2013-06-19T22:46:06-04:00 Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.es/author/index.php?author=juan-fernando-lopez-aguilar Copyright 2008, HuffingtonPost.com, Inc. HuffingtonPost Blogger Feed for Juan Fernando López Aguilar Good old fashioned elbow grease. tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.3426593 2013-06-13T02:02:42-04:00 2013-06-13T02:24:44-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/


La semana pasada arranqué mi artículo semanal en El HuffPost con una valoración del papel democrático y político del Parlamento Europeo (PE). Tras el Tratado de Lisboa, el Parlamento actúa como legislador de la UE. Ello hace de la Eurocámara un lugar interesante. Un espacio político multinacional y supranacional, directamente electivo y legitimado, por tanto, por el sufragio directo, libre, igual y secreto de más de 500 millones de ciudadanos europeos.

Obviamente, el PE es un Parlamento extenso y numeroso: 750 miembros, lo que no es exagerado si se repara en que el Bundestag alemán integra 650 miembros para representar a 80 millones de alemanes, mientras la House of Commons, la Assemblée Nationale y la Camera di Deputati incorporan cada una 650 miembros para representar a unos 60 millones de ciudadanos. Es una envergadura, por otra parte, razonable, en la escala proporcionada a su representación (más de 500 millones) y a su complejidad en una arquitectura de gobierno multinivel, puesto que los electores no sólo son ciudadanos europeos, insisto, sin dejar de ser ciudadanos de sus Estados miembros, sino que son ciudadanos europeos precisamente por serlo de los Estados miembros. Lo que, de paso, nos recuerda que la condición de europeo depende de la de ciudadano de alguno de sus Estados miembros, toda vez que la UE no es una unión de pueblos ni de territorios sino de Estados (miembros) y ciudadanos europeos. Así como, por otra parte, que si un determinado territorio abandona el Estado miembro por el que sitúa en la UE, ello comporta que sus habitantes dejan por ello de ser ciudadanos europeos.

Por supuesto, hay en el PE elementos concomitantes con los Parlamentos nacionales (un espectro de colores políticos parejo al pluralismo nacional), pero también coexisten factores diferenciales: así, el PE es un Parlamento mucho menos rígido que los Parlamentos nacionales, menos predecible, menos grupocrático y, consiguientemente, más permeable a la iniciativa del parlamentario individual.

Para empezar, el PE es ¡finalmente! un Parlamento. Un Parlamento, como todos, expresión de pluralismo político, articulado en grupos que grosso modo remedan el pluralismo habitual en los Estados miembros.

En el Parlamento Europeo el Partido Popular Europeo (PPE) es el grupo político más numeroso (269 escaños), representando la familia popular del centro derecha conservador europeo. Los Socialistas (socialdemócratas. socialistas y demócratas italianos), conforman el segundo grupo en entidad numérica, representando a la familia del centro izquierda progresista (190 escaños).

El tercer grupo lo forman los liberales (85 escaños), bisagra próxima al PPE en cuestiones económicas y financieras, mientras se aproxima al grupo de Socialistas & Demócratas en materia de libertades civiles, laicidad, integración de la diversidad y derechos fundamentales. Los Verdes conforman un cuarto grupo (58 escaños). Los conservadores británicos, eminentemente euroescépticos, coaligados con los reformistas ultraconservadores polacos, forman el ECR (55 escaños). Viene después la GUE: izquierda unida/excomunistas europeos (34 escaños). Y, en fin, una miscelánea de populistas, eurófobos, nacionalistas extremos y gentes de extrema derecha, trufados de alguna otra rareza o personalidad singular, en el llamado Grupo EFD (34 escaños) y en el de los Non Inscrits o Non Attached (29 escaños), vagamente asemejable a un extenso y heteróclito grupo mixto en el PE.

Desde el punto de vista de su estructuración interna, el PE se ha dotado de reglas jurídicas (un Estatuto de "reglas de procedimiento" y "garantías, prerrogativas e inmunidades" de sus miembros análogo, también aquí, a los Reglamentos parlamentarios del Derecho comparado), así como de órganos rectores (para el Pleno y para las 20 Comisiones) similares a los del Derecho comparado de los Parlamentos nacionales o, en su caso, subestatales: Presidencia, Mesa, Conferencia de Presidentes (Junta de Portavoces) y Reunión de Bureau y presidentes de Delegación dentro de cada grupo. Por mi parte, la Presidencia de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE), de la Delegación Socialista española consume buena porción de mi agenda y de mi tiempo en el trabajo ordinario del PE.

Cuando se le compara con los Parlamentos nacionales (y muchos aquí provenimos de esa experiencia previa), lo más llamativo es que el PE sobresale como un Parlamento intenso y ágil. En comparación con buen número de Cámaras nacionales, su ritmo es llamativamente más rápido e inmediato de lo que es habitual en los a menudo rígidos, reglamentistas y demasiado estructurados Parlamentos nacionales. Así se manifiesta especialmente en las declaraciones de urgencia que, sin anuncio previo, pueden efectuarse los lunes por la tarde de cada Pleno en Estrasburgo.

Insisto: en el PE no hay ningún déficit de intensidad ni de actividad, ni de contenido político ni de interés de sus debates; al contrario, en comparación con los Parlamentos nacionales, el PE los aventaja en agilidad y es flexibilidad para incorporar asuntos de actualidad o urgencias de última hora.

No. El déficit que aquí se padece es sobre todo un déficit de visibilidad: El Parlamento Europeo no es visible (ni audible) en la medida en que no contamos con un genuino espacio público europeo; no hay tampoco una genuina opinión pública europea; como no hay medios de comunicación europeos: no hay aquí nada análogo al enjambre de periodistas, comentaristas, tertulianos, columnistas o fotógrafos que, en los Parlamentos nacionales (e incluso en los autonómicos), habitualmente transmiten -y lo hacen en tiempo real- todo lo que sucede (y hasta lo que no sucede) en todo tipo de formatos audiovisuales, impresos y digitales. Los ciudadanos europeos no siguen la actividad del PE -o lo hacen sólo superando dificultades inusuales en soportes digitales- en la medida en que esta escapa a los formatos habituales de la comunicación política y de la política en larga medida imperante en los espacios nacionales.

Este problema se agrava cuando se aplica, desde una buena parte de medios de comunicación nacionales (y como viene siendo habitual, desde hace ya unos cuantos años) un foco inverso de selección negativa de noticias europeas: Cada vez más, el PE sólo aparece en los medios de comunicación en término de malas noticias y en contextos negativos. En consecuencia a la aplicación de este tamiz negativo, no sólo la imagen de la política europea se ha deteriorado de manera progresiva en toda la UE, sino que éste ha dado pábulo a movimientos populistas cada vez más instalados en la explotación grosera o demagógicamente simplona de estampas o lugares comunes no sometidos ya un contraste de datos y hechos comprobables, sino tan siquiera, tampoco, a ningún debate razonado. Es el caso de la demagogia a propósito de los escaños vacíos: en ningún Parlamento es razonable ni esperable que los parlamentarios consuman todo su tiempo sentados en sus escaños deban participar o no en el punto del orden del día de que se trate. Lo razonable y esperable es, al contrario, que acudan masivamente a los escaños en las horas convocadas para las votaciones, y hagan muchos otros trabajos en otros lugares del edificio el resto de las horas del día.

Con todo, el PE contempla un buen número de técnicas para que los miembros individuales puedan participar ¡sin previo aviso! en un debate: pedir la palabra al presidente en el llamado catch the eye, o la tarjeta azul para interpelar sobre la marcha a algún otro interviniente. El PE contempla también gran variedad de recursos para escuchar a los ciudadanos, directamente, o a las ONG en la Comisión de Peticiones. Todos estos resortes hacen que las posibilidades del Parlamentario individual en el PE sean notablemente más abiertas y menos jerarquizadas que las que caracterizan a los Parlamentos nacionales.

En la próxima entrega fijaré la vista en los trabajos desarrollados en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE, conformando una nueva política europea sujeta al procedimiento legislativo ordinario, y de la que se ocupa la Comisión legislativa que he tenido el honor de presidir los últimos cuatro años: la Comisión de Libertad, Justicia e Interior del PE (LIBE).]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.3382819 2013-06-05T02:02:28-04:00 2013-06-05T02:34:39-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/


A un año de las elecciones europeas de 2014, es el momento de concentrarse en explicar la enorme importancia de lo que todos los ciudadanos europeos nos jugamos. La UE está en el peor momento de su historia. 2014 es la primera ocasión de corregir el rumbo catastrófico en el manejo agónico de esta interminable crisis. Vista la gravedad de la situación, también podría ser la última, y estamos a tiempo de evitarlo.

Desde el arranque mismo de este soporte digital, El Huffington Post me ha brindado semanalmente la ocasión de asomarme a su tribuna de opinión. Agradezco a su dirección y a sus trabajadores esta ventana de oportunidad para comunicarme con sus lectores y seguidores.

Lo he hecho con puntualidad, sin faltar una sola semana, acompañando mis artículos con mis propios dibujos, caricaturas e ilustraciones. Toda la vida he practicado simultáneamente la pasión por la escritura y el dibujo. Y con la misma regularidad y esfuerzo que busco y encuentro el hueco para escribir sobre los distintos asuntos de actualidad que reclaman fijación de posición, en alguna reunión, escuchando a los demás, me ayudo a concentrarme dibujando estas viñetas que acompaño.

Lo he hecho, además, sobreviviendo a los frecuentes comentarios hostiles, algunos insultantes y ofensivos, trufados de falsedades que circulan por la red, a pesar de los desmentidos. A través de ellos, muchos lectores descargan anónimamente su antipatía por cualquiera que trabaje en las instituciones, habiéndome suscitado reflexiones por escrito sobre los riesgos y costes morales de la "política del odio". Demasiado a menudo, la red se transforma en un vertedero de injurias que no se plantean contribuir a ningún debate ni formar opinión pública sino, sencillamente, represaliar con descalificaciones a quienes se atrevan a opinar desde algún oficio público.

Pero muchos de esos comentarios me inquieren también insistentemente sobre mi trabajo en el Parlamento Europeo. Me preguntan abiertamente "qué hago aquí", en mi escaño, en Bruselas o Estrasburgo, o "cómo me gano el sueldo que me pagan los españoles". Por eso creo pertinente dedicar los próximos tres artículos a esforzarme en explicar el funcionamiento del Parlamento Europeo (PE); incluido mi trabajo en esta institución, financiada, efectivamente, por los contribuyentes europeos, no sólo los españoles.

Me incorporé al PE en las elecciones europeas de junio de 2009. He agradecido un millón de veces el apoyo de mis compañeros y compañeras del PSOE que me confiaron la cabeza de lista, y sobre todo el de los seis millones y medio de votos obtenidos entonces, con poco más de 40% de participación y un casi 40% de apoyo electoral. Agradezco también el honor de presidir la delegación socialista española, que con 23 miembros, es la más numerosa, junto con la alemana, del Grupo Socialista en el PE (segundo en número de escaños, tras el del Partido Popular Europeo (PPE)). Poniendo a disposición de la institución mi experiencia previa como jurista, constitucionalista europeo y exministro de Justicia, fui elegido en 2009, y reelegido en 2012, Presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE.

Se trata de la Comisión legislativa más numerosa (60 miembros) y de mayor carga de trabajo (el 23% de la totalidad de la materia legislativa) del PE. De modo que se comprenderá bien que presidirla en paralelo a mi trabajo como Head of Delegation -y miembro por tanto de la reunión semanal del Bureau (Dirección) del Grupo Socialista (S&D) del PE-, consume buena parte de mi tiempo en las tres semanas mensuales de reuniones en Bruselas, coronadas por una cuarta semana de Pleno en Estrasburgo, que es usualmente la semana más larga y densa de nuestra agenda de trabajo.

Vaya por delante el resumen de mi experiencia: el PE es una institución fascinante, absorbente, exigente, con un ritmo de trabajo frenético- en el peor momento de la historia de la UE. Me explico. El PE que surge del Tratado de Lisboa (TL) se distingue, primero, por ser la única institución directamente electiva, legitimada por el voto, que representa a 500 millones de ciudadanos europeos en 27 Estados miembros (seremos pronto 28, con la entrada de Croacia). Es, además, ¡por fin!, un PE legislativo, que extiende su acción legislativa por medio del "procedimiento legislativo ordinario" sobre todas las políticas europeas: incluidos los derechos fundamentales de la Carta Europea (CDFUE) y los del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia vigente desde el Tratado de Lisboa.

Cumpliendo mi compromiso personal al asumir el escaño, en ningún momento he estado en el PE de perfil, sino enteramente involucrado e intentando ejercer la representación y responsabilidades que me han sido confiadas, a pleno rendimiento. En la campaña de 2009 no hice ninguna concesión a aquella retórica inercial que, tradicionalmente en España, tendía a visionar a la UE como "cajero automático de fondos estructurales, carreteras, y aeropuertos". No lo hice. Advertí entonces, con una campaña netamente europea y europeísta (pese a que a diario en las entrevistas y los medios se me interrogaba por otros temas que nada tenían que ver con lo que se jugaba en aquellas elecciones), que la UE corría el riesgo de divorciarse del giro progresista que los EEUU, tras la victoria de Obama de 2008, estaban practicando ya con una política de estímulos para salir de la crisis, para hundir toda Europa, como en los años 30 del pasado siglo, en un abismo de depresión, reflujos nacionalistas, egoísmos cruzados, rebrotes de extrema derecha, populismo y malestar, conduciendo así al descrédito general de la política en Europa y en los Estados miembros.

Muy lamentablemente, eso es lo que ha ocurrido. Lo he denunciado enérgicamente desde el principio: el hundimiento de la UE en esta gran recesión no es consecuencia de ningún accidente ni de ningún error bien intencionado de cálculo: es el resultado doloso y deliberado de una política. Una política abyecta y antisocial, impuesta por una correlación de fuerzas dominada como nunca en toda la UE por una abrumadora mayoría conservadora y un acompañamiento ideológico que durante años ha vendido un diagnóstico falso (el origen de la crisis no fue el "derroche fiscal"), una estrategia disparatada (la austeridad destructiva que ha llevado a la UE al peor momento de su historia), y un despiadado ajuste de cuentas contra el modelo social que ha disparado desigualdad, empobrecido a las clases medias y triturado como nunca a los trabajadores, victimizados por una crisis que no habían causado.

No acepté en ningún momento -ni en campaña, ni al día siguiente de aterrizar en Bruselas- que el PE sea un jubiladero o cementerio de elefantes. Al contrario éste es un Parlamento hiperactivo, enormemente exigente, con un ritmo de trabajo (e intensidad de calendario y reuniones) notablemente superior al que es habitual en los Parlamentos nacionales.

En ningún momento en el PE he maniobrado, ni mucho menos conspirado, para regresar a la política nacional. Por el contrario, he exhibido desde el primer día mi convicción profunda de que nada de lo que nos pasa en España puede ser entendido, ni mucho menos resuelto, si no corregimos a fondo la desastrosa hoja de ruta que se ha impuesto hasta ahora en la UE, en el escalón europeo, y la ha hundido en la miseria de la peor hora de su historia. Y para eso hay que cambiar la correlación de fuerzas, la política europea que se ha practicado estos años, su desgraciada dirección y su clamorosa ausencia de liderazgo europeo. Porque es esta conjunción de valores negativos -no Europa, sino ésta política- la que ha hecho que la Comisión haya sido arrollada por el tándem Merkozy y después, cada vez más, por la interpretación mezquina de interés nacional alemán que ha sido dictada por Merkel ante la pasividad, la omisión, la cobardía o la complicidad de quienes debían hacerle frente.

Dicho esto, he sido consciente todo el tiempo de que este PE para el que fui elegido por vez primera en 2009, -el mismo que, después del Tratado de Lisboa, debe ser valorado como el PE más poderoso de toda la historia de la UE y el más poderoso de Europa (el 80% de la acción legislativa de los Parlamentos nacionales viene condicionada por la acción legislativa del PE)-, padece un descomunal déficit de visibilidad.

La explicación es que no existe un genuino espacio público europeo, como no existe todavía una verdadera opinión pública europea (fragmentada en las retículas locales o, todo lo más, nacionales), puesto que no existen tampoco medios de comunicación europeos (locales, regionales, y cada vez más volcados en enfrentar a las opiniones públicas de los Estados miembros entre sí). Este déficit de comunicación de la política europea repercute penosamente en la deseable mejora de la calidad democrática de las elecciones europeas: muchos ciudadanos europeos tienen todavía hoy dificultades para apercibirse de la importancia misma de lo que está en juego ante las próximas elecciones europeas. Y esto resulta insoportable e incluso, creo, insostenible en términos democráticos, aún cuando su corrección no esté al alcance de una suma de esfuerzos estrictamente individuales -el mío, o el de cualquiera de los eurodiputados- sino de una estrategia cabalmente dirigida a la recuperación de la política y de la comunicación con la ciudadanía. Un esfuerzo requerido de envergadura gigantesca y sostenida en el tiempo.

En las próximas entregas de esta contribución a la opinión del Huffington, relataré con detalle mis diversas actividades como parlamentario y mi rendimiento individual en las distintas áreas en las que he desempeñado mis responsabilidades. Explicaré específicamente mis intervenciones como Portavoz de los socialistas españoles y mis actuaciones como presidente de la Comisión LIBE. Así es como se denomina en el PE a la Comisión legislativa responsable la legislación y la política europea en materia de derechos fundamentales; y libertades públicas; ciudadanía; asilo; refugio; extranjería; inmigración; fronteras externas y libre circulación de personas; cooperación judicial civil; cooperación policial y judicial penal; seguridad interior; legislación penal contra la criminalidad grave transnacional (terrorismo; narcotráfico; tráficos ilícitos; corrupción; blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos; entre otros) y establecimiento de una fiscalía europea.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.3347104 2013-05-29T02:34:27-04:00 2013-05-29T04:15:30-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/

Después de tres largos años de interminable y sangrienta guerra civil en Siria, el conflicto se deteriora dramáticamente ante la consternación de una Europa sumida en la peor crisis de su historia. Lo que, lamentablemente, también limita nuestra capacidad de respuesta desde una todavía incipiente acción externa europea y un liderazgo inexistente de su Alto Representante, Catherine Ashton. Con más de 60.000 muertos y tres millones de desplazados, son cercanos al millón los que han buscado refugio de las balas fratricidas en la vecina Jordania.

A principios de febrero tuve el honor de encabezar una delegación a Jordania de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la que soy presidente. El objetivo era evaluar la situación de los refugiados sirios. En particular, me impresionó la experiencia personal en el campo de Zaatari. En ese recinto viven hoy 100.000 personas, la mayor parte mujeres y niños, bajo la supervisión y cuidados del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR). Omito aquí los comentarios que merecería la demanda de ayuda militar y armamento contra el régimen sirio que nos trasladaban con angustia y rabia muchos de ellos.

Lo cierto es que la enormidad de este campo de refugiados, inexistente hace apenas año y medio, se ha descrito, efectivamente, como una de las mayores ciudades de Jordania en estos momentos. Tan tremenda situación plantea muchísimos problemas de capacidad a Jordania, que está mostrando generosidad. Por eso mismo necesita apoyo financiero de la UE, la Liga Árabe y la comunidad internacional. Para muchos de nosotros, la Unión Europea debe incrementarlo de una forma esperable y, a juicio de muchos, impostergable.

La semana pasada debatimos y votamos en el Pleno de Estrasburgo del Parlamento Europeo una resolución que plantea la necesidad imperiosa de ayudar a mantener entre Jordania y Siria fronteras abiertas a los refugiados sirios y a los palestinos. Pero, sobre todo, efectuaba un llamamiento enérgico a la cooperación en el reparto equitativo de la carga, a la cooperación de los países árabes vecinos. Y por supuesto, a poner énfasis también en el mantenimiento de la ley, el orden y el respeto de los derechos humanos y en la seguridad en el campo de refugiados, para que no se produzcan en su interior violaciones intolerables de los derechos humanos.

Finalmente, desde el Parlamento Europeo hacemos también una apelación a los Estados miembros para que asuman el programa de flujo y acogida de refugiados al que habrá que hacer frente si queremos estar a la altura de este drama humano y humanitario. La crisis siria está planteando un desafío para la proclamada vocación de la Unión Europea de ser globalmente relevante. Y particularmente, para la credibilidad de su capacidad de acompañar el liderazgo en cooperación al desarrollo -que nadie discute a la UE, primera potencia en ayuda- con una política exterior merecedora de ese nombre.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.3313429 2013-05-23T02:02:02-04:00 2013-05-23T02:42:18-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/


La Comisión Barroso II (2009-2014) afronta el último año de legislatura europea galopando al dudoso honor de haber llevado a la UE al peor momento de su historia. Este órgano, que se distingue por su misión de ejercer como guardián de los Tratados, ha asistido, a lo largo de esta interminable crisis, a un proceso imparable de desnacionalización y regubernamentalización de la política europea en asombrosa coincidencia con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (TL), cuyo objetivo era justamente el contrario: europeizar políticas que, como la representación exterior o las áreas de Justicia e Interior, permanecían esencialmente en manos de los Estados.

Una combinación de inanidad, acomodación y complicidad con la amplia hegemonía conservadora a todo lo ancho de la UE explica que la Comisión haya renunciado a su papel promotor de iniciativas y haya sido arrollado una y otra vez por un Consejo comandado por Gobiernos de derechas, capitaneado primero por el tándem Merkozy y luego, cada vez más, por la implacable contumacia de la derecha alemana. Los resultados de este desastre están a la vista de todos: el llamado "Estado de bienestar" ha sido sobreseído por un estado general de malestar y cabreo, con una UE encenegada en una doble recesión y recorrida como nunca por la pulsión nacionalista y el pesimismo más espeso.

Lo irónico de este preciso momento en que ahora nos encontramos es que el clima hobbesiano de "guerra de todos contra todos" parezca estar acabando por divorciar a la propia Comisión y demás instituciones del área de influencia de Merkel. Las críticas de Jens Weidmann, jefe del Bundesbank, contra la "relajación" de los imposibles y estúpidos calendarios de reducción del déficit -llamado eufemísticamente "consolidación fiscal"- alientan un crescendo dogmático, autoritario y coercitivo en la derecha alemana para reafirmarse en el control de esta disparatada hoja de ruta europea que hace ya tanto tiempo que causa consternación en quienes nos observan desde EEUU, Japón, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y demás actores globalmente relevantes.

Los aparentes indicios de confrontación entre el actual Gobierno conservador alemán y la Comisión Barroso se prestan a dos interpretaciones, en todo caso conducentes a una nueva maniobra de distracción dilatoria, que evita actuar de una vez. De un lado, la propia Merkel sabe que su inflexible ejercicio del bastón de mando de la UE tiene lote de premio en las elecciones federales de septiembre, incluso -o especialmente- a la vista del rechazo que su imposición supone en las opiniones públicas de los países que más sufren su vara de ayuno y penitencia. De otro, Barroso toma conciencia de que su acobardada subordinación a los dictados de Merkel, Schaüble, Weidmann y demás jerarcas de la derecha alemana está pasando una enorme factura al crédito del fuelle europeo, cuyo desgaste se muestra ya imposible de asumir, incluso por una Comisión tan escorada a la derecha como expresa el insufrible ¡más de lo mismo! de Olli Rehn.

La protesta de Barroso la venimos escuchando con incipiente claridad en el Parlamento Europeo (PE). Vaya por delante, de nuevo, que el Parlamento Europeo emerge del Tratado de Lisboa como la institución europea más reforzada, tanto por la extensión de sus competencias legislativas y presupuestarias como por su carácter decisorio en la formulación de la política exterior (el PE es la última palabra a la hora de aprobar los Tratados de la UE).

Y vaya por delante que, aunque también en el PE haya mayoría conservadora (el PP es primera fuerza, flanqueada por más de un centenar largo de diputados eurófobos y/o la extrema derecha), esta legislatura ha visto delinearse una división ideológica sobre el eje mayoría/oposición, entre una derecha dominante y una oposición de izquierda y de fuerzas progresistas, como nunca se había visto en la historia de la UE.

Pero lo cierto es que Barroso protesta de un tiempo a esta parte, con voz cada vez más alta, la falacia de atribuir a la pérfida Bruselas o a la Comisión decisiones que han sido adoptadas por los Gobiernos nacionales, bajo la cobertura del endoso de su coste a esta maléfica UE.

Va siendo hora de asumir con rotundidad dos principios. Uno, que las elecciones europeas -las próximas, en 2014- hace ya tiempo que han dejado de ser urnas "de segundo grado": votar con las tripas o a beneficio de inventario no sale gratis, y mucho menos todavía a quienes más padecen las injusticias de esta crisis; supone un coste que amenaza, como todos los demás, con ser repercutido sobre los ciudadanos de manera desigual, en modo que esa injusticia se profundizará si no conseguimos cambiar esta correlación de fuerzas que ha dominado hasta hoy. Y dos, que tampoco los Gobiernos de los Estados miembros pueden salirse de rositas por sus propios atropellos y retrocesos antisociales con el pretexto de la crisis.

He hablado más de una vez de los desafueros perpetrados por el Gobierno de Rajoy en el área de Justicia: la dominación total del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional por la arrogante mayoría del PP, la privatización de las garantías (las tasas prohibitivas, y el refuerzo del poder lubricante del dinero privado en el acceso a la Justicia) y las reformas regresivas en el Código Penal. Y hoy toca de nuevo fijar la vista en Educación: en esa vuelta de tuerca con la que amenaza Wert, reaccionaria, segregadora, antisocial -por contrario a la igualación de las oportunidades-, y confesionalista, por cuanto nos retrotrae muchas décadas atrás.

Esta apuesta dolosa por la deseducación y por la reprivatización de la desigualdad no puede ser endosada a los costes de la crisis. Forma parte de un proyecto orientado a conformar una sociedad más injusta, inhumana e indecente. Un proyecto destinado a hacer verdad la profecía autocumplidora de que nada volverá a ser igual si algún día recuperamos la senda de un crecimiento raquítico, basado en unos impuestos desigualitarios e injustos, y en un trabajo barato fácilmente reemplazable por jóvenes abocados a la semiesclavitud y a los que se conmina a darse por ¡agradecidos! si consiguen algún día un contrato de precariedad sin derechos.

Barroso II habla ahora de un pilar de garantía juvenil de hasta 60.000 millones de euros financiables por el Banco Europeo de Inversiones en forma de créditos blandos ¡de 2014 a 2020! En el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo algunos le recordaremos que en mayo del 2012 el Consejo ya anunció a bombo y platillo un estímulo al empleo de ¡100.000 millones de euros! que quedó en agua de borrajas sin recursos a la vista cuando, poco después, la Comisión y el Consejo parieron un Marco Financiero regresivo y unos presupuestos a la baja, en los que por primera vez la financiación europea 2014-2020 decrece en todas las partidas respecto del ciclo anterior.

Apretar más el cinturón no va a sacarnos del infierno con que la crisis golpea a los millones de jóvenes -muchos de ellos españoles- a los que se ha compelido a emigrar o resignarse a no conquistar en sus vidas pensiones como las de sus abuelos.

El empleo juvenil ya no puede esperar nada de esta Comisión, ni de sus maniobras de distracción, ni de sus roces o desencuentros con los dictados de Merkel. Cambiar esta Comisión y cambiar la dirección de la política europea, el próximo 2014, supone una oportunidad para resetear un horizonte oscuro y priorizar con recursos la inaplazable urgencia del empleo juvenil.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.3273133 2013-05-15T02:05:49-04:00 2013-05-15T01:17:26-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/


En noviembre del 2011, millones de ciudadanos progresistas vital e intelectualmente animados por valores de centro izquierda, se retiraron de las urnas o decidieron auspiciar por omisión o por acción la atronadora mayoría absoluta del PP que impera en España desde entonces.

Vapuleados por la crisis, hartos del deterioro de las coordenadas económicas y sociales causadas por una crisis de una profundidad y una duración sin precedentes, muchos llegaron a pensar que un Gobierno del PP sería, después de todo, lo que los mercados querían: Así, por fin el monstruo de los mercados especulativos que tanto nos había encarecido los intereses de la deuda nos perdonaría la vida -nos "devolvería su confianza"-, y el PP podría obrar de nuevo su giro hacia la depredación urbanística, la devastación medioambiental y la política corrupta de la que muchos aspiraban a recibir las migajas que esparcieran.

Nada de eso sucedió. Todo empeoró bruscamente. Y continua empeorando, indiferente a esa arrogante autocomplacencia del PP que ve "indicios de que las cosas están cambiando" en cualquier circunstancial relajación de la prima de riesgo, aunque todavía hoy continúe muy por encima de cuando, en 2010, la derecha política y mediática bramaba por toda España pidiendo la cabeza de ZP al grito de que esa prima se llamaba Zapatero.

No es verdad, nunca lo ha sido, que todo lo que el PP está haciendo "venga causado por la crisis", ni mucho menos lo es que tenga por objeto "hacernos salir de la crisis".

No fueron la crisis ni Merkel quienes impusieron al PP la pandemia corrupta de Gürtel y de Bárcenas. No fueron la crisis ni Merkel quienes dictaron al PP su ominosa amnistía fiscal a los defraudadores y corruptos. No fueron la crisis ni Merkel quienes han impuesto al PP la subordinación de la agenda legislativa civil e incluso penal a la Conferencia Episcopal. No ha sido la crisis ni Merkel quienes han impuesto al PP su cruzada reaccionaria contra la educación para la ciudadanía, ni su brutal ajuste de cuentas contra la educación pública y contra los enseñantes. No fueron la crisis ni Merkel quienes han impuesto al PP la repulsiva regubernamentalización de RTVE, de nuevo empozada en la ciénaga del sectarismo ideológico y la manipulación desinformativa, siempre al servicio de los mismos y contra todos los demás.

Y no han sido desde luego la crisis ni Merkel quienes han impuesto al PP la abyecta política antisocial y excluyente que están perpetrando en la crucial área de Justicia, derechos y libertades.

La privatización de los registros (pomposamente bautizados como "reforma integral") para recapitalizar a un cuerpo de funcionarios; la imposición de tasas prohibitivas para impedir el ejercicio del derecho fundamental de "acceso a la Justicia" y cerrar el paso a la defensa ante tribunales de los propios derechos e intereses legítimos (art. 24.1 C.E); la reforma de las leyes penales para privilegiar a los delincuentes de cuello blanco, al tiempo que para perpetrar un retroceso grosero en cuantos avances sociales impulsó en su día algún Gobierno socialista con el voto siempre en contra del PP, forman parte del menú brutalmente regresivo que su mayoría absoluta, altiva, fatua y sin complejos, está ejecutando implacablemente.

Todos estos volantazos vienen ahora a completarse con el asalto sin precedentes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano constitucional de Gobierno del Poder Judicial (art. 122. CE). No sólo modifican su composición y funcionamiento en un sentido incompatible con la naturaleza del órgano: rebajan además la mayoría requerida para los nombramientos en la cúspide de la judicatura (asegurando así la perpetuación de su hegemonía) ¡y modifican la regla de su renovación por las Cámaras para posibilitar que ésta tenga lugar solamente en el Senado, en donde el PP disfruta por sí y ante sí nada menos que de 3/5 de sus miembros sin necesidad de pactar nada de nada con nadie!

El mensaje es claro y terminante: en una judicatura integrada por seres humanos de carne y hueso que aspiran a la promoción ascendente (el ascenso en la carrera), los miembros del Poder Judicial saben quién manda aquí: ¡el PP! Sin sombra de duda, el juez/a, magistrado/a que quiera ascender en la carrera haciéndose votar por un órgano controlado al 300% con mano férrea por los designios del PP y por personas designadas al 100% por el PP, ya sabe que deberá tentarse muy bien la ropa antes de atreverse siquiera a abrir diligencias de investigación en un caso de corrupción que pueda apuntar al PP o a sus dirigentes o responsables institucionales, ya sean estos locales, autonómicos o nacionales.

El mensaje de intimidación general y amedrentamiento concreto a todo el que se atreva a meter sus narices judiciales en la impunidad del PP es un mensaje nítido; no necesita traducción ni interpretación: quienes se atrevan a importunar a los que mandan, al PP, que se olviden de ascender, no hablemos de llegar en su vida al Tribunal Supremo.

El icono de la Justicia suele representarla ciega, con los ojos vendados, para asegurar así la igualdad ante la Ley. Menos ciega que nunca; más desigual y desigualitaria que nunca, la Justicia es abismada a la servidumbre de la injusticia en estado puro, a la arbitrariedad y a la desigualdad ante la Ley. Si la Justicia es ciega, la injusticia no lo es; sabe bien lo que está haciendo.

En el área de Justicia, la mayoría absoluta del PP sabe perfectamente a qué ha venido, a qué intereses sirve y qué es lo que está haciendo. Saben muy bien lo que hacen. Es bueno que todos los demás seamos conscientes también.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.3235763 2013-05-09T02:00:14-04:00 2013-05-09T02:25:05-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/



El acompañamiento ideológico de la hegemonía conservadora en el manejo desastroso de esta interminable crisis ha basculado en el asalto al crédito de la política. La pretensión inaceptable de que el único objeto de la política sea "calmar los mercados" encubre un deslizamiento de la "soberanía" y del "poder constituyente" cimentado en un divorcio de la ciudadanía. Una vez se renuncia a la fiscalidad progresiva para abandonarse a la deuda, los "mercados" asemejan un monstruo que anda suelto y nos amenaza con devorarnos.

A partir de ahí la respuesta europea ha resonado poco, tarde y mal; y "para salvar el Euro", no a los ciudadanos. El resultado ha sido un paisaje hobbesiano: Todos contra todos. Desconfianzas cruzadas. "Desunidos en la adversidad". Norte contra sur; acreedores contra deudores. Para muchos de sus críticos, "Alemania contra todos" (la "plantilla moral" de la que habla Ulrich Beck).

Lo cierto es que esta situación confronta ahora a los ganadores contra los perdedores en la crisis, y denuncia una terrible injusticia en el reparto de la carga. Los que no la causaron, la sufren espantosamente bramando su protesta en las redes y en la calle. El grito en Grecia, Chipre y Portugal es terminante: "Troika, saca tus zarpas de mi país", con la misma virulencia con la que Charlton Heston se zafa de sus captores en El Planeta de los Simios. Los ciudadanos se rebelan cabreados contra el despotismo tecnocrático de la Troika.

Para muchos de nosotros en la izquierda europea, lo que ha ocurrido no obedece a la falta de elementos de juicio alternativo, sino a una clamorosa falta de voluntad. Dos lecciones parecen claras: a) la contradicción crucial en esta crisis no es ya la que enfrenta a capital y trabajo, sino la que enfrenta a la economía financiera con la economía productiva, a la que estrangula con saña. b) El "optimismo de la voluntad" ha solido contraponerse al "pesimismo de la razón", pero ahora se enfrenta al ¡pesimismo de la voluntad!: lo que conduce en toda Europa al actual estadio de frustración, resignación y fatalismo.

Las propuestas de la izquierda delinean la alternativa, y esta alternativa requiere adoptar decisiones dotadas de un sentido estratégico: revisar los plazos, la reducción del déficit, cambiar al BCE para que el crédito llegue a las Pymes y familias; un nuevo pacto fiscal que financie el crecimiento (nueva economía basada en el I+D) y el empleo, junto a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Lo que ya no es discutible es que la política aplicada hasta la fecha sencillamente no funciona. Estamos ante el fracaso contrastado de la inviable alemanización de Europa; tanto por razones económicas (es imposible que todas las economías del euro tengan al mismo tiempo superávit por cuenta corriente y en su balanza comercial), como por razones políticas (la alemanización económica haría a la UE ingobernable, con una política defectiva, desacreditada y dominada por el cinismo, la apatía, la indiferencia).

La necesaria recuperación de la política europea pasa por las Elecciones Europeas de 2014. Contra el pesimismo y el fatalismo; hay que disponerse a una lucha a brazo partido. Sin perder un segundo, la primacía de las personas -los ciudadanos europeos- exige plantar cara al tentador cóctel del nacionalismo y el populismo. Un Parlamento Europeo (PE) trufado de Grillos, populismos xenófobos, extrema derecha y nacionalismos insolidarios sólo puede empeorar las cosas. El PE sería así totalmente prescindible para los gobiernos nacionales que se creen más fuertes -"más iguales que otros"- y que han impuesto su interés tomando la sartén por el mango.

Recuperar la agenda social europea exige explicar que "la solidaridad" no es un "riesgo moral", es la razón de ser de Europa. Recuperar la agenda democrática exige explicar que la ciudadanía europea no es un "lastre" ni un "obstáculo". No es preciso evocar a Lincoln -"La democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo"- para saber que en ningún caso puede hacerse política contra el pueblo.

¡La primera oportunidad de corregir esa correlación de esas fuerzas es 2014! Pero también puede ser la última. Hay algunos que solo esperan a que las elecciones en Alemania cambien su rumbo en 2013. "¿Alemania es el problema, Alemania la solución?" Yo no lo creo. Todos los demás europeos tenemos que dar respuesta, hagan lo que hagan los alemanes con Merkel.

El PE es el poder legislativo de la UE. No es verdad que se ocupe solamente de los "pesticidas de las abejas", y de "etiquetas de yogures". Regula la Fiscalidad, el Presupuesto, el Marco Financiero, los derechos fundamentales de los europeos y la cooperación global: Para determinar su composición, es preciso una intervención democrática, antes de que sea tarde. La propuesta progresista debe ser altereuropeista y reeuropeizadora: Europa debe ser europea. "Si Alemania es el problema, Europa es la solución".

En definitiva es necesaria otra Europa. No ésta identificada con "hombres de negro", paro, recesión, desigualdad, desigualdad, exclusión. Esa otra Europa requiere un sujeto político. Otra Europa Europea, reanimada por una nueva generación de europeos europeístas.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.3194052 2013-05-03T02:46:38-04:00 2013-05-03T02:02:40-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/


A un año de distancia de las próximas elecciones europeas, fines de mayo de 2014, se intensifican las señales de alarma que las anuncian minadas por el espectro del antieuropeísmo, cualquiera que sea su ropaje: nacionalismo, xenofobia, nueva extrema derecha y populismos eurófobos.

Analistas y demóscopos delinean un paisaje de empeoramiento del cuadro del manejo de la crisis: nada va a mejorar con la multiplicación de escaños antieuropeos cuando más falta harán los altereuropeístas, rabiosamente a favor de otra Europa. Sin un cambio de rumbo frente a esta política, y no por la antipolítica sino por otra política, no hay ninguna posibilidad verosímil de que el conjunto de la UE salga del agujero en el que la ha hundido a conciencia una disparatada y despótica hegemonía conservadora que dura demasiados años.

La peripecia italiana, con su sufrimiento a cuestas, arroja lecciones esclarecedoras.

Hace apenas dos años, Berlusconi había triturado el crédito de la derecha italiana, no sólo ante su propio país sino ante sus cofrades del PP europeo. La izquierda italiana enfilaba perspectivas claras de alternancia. Espoleada por unas primarias abiertas que habían movilizado a millones de progresistas, abogaba por un giro radical en la orientación política y por el restablecimiento de una ética de la responsabilidad pisoteada por el estilo y andanzas del cavaliere.

No ha sido casualidad ni accidente que el llamado Movimento 5 Stelle -plataforma populista al servicio del ego mediópata del estridente Beppe Grillo- hubiera venido obteniendo una imponente caja de resonancia en los medios dominados por el magnate Berlusconi, en la inmensa mayoría de los canales públicos y privados, así como en sus cabeceras de prensa. El resultado de su faena no ha sido otro que resucitar a Berlusconi, impedir la alternativa por la izquierda y cobrarse la cabeza de Bersani.

Hace apenas un año, la mayoría de los pronósticos daban al berlusconismo por muerto. El populismo de Grillo lo ha devuelto a la vida tras haberse beneficiado de alfombra roja en sus medios.

El Gobierno que acaba de formar el exdemocristiano Enrico Letta, bajo el eufemismo de la "amplia alianza", no es la buena noticia que la opinión conservadora intenta vendernos. No al menos para quienes buscamos, frente a la postración en que se hundido a la UE, alternativas claras. Su composición incluye un buen número de incondicionales de Berlusconi, trufado con los fichajes supuestamente tecnocráticos de Monti. Esto debilita el frente contra la austeridad suicida impuesta, contra toda evidencia de su estrago y su fracaso, por Merkel y sus acóliticos en el autoerigido podium de los acreedores.

Una vez más, la propaganda conservadora se apresta a dictar sentencia: "¡No hay alternativa!"; "El futuro ha de pasar por coaliciones que ejecuten la única política posible", sin distingos ideológicos, y siempre bajo el implacable escrutinio de la troika. Sin embargo, no es verdad que no haya diferencias ni que todo lo que haga la mayoría conservadora sea, sin más, la mera ejecución de los dictados impuestos por una realidad circundante ante la que no hay más opciones.

No fue Merkel quien impuso a Rajoy su ominosa amnistía fiscal a los defraudadores; ni la subordinación de la legislación -incluida la penal- a la jerarquía episcopal; ni la cancelación de las leyes de igualdad, dependencia, e incluso de la educación para la ciudadanía; ni la deslegitimación de los sindicatos que tan respetados son en el diálogo social alemán; ni la corrupción de Bárcenas, y la contaminación pandémica de Gürtel en el PP; ni la regubernamentalización sectaria, propagandista y manipulativas de los informativos y tertulias de RTVE...

Es urgente que esta arrogante hegemonía de la derecha tenga en frente -en España, en Europa- una alternativa en pie. Y no podemos esperarla, ni ahora ni en 2014, de los nacionalistas... ni de los populistas. A la vista están las lecciones dictadas por el Grillismo en el bloqueo a toda esperanza de alternativa por la izquierda, y sus resultados prácticos. Berlusconi sigue ahí, sonríe, hace aspavientos... y en el momento en que él decida, conforme a sus intereses, caerá el Gobierno de Italia, país fundador de la UE y tercera economía del euro.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.3145584 2013-04-25T02:02:57-04:00 2013-04-25T02:29:01-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/


Llegué al Parlamento Europeo (PE) en junio del 2009. Como cabeza de lista en aquellas elecciones, conduje una campaña rabiosamente europeísta, pero muy lejos de la inercial alabanza de las ya entonces obsoletas bondades del proyecto de integración supranacional como cajero automático de fondos estructurales, cohesión e infraestructuras. Advertí entonces insistentemente del riesgo de que la UE se despeñase, ante la pavorosa envergadura de la crisis, en un abismo depresivo, abandonándose al espectro del nacionalismo, el resentimiento, la eurofobia y la desafección. Se abonaba así el populismo como última expresión de la extrema derecha antieuropea y reaccionaria. Esta deriva sería aún más preocupante en el contraste europeo -la austeridad suicida- con el giro progresista de la Administración Obama en su respuesta ante la crisis: estímulos a la inversión y a la generación de empleo.

Casi cuatro años después y a poco más de uno para las próximas elecciones europeas de 2014, el PE me sigue pareciendo, como el primer día, un lugar fascinante, cargado de contenido y con una alta intensidad de ritmo de trabajo y calidad de sus debates. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa -1 de diciembre de 2009- el PE ha pasado a ser un órgano legislativo: legislador, con el Consejo, en una enormidad de materias que afectan a las vidas y haciendas de 500 millones de ciudadanos representados en ésta que es la única institución directamente electiva en la arquitectura de la UE. Pero además el PE es ahora, por la extensión de sus competencias legislativas, el Parlamento más poderoso de la historia de la UE y, por la primacía del propio Derecho Europeo, el más poderoso de Europa.

El PE padece, sin embargo, un clamoroso déficit de visibilidad. La ausencia de medios de comunicación europeos que den cuenta de sus debates y vicisitudes es sólo una expresión más de la ausencia de una opinión pública europea, de un genuino espacio público europeo e incluso, a qué negarlo, de verdaderos partidos políticos europeos, a pesar de los avances y trabajos que, en los últimos años, apuntan a estos objetivos.

Viene todo esto a cuento de la intensidad con que en el último Pleno del PE en Estrasburgo se debatieron asuntos del mayor voltaje, conscientes como somos cuantos intervinimos en él de la dificultad de comunicar al conjunto de la ciudadanía europea la entidad de las cuestiones y las líneas divisorias que delinean, en la polémica, la confrontación entre la misma mayoría conservadora que predomina en las restantes instituciones europeas y la alternativa progresista que lucha por señalar la alternativa y la diferencia.

En el Pleno de Estrasburgo se debatió la preocupante reforma constitucional en Hungría, que ha suscitado objeciones desde el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, pero que, sobre todo, desoye todas las señales de alarma que habían sido activadas desde el propio PE. Las condiciones impuestas al pluralismo religioso, al pluralismo informativo y al ejercicio del derecho al juez predeterminado por la ley, entre otras cuestiones delicadas, ponen el telón de fondo a una cuestión menos visible: la alineación vergonzante del conjunto del PP europeo con la política ejecutada por la abrumadora mayoría parlamentaria de Fidesz (el PP húngaro) con una retórica desacomplejadamente nacionalista y ultraconservadora, cada vez más confrontada con quienes, desde el PE, pretenden todavía preservar el carácter vinculante de los compromisos contraídos a la adhesión de la UE en relación a los llamados "criterios de Copenhague": derechos fundamentales, tutela de las minorías, democracia representativa, Estado de Derecho e imperio de la ley.

Más expresivo aún de las líneas divisorias que recorren el PE es el debate sobre Chipre; penúltimo episodio hasta ahora del desastroso manejo europeo de la crisis y de su terrible impacto sobre el ya muy deteriorado estado de cosas en la UE.

El desastre sin paliativos de este episodio de la crisis ha empeorado la recesión y ha indignado a millones de europeos con sus instituciones. Alguien tiene que pagar cuando los errores son tan graves como lo han sido en Chipre. Son responsables los ministros que se sientan alrededor del Ecofin y el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, a quien deberían destituir quienes le nombraron.

El impacto de lo sucedido en Chipre afecta de la peor manera a toda la UE en el peor momento posible. En primer lugar, se lanza el mensaje de que no cumplimos con nuestras reglas, al bloquear los ahorros e imponerles una quita confiscatoria; en segundo lugar, se rectifica el rescate bancario, lo que da una imagen de irreflexión y precipitación. En tercer lugar, ha sido desastrosa y pésima la política de comunicación aplicada por los organismos europeos. Se llegó a decir incluso que "así se sienta un precedente", por lo que nuestros ahorros ya no están seguros.

Las consecuencias de esta afirmación sobre la realidad han sido, sin embargo, terribles e irreversibles. En una semana, provocó el incremento de la prima de riesgo en países con dificultades, entre ellos España en 150 puntos básicos, agravando la ya imposible carga de los intereses de la deuda.

Alguien debe hacerse responsable de todos estos errores: los ministros del euro deberían destituir al presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.3093141 2013-04-17T01:00:00-04:00 2013-06-16T05:12:01-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/



El pasado 13 de abril tuvo lugar en Badajoz una relevante Conferencia temática sobre fiscalidad en la que, bajo los auspicios del Grupo de los Socialistas Europeos, participaron expertos y voces cualificadas del ámbito progresista.

El objeto del encuentro era doble: primero, demostrar la falacia ideológica que pretende que el Estado social es "insostenible" al objeto de encubrir una estrategia diseñada para hacerlo perecer de inanición por falta de recursos públicos necesarios para financiarlo; segundo, oponer una reforma tributaria global para España en la que se restablezcan los hoy desdibujados objetivos de la política fiscal: asegurar la suficiencia financiera de los poderes públicos, redistribuir oportunidades y orientar la política hacia un determinado modelo de sociedad comprometido en valores.

La progresistas no somos conservadores: queremos cambiar las cosas conforme al valor de la igualdad en derechos y en oportunidades, lo que aquí y ahora comporta combatir las injusticias en el reparto de las cargas y los sacrificios impuestos no sólo por la crisis sino también, y sobre todo, por su desastroso manejo en una UE dominada por una correlación de fuerzas de hegemonía conservadora que ha impuesto su ideología en el relato de la crisis, a rebufo de la crisis y so pretexto de la crisis.

Las bases configuradoras del sistema fiscal español fueron establecidas hace 35 años. Esa regulación responde, como otras piezas todavía pervivientes en nuestro sistema, a los Pactos de la Moncloa y fueron elaboradas bajo las condiciones políticas y sociales de aquella hoy lejana transición. Desde entonces las figuras tributarias que lo integran han sido parcheadas y retocadas muchas veces, obedeciendo a los compromisos y prioridades de gobiernos de distinto signo. Es hora de repensarlo de manera integral y conjunta, en profundidad y en serio.

En el contexto de una crisis de una crudeza sin precedentes, los defectos arrastrados del sistema tributario español se han acusado hasta el extremo: obsolescencia (obedece, como casi todo, a los parámetros de la sociedad que fuimos hace 35 años); ineficiencia (no asegura el cumplimiento de los objetivos proclamados; empezando por la suficiencia de los servicios públicos, condenados a endeudarse o a sufrir recortes agónicos) e inequidad (la desigualdad en el reparto de las cargas ha desembocado en su regresividad).

La evidencia más elocuente de esta definición general bascula sobre el IRPF: el 90% de la recaudación grava las rentas del trabajo personal (asalariados, funcionarios...), a pesar de que el 50% de la riqueza nacional no deriva del trabajo sino de rendimientos de capital y ganancias patrimoniales cuya tributación es ofensivamente inferior.

Con el impuesto de sociedades sucede todavía peor. No sólo es insoportable que las PYMES (el 90% del tejido empresarial del país) contribuyan con tipos marginales muy superiores al de las grandes empresas (21% o 15% efectivo, frente al 10% o 7% efectivo), sino que los agujeros de recaudación obedientes a la ingeniería fiscal de las deducciones favorecen la prácticamente total desvinculación de las grandes fortunas y los grandes patrimonios frente al esfuerzo fiscal que debería exigírseles. Esa injusticia es ahora, ante las dificultades, más clamorosa que nunca.

El Estado constitucional español vertebra una pluralidad de poderes territoriales que necesita no sólo asegurar su suficiencia sino también reforzar su corresponsabilidad. Por eso, figuras tributarias que han sido vaciadas de contenido, como la del impuesto sobre "actos jurídicos documentados" y -mucho más relevante- la del impuesto sobre sucesión y donaciones, debe de dejar de ser objeto de competición a la baja entre Comunidades Autónomas. Partiendo de la fijación de un mínimo exento, las transmisiones y herencias son manifestación de riqueza que no pueden permanecer indefinidamente insensibles a la necesidad imperiosa de restablecimiento de vínculos solidarios y reglas de progresividad que den credibilidad al principio de que al sostenimiento de nuestro modelo de sociedad deben contribuir progresivamente más los que más ganan, los que más tienen y los que más heredan, y no exactamente al revés.

Pero la batalla de fondo, no se pierda de vista, es netamente política, y por lo tanto ideológica, en el sentido más noble y cargado de sentido histórico en que podamos pensar. El relato ideológico que ha acompañado a la crisis se ensaña con los endeudados tras haberles condenado a vivir del crédito y de las obligaciones, y tras haber renunciado a la política fiscal en su acepción más amplia y profunda. Después de haber manipulado una versión jibarizada de la política fiscal que pretende reducirla a los recortes del gasto (renunciando, por lo tanto, a considerar siquiera el capítulo de la suficiencia de los ingresos y la equidad de la carga), así como dar por muerto nuestro modelo social, se ha condenado a los sectores más desfavorecidos y socialmente vulnerables a resignarse a la extinción de las prestaciones sociales que realizan sus derechos constitucionalmente proclamados.

Es hora de dar la batalla. Una reforma fiscal progresiva e impostergable es la única vía para salir de este agujero sin luz al final del túnel en que esta prolongada hegemonía conservadora ha sumergido a la UE.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.3044903 2013-04-10T02:02:05-04:00 2013-06-09T05:12:01-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/



Cuanto peor se ponen las cosas, más arrecia la campaña de sustitución de la realidad por una hojarasca de propaganda y falseamiento selectivo. Un cóctel de ocultación, silencios, incomparecencias, mentiras retrospectivas y de todas las demás clases caracteriza el estilo de comunicación del Gobierno del PP. Y ello se acentúa a medida que la legislatura avanza sin indicios del milagro. Porque es así, como un milagro, como se reverberaría el menor repunte de crecimiento, por raquítico que sea, después de tanta recesión, empobrecimiento masivo, despidos baratos y aumento de la desigualdad y la exclusión social.

La alegación de perjuicios contra la marca España se agita como cortina de humo para contraatacar a cualquiera que ose posar la vista sobre las malas noticias: trátese del rebrote de la tensión territorial, trátese de la secuencia de autos de imputación y recursos del fiscal (¡¡!!) en el caso Urdangarín. Un uso que, no se olvide, investiga una trama de corrupción contra el dinero público perpetrada por y desde instituciones saqueadas por el PP. Pretende el Gobierno que "no es bueno para la marca" que, en un antes y un después, "un miembro de la familia real sea llamado a declarar" asistido de abogado y con todas las garantías -léase, como imputado-, tal como sucede a diario en los juzgados de España. Lo que desde luego no es bueno para España es el aroma que despide un paisaje político en el que administraciones gobernadas por personas del PP y sus mayorías absolutas -Madrid, Palma, Baleares, Valencia y Comunidad Valenciana- se hayan deshecho de millones y millones de euros sin ningún control y sin otra contrapartida que una foto figurona con alguien que no exhibía más mérito que el de ser yerno del Rey.

"España no es Portugal". Esta es la última consigna del equipo médico habitual de propagandistas del PP. La situación del país vecino es ciertamente dramática, aún cuando quepa apreciarse la pujanza de una oposición cívica, parlamentaria e institucional (el Tribunal Constitucional portugués) cada vez más exigente en su valerosa defensa del modelo social. Resulta ofensivo escuchar a los portavoces del PP despachar hipócritamente esa "diferencia" aduciendo que los recortes de Rajoy nos han "salvado" de ese abismo. No es verdad: de hecho, han mimetizado y exponenciado ese mismo siniestro recetario de la Troika -en Portugal, en España, en Chipre o en toda la UE- que ha hecho que la imagen de Europa se hunda y se identifique como nunca con la de los hombres de negro.

La contrarreforma laboral del PP ha triturado ya 700.000 empleos: no ha frenado la destrucción de empleo: la ha espoleado con la multiplicación de los despidos baratos; y abona un terreno, todavía infértil, para una venidera cosecha de empleos precarios, infrarretribuidos y carentes de derechos sociales. Las magnitudes bajo lupa -el déficit (7%, 10% si contamos con las ayudas a la Banca), la deuda (87%), la prima de riesgo (360 puntos) y la cuantía exacta del crecimiento negativo, el 1,5% PIB (es decir, la recesión)- empeoran invariablemente no sólo las previsiones oficiales del Gobierno sino el de su corifeo de altavoces propagandísticos. La Comisión Europea desmiente una y otra vez a Montoro, desnuda sus tretas y vuelve a alertarnos con palmaditas en la espalda para que perseveremos en esta ruta al desastre.

Mientras estamos en lo que estamos, el país se refocila en esta agotadora espiral de noventayochismo: prestamos más atención a Urdangarín o a Bárcenas que a la sangrienta e interminable guerra civil en Siria o a la amenaza cierta de una guerra nuclear entre las dos Coreas (¡¡!!), en medio de un clima asfixiante y de pesimismo a raudales, singularmente exasperante entre las generaciones jóvenes.

Debatí hace pocos días con estudiantes universitarios en el Aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid. El acto resultó estimulante, pero fue impactante el europesimismo instalado entre los jóvenes universitarios respecto al futuro de España dentro de la Unión Europea. Algunas intervenciones cuestionaban abiertamente nuestra continuidad en el euro, e incluso en el propio proyecto europeo cada vez menos identificado con sus valores fundantes.

La respuesta ante tanto malestar no puede ser, sin más, ni la exasperación, ni el acoso, ni el escrache, afecte a quien afecte, porque acabaremos todos pagando el derrumbamiento de nuestra convivencia, faltándonos al respeto no ya al que piensa distinto, sino a nuestro vecino, y de ahí a nosotros mismos, como vengo sosteniendo.

La respuesta no puede ser tampoco una salmodia acrítica de europeísmo inercial. No. Debe ser una protesta altereuropeista y reeuropeizadora. Ni una "Europa alemana" (Ulrich Beck) ni una "Europa, a la carta", ni una Europa decidida en círculos intergubernamentales, divorciada de su modelo social y de espaldas a toda legitimación basada en lo que los ciudadanos quieran o estén dispuestos a soportar.

La respuesta no puede ser tampoco el abatimiento, la deserción o el pesimismo. Pero el antídoto contra el pesimismo no es la propaganda, ni la ocultación, sino la movilización, racional y democrática, de un cambio de voluntad. Pasa por el debate, pero exige voluntad para salir de este agujero juntos y en otra dirección.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.2997491 2013-04-03T02:02:32-04:00 2013-06-02T05:12:01-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/


El episodio Chipre marca un nuevo punto álgido en la gestión de la crisis que se está ensañando con la UE, marcada por esa forma de injusticia grosera y arbitraria que imponen los dobles raseros y las dobles varas de medir.

De su enorme afluencia de comentarios y críticas cabe espigar dos enfoques. De un lado se sitúan quienes creen que los errores perpetrados por el Eurogrupo y por su presidente, Jeroen Dijsselbloem ponen de manifiesto un insoportable cóctel de incompetencia, imprudencia e imprevisión de los efectos de sus decisiones erráticas y de sus zigzagueantes declaraciones. En consecuencia se le exige su dimisión o que sea fulminantemente sustituido. De otro lado se sitúan los que ven al Eurogrupo subordinado al interés preponderante de una Alemania cada vez más implacable, siendo Dijsselbloem un peón instrumental al servicio de Merkel. El presidente del Eurogrupo sería así un mero ejecutor de su calculada estrategia de ajuste de cuentas al modelo social europeo, trituración sistemática de la solidaridad y la cohesión europea, y de imposición despectiva de correctivos a los países del sur. La UE se adentra así en su espiral darwinista de liquidación de vínculos cívicos y afectivos entre los pueblos de Europa, en la que, por descontado, sobrevivirán solo los fuertes, que son los países que mantienen la sartén por el mango.

El discurso oficial en España ha transitado desde el "no somos Grecia" al "no somos Portugal", porque "no éramos Irlanda" y ahora "tampoco somos Chipre". Pero lo cierto es que la prima de riesgo vuelve a recrudecer el diferencial de financiación de las empresas españolas respecto de las alemanas, en una nueva distorsión de ese mercado interior y de esas reglas de la competencia con la que retóricamente se llenan la boca los exégetas de la disparatada política de la austeridad recesiva que tanta perplejidad y rechazo provoca entre quienes advierten desde hace largos años que conducirá a la UE a la fractura o el suicidio.

Hay un aspecto lamentable, aunque no siempre reseñado, que apunta a la injusticia del doble rasero de la UE. Se afea a Chipre, y con motivo, la hipertrofia de su sector financiero (sus depósitos bancarios multiplicaban por 7 su PIB). Pero se prescinde de explicar por qué en la isla mediterránea resulta inadmisible e inmoral que se practiquen técnicas de atracción de capitales que apenas pálidamente, remedan las que exhibe Luxemburgo, cuyo sector bancario multiplica por 20 el PIB del pequeño Gran Ducado. Análogamente, se nos vende como normal o inevitable que los mercados encarezcan nuestra prima de riesgo a la menor turbulencia dentro de la zona euro. Pero se nos hurta toda explicación de por qué Bélgica, con una deuda que asciende al 130% del PIB y un sector público estatal caracterizado por una burocracia elefantiásica e ineficiente (duplicada en cada una de sus regiones federadas), o Italia, sin ir más lejos, cuya deuda supera el 125 de su PIB, -y cuya incapacidad para generar gobiernos estables que infundan confianza a los mercados compite con la de Bélgica- no reciben ni remotamente el castigo ni los correctivos que la troika reserva para los torpes de la clase.

Tan negativo diferencial español impacta también sobre nuestro deteriorado sistema político institucional y nuestra declinante calidad democrática. Allí donde otros Estados de la UE someten cada decisión a un riguroso ejercicio de escrutinio parlamentario (cada derrama o préstamo a través de la troika debe ser exhaustivamente discutido y aprobado en el Bundestag alemán), en España, 16 meses de Gobierno del PP se saldan con 60 Decretos Leyes a puro golpe de rodillo de mayoría absoluta, en medio de un clamoroso colapso del control parlamentario.

La ausencia y los prolongados silencios del presidente del Gobierno, -Mariano Rajoy, prófugo frente al mayúsculo caso de corrupción que lleva el nombre de quien fue tesorero del PP durante más de 20 años- pretenden ser compensadas con las afanosas presencias de sus ministros y ministras en todos los formatos de las televisiones controladas directa o indirectamente por el largo brazo del PP. Especialmente repulsiva resulta la práctica de los ministros y ministras declarando en sus despachos oficiales a un solo micrófono convocado -el de TVE1-, solícitamente dispuesto para la ocasión por la dirección de informativos de la corporación. Es ésta una inaceptable servidumbre que fue simplemente erradicada durante los años en que el Gobierno socialista de Zapatero renunció a toda injerencia en los contenidos de TVE, y renunció a publicitarse, por tanto, en monólogos propagandísticos de ministro/a en prime time del telediario. Ahora estamos de nuevo, por enésima vez, con la marca del PP, ante una TVE recuperada para el gubernamentalismo, el confesionalismo y el sectarismo partidista más desacomplejado.

Seguimos sumando evidencias de que cuando hablamos de retrocesos en la democracia en la UE a rebufo de la crisis no estamos hablando solamente de Hungría, de Rumania o de Bulgaria. Tampoco aquí es admisible la indiferencia indolente ante la injusticia en bruto que imponen los dobles raseros.

Parafraseando a John Donne, esas campanas en Chipre resuenan en toda la UE, y están doblando por nosotros.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.2966925 2013-03-28T02:29:14-04:00 2013-05-27T05:12:01-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/

A rebufo de la crisis y su desastrosa gestión, el inquietante incremento de los delitos motivados por el racismo, la xenofobia, la intolerancia o el prejuicio contra aquellos a quienes se considera vulnerables o diferentes, es expresión del fantasma que está recorriendo Europa: el del discurso del odio y la política del odio.

Lo que empezó siendo una crisis financiera y económica hace ya tiempo que se transmutó en una crisis social y en una crisis política que afecta corrosivamente a los valores fundacionales de la construcción europea. La interminable crisis del euro -tan catastróficamente manejada, como hemos vuelto a ver en Chipre- es sumamente grave en sí. Pero el deterioro de la democracia y del respeto por los derechos fundamentales en Europa lo es todavía mucho más.

El espectro de la intolerancia y su desesperada búsqueda de chivos expiatorios con los que exorcizar el malestar general está recorriendo a galope nuestro viejo continente. Y se manifiesta no sólo a través de partidos extremistas, formaciones populistas que explotan el resentimiento y la frustración acumulada, sino también a través del prejuicio y la estigmatización, que son cada vez más frecuentes en partidos de gobierno en los Estados miembros de la UE.

Las causas las conocemos: el miedo, la explotación de la ansiedad y la pérdida de referencias culturales homogéneas, consecuencia del influjo de la diversidad y el pluralismo, pero también una lucha cada vez más encarnizada por una protección social menguante y amenazada, así como por unos recursos económicos cada vez más escasos en esta Gran Recesión y en su nefasto desgobierno.

La hegemonía conservadora, Alemania a la cabeza, viene imponiendo en Europa la liquidación despiadada de nuestro modelo social. Es éste un fenómeno de tintes dramáticos, que he venido denunciando en el Pleno del Parlamento Europeo en los numerosos debates en que he llamado la atención sobre esta deriva autoritaria, nacionalista y regresiva que viene recorriendo Europa como el fantasma al que aludía Marx en los primeros pasajes de su memorable manifiesto de 1848.
Para conjurar esta creciente amenaza, hace falta responder. No sólo políticamente, sino con legislación. Legislación europea: actualizando y reforzando el marco actualmente vigente; recuperando los valores fundantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos y tomando en serio la entrada en vigor, con el Tratado de Lisboa, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia no sólo autoriza sino exige al Parlamento Europeo legislar en materia penal y en la cooperación judicial para combatir los delitos especialmente graves y de ámbito transnacional, reforzar la protección de la víctima y establecer un nuevo marco europeo con normas penales y sanciones que combatan no sólo la política del odio sino el discurso del odio.

En el Parlamento Europeo se habla incesantemente, y con sobrados motivos, de la crisis financiera y de su impacto económico. Pero ello no le resta ningún ápice de urgencia a la necesidad de preservar el Estado de Derecho, la calidad de la democracia y la observancia y garantía de los derechos en la UE. Porque la crisis que impacta sobre los valores fundacionales de la Unión Europea no es menos importante que la del euro --lo es más--; y porque los denominados "criterios de Copenhague", que se exigen a los candidatos a la adhesión, deben exigirse también una vez dentro del club y a todo lo largo del trecho de pertenencia al mismo.

Un ejemplo paradigmático del lamentable estado de cosas en el que nos encontramos es el que nos brinda Hungría, donde el partido ultranacionalista y ultraconservador en el Gobierno -Fidesz, del PP europeo- ha consumado la aprobación de la llamada "cuarta enmienda" a la Constitución. En ella se desautoriza al Tribunal Constitucional, al restablecer todos y cada uno de los contenidos de una propuesta de reforma anterior que habían sido declarados no conformes con la Ley Fundamental por una sentencia en diciembre. En democracia se puede tener o no un Tribunal Constitucional, pero cuando se tiene, hay que respetar lo que dicta y cumplir con sus sentencias.
Pero es que, además, esa enmienda impone muy severas condiciones al pluralismo religioso y al pluralismo informativo, hoy por hoy intervenido por el masivo gubernamentalismo de los medios de comunicación públicos y privados. Y restablece el mecanismo de asignación jurisdiccional individualizada de casos por la llamada Oficina judicial, un resorte de poder que había suscitado protestas en el Parlamento Europeo, sin que se den garantías explícitas del respeto al "proceso debido" y al "juez imparcial" predeterminado por la ley.

Al actuar así, el Gobierno de Orban y la abrumadora mayoría conservadora en el Parlamento húngaro han desoído al mismo tiempo al Consejo de Europa, al Secretario General del Consejo de Europa, a la Comisión de Venecia y al Presidente del Parlamento Europeo. Es esperable que la Comisión y el Consejo, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, alcen la voz, y dispongan los medios para hacer prevalecer los compromisos europeos ante una situación tan desafiante y grave. Fidesz, el partido que exhibe su aplastante mayoría en el Parlamento Húngaro y copa el Gobierno con discursos extremos y rebosantes de nacionalismo irredento, expresa el empuje de una derecha sin complejos y cada día más desvinculada de las trágicas lecciones que sobre esas derivas se desprenden de un pasado de conflictos y confrontación en Europa. Pero conviene tener claro que se trata de un partido "convencional" o "mainstream", encuadrado en el PP Europeo, con cuyo apoyo se blinda: no estamos hablando, por tanto, de "outsiders" de la política.

Hace unos meses presidí una delegación en Budapest de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. Tuve entonces ocasión de subrayar, en mis intervenciones y durante la rueda de prensa, que el Parlamento Europeo no es un "intruso" en Hungría, no ejerce ninguna "injerencia"; no es una "potencia extranjera": representa, mediante su elección democrática directa, a 500 millones de ciudadanos europeos, entre los que se cuentan los más de 10 millones de húngaros. Por mandato del Parlamento Europeo, la Comisión que presido está trabajando en un informe sobre la situación de los derechos y la democracia en Hungría, y va a seguir esforzándose para que en toda la crisis -no sólo "pese a la crisis" sino especialmente en la crisis-, se siga cumpliendo a rajatabla con la primera regla de la pertenencia a la UE: la sujeción voluntaria al imperio de la ley, a la primacía del Derecho y a los valores fundantes de la construcción europea.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.2916495 2013-03-21T02:18:34-04:00 2013-05-20T05:12:02-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/


La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del pasado día 14 de marzo (caso Mohamed Aziz contra Catalunya Caixa), por la que se declara contraria al Derecho europeo la imposibilidad de interrumpir con medidas cautelares la aplicación de eventuales "cláusulas abusivas" en el procedimiento de ejecución hipotecaria, ha hecho correr ríos de tinta. Sin duda, ello se debe a la magnitud y la crudeza de los desahucios en España, exponente cruel de la insoportable crisis y su desastrosa gestión.

Sin embargo, al calor del momento, han cristalizado de forma prácticamente instantánea algunas ideas inexactas sobre el objeto y el alcance del fallo del Tribunal de Luxemburgo. Se ha podido escuchar, por ejemplo, que la Ley Hipotecaria española, que data de 1909, habría sido considerada ilegal por el TJUE. Esto es falso: el control judicial de una ley interna sólo puede ser llevado a cabo por las vías constitucionalmente previstas en cada país. De lo que estamos hablando en este asunto es de la aplicación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Estamos hablando de una ley, pues, del año 2000; aprobada, por cierto, durante el Gobierno del PP que presidía José María Aznar para actualizar la vieja ley que regía en España el procedimiento civil desde 1881.

La cuestión que suscitó la controversia es que, en el procedimiento ejecutivo hipotecario, en el que la entidad financiera acredita el impago de cuota, se devengan intereses de demora; y una vez que se acumulen tres retrasos en el pago de la cuota, puede instarse, por parte del acreedor, el procedimiento de ejecución hipotecaria que resulta en el lanzamiento (el comúnmente llamado desahucio) del bien hipotecado. Esgrimir la existencia de cláusulas abusivas en el contrato, como en el caso que nos ocupa, no suspendía la ejecución, aun cuando esas cláusulas fueran contrarias a la Directiva 93/13 CEE de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. El juez no podía impedirla, y sólo cabía por su parte remitir al procedimiento declarativo a un juez de lo Mercantil. Con la grave consecuencia, por cierto, de que ahora los justiciables tengan que pagar las correspondientes tasas desde que el PP perpetrara su Ley de Tasas Judiciales, lo que supone un ataque sin precedentes al derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial (art. 24.1 CE). No es cierto, por lo demás, que la citada directiva no haya sido correctamente transpuesta en el ordenamiento interno.

Hechas estas aclaraciones, de orden jurídico, propongo ahora una reflexión política y social.
La terrible situación de los desahucios es el corolario de un modelo económico. Un modelo patológico, basado en una descomunal burbuja inmobiliaria que ha acabado explosionando, y que ha agravado, exponencialmente, las consecuencias de la crisis económica y del manejo de la crisis que desde hace cinco años se ha ensañado con Europa. Entre 1994 y 2007 se desarrolló en nuestro país, al galope de la liberalización del suelo impuesta por la Ley del Suelo del PP de 1998, un proceso de endeudamiento privado sin precedentes en torno a la compra de vivienda. Era un modelo seriamente enfermo. Lo he criticado siempre. Y lo combatí, desde luego, cuando fui candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias; por producir un urbanismo desordenado y especulativo; por provocar una tremenda devastación y depredación medioambiental; por alimentar la corrupción a raudales; y por generar un endeudamiento personal y familiar simplemente inasumible.

El Gobierno de España del que formé parte fue consciente de la situación desde el primer momento. No es cierto que no se hiciese nada. Se creó por primera vez un Ministerio específicamente dedicado a la promoción de la vivienda y se duplicó la inversión en innovación, y en educación y ciencia. Y se trató de reequilibrar la economía española. Para conseguirlo se aprobó una nueva Ley del Suelo en 2007, derogando la del PP de 1998, que tantos estragos había producido. Es verdad que quizás las medidas para poner coto a la burbuja no fueron lo suficientemente expeditas ni efectivas. Pero lo cierto es que un aterrizaje de esa magnitud no se hace de la noche a la mañana. Pero sucede que, en el curso del proceso, estalló la crisis. La crisis del año 8, la de la Gran Recesión.

Sé que algunos lectores critican una supuesta inacción en relación con los desahucios durante mi desempeño como ministro de Justicia, entre marzo de 2004 y finales de febrero de 2007. Durante los años que fui ministro cumplí todos y cada uno de los grandes compromisos que el PSOE había adquirido en materia de Justicia a través de su programa electoral, muchos de los cuales fueron explicitados por Zapatero en su discurso de investidura, y que yo mismo desarrollé en mis comparecencias ante la comisión parlamentaria competente, en ambas cámaras, al inicio de mi mandato. Puse en marcha un programa intensivo de reformas que impulsé a través de un gran número de leyes, de amplio calado, como las de Violencia de Género, creándose los juzgados especializados en esa materia; Divorcio Express; el matrimonio de personas del mismo sexo; la reforma del CP para introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas (reforzando así la lucha contra la delincuencia económica); la nueva Ley del Menor; la reforma de la LOTC; el estatuto del Ministerio Fiscal y el reforzamiento de la Fiscalía Anticorrupción, a través del nombramiento y despliegue de fiscales delegados, en especial en las zonas de costa más expuestas a la corrupción urbanística, y que el Gobierno de Aznar había prácticamente desmantelado.

Dicho esto, en 2004 no existía en la sociedad española una demanda social para modificar el proceso de ejecuciones hipotecarias. Puede comprobarse en las hemerotecas. Al contrario, lo que prevalecía era una fiebre compradora en la que muchos se embarcaban desde la creencia de que el precio de la vivienda nunca bajaría. Y que, si no podían pagarse las cuotas de la hipoteca, siempre podría venderse el piso obteniendo una más o menos suculenta plusvalía. Esa es la realidad que se vivió durante la fiebre especulativa. Nadie, nunca, planteó en el Parlamento ninguna medida para cambiar el procedimiento mientras fui ministro. Ningún partido lo llevaba en su programa electoral, jamás se me planteó pregunta ni interpelación alguna al respecto durante los tres años que estuve al frente del Ministerio. Tampoco recibí ninguna solicitud al respecto por parte de organizaciones ciudadanas. La realidad económica de la época era muy otra ya que cuando yo dejé el Gobierno, para competir por Canarias, España crecía al 4%, había un superávit presupuestario de dos dígitos, la deuda pública era una tercera parte de la alemana y la tasa de paro la más baja jamás conocida en España, desde el estallido de la primera crisis petrolera en 1973. La cuestión de los desahucios no estaba entonces planteada. Se planteó con toda crudeza sólo a finales de 2009, y a todo lo largo de 2010, cuando la crisis acabó con la burbuja inmobiliaria.

Con todo, la sentencia del Tribunal de Luxemburgo tiene, ahora, un valor de precedente fundamental. Mi experiencia me dice que puede convertirse en un hito jurídico de gran relevancia ante la enormidad de la crisis. Los jueces no deberían aplicar en lo sucesivo las disposiciones contrarias al derecho comunitario (por tanto, las cláusulas abusivas mencionadas en el caso), suspendiendo el procedimiento si fuese necesario, y el Ejecutivo deberá promover, sin dilación, las modificaciones legislativas necesarias, que podrían ser cautelares cuando corresponda, para dar el desarrollo oportuno a la sentencia. El fallo debe leerse con atención, pues contiene fundamentos sobre la definición del derecho a la vivienda.

El Tribunal de Justicia ha contribuido, desde sus orígenes, al avance de la protección de los consumidores, doctrina que se ha ido consolidando jurisprudencialmente en el sentido de proteger, a la luz del Derecho europeo, a la "weak contracting party", a la parte más débil de la relación contractual: el consumidor, el ciudadano. Se cumplen 50 años de la sentencia Van Gend en Loos, acaso la más importante entre las que han marcado la rica jurisprudencia del Tribunal por consagrar el llamado efecto directo de la normativa comunitaria y su aplicabilidad por parte de los tribunales nacionales. Y conviene recordar que son muchas las cuestiones prejudiciales que se plantean cada año al TJUE, aunque no sea algo conocido.

Los jueces españoles, desde nuestra adhesión a la UE, han venido planteando casos relevantes que rara vez tienen reflejo en los medios de comunicación. El juez nacional es el juez natural del Derecho de la UE, responsable por tanto de la interpretación directa y la interpretación conforme de cada ley nacional a la normativa europea. La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional: es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio, de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan un problema similar.

La sentencia sobre el caso Aziz pone de manifiesto que Europa todavía puede jugar y de hecho juega un papel de garante de los derechos de los ciudadanos (y de los consumidores). La acción de la UE puede suponer un freno ante los abusos en los Estados miembros. Como lo es también cuando lucha contra el racismo y la xenofobia dentro de la UE, contraria a los valores comunes que constituyen su fundamento. O cuando sigue con preocupación la deriva autoritaria y populista en la que está embarcado el Gobierno de extrema derecha, Fidesz, encuadrado en la familia política del PP europeo. Se trata, pues, de una noticia alentadora, en los tiempos que corren, pues pone de relieve que de Europa vienen también soluciones y mejoras. No sólo hombres de negro.

Para lograr que así siga siendo es fundamental que los europeos tomemos conciencia de que nuestro voto cuenta, de que la correlación de fuerzas en Europa determina las prioridades políticas y la agenda legislativa. Tanto más cuanto el Parlamento Europeo, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se ha convertido en legislador ordinario en pie de igualdad con el Consejo. Por eso cada voto cuenta para cambiar la dirección de la política europea y apostar por otra Europa: esa que echamos de menos y necesitamos como nunca.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.2867728 2013-03-14T01:00:00-04:00 2013-05-13T05:12:01-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/


La desastrosa estrategia de la austeridad suicida, que ha sido impuesta en Europa por una hegemonía conservadora crudamente antisocial, se ha transmutado en una maquina de fabricar eurofobia. Incluso en países históricamente euroentusiásticos, como es el caso de España, la demolición calculada del modelo social, dictada con actitudes despóticamente tecnocráticas, ha causado enormes daños a la imagen de la UE entre los propios europeos. "El objetivo es el déficit" ¡a costa del Estado social, de la ciudadanía y hasta de la supervivencia de la política misma!

En un ensayo que publiqué hace años -La aventura democrática (Ed. Península 2009)- dediqué un capítulo a la versión española del síndrome de la política del odio que hoy se extiende en toda Europa. Se trata de nuestra variante del hate speech que Antonio Machado explicó magistralmente al lamentar, en un verso memorable, esa "mitad de España" propensa a "usar la cabeza para embestir" antes de pararse a pensar y razonar.

Digo esto porque acepté en su día la amable invitación de la dirección de El Huffington Post, en el arranque de su andadura, para asomarme semanalmente a esta ventana de la opinión sobre esos asuntos que son, en la expresión de Ortega, temas de nuestro tiempo: entre ellos, el tránsito en la deplorable "política del miedo" -la explotación de la angustia ante las incertidumbres de los más vulnerables- a la "política del odio". Escribo aquí cada semana sabedor de que me someto -por el solo riesgo de opinar, asumiendo una responsabilidad, con mi nombre y apellido- a un debate abierto a la controversia y a la crítica de los demás. Si a ello sumamos, además, que los formatos digitales nos supone acostumbrados a un aluvión no ya de críticas aceradas, sino, digámoslo claro, de invectivas hirientes e incluso injurias descaradas... el esfuerzo de contribuir a un razonamiento dialógico, por la oposición de argumentos mutuamente respetuosos y enriquecedores, raya en el quijotismo.

Quienes estamos preocupados por el deterioro de lo público sabemos hasta qué punto el catastrófico manejo de la Gran Recesión, ese que impuesto hasta ahora desde un paradigma de hegemonía conservadora, ha devastado la confianza de una parte sustancial de la ciudadanía en la política y los políticos. Sabemos que muchos vínculos tan preciosos como frágiles se han roto. Y que recorre y atraviesa a la sociedad entera una marea de malestar, cabreo, resentimiento y enfado.

El odio contra los políticos tiene apoyos innegables en el historial de agravios infligidos por una nutrida tropa de personajes indignos de haber competido nunca por el voto de la gente... Mucha de la indignación que ahora se agita en el akelarre antipolítico, que ha hecho de la dedicación a lo público algo cada día más ingrato, proviene, sin duda alguna, de la incapacidad de la democracia representativa para afirmar su relevancia para resolver problemas. Y para ayudar especialmente a la gente que más sufre. Porque son muchos los que la ven, con penoso fundamento, subyugada a los poderes fácticos que no se presentan a las urnas, irrelevante o impotente.

Y viene todo esto a cuenta del debate suscitado acerca de la antipolítica. ¿Es expresión de un nuevo movimiento, una nueva respuesta, inesperada y sorprendente en su formato y calado, contra la obsolescencia a las limitaciones de la democracia de partidos? ¿O es más bien un sucedáneo de la inveterada pulsión de la política del odio, agitación de alguna búsqueda compulsiva de señalar como chivo expiatorio, ante los medios de comunicación, los poderes fácticos o ahora las redes sociales, a quienes están en politica? Algo va mal, realmente mal, cuando es tanta la ira y tan desatado el instinto de expiación sobre la culpabilidad de los políticos sin más.

La concomitancia entre los contemporáneos populismos europeos y las pulsiones reaccionarias que opusieron a lo largo del siglo XX su virulenta represión contra la democracia parlamentaria, a la que se vituperaba como "caduca" y "acabada", suscita preocupación. Ello no impide, sin embargo, que la protesta de esta reacción exasperada sea tomada muy en serio. Porque en el trasfondo de tan clamorosa explosión de resentimiento, hastío, hartazgo y macrocrispación, palpita un malestar verdadero. Una indignación fundada. Contra las injusticias desatadas por la crisis y contra la tendencia a la alemanización de Europa, en la crisis y so pretexto de la crisis. Contra la desastrosa política de la austeridad recesiva, compulsiva, autodestructiva y suicida. Contra la brutalidad de su imposición desde una troika cada vez más multiplicadora de las desigualdades entre los Estados miembro de la UE y dentro de los Estados miembro: ahí está el Índice de Gini y la consternación que produce tan obscena apoteosis de la desigualdad. (J. Stiglitz)

Este amanecer dorado de la exasperación populista pone en riesgo severo la preservación de la razón democrática como un espacio de debate. Pero es un desafío, y una amenaza, a la razón de ser de Europa, como no habíamos conocido desde el día en que se puso en marcha el experimento de la integración supranacional de la UE.

Desde un europeísmo cargado de vocación federalista, hemos dicho muchas veces que ha sido la "historia de un éxito". Lo ha sido mientras lo ha sido: o en otras palabras, lo ha sido mientras duró. Y o se renueva en su relato y se reinventa su política -sus contenidos, su dirección, su liderazgo y la propia forma de hacer la política, para incorporar de una vez la hoy relegada agenda social y ciudadana que un día fue proclamada en Lisboa- o fatalmente no será. Así de grave es el envite.

No es beppegrillando Europa como saldremos de este agujero, sino reeuropeizando y democratizando el contenido y dirección de la política europea. La fecha es 2014, próximas elecciones europeas. Para poder cambiar la correlación de fuerzas dominante en Europa, no basta con nuestro cabreo y nuestra indignación. Tampoco con vituperar, exorcizar y crucificar a todos los políticos por igual. Hará falta votar. Y me cuento entre los muchos que a diario ejercen el trabajo de incitar a la movilización y al activismo europeísta. En ningún caso, antipolítico, en ningún caso antieuropeo.

Y ello aún a sabiendas de que este esfuerzo se expone todos los días y cada hora del día a las dificultades, a la catarata de insultos en que las redes sociales han trasmutado el viejo síndrome -ciertamente españolísimo- de la política del odio en un vertedero de injurias.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.2812129 2013-03-06T02:02:13-05:00 2013-05-05T05:12:01-04:00

Juan Fernando López Aguilar http://www.huffingtonpost.com/juan-fernando-lopez-aguilar/



Parafraseando a Groucho -"perdonen que no me levante"-, me perdonarán que no me sume al coro atronador de elogios encomiásticos y seguidistas que se ha desatado a propósito del impactante resultado electoral (25% de los votos) cosechado por el Movimiento 5 Stelle liderado por Beppe Grillo en las elecciones italianas del pasado 24 y 25 de febrero. De hecho, me cuento entre los que asumen esos resultados con una preocupación que me reafirma en mi compromiso con una reforma profunda y seria de la democracia representativa y participativa. En España, como en otras latitudes, nuestra democracia herida se encuentra dolorosamente aquejada de una alarmante fatiga de materiales.

Tras ganar las elecciones, Pier Luigi Bersani, candidato de la izquierda a la presidencia del Consejo, calificaba la situación en Italia de "dramática". A pesar de haberse erigido -superando enormes dificultades económicas y mediáticas frente al Berlusconismo- como primera fuerza política del país (30% de los votos), el PD y sus aliados (domicilio aglutinante de los progresistas y heredero del legendario Partido Comunista Italiano) han sido testigos del inquietante resurgimiento del personaje Silvio Berlusconi, con más del 29% de los votos. Y han visto cómo la exasperada protesta populista que vocifera Beppe Grillo ha pasado a convertirse en receptáculo de más de ocho millones y medio de votantes, más del 25%.

En los últimos días, en toda la prensa europea hemos podido leer innumerables análisis en los que los más sesudos opinadores se esfuerzan en explicarnos cómo buena parte de los italianos ha otorgado su apoyo al hombre más rico de Italia, magnate mediático, multiprocesado por corrupción, con una acumulación de procesos penales por delitos no sólo económicos y fiscales, e investigado también por incitación a la prostitución con menores, y con un discurso repleto, por enésima vez, de promesas incumplidas, mentiras patológicas y engaños permanentes.

No menos arduo resulta analizar qué ha llevado a uno de cada cuatro votantes -en una sumatoria trufada de contradicciones internas, heterogeneidades y frustraciones obedientes a motivos muy distintos- a apoyar los aspavientos y gritos de una contestación exasperadamente populista frente a tantos malestares distintos. El receptáculo de esos votos se muestra, al día siguiente, vacío de proyectos, ayuno de propuestas, incapaz de aportar soluciones. Se consume en su cariz netamente antipolítico y, por lo que ahora se ve, rabiosamente antieuropeo, en el que no hay cabida para el razonamiento sino para el insulto y la estigmatización de la "casta" como chivo expiatorio de un cabreo general en el que, en realidad, anidan millones de cabreos distintos.

En la campaña electoral, la política italiana ha superado todos sus registros históricos de problematicidad. Pero algo llama la atención: Bersani, superviviente de un proceso de primarias abiertas en el que votaron tres millones y medio de italianos, se dispone al día siguiente del resultado de las urnas a conformar un Gobierno sin concesiones a la demagogia, desde una actitud personal humilde y nada propensa a la jactancia ni a la mediopatía, concitando una estrategia consensual y desde un programa serio, reformista y realista, con la prioridad absoluta de reorientar la UE hacia el crecimiento y la creación de empleo, especialmente el juvenil. Aspira así a romper la hoja de ruta suicida impuesta por Merkel y la derecha europea en su desastroso y abyecto manejo de la Gran Recesión. Lo cierto es que todo parece indicar que está solo en ese empeño, al albur del arbitraje del prestigioso, pero ya saliente, presidente de la República, Giorgio Napolitano. En esta secuencia italiana se afirma, con casi un total de 55% de electores, la bifurcación de la marea populista que viene sacudiendo Europa. Corrosiva, atiborrada de promesas imposibles de cumplir, sofocante en su presencia en parrillas televisivas y en el ardor que diariamente incendia las redes sociales, y practicada ahora en carriles asintóticos por Berlusconi y por Grillo, que son quienes, paradójicamente, tienen en sus manos la llave no ya de la "estabilidad" y "gobernabilidad" de Italia, sino de su entero futuro como país fundador y cuarta potencia común de la UE.

Por lo que le hemos oído, los grillini -un contingente heteróclito, carente de compromisos públicamente exigibles en una dación de cuentas ante la ciudadanía, la misma que les ha votado- han rechazado toda opción de sentarse siquiera en la mesa negociadora con Bersani, a quien el propio Grillo despacha despectivamente como un muerto que camina. A pesar de la mano tendida y de los razonamientos ofrecidos por Bersani, el iluminado líder del Movimiento 5 Stelle opta por no asumir ninguna responsabilidad.

A pesar de ser ahora la referencia visible de la tercera formación, actúa con la misma convicción de estar siendo el conductor de una fuerza desatada e irrefrenable en la historia con la que actuaron un día los delirantes visionarios que condujeron a Europa a su peor catástrofe en la primera mitad del siglo XX. Toda su estrategia consiste en culpar de todos los males a una clase política estigmatizada sin más, como chivo expiatorio de su demonización, coartada al parecer en sí misma suficiente para no participar en la formación de Gobierno ni proponer alternativas a las por él denominadas "políticas caducas".

Lamento tener que refrescarlo, pero son demasiadas las resonancias y los ecos de este tipo de discursos con lo que recordamos de aquellos grandes demagogos que, en el "olvidado siglo XX" (Tony Judt) condujeron a las "masas" desde el descontento y la náusea frente a la "decadencia" del parlamentarismo "rancio" y "periclitado" hacia la más opresiva negación de la libertad y la ciudadanía en toda la historia de Europa.

Me perdonarán que no me encuentre entre quienes celebran este cuadro de situación como si fuera la promesa de un amanecer dorado (marca de los nazis griegos). No espero nada de esa insultante demagogia vociferante y nihilista, que aspira a autoerigirse en el flagelo de Dios y cuyo éxito únicamente ha consistido en recoger el testigo del hastío y la impotencia de un país ahogado en la crisis y en los escándalos de corrupción financieros y políticos, pero verdaderos motores de la exitosa marcha de los grinilli sobre Roma.

Y todo con el ensoberbecimiento de quien se cree llamado a liberar a las masas haciendo subir al patíbulo, al cadalso o al linchamiento a quienes todavía pretendan la osadía de razonar y argumentar acerca de las injusticias, ciertamente insoportables, que se nos está haciendo sufrir, en lugar de abandonarse sin más a la demolición purificadora del fuego de la antipolítica y del resentimiento contra esos mismos desafueros que deben ser combatidos con algo más que con injurias, descalificaciones, "¡todos iguales!" o "¡y tú más!"]]>