Jon-M. Landa2013-05-24T06:13:41-04:00Jon-M. Landahttp://www.huffingtonpost.es/author/index.php?author=jon-m-landaCopyright 2008, HuffingtonPost.com, Inc.HuffingtonPost Blogger Feed for Jon-M. LandaGood old fashioned elbow grease.Doctrina Parot: ¿Es obligatorio obedecer a Estrasburgo?tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.29168752013-03-21T02:18:34-04:002013-05-20T05:12:02-04:00Jon-M. Landahttp://www.huffingtonpost.com/jon-m-landa/caso Del Rio, ratificando que la doctrina Parot es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, entonces el Estado Español no estaría obligado a cumplir la sentencia. Se suele expresar en términos técnicos diciendo que es una sentencia meramente "declarativa" y no "ejecutiva". Y ello probablemente confunde al lego en derecho que se queda perplejo y se pregunta: ¿se debe cumplir o no? Imaginemos por tanto que ayer, que fue la vista oral del juicio de revisión del caso por la Gran Sala del TEDH, ésta hubiera dictado inmediatamente el fallo ratificando la condena de la doctrina Parot. ¿Hubiera tenido efectos inmediatos? Vayamos por partes.
El fallo sería entonces firme y por tanto obligatorio. El Estado debería cumplir. Sobre esto no hay dudas. El problema es que en España no hay una normativa procesal que habilite al poder judicial a cumplir una sentencia de Estrasburgo que, como es el caso, obligue a liberar a una persona que está en la cárcel. El aspecto clave es, insisto, que los demandantes están en prisión precisamente porque se les sigue aplicando dicha doctrina. Por tanto la forma de reparar la violación de derechos humanos no se puede hacer sino liberándole.
Es importante entender que el TEDH las más de las veces lo único que hace es declarar que se ha violado el Convenio. Da la razón: que, por cierto, a veces no es poco. En otras ocasiones, además, establece una compensación económica (Just satisfaction). Y sólo en situaciones absolutamente excepcionales va más allá: el caso Del Rio es una de esas excepciones. Ya que si Estrasburgo dice que la doctrina Parot viola el Convenio y, por tanto, se viola el derecho a la libertad, la única manera de restaurar el mal causado es liberarle. ¡Sería un sarcasmo que el Estado español le pague, por ejemplo, una compensación económica y le mantenga en la cárcel!
Volvamos ahora al problema de cómo y quién debe liberarle. Decíamos que el Estado español no tiene un cauce formal para cumplir ese tipo de fallo del TEDH. Un problema similar ya se produjo en el año 1991 con el denominado caso Bultó (STC 245/1991). En dicho supuesto el TEDH dictaminó que el juicio por el asesinato de Bultó no cumplía con todas las garantías. A resultas del fallo la Audiencia Nacional puso en libertad condicional a los condenados intentando así cumplir con el fallo de Estrasburgo pero el Tribunal Supremo lo canceló y los devolvió a prisión. Contra esta decisión del Tribunal Supremo se recurrió ante el Tribunal Constitucional quien, en amparo, acabó por acatar y hacer obedecer la sentencia del TEDH. En aquel momento, en 1991, el Tribunal Constitucional -presidido por cierto por el magistrado Tomás y Valiente vilmente asesinado por ETA- ya señaló expresamente que debía legislarse para que este galimatías jurídico no se vuelva a producir. Como, por desgracia, podemos hoy comprobar, no se ha rellenado esa laguna procesal.
La dejación del legislador, que no se ha preocupado de mejorar el ordenamiento jurídico para que el Estado español pueda cumplir mejor sus obligaciones internacionales para con los derechos humanos, no le libera, sin embargo, de cumplir el fallo. ¿Pero cómo?
Si hubiera voluntad una vía sería el indulto. No es que a mi personalmente me guste este instrumento. Pero si se ha abusado de él para casos incomprensibles y específicamente vetados por los estándares internacionales (esto es, casos de tortura), ¿por qué no usarlo en casos en que es de justicia?
Otra posibilidad sería usar el denominado recurso de revisión. Este recurso en realidad es una vía para revisar resoluciones firmes por hechos sobrevenidos que no se pudieron tener en cuenta cuando se dictó una sentencia. Se aplica la doctrina Parot y luego Estrasburgo dice que esa doctrina no vale: sería lícito, legítimo y posible, hacer una interpretación pro libertate de dicho recurso y entender que cabe su aplicación al caso. Ello estaría en manos del Tribunal Supremo que, sin embargo, en su día ya se negó a aplicarlo en el caso Bultó que citábamos antes.
Por tanto sólo resta, salvo opinión mejor fundada en Derecho, que se recurra ante el órgano sentenciador, la Audiencia Nacional, y se le pida la liberación mediante la revisión de la liquidación de condena y licenciamiento que se hizo usando la doctrina Parot. Podría entonces usarse un incidente de nulidad de actuaciones para ello como cauce que permite a los tribunales ordinarios reparar lesiones de derechos fundamentales. Solicitado el incidente incluso sería posible que la Audiencia Nacional decrete la libertad mientras éste se substancia, aunque no está obligado a ello. Mucho me temo -ojalá me equivoque- que la Audiencia denegará el incidente y entonces, como en el caso del precedente del caso Bultó, acabaría volviendo al Tribunal Constitucional. Sería el TC el que se vería en la disyuntiva de tener que hacer cumplir la sentencia de Estrasburgo por vía de la resolución del correspondiente recurso de amparo. Disyuntiva ante la que, por cierto, no me puedo ni imaginar que no se hiciera cumplir el fallo del TEDH. A mi juicio, de no obedecerse al TEDH, el descrédito para el Estado Español sería inmenso y la presión internacional insoportable porque le seguirían reclamando constantemente desde Estrasburgo su cumplimiento. Y ello sin contar con el reguero de condenas que vendrían posteriormente ligadas a otros casos que, a decenas, están esperando a las puertas del TEDH.
En resumen, la falta de cauce procesal -laguna que no se da en la inmensa mayoría de los países europeos- puede provocar que el fallo de Estrasburgo se retrase presa del berenjenal jurídico que he tratado de describir. Ello generaría una imagen pésima de la justicia española. Sería a todas luces inconveniente para aquellos sobre los que pesa la doctrina Parot, pero también para el Estado español si es que quiere dar una adecuada apariencia de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Una última reflexión de suma importancia. La laguna de legislación al respecto no obliga, sin embargo, a que la patata caliente caiga otra vez en la mesa del Tribunal Constitucional. Un uso del mejor derecho podría solucionar el problema rápida y efectivamente desde el primer minuto de la firmeza de la sentencia de Estrasburgo. Pese a la dejación del legislador español, si se quiere cabe cumplir en Derecho con el fallo de Estrasburgo y liberar a Del Rio y a todos aquellos que siguen en prisión por aplicación de la doctrina Parot. Pero también es posible agarrarse a una versión más formal del Derecho y escurrir el bulto, alegando que como no hay vía habilitada "no se puede cumplir". Ojalá prime el sentido común y el mejor uso del derecho como instrumento de resolución de conflictos: no como vía para agravarlos.
Este artículo se ha publicado originalmente en el diario 'Deia'.]]>Otamendi c. España 16.10.2012tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.19736252012-10-18T04:04:47-04:002012-12-17T05:12:02-05:00Jon-M. Landahttp://www.huffingtonpost.com/jon-m-landa/el Reino de España ha violado la prohibición de la tortura del Convenio Europeo de Derechos Humanos. A ello se añade como coletilla técnica una afirmación: que se trata de una violación en su "dimensión procesal". Esa coletilla no quita nada a la contundencia de la condena sino que la modula en el siguiente sentido. A lo largo de los años el TEDH ha ido interpretando cómo controlar a la Estados a la hora de comprobar si respetan o no la prohibición de la tortura. Y el hecho de que las torturas se producen en espacios opacos, cerrados, con el detenido aislado y totalmente a disposición de las autoridades ha llevado a la conclusion de establecer un "canon reforzado": esto es, exigir a los Estados que si se quieren librar de la sospecha de que torturan cuando se produce una denuncia lo que deben hacer es investigarla hasta el final y sin escatimar medios. Si un Estado no se pone a ello en serio se le condena. Y se hace porque si el Estado lo tapa no hay manera de saber si hay tortura. Si no hay nada que ocultar debe estarse dispuesto a ser transparente. La transparencia es dejar investigar en serio. Por eso la inmensa mayoría de las condenas, como en el caso Otamendi, son porque no se investiga: no se quiere levantar la tapa.
En concreto en el caso Otamendi le reprocha Estrasburgo a los jueces españoles que no quisieron escuchar el testimonio del denunciante cuando es sabido y es doctrina también firme del Tribunal Constitucional español que el testimonio del que interpone la denuncia es un elemento esencial.
No acaban ahí los reproches de Estrasburgo: también subraya el TEDH que el Estado Español no hace caso al Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) cuando, para controlar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura por medio de sus visitas a la centros de detención, ha recomendado insistentemente que los informes forenses no se hacen bien. Si el médico forense no hace bien su trabajo, no registra adecuadamente el estado físico y mental del detenido, luego no habrá manera de probar las cosas. Aquí hay otro aspecto que en el caso Otamendi se aclara mediante un reproche indirecto a la regulación de los protocolos forenses de la Audiendia Nacional en la materia que dejan mucho que desear. Dicho otra vez con más contundencia: no es que no haya tortura, es que no se registra.
El caso Otamendi sigue a una serie de pronunciamientos del propio TEDH (Martinez Sala 2004; San Argimiro 2010; Beristain 2011) que convierten en más significativo aún el pronunciamiento del Tribunal. Para una democracia "consolidada" es un conjunto ya demasiado abultado de sentencias que, sin duda, subrayan que hay un problema grave. Para los ritmos y la dinámica del TEDH no es habitual tantos pronunciamientos en tan breve lapso de tiempo.
El problema de la impunidad de la tortura es general pero es mucho más agudo en la actuación contraterrorista del Estado en su lucha contra ETA. Por eso la Sentencia que ayer dió a conocer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un mojón más que debe facilitar el camino para acabar con la mentira sistemática de que la tortura no existe en el Estado Español y, particularmente, de que no ha existido en el caso de la violencia política y las actividades contraterroristas. La tortura es una lacra que se puede constatar en todos los países pero en las democracias se supone que debe existir en un grado mínimo: debe ser, según terminología técnica, "meramente esporádica". Si contrastamos esa referencia -meramente esporádica- con las sentencias judiciales firmes que han condenado por torturas al Estado español en materia de actuaciones contraterroristas relativas a ETA la sorpresa en mayúscula: no hay una sola condena desde que entró en vigor el nuevo Código penal de 1995. Por decirlo más claramente: la verdad oficial en, al menos los últimos 20 años, es que nunca se ha torturado en la actuación de las policías contra ETA. Los organismos internacionales, sin embargo, hace tiempo han venido denunciando que eso no es cierto. El TEDH una vez más ha venido a levantar el velo y a denunciar que si no se investiga no sale a la luz lo que es una práctica ante la que la democracia española, y particularmente, los jueces, han mirado para otro lado.
Todo ello pone de triste actualidad una cita del profesor y en su momento presidente del Tribunal Constitucional, Tomas y Valiente, vilmente asesinado por ETA, quien en tiempos de la dictadura, en una conferencia semiclandestina, afirmó lo siguiente:
«(...) el problema de la tortura es ése: el del límite del poder político (...). Para renunciar a la tortura, dondequiera que ésta se dé, si es que se da y en la medida en que se dé, es preciso que el propio Estado reconozca que por encima de la eficacia represiva hay otros valores, que es preferible no averiguar quién fue el autor de un delito que torturar a un inocente, o incluso a quien luego resulte ser el culpable.
Claro que el Estado moderno está predispuesto a reconocer todo esto cuando se trata de delitos como el aborto, la estafa o un homicidio simple. Pero ¿estará el Estado decidido a renunciar para siempre a la tortura en relación con posibles delitos de marcado cariz o contenido políticos? La historia nos enseña que justamente ha sido en estos casos cuando más intensa y arbitrariamente se ha aplicado la tortura ¿Habrá de ser siempre así?»
Este artículo ha sido publicado originalmente en el diario 'Deia'.]]>Parot: nullum crimen sine lege... por fintag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.16647062012-07-15T04:09:54-04:002012-09-13T05:12:07-04:00Jon-M. Landahttp://www.huffingtonpost.com/jon-m-landa/sentenció el pasado 10 de julio que la denominada doctrina Parot viola los derechos humanos, al menos los de la recurrente Inés Del Rio Prada. Había sido condenada a más de 3.000 años de cárcel pero siguiendo las leyes penales vigentes en el momento en que cometió los delitos y la interpretación que durante décadas se usaba por los tribunales para calcular el máximo que cumpliría, su pena "real", a efectos prácticos, no superaría los 20 años en prisión como resultado de descontar 10 años por "redención de penas por el trabajo". Para el profano en derecho resultará chocante que se condene a miles de años y que luego sólo se cumpla un máximo, por ejemplo, de treinta como correspondía con el Código Penal de 1973. Pero resulta que en todos los países de nuestro ámbito de cultura existe un consenso general en que se establezca un límite por razones de humanidad y por dejar la posibilidad abierta de que el cumplimiento de la pena permita una evolución hacia la reinserción del penado. La cultura de los derechos humanos ha imprimido un poso de civilización en la reacción punitiva del Estado que permite conjugar justicia con una atención a dar oportunidades de recuperación al preso al que se debe considerar, pese a sus crímenes, como un ciudadano y no como un enemigo al que se debe eliminar (pena de muerte) o inocuizar (pena perpetua no revisable). Por eso hay límites absolutos de cumplimiento.
Antes de que el Tribunal Supremo por sentencia del 28 de febrero de 2006 instaurara la doctrina Parot, si hubiéramos consultado a cualquier juez, fiscal, abogado, profesor de derecho o jurista con una mínima formación, todos, de forma unánime, hubieran predicho que en el caso que nos ocupa esos 20 años, y ni un solo día más, iban a ser el tope máximo de cumplimiento porque había una institución llamada de "redención de penas por el trabajo" que permitía descontar hasta 10 años de forma automática. Y así funcionó la maquinaria penal de forma invariable hasta la entrada en vigor del Código Penal de 1995 e incluso más allá respecto de aquellos delitos que se juzgaban más tarde pero se habían cometido con anterioridad. Es el caso, por ejemplo, de la recurrente Del Rio Prada.
Pero llegó el cuatrienio "negro", los años 2000-2003 fundamentalmente, en los que el Gobierno de Aznar amplió radicalmente lo que era la definición del terrorismo, se endurecieron las penas, se aumentó el ámbito de la jurisdicción especial de la Audiencia Nacional, se vetó por ley a la Universidad del País Vasco a que atendiera los estudios a distancia de presos de ETA, se aprobó la ley de partidos y, sobre todo, se predicó y legisló el cumplimiento "real y efectivo" de las penas. Se endurecieron en tiempo record las leyes penales substantivas, procesales, de organización judicial y penitenciarias. Respecto de estas últimas, se lanzó una máxima de cumplimiento "íntegro" y "efectivo" de las penas elevando los topes máximos de cumplimiento (de 30 hasta 40 años) y en régimen cerrado sin disfrutar de beneficios penitenciarios. Todos los juristas sabíamos, también los políticos me temo, que dicha reforma sólo podría operar hacia el futuro y no afectaría a condenados para los que, a pesar de sus largos historiales de crímenes, no estaban en vigor las nuevas leyes más duras cuando cometieron los delitos. Con otras palabras, las leyes más duras no iban a evitar ver la salida de la cárcel tras tan "sólo" veinte años de condenados por terrorismo de ETA de los años de plomo.
El boomerang del "cumplimiento íntegro y efectivo de las penas para los terroristas" y su engañoso mensaje generó una opinión pública en todo el Estado que se convertía en una auténtica olla a presión cada vez que se acercaba la fecha de licenciamiento (o sea, de salida de prisión) de presos con múltiples y graves delitos a sus espaldas. Hubo intentos de aplicar retroactivamente la nueva ley de cumplimiento efectivo de las penas de 2003 pero fracasaron hasta que el Tribunal Supremo, en un ejercicio sin precedentes de jurisprudencia "creativa" decide cambiar la forma de calcular el tope máximo de cumplimiento de manera que, resumiendo, el efecto práctico es que no se cumplirían 20 sino 30 años: o sea ¡10 años más! En definitiva, lo que por ley no se pudo hacer se conseguía por medio de la doctrina Parot ya que esta suponía un alargamiento de la pena a cumplir al bloquear de facto los beneficios penitenciarios. Con la nueva fórmula de cálculo el descuento de un tercio correspondiente a la redención de penas por el trabajo quedaba de un día para otro, después de décadas de ser aplicado, en nada.
El Tribunal Constitucional, tarde, muy tarde (marzo de 2012), comenzó la revisión de la aplicación de esta doctrina y no encontró defectos en más de una treintena de recursos de amparo hasta la fecha. El fallo del Tribunal Constitucional, sin embargo, no fue unánime y algunos magistrados ya advertían su discrepancia porque no se respetaba el principio de legalidad. La minoría de magistrados que emitieron votos particulares consideraban ya que el punto central era la cuestión de su aplicación retroactiva lo que por fin, en su descargo y en el de la Justicia con mayúsculas, el Tribunal de Estrasburgo ha ratificado.
La sentencia del TEDH, sin embargo, no es definitiva pues todo parece indicar que, de acuerdo a las previsiones del Convenio de Roma (CEDH 1950) que rige el tribunal, será la Gran Sala (en una especie de revisión excepcional) la que tome una decision final que debería afectar al conjunto de supuestos. A la espera de que la decisión del caso Del Río Prada se torne definitiva, la importancia del fallo sería histórica en tal caso.
Y lo sería, antes que nada, porque se restaña, aunque sólo sea en parte, una enorme injusticia que afectaba a uno de los núcleos esenciales del Estado de Derecho: el denominado principio de legalidad. Este principio no es cualquier garantía o derecho de segundo nivel, sino que está llamado a asegurar la libertad de los ciudadanos frente a una actuación arbitraria del poder que puede llegar, como es el caso que nos ocupa, al encarcelamiento injusto. Pertenece al avance histórico que supuso la modernidad ya desde la revolución francesa el intento de someter el poder al Derecho. Ese poder que había sido absoluto durante el final de la Edad Media y que en manos de los reyes había aplastado la dignidad de los "súbditos", que no ciudadanos, encontró en la máxima "nullum crimen nulla poena sine lege" (no hay delito ni pena sin ley) un puerto seguro. ¿Qué sería de nosotros si el poder pudiera, a su capricho, definir lo que es delito y las penas que le corresponden, y perseguir, detener y encerrar a quienes hubieran cometido el crimen de forma retroactiva antes incluso de que supieran siquiera que lo estaban cometiendo? Pues bien, el fallo del TEDH precisamente viene a decir, de forma indirecta, que cuando el Tribunal Supremo se inventó la doctrina Parot y ésta se aplicó a hechos ya sentenciados, en realidad su interpretación es creadora de una nueva pena más dura. Resulta según el máximo garante de los Derechos Humanos en Europa que el súbito cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo en 2006 y su aplicación por las autoridades penitenciarias y la Audiencia Nacional ha producido una aplicación retroactiva de penas más duras a hechos anteriores. Se ha quebrado en esos casos el principio de legalidad y para ello no vale intentar distinguir con argumentos formales entre el derecho sustantivo que define delitos y penas y el derecho de ejecución que sólo regula la forma de cumplimiento: para el TEDH, levantando el velo y atajando cualquier fraude de etiquetas, un cambio de jurisprudencia que no era previsible y que tiene efectos materiales de alargamiento de la estancia en prisión es equivalente a crear un castigo, una pena, y, por tanto, debe someterse a las garantías "fuertes" del principio de legalidad.
El revés de Estrasburgo, de confirmarse finalmente por la Gran Sala, es mayúsculo: es un revés a la mayoría del Tribunal Supremo que preconizó la doctrina Parot y a la práctica aplicativa de la Audiencia Nacional; es un revés para la mayoría del Tribunal Constitucional que lo avaló y despreció una revisión de los casos según el canon de constitucionalidad pertinente y central del principio de legalidad; es un revés para esa mayoría acrítica que interpreta que contra el terrorismo vale todo si es eficaz y que además ejerce como inquisición implacable también contra quien osa oponer argumentos de mejor derecho. Pero es también una bocanada de aire fresco y de esperanza que restaura la fe en ese mejor Derecho. Es un espaldarazo a la Justicia con mayúsculas. Es un desagravio también para esas minorías de magistrados y magistradas que ya avanzaban en sus votos particulares del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional la tropelía que se estaba cometiendo. Tropelía que, por cierto, ya venía denunciándose por una abrumadora mayoría de la doctrina penalista en todo el Estado pero que no obtenía eco en la opinión pública por la omisión culpable de una gran mayoría de medios de comunicación que han negado a la ciudadanía datos esenciales para formarse una opinión contrastada y más adecuada a los estándares de los derechos humanos.
Como escribiera el gran jurista alemán Ihering ya en el siglo XIX el Derecho debe ganarse mediante la "lucha", la "lucha por el Derecho" (Der Kampf ums Recht 1872). Ojalá el fallo sirva para reconducir el desafuero de la doctrina Parot que nunca debió nacer. Pero también para allanar el camino a quienes pensamos que los conflictos y las injusticias tienen en el Derecho una vía civilizada de solución que, aunque de forma imperfecta, acaba por ofrecer un campo de posibilidades que una mayor implicación de la sociedad civil y de los profesionales del Derecho acercaría aún más a cotas razonables de verdadera administración de Justicia.