestra oferta turística...?]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1692573 2012-07-22T03:48:35-04:00 2012-09-20T05:12:04-04:00

Cristina Narbona http://www.huffingtonpost.com/cristina-narbona/ accesible aquí). En este informe se afirma que el gravísimo accidente de la central nuclear de Fukushima no fue una catastrofe "natural", sino el resultado de clamorosos fallos, tanto en la supervision pública como en la gestión de la planta por parte de la empresa TEPCO -antes y despues del tsunami-; y que, por lo tanto, dicha catastrofe hubiera podido suceder incluso en ausencia del tsunami.

Esa es, precisamente, una de las tesis de nuestro libro (1) La energía después de Fukushima, con el que pretendemos contribuir en España a un debate sobre la energía, más riguroso y completo del que habitualmente se produce en nuestro país en esta materia, algo que ahora contrasta con la amplia discusión que Fukushima ha provocado en Alemania, en Italia, en Bélgica,en Suiza... En todos estos países los respectivos Gobiernos han adoptado decisiones motivadas por el impacto en la opinión pública de lo sucedido, en la dirección del abandono gradual y definitivo de la energía nuclear.

Incluso en Francia -el país más dependiente de la energía nuclear, que genera el 75% de su electricidad-, por primera vez un presidente de la República se ha comprometido a reducir a medio plazo el peso de esta tecnología. Todo ello, a su vez, explica el cambio radical de Siemens, una de las principales empresas proveedoras de bienes de equipo del sector de la energía nuclear, que ha abandonado sus proyectos nucleares en curso para centrarse en el ámbito de las energías renovables. Por su parte, Japón solo ha reabierto dos de los 54 reactores del país -en medio de protestas generalizadas- y ha puesto en marcha un generoso esquema de apoyo a las energías renovables, por cierto muy semejante al que explica el desarrollo en España y en Alemania de dichas tecnologías.

Por el contrario, en España el Gobierno ha planteado la prolongación hasta 2019 de la central de Garoña; y se anuncia -a falta de ver el texto en el BOE...- la prolongación de diez años, más allá de su vida útil y con carácter general, de todas las plantas existentes. No es una sorpresa: a diferencia de otras zonas "ocultas" del programa electoral del PP, la "reforma" energética está respondiendo a un documento de la FAES, publicado poco antes de la catástrofe de Fukushima. En contra de lo ocurrido en otros países, Fukushima no ha cambiado el núcleo de la propuesta de FAES: menos renovables y más nuclear, con el pretexto de reducir el denominado "déficit de tarifa". De nada ha servido el amplio abanico de sugerencias remitidas a la Comisión Nacional de la Energía, con fórmulas alternativas para abordar ese déficit de origen regulatorio; un déficit resultado de reconocer costes no justificados así como de una metodología de retribución que genera beneficios "caídos del cielo" a la energía nuclear y a la hidroeléctrica, como ha destacado la Comisión Europea en un reciente informe.

En todo caso, lo acaecido en Fukushima supone el fracaso mas dramático del paradigma economicista imperante, en el que se ha confiado (¿Ingenuamente?) en la "autorregulación" del sector privado, justificando así la "simplificación", o incluso la eliminación, de la regulación y la supervision pública, sin suficiente consideración de los potenciales riesgos de determinadas actividades. Ello ha conducido, entre otras cosas, a la hipertrofia del sector financiero, al endeudamiento excesivo de empresas y familias, y a la opacidad de productos cuya "toxicidad" está en el origen de la crisis económica actual.

Reglas insuficientes, instituciones débiles frente al poder económico, ausencia de mecanismos que garanticen la exigencia de responsabilidades... han desembocado en una ingente socialización de perdidas: la otra cara de la moneda de la privatización de los beneficios, generando una justificada percepción de inequidad por parte de la mayoría de los ciudadanos.

Nadie puede calcular el inmenso coste de los daños causados por Fukushima, que durarán muchas generaciones. Lo que sí se sabe es que ese coste no lo cubrirá la empresa TEPCO -que ya ha pedido ayuda pública para sobrevivir-, sino todos los japoneses, a lo largo de muchísimo tiempo. Era difícil imaginar que en un país moderno, referente en materia de innovación tecnológica, con instituciones democráticas, el riesgo nuclear no estaba bajo control.

¿Les recuerda algo esta historia?

En España también creíamos que nuestro sistema financiero gozaba de suficiente regulación y supervisión; que no estábamos amenazados por el riesgo de los "productos tóxicos"... Así lo corroboraba el Banco de España. Hasta que estalló Bankia, la principal manifestación de la inadecuada supervision y de la pesima gestión bancaria, cómplice principal de la burbuja inmobiliaria. Y las cifras del agujero negro se multiplicaron en pocos días. El Gobierno aseguró entonces que inyectaría toda la financiación que fuera necesaria para salvar a Bankia; pero ese ingente esfuerzo publico -traducido en los recortes de políticas sociales más dañinos de nuestra historia en democracia- ni siquiera evitará que miles de clientes pierdan los ahorros invertidos en acciones o en participaciones preferentes.

Socialización de pérdidas a gran escala; evidencia de irresponsabilidades, de compleja penalización. Un desastre que, en el caso de España, ha llevado a la necesidad de un rescate europeo con la correspondiente pérdida de soberanía; y que ,sin duda, ha abierto los ojos de muchos que confiaron en la panacea inmobiliaria, aquella que nos hizo crecer más que nuestros vecinos. Cada vez hay más ciudadanos que saben que no saldremos de la crisis repitiendo los errores del pasado. Que son imprescindibles cambios muy profundos en la gobernanza pública y privada de la economía, que incentiven comportamientos responsables.

En Japón, se ha desvanecido su confianza ciega en la energía nuclear. Como dice Shinichi Takemura, miembro del Consejo para la Reconstrucción del Japón, "los japoneses nos creímos la mentira de que la energía nuclear era más barata, más limpia y más segura". Sus autoridades así lo afirmaban: el riesgo nuclear no era motivo de desesperación. Tras la catástrofe, el Gobierno y la empresa mintieron sobre su envergadura, intentando minimizarla, perdiendo así buena parte de su credibilidad. Hoy los japoneses se enfrentan a la angustia de convivir con una contaminacion invisible y silenciosa, cuyas consecuencias sobre su salud son impredecibles; y tambien al desafío de recuperar cierta autonomía energética, esta vez con energías más seguras y accesibles en todos los rincones del planeta.

(1) La energía después de Fukushima, Cristina Narbona y Jordi Ortega. Editorial Turpial, 2012]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1606466 2012-06-19T04:10:16-04:00 2012-08-18T05:12:12-04:00

Cristina Narbona http://www.huffingtonpost.com/cristina-narbona/ la cumbre Río+20, donde se debate, nada mas y nada menos, sobre cómo transformar la economía para conseguir erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y el frenar el deterioro del planeta.

Algunos líderes (entre ellos, Rajoy) llegarán directamente de la reunión del G20, donde "solo" se debatirá sobre la catástrofe económica, en particular en la zona euro... Seguro que hay quien cree que los dos debates no tienen mucho que ver, y que, en cualquier caso, hoy resulta marginal lo del "desarrollo sostenible" y todos aquellos convenios adoptados hace 20 años, en la anterior cumbre de Río.

Y así nos va: todavía hay demasiados dirigentes políticos que no aciertan a ver que la crisis actual es mucho más que una crisis financiera debida a la imprudencia y codicia de unos pocos... En realidad, la crisis financiera no es más que una de las dimensiones de la crisis del paradigma dominante, de esa visión miope y cortoplacista, que ha promovido un sistema económico cuyo objetivo principal es el crecimiento del PIB, sin suficiente consideración de los efectos sociales y ambientales asociados al actual modelo de producción y de consumo -porque, total, esos costes se socializan, y no los asumen los que los provocan y al tiempo se apropian de pingües beneficios-.

Pero hoy es ya muy evidente que las crecientes desigualdades sociales han estado en el origen del exceso de endeudamiento y, a su vez, se han ampliado a causa de la pésima gestión de los riesgos financieros; como es evidente que la gestión irresponsable de los recursos naturales y de los ecosistemas tiene un coste económico y social cada vez mayor (por ejemplo, en términos de salud). Y lo que es peor: la crisis del paradigma se está llevando por delante la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, incapaces de protegerlos ante esos "mercados" que las propias instituciones decidieron desregular al máximo, para favorecer su eficiencia.

Este diagnóstico crítico es compartido por un número creciente de ciudadanos, en todos los países del mundo. La comunidad científica nos alerta, además, de la aceleración de los riesgos del deterioro ecológico, que afecta, sobre todo, a las poblaciones más vulnerables del planeta. Sin duda, hoy conocemos, mucho mejor que hace 20 años, la estrecha interdependencia entre lo económico, lo ambiental y lo social; y tenemos nuevas respuestas tecnológicas que deberían generalizarse, para garantizar, entre otras cosas, el acceso de todos los ciudadanos del planeta -los que viven hoy y los que vivirán mañana- al agua, a la alimentación, a una energía limpia y segura...

No se trata de utopías: los documentos que llegan a esta cumbre están llenos de ejemplos concretos de cómo se puede crear empleo y satisfacer necesidades sin dañar seriamente la trama de la vida de la que formamos parte. Un ejemplo, que suena de actualidad por aquello de las comparaciones con lo que sucede en España: en Uganda, los cultivos ecológicos están proporcionando una rentabilidad 300 veces superior a la de los cultivos tradicionales , al tiempo que permite el acceso de la población a alimentos sin necesidad de importarlos a precios cada vez mas abusivos...

En Río+20, sin duda, no habrá grandes acuerdos: pero ya tenemos suficientes, y lo importante sería cumplirlos. Y para ello, mucho más relevante que las declaraciones retóricas de los líderes será el aumento de la concienciación pública, favorecida hoy por la red, cuya capacidad de difundir información y de fortalecer plataformas ciudadanas ha crecido exponencialmente en los últimos años.

Cuanto más y mejor informados estén los ciudadanos, más conscientes serán del impacto (social, economico y ambiental) de sus propias decisiones; y por tanto estarán en mejores condiciones para ser mas responsables, y a la vez, para exigir mayores responsabilidades a sus gobiernos y a las empresas. Sí, en el camino hacia Rio +20 se ha hablado mucho de la necesidad de articular mecanismos que garanticen la oportuna rendición de cuentas y la exigencia de responsabilidades, imprescindibles para que se cumplan normas y convenios, a nivel nacional y global.

Por supuesto que hace falta dinero para la transición hacia una economia mas sostenible, en la que se genere mas bienestar para mas ciudadanos, empleando menos recursos. En la cumbre se está discutiendo como reforzar una iniciativa lanzada por el G20 hace tres años: reducir las ayudas públicas que hoy se aplican a subsidiar actividades contaminantes o despilfarradoras, para poder asignar esos fondos a las tecnologías mas limpias y eficientes. Es bueno recordar que el volumen de ayudas públicas a los combustibles fósiles, a nivel mundial, multiplica por siete la que se dedica a las energías renovables... luego dinero, haberlo, lo hay. Eso sin hablar de esos inmensos agujeros negros -los paraísos fiscales- que son, junto con la corrupción y el cambio climatico, el "lado oscuro" de la globalización, en frase afortunada de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.

Y, por último, algunos países demostrarán más voluntad que otros durante esta cumbre. Australia, por ejemplo, se ha comprometido a crear la mayor red de reservas marinas del mundo, desde el convencimiento que los océanos son la siguiente frontera amenazada por la acción del hombre, donde se albergan muchas de las garantías para nuestro futuro. A ver si a otros se les abren los ojos, a base de ejemplos...]]>