2013-05-25T16:37:20-04:00 José Antonio Bastos http://www.huffingtonpost.es/author/index.php?author=jose-antonio-bastos Copyright 2008, HuffingtonPost.com, Inc. HuffingtonPost Blogger Feed for José Antonio Bastos Good old fashioned elbow grease. tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.3273266 2013-05-20T02:33:38-04:00 2013-05-20T02:25:20-04:00

José Antonio Bastos http://www.huffingtonpost.com/jose-antonio-bastos/


Los líderes mundiales en el campo de la salud se reunieron recientemente en Abu Dhabi en una cumbre sobre Vacunas cuyo objetivo era analizar los últimos logros y encontrar la forma de extender el impacto de la vacunación infantil bajo la llamada Década de las Vacunas, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Fundación Bill y Melinda Gates.

En los últimos años, ha habido importantes avances y la vacunación infantil salva, cada año, entre 2 y 3 millones de vidas. Sin embargo, sigue habiendo enormes vacíos. En 2011, más de 22 millones de niños y niñas no recibieron el paquete completo de vacunas esenciales recomendadas por la OMS. Dicho de otra forma, es como si en España no se hubiera vacunado a ni uno solo de los nacidos en los últimos 35 años.

Nuestros equipos en el terreno ven estas lagunas a diario y las ven entre los niños que tratamos en las poblaciones refugiadas, en las personas atrapadas en medio de un conflicto o en entornos rutinarios como los centros de salud materno-infantil.

La creciente -pero esencial- lista de vacunas recomendadas por la OMS para todos los niños supone que los países tienen que asumir costes cada vez más altos para sus programas de vacunación. El coste total del paquete básico de vacunas se ha disparado en la última década, pasando de 1,04 euros que costaba en 2001 la vacunación contra seis enfermedades a casi 29 euros para once en 2011. Este incremento supone un aumento del 2.700 %, y el 70 % del precio se lo llevan las dos vacunas más nuevas: la antineumocócica conjugada (VNC) y la vacuna contra el rotavirus.

En la actualidad, los programas de vacunación se las ven y se las desean para adquirir el paquete básico de vacunación. Un funcionario del Ministerio de Salud de Kenia llegó a comparar de forma muy gráfica la inclusión de nuevas vacunas en su programa nacional de inmunización a "tener varias hipotecas".

Cabe preguntarnos por qué las nuevas vacunas son mucho más caras. Y la respuesta es sencilla: no lo sabemos. Bajo el actual modelo de negocio, los precios de las vacunas y de los medicamentos se basan en recuperar la inversión en I+D y los costes de fabricación. Algunas vacunas son más complejas que otras y eso repercutiría en su coste de investigación y producción. Sin embargo, los fabricantes de vacunas no hacen públicos estos importes, haciendo de esta industria una de las más opacas en el sector de la salud. Y sin esa información decisiva, los compradores carecen de una base objetiva para negociar precios justos.

La mejora de la transparencia sobre los precios de las vacunas, y más para aquellas adquiridas con fondos públicos, ha sido una carrera cuesta arriba. Uno de los primeros logros fue la publicación por parte de UNICEF de los datos sobre los precios que había pagado por las vacunas (excepto los datos de las compañías que no dieron su autorización) durante diez años.

Sabemos que vacunas número uno en ventas como la Prevnar 13 de Pfizer (una antineumocócica conjugada) constituyen uno de los grandes éxitos para la industria farmacéutica. La Prevnar 13 (la vacuna más vendida del mundo) tuvo unas ventas en 2012 de 2.831 millones de euros, y los analistas pronostican que sus ingresos superarán los 5.000 millones de euros en 2018.

En cuanto al coste de la I+D farmacéutica, Andrew Witty, director ejecutivo de GlaxoSmithKline (GSK), afirmó recientemente que la cifra que se cita habitualmente de 1.000 millones de dólares para desarrollar un nuevo medicamento es "uno de los grandes mitos de la industria".

VACUNAS MÁS ADAPTADAS

La alianza GAVI, una asociación mundial de los sectores público y privado en salud, lanzó en 2009 una iniciativa para incentivar la I+D, responder a las necesidades de los países en desarrollo y acelerar la introducción de la VNC en los países pobres, creando un mercado subvencionado para los productores de esta vacuna. Hasta el momento, este programa ha ayudado a distribuir 82 millones de dosis, pero no ha logrado crear formulaciones adaptadas a entornos con recursos limitados.

Porque el reto en el ámbito de las vacunas no reside sólo en el precio. La adaptación a entornos con temperaturas extremas y con dificultades para mantener la cadena de frío es otro desafío al que, por el momento, no estamos encontrando solución. La mayoría de las vacunas deben conservarse a una temperatura de entre 2 y 8°C para que sean efectivas. El hecho de mantener las neveras en funcionamiento en lugares en los que la electricidad depende de generadores, y se alcanzan los 45ºC con asiduidad, supone una dificultad logística añadida.

El número de dosis, que supone que los niños tengan que acudir a las clínicas al menos cinco veces durante su primer año de vida para ser completamente inmunizados, y la forma de administración (la mayoría requiere inyecciones), que precisa de personal de salud tan escaso en los países en desarrollo, complican la ampliación de la cobertura vacunal.

Los altos precios no afectan sólo a los ministerios de Salud de los países. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que sólo en 2011 vacunó a 6 millones de niños de sarampión y meningitis, también tienen limitaciones para adquirir vacunas a causa de los precios. Hace poco, nuestros anhelos para emplear la vacuna antineumocócica conjugada en Sudán del Sur se vieron frustrados por las eternas negociaciones con Pfizer y GSK para adquirir la VNC a un precio asequible. Y aunque las compañías han ofrecido donaciones puntuales, ésta no es una solución sostenible.

Las vacunas ofrecen la promesa de una reducción de la enfermedad y la muerte para la infancia, pero esta promesa nunca se materializará si no conseguimos cambios importantes en la forma en la que se fijan los precios de las vacunas para los países con ingresos medios y bajos. Es hora de terminar con los precios prohibitivos y la opacidad sobre costes de investigación y producción.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.2853935 2013-03-13T05:06:43-04:00 2013-05-12T05:12:01-04:00

José Antonio Bastos http://www.huffingtonpost.com/jose-antonio-bastos/ La mayoría no tiene otro recurso que la mendicidad y conformarse con las basuras para comer. Temen, por agresivas, las redadas policiales y las deportaciones a Argelia. Las niñas y mujeres migrantes corren el riesgo de abusos sexuales. Su objetivo es conseguir llegar a Europa, a través del mar en un viaje temerario en botes de plástico de juguete, en zodiacs y pateras; o por tierra, tras sortear la valla que separa Nador de Melilla, donde son repelidos de forma violenta por las fuerzas de seguridad.

Este es el día a día de los cientos de migrantes subsaharianos que, en su esfuerzo por huir de la miseria, acaban atrapados en Marruecos, la frontera en la que colisionan las políticas migratorias con las legislaciones sobre derechos humanos que han refrendado, y dicen defender, Marruecos, España y la Unión Europea.


Foto: MSF.


Nada excepcionalmente nuevo, nada que no supiéramos, pero algo que con frecuencia pretendemos no ver, sobre todo desde el lado europeo del Estrecho de Gibraltar. El informe Atrapados en Marruecos, que Médicos Sin Fronteras ha presentado este miércoles en Madrid y Rabat es, de hecho, un reconocimiento de que pese a las denuncias de las organizaciones que trabajamos en la zona (la propia MSF publicó dos informes en 2005 y 2010), lamentablemente la situación no ha cambiado en los últimos años.

Es más, en el informe se destaca que, fruto del endurecimiento de los controles fronterizos y los acuerdos bilaterales para luchar contra narcotráfico, migración ilegal, tráfico de armas y otros delitos transfronterizos, Marruecos ha dejado de ser un país de tránsito para ser un destino forzoso: un alto en el camino cada vez más prolongado que aumenta la vulnerabilidad de los migrantes, expuestos a violencia cotidiana, pésimas condiciones de vida, marginación y explotación.

Esta vulnerabilidad tiene consecuencias sobre la salud de los migrantes. De las 10.500 consultas médicas que nuestros equipos han atendido en Marruecos entre 2010 y 2012, casi la mitad guardan relación con las condiciones de vida deficientes a las que son obligados: infecciones en vías respiratorias, problemas osteomusculares, cutáneos o gastrointestinales. Patologías que vienen acompañadas de ansiedad, depresión o problemas psicosomáticos.

El informe también recoge, cómo no, la violencia ejercida contra los migrantes por parte de las fuerzas de seguridad, y que este pasado año ha ocupado de nuevo lamentables titulares de periódicos y espacios en los informativos. Según han comprobado nuestros equipos, las redadas violentas (en las que la policía quema las pertenencias de los migrantes) y las detenciones y deportaciones a Argelia (en las que se incluyen grupos vulnerables como embarazadas, menores o heridos) se han incrementado desde diciembre de 2011.

Nuestra lectura es que esta presión tiene mucho que ver con los intentos desesperados por parte de grandes grupos de migrantes de saltar la valla de Melilla, repelidos de forma violenta por las fuerzas de seguridad: sólo en 2012 asistimos a 1.100 personas por heridas asociadas a la violencia. Violencia directa, por agresiones; o indirecta, por lesiones sufridas al huir de las redadas o en el intento infructuoso de sortear la valla.

La violencia, empero, no es únicamente la ejercida por parte de las fuerzas de seguridad. Las redes de tráfico humano y de trata usan con frecuencia métodos violentos contra los migrantes que están a su merced, a sabiendas de la imposibilidad de que recurran a la policía marroquí para ser denunciados. De gran preocupación es la situación de mujeres y niñas, y los niveles de violencia sexual a las que son sometidas; también los varones, aunque en menor medida. Es, por supuesto, muy difícil cuantificar estos niveles, pero los datos de los equipos de MSF son reveladores: casi 700 víctimas atendidas en tres años.

Ante un panorama escasamente cambiante y desolador, el informe sí recoge el avance conseguido en Marruecos en la mejora del acceso a la salud para la población migrante, especialmente en las grandes ciudades y en Oujda. Este acceso debe hacerse extensivo a Nador, por ejemplo, donde los migrantes, por miedo a ser detenidos, no acuden de forma voluntaria a los centros médicos. Esta mejora en el acceso a las estructuras de salud ha significado una reducción de las actividades médicas directas de MSF en el país alauí.

Esperamos que este informe sirva a las administraciones involucradas para tomar nota y actuar en consecuencia. MSF, en todo caso, cesa sus operaciones en Marruecos. Pensamos que el problema primordial de los migrantes no es el del acceso a la salud, sino el desprecio flagrante de sus derechos fundamentales como seres humanos. La lucha por la protección y el respeto a los derechos humanos universales es un ámbito que, aunque esté completamente alineado con el respeto al ser humano que inspira la existencia y acción de Médicos Sin Fronteras, queda fuera de las habilidades institucionales y del trabajo de MSF como organización médico-humanitaria.

Creemos firmemente que debe ser mayor el número de organizaciones sociales y agencias de las Naciones Unidas que se impliquen de forma más contundente en Marruecos para asegurar que ya nadie más, en unos cuantos años, se vea obligado a presentar un informe en el que nada o casi nada haya cambiado.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.2684804 2013-02-15T01:00:00-05:00 2013-04-16T05:12:01-04:00

José Antonio Bastos http://www.huffingtonpost.com/jose-antonio-bastos/ 0. A cero se reduce la contribución de España al Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis en 2012. Cero fue también la contribución en 2011. Si nadie lo remedia, será cero en 2013.

10. Diez fueron los millones de euros prometidos por España al Fondo Mundial en la Conferencia Internacional sobre el Sida de Washington en julio de 2012. Una cifra escasísima.

55 %. Es la medida de la última aportación de España al Fondo Mundial, en 2010: 189 millones, un 55% de lo que había comprometido.

90 %. Es el recorte sufrido por la ayuda humanitaria pública española entre 2009 y 2012: ha pasado de 465 millones de euros a menos de 50. Las previsiones para 2013 dibujan un escenario nefasto: el borrador de Presupuestos anuncia menos de 20 millones de euros.

Estas son las cifras del desastre: España le ha dado la espalda a la lucha contra el sida y a la respuesta a las crisis humanitarias, dejando en la cuneta a las poblaciones vulnerables que recibían una ayuda vital en todo el mundo. Los recortes empezaron con el Gobierno anterior, en 2009, y se han agravado exponencialmente en los últimos tiempos.

Esta marcha atrás es el resultado de una opción política no una cuestión presupuestaria: no nos dejemos engañar por el discurso que enfrenta a los pobres "de aquí" con los pobres "de allí". Esta dicotomía es más un acto de manipulación política que una justificación aceptable: ética y conceptualmente, no hay ninguna razón para dejar de responder a las necesidades de un grupo de personas porque haya otro grupo distinto con necesidades diferentes.

"Los de allí" son los refugiados sudaneses cobijados bajo plásticos en Sudán del Sur, son los niños que pueden morir de desnutrición en Níger, son las incesantes víctimas del cólera en Haití, son los pacientes de VIH que reciben tratamiento y los que aún no han tenido esa suerte. Son personas que no pueden esperar, y cuya asistencia reposa la mayoría de las veces en agentes externos: en agencias internacionales financiadas por países donantes y en organizaciones como Médicos Sin Fronteras.

Por eso nos preocupa enormemente el que uno de esos países donantes, España, esté desmantelando su ayuda humanitaria y se haya retirado de la lucha contra la gran pandemia de las últimas décadas, el sida. Esta decisión va a tener un enorme coste humano. Estos fondos, que no deberían ser víctima propiciatoria de la crisis económica, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte para quienes la reciben: España estaba marcando esa diferencia y ha dejado de hacerlo.

Tras años de sólidos compromisos, España se ha convertido en un donante irrelevante en el panorama internacional, y eso justo en el momento en el que retoma sus ambiciones de regresar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el bienio 2015-16. A la hora de conseguir aliados, podrían resultar determinantes los votos procedentes de ese gran número de países afectados por la pandemia del sida y otras emergencias ahora descartadas por los fondos públicos.

El "firme compromiso" internacional que el presidente del Gobierno defendió en su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado se demuestra apoyando a organismos como el Fondo Mundial, que actualmente financia la mitad de la cohorte mundial de pacientes en tratamiento contra el VIH en el mundo: casi 4 millones de personas, de los 8 millones que han salvado la vida gracias a la terapia antirretroviral. España había llegado a ser el quinto donante del Fondo, con aportaciones de más de 200 millones al año.

Dejar su contribución en cero, o mutilar las partidas de ayuda humanitaria pública y otras aportaciones a organismos multilaterales, aparte de no resolver el déficit, lanza un mensaje de desinterés por las emergencias que afectan a una gran parte de la población del planeta. El Gobierno debe decidir qué parámetros quiere que definan la Marca España, y este déficit humanitario seguramente no es el más conveniente.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.2276100 2012-12-13T02:02:35-05:00 2013-02-11T05:12:01-05:00

José Antonio Bastos http://www.huffingtonpost.com/jose-antonio-bastos/ Médicos Sin Fronteras (MSF) en el norte del país. Mohamed se rompió la pierna y sufrió heridas en la cabeza en circunstancias especiales. La casa donde vive su familia fue bombardeada y se abrió un enorme agujero en la segunda planta que no fue tapiado. Aquel día no había nadie en el edificio. Cinco meses después, los aviones surcaban el cielo y los niños de la familia temieron otro ataque aéreo. No pasó. Pero Mohamed, asustado, corrió escaleras abajo, cayó por el agujero y se lastimó.

La historia de Mohamed habla sobre el miedo constante que tiene la población. Los civiles están atrapados en el conflicto entre el Gobierno sirio y la oposición armada. Según Naciones Unidas, más de 445.000 refugiados han llegado a los países vecinos; dentro de Siria, 1,2 millones de personas más se han visto obligadas a abandonar su hogar. Intentamos ayudarles pero las restricciones y la falta de seguridad hacen difícil la asistencia humanitaria. Y esta es insuficiente.

Actualmente los hospitales de MSF se hallan en territorio bajo control de la oposición armada, pero desde el principio hemos intentado trabajar también en las zonas controladas por el Gobierno. De momento no lo hemos podido hacer, aunque durante meses hemos donado artículos de primera necesidad a hospitales y clínicas y a la Media Luna Roja siria en Damasco. Quizás sea una obviedad contarlo a estas alturas, pero los sirios se sienten abandonados y no sólo por la comunidad internacional, sino también por la más reducida "comunidad de ayuda internacional". En esa categoría tan variopinta entramos nosotros, y a uno de nuestros equipos en misión exploratoria en agosto de este año se lo echaron en cara en uno de los muchos centros de salud improvisados por personal sirio: llegábamos tarde.

En los hospitales de campaña hay tanto combatientes como civiles: para nosotros, todos son pacientes. En estos centros médicos provisionales, habilitados a veces en viviendas abandonadas, escuelas u hospitales arrasados donde no quedan ni las puertas, se ofrece atención quirúrgica a los heridos. Pero esa es tan solo la cara más visible de la guerra. El conflicto tiene un impacto devastador en el conjunto de la población. Por eso MSF está poniendo cada vez más énfasis en la atención primaria y obstétrica: todos los sirios sufren las consecuencias de la inestabilidad y cualquier centro médico que se instala se convierte en un punto de referencia para la población, porque las necesidades son enormes y muy básicas.


Atención médica en uno de los hospitales de campaña de Médicos Sin Fronteras en territorio sirio. Foto: © Agus Morales. Noviembre de 2012.


Explica nuestro equipo médico que en Siria las mujeres estaban acostumbradas a acudir a hospitales para dar a luz y ahora se enfrentan a un grave problema. La guerra ha derrumbado el sistema de salud: tanto el personal médico como los hospitales han sido objeto de ataques. La Organización Mundial de la Salud cree que 2 de cada 3 hospitales públicos y 1 de cada 2 ambulancias han resultado afectados, y a menudo los daños son tan graves que han quedado inservibles: unos 40 hospitales, 150 centros de salud y casi 200 ambulancias ya han sido destruidos y nada indica que esto se vaya a detener.

Así que en muchas zonas, la cirugía, la obstetricia, la atención especializada, ya no existen. Las embarazadas no saben dónde ir. La acción de MSF en este campo es limitada, pero cada día llegan mujeres a uno de nuestros centros en busca de un parto seguro. Puede sonar a poco, pero en situaciones de guerra, cuando acceder a un centro médico no es posible, la mujer embarazada es extremadamente vulnerable y la mortalidad materna se dispara por culpa de los partos no seguros, y también la de los recién nacidos.

No quiero acabar estas líneas sin referirme a uno de los colectivos más castigados por la guerra: el de los médicos. En marzo del año pasado empezaron las manifestaciones contra el Gobierno de Bachar al Assad, que dieron paso con el tiempo a una guerra civil entre las autoridades y la oposición armada. Durante todos estos meses, el personal médico sirio ha demostrado un gran compromiso con los pacientes. Haciendo frente al miedo y a la falta de medicamentos y recursos humanos, han tenido que hacerse cargo de algo completamente nuevo en las actividades del personal medico en Siria: atender a las víctimas de un conflicto.

Habrán comprobado que en este texto no hablo de lugares, de tal o cual ciudad o barrio donde estamos operando: son áreas afectadas por los enfrentamientos, y sólo puedo explicarles que abrimos estos centros lo suficientemente cerca como para que la población llegue a ellos y podamos ser eficientes en las referencias, pero lo suficientemente lejos como para no exponer al equipo a tener que evacuar o interrumpir las operaciones cada hora porque las bombas les caen encima. En cualquier guerra, atacar deliberadamente hospitales y al personal médico es una forma más de aterrorizar a la población, de provocar un daño menos visible. Es también algo extremadamente inhumano añadido a toda la inhumanidad de una guerra: la población se queda sin asistencia médica cuando más la necesita.

Siria necesita médicos. Nuestra obligación moral es seguir ayudándoles a desempeñar su labor. Y la obligación de todas las partes del conflicto es respetar los centros de salud y los profesionales que trabajan en ellos, para que las miles de personas que permanecen atrapadas desde hace meses por el conflicto puedan, al menos, recibir asistencia médica.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1854613 2012-09-10T02:03:16-04:00 2012-11-09T05:12:01-05:00

José Antonio Bastos http://www.huffingtonpost.com/jose-antonio-bastos/ se hicieron eco de la alarma. La emergencia ha caído de nuevo en el olvido, y sin embargo los datos no nos permiten ser optimistas: la crisis continúa.

Factores climáticos, financieros, sociales y políticos, además del conflicto en el norte de Malí, han agravado el periodo de escasez entre cosechas, que suele ir de junio a septiembre y provoca el pico estacional de desnutrición, en algunas zonas del Sahel. Según datos de Naciones Unidas, un millón de niños con desnutrición aguda severa recibirán tratamiento en 2012 en esta región africana: el mayor número en la historia de la ayuda humanitaria.

Sin embargo, en muchas zonas del Sahel, la desnutrición no es una crisis puntual, se repite año tras año. El ejemplo de Níger, el país más afectado de la región, nos da una visión clara: en 2010, año de grave crisis alimentaria, se trataron 330.000 niños con desnutrición aguda severa; en 2011, año de buenas cosechas, 307.000. Otro dato revelador: en 2011, un 30% de los niños entre 6 y 23 meses de edad sufrió desnutrición aguda severa.

Con estos números, la problemática humanitaria pasa a ser también una cuestión de salud pública. Ante una crisis que se repite cada año, incluso cuando las cosechas son buenas, no podemos seguir respondiendo solo con estrategias de emergencia. Estas están totalmente justificadas para evitar algo tan increíble como que seres humanos mueran en grandes números en pleno siglo XXI por no tener bastante comida; pero son insuficientes. Debe iniciarse una transición hacia soluciones a medio y largo plazo que eviten nuevas crisis en el futuro.

Las causas detrás de la desnutrición son muchas y muy diversas, entre otras la falta de disponibilidad de alimentos, el pobre acceso a la atención sanitaria, los sistemas medievales de agricultura, las creencias religiosas o tradicionales, las deficiencias del mercado y la pobreza. Para atajar el problema de raíz harán falta soluciones multidisciplinarias que aborden la cuestión desde diferentes ámbitos, e intervenir desde una perspectiva médica debe ser parte de la respuesta.

Aunque la magnitud de la crisis varía mucho según la zona, los países más afectados lanzaron sus alertas con tiempo, lo que permitió elaborar un ambicioso plan de respuesta que prevé tanto el tratamiento a gran escala de la desnutrición aguda severa como la implementación de estrategias de prevención. Sobre el papel, el plan es muy prometedor, pero todavía no ha llegado la financiación necesaria para poner en práctica estas medidas.

Durante los primeros siete meses de 2012, MSF (Médicos sin Fronteras) ya ha tratado a más de 72.000 niños con desnutrición aguda severa en siete países del Sahel. Los equipos MSF mantienen proyectos de nutrición en esta zona desde 2002 y han sido testigos de los grandes avances registrados en el tratamiento de esta enfermedad. La introducción de los alimentos terapéuticos preparados, que permiten que los niños sigan el tratamiento de forma ambulatoria y solo se hospitalice a los casos con complicaciones médicas, fue una revolución porque permitió aumentar exponencialmente el número de niños tratados.

En el plano preventivo también hay resultados esperanzadores. Estrategias como la distribución de alimentos a base de leche para todos los niños de entre 6 meses y 2 años de edad, la distribución masiva de mosquiteras contra la malaria, o todo un paquete de medidas de salud básica como vacunaciones rutinarias y el acceso gratuito a servicios de salud, tienen un impacto en la reducción de la tasa de mortalidad de los niños más pequeños.

Sin embargo, a pesar de los grandes avances, en el Sahel se siguen sucediendo los malos años. Hay que hacer más: tratar la desnutrición como un problema de salud pública requiere que las medidas médicas y nutricionales se integren en la atención sanitaria de los niños más pequeños. Su acceso a la sanidad es crucial: es más difícil que un niño sano sufra desnutrición, de igual manera que un niño bien nutrido es menos vulnerable a enfermedades como malaria, diarreas o infecciones respiratorias.

Esta es la base sobre la que construir los nuevos modelos de intervención y financiación y, desde luego, la responsabilidad no puede recaer únicamente en las organizaciones humanitarias. Los gobiernos del Sahel deben adoptar estrategias de prevención de la desnutrición que eviten tantas muertes cada año, y este esfuerzo tiene que venir acompañado del apoyo de los gobiernos donantes, que tienen que financiar de manera más decisiva programas a medio y largo plazo. La crisis económica actual no puede ser una excusa para la inacción.

2012 puede ser un año decisivo: hay que aprovechar la respuesta humanitaria sin precedentes para cambiar las estrategias de intervención y acabar con estas previsibles emergencias. Urge salvar a cientos de miles de personas este año, pero igual de urgente es implementar estrategias que aseguren que estas mismas personas, u otras, no caerán en la misma dramática situación el año que viene.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1667346 2012-07-12T06:31:09-04:00 2012-09-11T05:12:10-04:00

José Antonio Bastos http://www.huffingtonpost.com/jose-antonio-bastos/
¿Deben estar los beneficios económicos por delante de la salud pública? O, más concretamente, ¿por delante de la salud de millones de pacientes sin recursos en los países pobres? Esta es la cuestión que subyace tras la demanda presentada por la farmacéutica suiza Novartis contra la Ley de Patentes de India, un largo proceso legal que el mes que viene podría celebrar su acto final en Delhi.

Creo que conducir el análisis al terreno de los pacientes, lejos de ser demagógico o simplista, contribuye a llevar a su justa dimensión el caso que el Tribunal Supremo indio juzgará a partir del 22 de agosto. Olvídense de tecnicismos comerciales o legales, de luchas industriales, de márgenes de beneficios y cuentas de resultados: la sentencia del Supremo tendrá un impacto global en la salud y la vida de millones de personas en todo el mundo.

El proceso legal, que ha ido renqueando de una instancia a otra, comenzó en 2006, pero en realidad podemos decir que en parte todo esto comenzó en 2001: la Declaración de Doha, adoptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), estableció que los beneficios económicos no pueden estar por delante de la salud pública. Ha pasado más de una década desde tal declaración internacional, pero no parece que haya calado en aquellos a quien iba principalmente dirigida: la industria farmacéutica.

Doha completaba las flexibilidades previstas en los Acuerdos ADPIC sobre Aspectos del Comercio relacionados con la Propiedad Intelectual de 1994. En 2005, en cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la OMC, India promulga nueva una Ley de Patentes que cumple con los ADPIC y con Doha: los medicamentos son patentables pero se establecen salvaguardas para evitar registros abusivos de fármacos que no supongan una innovación.

Es decir, que la ley india evita que se concedan patentes a nuevas formas o presentaciones o nuevos usos de sustancias ya conocidas que no aporten mejoras terapéuticas, una táctica abusiva conocida como "reverdecimiento de patente" que la industria farmacéutica utiliza con frecuencia para prolongar el periodo de protección de la marca.

Gracias a esta Ley, India se ha convertido en la farmacia del mundo en desarrollo, proporcionando medicamentos de calidad a precios asequibles: casi el 70% de las exportaciones indias de genéricos están destinadas a los países en desarrollo, donde ni los sistemas públicos de salud, ni por supuesto los pacientes, pueden pagar los precios de los medicamentos de marca. Les pondré un solo ejemplo: en Lesoto, donde prácticamente una de cada cinco personas tiene VIH, el 95% de los tratamientos antirretrovirales se compran en India.

En estas estamos cuando la Oficina india de Patentes rechaza la solicitud de registro de Novartis para un fármaco anticancerígeno, el mesilato de imatinib (de nombre comercial Glivec®), por considerarlo una nueva presentación banal de un medicamento antiguo. En respuesta, la compañía suiza presenta una demanda contra este veredicto y, aprovechando la coyuntura, contra la Ley india de Patentes que tan poco le gusta. Esta última demanda es la que se dilucida el mes que viene en el Supremo indio.

Las consecuencias de la victoria de Novartis no se limitarían solo a la patente del mesilato de imatinib ni al impacto que ello tendría sobre los pacientes con cáncer. Si Novartis gana y mutila la Ley de Patentes, empezarán a emitirse de forma generalizada patentes en India para nuevas formulaciones de medicamentos conocidos ya en uso. India ya no podría suministrar medicamentos asequibles de calidad a los millones de personas de todo el mundo que vitalmente los necesitan.

Volvamos a los pacientes. Por ejemplo, los de VIH/sida. Cuando apareció el tratamiento antirretroviral en los años noventa, el precio de los medicamentos patentados de primera línea superaba los 10.000 dólares por paciente al año. Millones de personas murieron en los países en desarrollo, sobre todo en África, porque los precios eran demasiado altos. La competencia de los genéricos indios hizo que los precios se redujesen a apenas 100 dólares y esta es una de las razones fundamentales por las que la lucha contra la pandemia ha avanzado tanto en la última década. Sin genéricos, no podría haber hoy 6,6 millones de personas en tratamiento en todo el mundo.

Pero si Novartis gana, progresos como este ya no serán posibles: los precios de los medicamentos se dispararán y los mejores fármacos, los más adaptados a las necesidades de los pacientes, como las dosis fijas combinadas, o las formulaciones pediátricas de medicinas ya existentes, dejarán de estar disponibles. El impacto será catastrófico: la cifra de personas afectadas será muy superior al de personas que se benefician de los discrecionales programas de donación de Novartis y resto de la industria. Millones de personas se quedarán sin tratamiento. Millones morirán.

CERCO A LOS GENÉRICOS

Este juicio es uno más de los frentes abiertos contra los medicamentos genéricos indios. La Unión Europea mantiene vivo otro igual de grave: las negociaciones para el nuevo Acuerdo de Libre Comercio con India, llevadas en gran secretismo, y en el que los genéricos están también en el punto de mira. Afortunadamente, entre tanta mala noticia, el Parlamento Europeo acaba de darnos una buena: el voto en contra del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) que, bajo una definición demasiado difusa del concepto de "falsificación", supone que medicamentos genéricos de calidad legítimamente producidos pueden ser incautados, y agentes de salud como Médicos Sin Fronteras sancionados por comprarlos.

No pretendemos acabar con la protección de la propiedad intelectual, pero sí nos oponemos al inmovilismo del actual modelo farmacéutico, que directamente ignora a millones de personas en nombre de unas patentes que de todas formas no impulsan esa misma investigación que supuestamente protegen: la última década no solo ha sido la del refuerzo de patentes, sino que además han sido años de desprecio de la I+D por las enfermedades que afectan a la parte pobre del planeta.

Un buen ejemplo de ello son las Enfermedades Tropicales Olvidadas, así catalogadas por la Organización Mundial de la Salud. Afectan a una de cada siete personas en el mundo y acaban cada año con la vida de más de medio millón. Sin embargo, no interesan. Los receptores de esa posible inversión en I+D para el desarrollo de medicamentos con los que hacer frente a estas enfermedades andan mal de recursos, porque no son rentables. De ahí el abandono y su cruel condena al olvido.

Como les decía al principio, olvídense de los detalles y vayan a la esencia de este proceso judicial. Las patentes no pueden ser el altar en el que sacrificar a los pacientes que necesitan los genéricos indios de calidad porque no pueden pagarse otros. ¿Son personas como Charles Sako, de Kibera, Nairobi, una baja asumible? Pensamos que no, que el acceso a medicamentos de calidad de quien los necesita con urgencia es éticamente incuestionable, y por eso reclamamos a Novartis que abandone esta batalla judicial. Cerrar la farmacia de los pobres tendrá las mismas consecuencias que una epidemia devastadora: como decía antes, millones de seres humanos morirán.



Nota: En el texto se ha corregido un error: se había escrito Zimbabue donde se quería haber dicho Kenia. ]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1563260 2012-06-11T08:45:00-04:00 2012-08-11T05:12:07-04:00

José Antonio Bastos http://www.huffingtonpost.com/jose-antonio-bastos/
Identificar el acceso a la salud de los inmigrantes indocumentados con el llamado "turismo sanitario" no es sino un cruel sarcasmo hacia un colectivo ya de por sí muy vulnerable. Médicos Sin Fronteras ha trabajado y trabaja con migrantes en varios países de la Unión Europea, como Bélgica, Italia, Francia, Grecia, y también España, donde lo hizo entre los años 2000 y 2005. En todos estos países, hemos podido comprobar de primera mano la precariedad de las condiciones de acogida en unos casos, y de su acceso a los servicios de salud pública en otros.

Como organización médica, y como organización con experiencia en la asistencia a inmigrantes indocumentados en España, nos preocupa el retroceso que las reformas anunciadas por el Gobierno español suponen para su acceso al sistema público de salud. Hasta ahora, la Ley de Extranjería reconocía el derecho de los inmigrantes indocumentados a tratamiento vía tarjeta sanitaria a través del empadronamiento o, en su ausencia, vía urgencias hasta su alta médica. Ahora, España "ha descendido" al grupo de países que no reconocen este derecho universal, al limitarlo a casos de urgencia, maternidad y menores de edad. Esto implica excluir a la mayor parte de este colectivo: mayores de edad y mujeres no embarazadas verán muy limitado su acceso a tratamiento médico, al impedírseles acceder a la tarjeta sanitaria.

La experiencia de MSF en Madrid en 2004 y 2005 demostró que, en la práctica, para quienes no disponían de tarjeta sanitaria y accedían a los hospitales vía urgencias, la asistencia se mantenía sólo hasta el alta hospitalaria. Desde allí, eran referidos al médico de cabecera para continuar con el tratamiento. Sin embargo, al carecer de dicha tarjeta por falta de empadronamiento, no tenían acceso a la atención primaria, ni a la especializada, ni a los medicamentos necesarios para completarlo.

Esta situación, aun siendo la excepción, provocaba frecuentes abandonos de tratamientos médicos, especialmente preocupantes en el caso de las enfermedades más graves y las enfermedades crónicas. Según pudimos comprobar, los inmigrantes presentaban mayoritariamente enfermedades comunes, como las de cualquier ciudadano, aunque con un componente importante de patología infecciosa, gastrointestinal y traumatológica, que podría reflejar las condiciones sociolaborales en las que se encuentra inmerso gran parte de este colectivo.

Pero se detectaron también patologías de una mayor severidad, con grave riego para su salud y con posibles consecuencias para la salud pública: enfermedades infecciosas como hepatitis, esquistosomiasis, tuberculosis o VIH/sida. Patologías que obviamente se siguen dando en este colectivo en la actualidad.

Es decir, hasta ahora y con una legislación favorable, seguían existiendo lagunas que dificultaban en determinados supuestos el acceso a la atención médica normalizada. Con la actual reforma, la excepción se convertirá en norma y traerá graves consecuencias. La pretensión del Gobierno de delegar en organizaciones no gubernamentales una responsabilidad que le es inherente suena irónico, especialmente cuando se acompaña, como es el caso, de severos recortes a la financiación de estas últimas. En algunos casos, además, la delegación de responsabilidad ni siquiera es posible: por ejemplo, los tratamientos antirretrovirales contra el VIH en España solo se dispensan en centros hospitalarios. Ni asumiendo su coste se podrían adquirir en una farmacia de venta al público.

Nos preocupan las consecuencias que esta exclusión del sistema sanitario pueda tener para el que es uno de los colectivos más desfavorecidos en España, como nos preocupa también la situación en países europeos de nuestro entorno. En Francia, donde trabajamos en la actualidad, constatamos que las barreras para acceder a una asistencia sanitaria que los "sin papeles" tienen garantizada por ley son muy grandes. En Italia, el acceso a la asistencia médica también está gravemente comprometido, debido a una legislación que criminaliza al inmigrante indocumentado.

Mención aparte merece el caso de Grecia, donde los inmigrantes sin papeles sólo tienen acceso a la sanidad pública en casos de emergencia. Desde el pasado 9 de abril, la ley impone revisiones médicas obligatorias de personas que padezcan enfermedades infecciosas o grupos vulnerables a las mismas, definiendo a todas estas personas como "amenazas para la salud pública". Es decir, no pueden acceder al sistema público de salud de una forma normalizada, pero se les obliga a pasar por una revisión médica. El colmo de la paradoja.

La aplicación de esta nueva normativa en Grecia se ha traducido en redadas policiales contra los inmigrantes indocumentados, unas operaciones que sólo pueden infundir el terror en este grupo de personas y empujarlas a esconderse, impidiendo su acceso a la atención médica cuando realmente la necesitan, y facilitando así el contagio de enfermedades. Políticas restrictivas, alarmistas, criminalizadoras, discriminatorias y poco éticas que se toman en nombre de la protección de la salud pública acaban poniendo en riesgo esa misma salud pública: esta sólo puede promoverse cuando se responde a las necesidades médicas de todos los grupos sociales.

El camino hacia Europa de los inmigrantes suele estar marcado por la necesidad y muy a menudo por la violencia. Nuestros proyectos en países de tránsito como Marruecos así lo acreditan. Y para quienes consiguen llegar, la experiencia nos indica que los gobiernos europeos tienden a hacer una clara dejación de responsabilidades, que comienza en los centros de detención y tránsito -en Evros (Grecia), en 2011, el 60% de los problemas médicos de los detenidos se debían a las insalubres e indignas condiciones de estos centros- y prosigue en el acceso a la sanidad pública.

Hay una gran incoherencia entre lo que los gobiernos europeos dicen defender fuera de nuestras fronteras (operaciones armadas en nombre de la protección de los civiles) y lo que luego practican tanto en estas fronteras como dentro de ellas cuando estos mismos civiles llegan a Europa. El ejemplo de Libia el año pasado es extremo, casi caricaturesco: mientras por un lado la Unión Europea apoyaba una intervención militar "humanitaria" para proteger a la población civil, por otro los Estados europeos impedían el acceso de las víctimas de esta misma guerra a sus territorios, con el pretexto de prevenir la afluencia masiva de inmigrantes indocumentados.

A pesar de las numerosas convenciones y tratados ratificados por los Estados miembros de la UE e incluidos en sus propias Constituciones nacionales, que reconocen el acceso a la salud como un derecho básico universal, la realidad de las leyes y prácticas actuales se desvía de estas obligaciones, y un elevado porcentaje de inmigrantes sin papeles no tienen acceso a ningún tipo de atención médica, algo incongruente con el grado de desarrollo social de Europa. Para muchas de estas personas, no es un problema administrativo o legal sino, sobre todo, de salud y dignidad.

Las instituciones europeas y los Estados miembros de la UE, entre ellos España, tienen la responsabilidad de garantizar que las políticas económicas o de cualquier otra naturaleza y las prácticas migratorias no se apliquen a expensas de la salud de los inmigrantes: la categorización de estas personas como "ilegales" no puede justificar su exclusión de la atención médica. A la postre, no es una cuestión económica, ya que de hecho no se le puede poner un precio: se trata de mantener un mínimo principio de humanidad con quienes viven entre nosotros en situación más vulnerable.]]>