Purificación Pujol Capilla2013-06-19T02:16:06-04:00Purificación Pujol Capillahttp://www.huffingtonpost.es/author/index.php?author=purificacion-pujol-capillaCopyright 2008, HuffingtonPost.com, Inc.HuffingtonPost Blogger Feed for Purificación Pujol CapillaGood old fashioned elbow grease.Las consecuencias de ser imbécil, deshonesto y además, ocupar un cargo públicotag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.28664842013-03-14T01:00:00-04:002013-05-13T05:12:01-04:00Purificación Pujol Capillahttp://www.huffingtonpost.com/purificacion-pujol-capilla/
En mi libro Un Divorcio Elegante (Grijalbo 2012) explico que no hay nada peor que depender de las decisiones de un imbécil. Así califica el profesor italiano de Economía Carlo María Cipolla a aquellas personas cuyos actos acaban por perjudicarles a ellos mismos y a cuantas personas les rodean. En su tratado sobre la estupidez humana, Cipolla afirma que las personas de este tipo logran la perfección cuando el beneficio que obtienen es insignificante y el perjuicio que causan es irreparable.
Ese pensamiento nos lleva a una reflexión: Estamos dirigidos por algunos servidores públicos que además de ser deshonestos son imbéciles; políticos que han pensado que eran inmunes a los delitos de robo, malversación, prevaricación o tráfico de influencias; que desconocían el significado de la palabra expolio y que aprobaban inversiones arbitrarias e ilógicas, que jamás habrían decidido con su propio dinero.
Y así, la consecuencia de todo ello ha sido que en pleno siglo XXI, en Europa, perteneciendo a un país supuestamente próspero, asistamos boquiabiertos a los suicidios de los desahuciados (que el único mal que han hecho ha sido creer que sus empleos serían eternos); a una cifra escalofriante de paro, a los dramas de familias enteras que ven cómo no pueden hacer frente mes a mes a sus gastos ordinarios y a todo ello debemos añadir el deterioro, por falta de presupuesto en las arcas del Estado, de todas las instituciones que sustentan los pilares de nuestra sociedad: la Justicia, la Educación y la Sanidad.
Cabe preguntarse: ¿Por qué existen esos deshonestos imbéciles en altos cargos? En definitiva, nuestros dirigentes son el reflejo de la sociedad en la que viven y, si subyace en ella un alto índice de inmorales y corruptos, ese mismo porcentaje es el que encontraremos entre nuestros servidores públicos.
¿Qué hacer ante este problema? La clave está en un cambio cultural y, por tanto, en la educación. Nuestro filósofo Séneca ya decía: "Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres". Una sociedad guiada por valores como la honestidad, la ética, el respeto al bien común y con clara conciencia de que hay bienes (materiales e inmateriales) que nos pertenecen a todos, es una sociedad que avanzará hacia el desarrollo y la prosperidad de los habitantes que la forman.
Así lo confirman los estudios de Stephen Knack, prestigioso economista americano que investiga el desarrollo de las sociedades modernas y la gestión del sector público. Su conclusión es que existe una relación causa-efecto entre la moralidad y la economía. Knack vincula la honestidad de los integrantes de una sociedad con el aumento del nivel de ingresos de sus habitantes y prueba que consiguen una renta per capita más alta las sociedades donde no existe corrupción entre sus dirigentes. Es decir, el crecimiento económico es mayor en los países cuyas élites directivas aplican la transparencia y la ética en sus modelos de gestión.
Todos sabemos que el concepto de ética tiene una trascendencia que va más allá del derecho penal. Por supuesto, un servidor público no puede delinquir, ¡como cualquier otro ciudadano, faltaría más! Pero a la persona cuya actividad va dirigida a servir a la sociedad se le debe exigir un plus añadido de moralidad y honestidad, y no solamente en su faceta pública, sino también en el ámbito de su vida privada; pues, en definitiva, existe una absoluta incompatibilidad entre ser honesto y moralmente intachable de día y un sinvergüenza de noche.
No hace falta ser Knack, ni doctor en Economía por la Universidad de Washinghton como Keefer, para entender que los comportamientos éticos tienden a beneficiar tanto a quien los practica como a todas las personas que le rodean. Es el conocido como efecto "onda expansiva".
Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en nuestro ámbito de actuación, tanto público como privado, que consiste en poner coto a los imbéciles deshonestos que están arruinando nuestro país. A la vez, es el momento de defender una ética ejemplarizante en las instituciones y en los cargos públicos, que actúe como onda expansiva, limpie el aire que respiramos y permita que nuestra sociedad recupere la calidad de vida y el liderazgo que nunca debió perder. Nos va en ello el presente y también nuestro futuro.]]>El acceso de los medios a los juicios garantiza los derechos y libertades ciudadanostag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.25325352013-01-25T04:05:22-05:002013-03-26T05:12:01-04:00Purificación Pujol Capillahttp://www.huffingtonpost.com/purificacion-pujol-capilla/
Cuando un proceso tiene interés y los medios no tienen datos de primera mano, realizan su trabajo acudiendo a las partes o a otras fuentes y es muy posible que su información no sea imparcial o que se organicen juicios mediáticos paralelos que no respeten la presunción de inocencia o que causen graves perjuicios a cualquiera de las partes y a los demás intervinientes en el proceso; por eso el Ministerio Fiscal u otros organismos autorizados (Gabinetes de Prensa de las distintas jurisdicciones -Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo...- deben proporcionar datos neutrales y veraces, respetando el sigilo que exijan las leyes y el secreto de las actuaciones cuando así lo haya decidido el juez instructor.
En la vista oral, una vez concluida la fase de instrucción, los medios de comunicación tienen derecho a estar presentes, tal como dicta la Constitución y subraya la jurisprudencia. Además, la sentencia 30/1982, de 1 de junio, añade que deben tener un lugar preferente en la sala.
Debe evitarse, sin embargo, la información privilegiada (la que se da sólo a algunos medios, ignorando al resto), según establecen los principios del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre informaciones en medios de comunicación sobre procedimientos penales. Esta Recomendación, en vigor desde el 2003, declara que el público tiene derecho a recibir información sobre las actividades de las autoridades judiciales. Por tanto, se debe garantizar que los periodistas puedan informar libremente y comentar el funcionamiento del sistema de justicia penal, sometidos solamente a las limitaciones que se mencionan en la propia Recomendación.
La información pública de los procesos es de gran relevancia porque incide en el derecho de expresión y de acceso a lo que sucede en las salas de audiencia, con el avance democrático que eso supone. Por ello debe permitirse a los medios de comunicación escritos y audiovisuales la entrada, pues se trata de un derecho de los ciudadanos expresado en la Constitución.
El mismo Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto y extrae obvias deducciones del principio general antes enunciado:
"La libertad de información permite el ejercicio de otras libertades intelectuales...". "El derecho a la información cumple (..) el presupuesto del funcionamiento limpio de las instituciones democráticas. Por su parte, el aspecto pasivo de la libertad de información, la libertad para recibirla, se constituye en elemento básico para el logro del libre desarrollo de la persona", añadiendo que, sin los principios citados, "no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular".
Entre las características esenciales que definen el juicio se encuentra la publicidad de la audiencia; sin embargo, muchas veces ésta se muestra postergada u olvidada sin argumentos por el juez que preside el acto. No olvidemos que para impedir el acceso a Sala a cualquier medio de comunicación el juez debe dictar un auto fundamentando el motivo de la inadmisión; no basta, pues, la simple negativa del juez para que se pueda celebrar un juicio a puerta cerrada o para evitar la presencia de los medios. Quizá sea innecesario aclarar que cuando se utiliza la expresión "audiencia pública" nos estamos refiriendo no sólo a que la vista oral esté abierta a las personas que deseen estar allí, sino también a todos los altavoces mediáticos, que son la vista y el oído de otros muchos ciudadanos ausentes que tienen derecho a conocer la labor que realiza el tercer poder que los representa y que imparte justicia en su nombre: el Poder Judicial.
Las excepciones y limitaciones del derecho de información escrita o audiovisual están incluidas de forma general en el art. 120.1 CE, especificadas en distintas leyes y plasmadas en la jurisprudencia. Las excepciones son las siguientes: las que puedan dificultar las pruebas o entorpecer el desarrollo del juicio; las que vulneran el secreto del sumario; las que incluyan declaraciones o imágenes de menores; las que puedan violar o dañar el honor, la honra o la dignidad (sobre todo en los delitos sexuales); las que impliquen un peligro para las víctimas (por ejemplo, en la violencia de género) o para los peritos, testigos y policías, e incluso para los imputados; las que afecten al anonimato obligatorio y a la reinserción social; las que contengan imágenes o vídeos posiblemente morbosos o indecorosos (por ejemplo, cuando éstos deban ser exhibidos como prueba); las que se refieren al orden y la seguridad, a las restricciones de espacio u otras circunstancias especiales y también las que puedan causar perjuicio a los individuos que están presentes en la sala por alguna causa concreta y extraordinaria.
En fin, para exponer la conclusión hemos de remitirnos a la Constitución y a la abundante jurisprudencia aportada, donde queda meridianamente claro que prima el derecho a la información escrito o audiovisual en las salas de audiencia, y que ello no es obstáculo para impartir justicia, pues las limitaciones -incluso interpretadas "restrictivamente"- son suficientes y garantizan la correcta realización del juicio, cuya "finalidad esencial es... el hallazgo de la verdad", efectivamente.
Pero más allá de los límites que marca la Constitución, también los jueces nos encontramos hoy en día en una encrucijada y ante un cambio de modelo que piden los ciudadanos. Las constantes peticiones de transparencia, en muy distintos ámbitos, requieren una respuesta firme y contundente. En una situación tan compleja como la que vivimos es necesario que el poder judicial abra sus puertas a luz y taquígrafos, para dar ejemplo, y para revitalizar la confianza de los ciudadanos en valores democráticos esenciales, como la igualdad de todos ante la Ley. Ya no se trata sólo de derechos constitucionales, sino también de referentes éticos y morales, es decir, de demostrar que en los tribunales españoles cada día se aplican los principios fundamentales de equidad y de Justicia. El poder judicial es uno de los tres pilares básicos de nuestra Democracia.]]>Las graves consecuencias de eliminar a los jueces sustitutostag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.23952702013-01-03T01:00:00-05:002013-03-04T05:12:01-05:00Purificación Pujol Capillahttp://www.huffingtonpost.com/purificacion-pujol-capilla/
Un ejemplo práctico de los efectos de esta reforma lo encontramos en Aragón, donde una veintena de jueces sustitutos dejarán de prestar sus servicios. Allí, ya han advertido de que la mayoría de los juzgados van a sufrir graves atascos e incluso algunos pueden llegar a la paralización. Es lógico sospechar que lo mismo puede ocurrir en otros juzgados del país, Barcelona, Madrid o Canarias, lugar éste último donde sus justiciables sufren desde hace años la falta de estabilización de jueces en las islas.
Sin embargo, parece que el ministro de Justicia solamente ha tenido en cuenta otro dato que para él resulta más relevante: la eliminación de 1.200 jueces sustitutos y magistrados suplentes supone recortar 20 millones de euros del presupuesto del Ministerio.
¿Cómo se va a compatibilizar el recorte en el gasto del Ministerio con el mantenimiento de un servicio esencial, como es la administración de Justicia, que ya de por sí se encuentra al límite de su capacidad? Una de las opciones propuestas por el ministro es la siguiente: las vacantes pasarán a ser ocupadas de manera eventual por jueces con plaza que harán el esfuerzo de compaginar su carga de trabajo con la de un juzgado extra.
De hecho, una de las primeras consecuencias de esta reforma es que el propio Ministerio ofrece a los jueces de lo Social un sobresueldo de 1.200 euros para que asuman la mitad de los asuntos de otro juzgado que requiera apoyo.
La mayoría de los jueces ya han reiterado, a través de sus asociaciones, que consideran inviable ese modelo, ante la dificultad de que un único juez dirija dos sedes judiciales. Cabe preguntarse si el ministro desconoce que la mayor parte de los juzgados de España soportan una excesiva sobrecarga de trabajo. Además, existe otro motivo por el que esta propuesta parece condenada al fracaso: la mayoría de los jueces definen como absolutamente insuficiente la oferta económica planteada por Ruiz Gallardón para compensar dignamente el esfuerzo a realizar.
Resulta evidente la merma en la calidad del servicio que puede dar un magistrado que atiende dos juzgados a la vez, habida cuenta de que, por regla general, la mayoría de jueces dedican más de ocho horas diarias -incluidos los fines de semana- a resolver los asuntos que tienen en sus juzgados. Y nunca hay que olvidar que las resoluciones judiciales afectan a la vida de las personas. Por lo tanto, pretender crear un sistema de justicia express o de sentencias a destajo, no parece el camino más adecuado para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Además, a día de hoy parece un contrasentido pretender "profesionalizar la Justicia" y adoptar como primera medida el despido de 1.200 jueces sustitutos y magistrados suplentes que, si bien no son de "carrera", son tan profesionales como lo pueden ser los titulares.
Pero el hecho es que los Presupuestos Generales del Estado contemplan una cantidad mínima para pagar nóminas de jueces sustitutos en 2013. De ahí que surja la duda: ¿Cómo se van a cubrir las bajas por enfermedad o las excedencias? La conclusión inevitable serán las suspensiones de señalamientos, cuando no el deficitario desempeño de funciones.
La reforma también contempla cubrir las vacantes con jueces que acaban de superar la oposición, alumnos de la Escuela Judicial, más conocidos en la prensa como "jueces en prácticas", lo que a todas luces puede ocasionar una merma en la calidad de la administración de Justicia. Los llamados "jueces en prácticas" (que aún no han jurado su cargo y por tanto "no son jueces" y sus resoluciones nacen nulas) van a sustituir a profesionales que llevaban años ejerciendo sus funciones, después de someterse a concursos de méritos y pruebas de idoneidad, y que a menudo acumulan en su extenso curriculum experiencia como doctores, docentes universitarios y un acreditado prestigio en ámbitos juridicos distintos de la carrera judicial.
Por todo ello podemos afirmar que el supuesto ahorro de costes propiciado por el Ministerio va a ocasionar una brecha letal en la eficiencia del sistema. ¿Cree de verdad el señor Ministro que se va a mantener la calidad en la administración de Justicia?
Aunque se acuse a los jueces de querer defender intereses corporativos, el análisis de la realidad demuestra lo contrario: quienes verdaderamente van a sufrir las consecuencias de esta reforma no son los jueces sustitutos, aunque también. Los grandes perjudicados van a ser los ciudadanos que se vean obligados a acudir a los tribunales. En este punto resulta ineludible recordar que la nueva imposición de tasas trata de disuadir al ciudadano de que acuda a ejercitar su derecho fundamental. Quizá la nueva política del Ministerio se asienta sobre el principio de que, si evitamos que se pida "justicia", nos ahorramos también que existan ciudadanos que se quejen de que ésta llegue "tarde y mal".
En definitiva, nos encontramos ante una perversión del espíritu de la Constitución, ya que esta reforma dificulta el recurso a la defensa y provocará una mayor dilación en la resolución de los asuntos, lo que supone un claro perjuicio a los derechos fundamentales de los ciudadanos y una clara vulneración de la "Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia", que es de obligado cumplimiento en nuestro país.
Además, los jueces sustitutos, durante muchos años, han realizado una labor fundamental ofreciendo un servicio de calidad, que a menudo ha sido injustamente compensado con retraso de meses en el pago de las nóminas y con la temporalidad de los contratos, hasta llegar a la medida más reciente: el despido.
La conclusión es que 1.200 jueces pasan a engrosar las listas del paro, en un país donde los tribunales están colapsados. De hecho, el número de jueces por habitante en España se sitúa al mismo nivel de Turquía.
Si rectificar es de sabios, el ministro de Justicia tiene aún la oportunidad de corregir su error. Es una pena que se dilapide el capital humano que suponen los 1.200 jueces sustitutos y que no se haga uso de su dilatada experiencia y preparación en beneficio de todos los ciudadanos y de las distintas escalas y cuerpos de la Administración de Justicia.
Una reforma nace coja cuando 18 organizaciones de jueces, fiscales, abogados, funcionarios, ciudadanos y consumidores se han manifestado contra ella. Por eso, tal vez sea hora de plantear que, en vez de recortar jueces, lo que de verdad necesita este país es reforzar los órganos judiciales y aumentar la ratio de magistrados por habitante, sin olvidar la equiparación de los derechos laborales de este colectivo. A día de hoy parece un contrasentido pretender "profesionalizar la Justicia" y adoptar como primera medida el despido de 1.200 jueces sustitutos y magistrados suplentes.
Esperamos que el ministro de Justicia se avenga al diálogo y ofrezca a las asociaciones un canal de negociación que ponga en valor experiencia, mérito y capacidad, en un país que necesita soluciones de futuro.
(Purificación Pujol Capilla es portavoz de la Asociación de Jueces Concepción Arenal, AJCA)]]>Solicitors y barristerstag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.18898982012-10-05T04:10:10-04:002012-12-04T05:12:01-05:00Purificación Pujol Capillahttp://www.huffingtonpost.com/purificacion-pujol-capilla/solicitor, el letrado que asesora a su cliente en todo tipo de asuntos extrajudiciales, pero que nunca acude a la Corte, y el barrister, abogado específico que defiende los intereses de su cliente ante los tribunales y que tiene unos amplios conocimientos jurisprudenciales que va a relacionar con el caso concreto que se le encomiende. Esa distinción, desconocida en España, me parece fundamental pues es bastante evidente que la preparación e instrucción que se le debe dar a uno u otro abogado no puede ser la misma y sin embargo, en nuestro país resulta "idéntica".
Si profundizamos en el análisis del sistema inglés nos daremos cuenta de que no fue hasta el año 1990 cuando a los solicitors se les permitió actuar ante los Tribunales de justicia, y fue solo a partir de esa fecha cuando se les autorizó a actuar si acreditaban previamente a la primera intervención su formación como solicitor-advocate sin cuyo requisito no se les permitía pisar la Corte. A partir de 1999 los solicitors que deseen intervenir ante un tribunal de justicia deben cumplir dos requisitos previos a su actuación: 1) realizar un curso especifico de formación para actuar en las salas de audiencia y 2) el sometimiento a las normas reguladoras existentes para el ejercicio de la profesión como barrister.
Actualmente, en Inglaterra y Gales, para poder acceder al título de barrister es necesario cumplir con una serie de requisitos, entre otros, realizar un curso de un año de duración llamado Bar Vocational Course y posteriormente otros dos años de prácticas. En consecuencia, serán necesarios unos estudios "prácticos" de tres años para poder actuar por primera vez ante una Sala de Audiencia. Además, al barrister se le exige una especial "lealtad", al juzgado en el que está actuando, que le obliga a poner en conocimiento de los jueces que van a resolver su procedimiento no solo aquella jurisprudencia que favorece los intereses de su cliente sino también aquella otra que pudiera perjudicarle.
Si comparamos el sistema que acabamos de examinar con el existente en España (por lo menos hasta este año) observamos que son diametralmente opuestos. Unos estudios y prácticas de tres años se equiparan al alta en cualquier colegio de abogados con el único requisito de ser "licenciado en derecho". Terminas la carrera, te das de alta en un colegio de abogados y a la semana siguiente ¡a defender los intereses de tu cliente ante un Tribunal!
La actuación de un abogado en Sala tal vez sea la tarea más complicada y compleja que este profesional del derecho lleva a cabo. Sus acciones se suceden con tanta rapidez que difícilmente puede tener tiempo para meditar o reflexionar entre un proceder y el siguiente. Por ese motivo, siempre me ha llamado la atención que en la universidad no se enseñara, específicamente, a los futuros abogados a intervenir oralmente en Sala. Asimismo, tampoco en las facultades de Derecho se dan clases de oratoria procesal, por lo que el abogado va a tener sus primeras experiencias con "actuaciones reales", cuando está compareciendo en un juzgado y poniendo en juego los intereses de su cliente y eso tiene sus riesgos, pues a todos nos han enseñado que los experimentos conviene hacerlos "con gaseosa". La sala de justicia es un lugar en el que hay que andar muy rápido de reflejos y donde tenemos que expresarnos de forma oportuna, clara y breve. En realidad, es el escenario de una lucha sin cuartel en la que las batallas se suceden de manera educada y ordenada pero inexorable y rápida, y allí sí que una batalla perdida por no cubrir un flanco que la ley contempla puede llevarnos a perder la guerra.
Todas esas circunstancias y carencias que he descrito con anterioridad me han llevado a elaborar y publicar un manual específico que marca exactamente los pasos y los tiempos que esas actuaciones judiciales exigen (Manual de Actuaciones en Sala. Técnicas prácticas del proceso civil. Editorial La Ley, julio de 2012). Con este manual he pretendido realizar un libro que pueda servir de base a los "barristers españoles".
]]>La crisis y las rupturas matrimonialestag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.18931912012-09-21T04:03:43-04:002012-11-20T05:12:01-05:00Purificación Pujol Capillahttp://www.huffingtonpost.com/purificacion-pujol-capilla/se publicó la estadística del año 2011 respecto a las rupturas matrimoniales. En el año 2010 las separaciones se cifraron en 7.248 bajando en el 2011 a 6.915. Los divorcios fueron 102.933 en el 2010 frente a los 103.604 que se cuantificaron en 2011. La suma de separaciones y divorcios es prácticamente la misma entre un año y otro. Estas cifras indican que no existe un descenso de las rupturas matrimoniales pero sí una diferencia entre el número de separaciones, a la baja, y el número de divorcios, al alza.
Esta diferenciación entre separaciones y divorcios tiene, claramente, una parte de su explicación en la entrada en vigor de la nueva ley que hace innecesaria la previa separación antes de solicitar el divorcio; por tanto cada vez son más los que instan directamente el divorcio sin contabilizarse antes como separación.
Sin embargo, el estancamiento en el crecimiento estadístico no aporta datos relevantes para apoyar una afirmación que, sin embargo, creo real: "La crisis ha provocado que un número menor de parejas decidan dejar de compartir la vivienda". Esta afirmación es solo una hipótesis pero, sin embargo, la experiencia de los profesionales ocupados en estos procedimientos y el sentido común permiten pensar que, efectivamente, los problemas económicos dificultan la formalización de las rupturas matrimoniales.
Porque, seamos realistas, para romper un matrimonio se necesita de cierta holgura económica o ser ayudado por familiares que acojan al cónyuge que se ve sin posibilidad de vivir independiente. En mi opinión existe en la actualidad un número considerable de parejas que, de forma civilizada y consensuada, deciden interrumpir su relación afectiva pero continúan compartiendo vivienda y los gastos relacionados con ella. Estos gastos, hipoteca o alquiler, comunidad, agua, gas, luz, teléfono... cuando entran dos sueldos en casa son llevaderos, pero cuando los dos sueldos se reducen a uno o a ninguno como consecuencia de los efectos en el empleo de la crisis en la que vivimos, hace impensable la posibilidad de duplicarlos, consecuencia lógica de toda separación.
Y ello conlleva también dificultades añadidas a las emocionales de toda ruptura pues se precisa incrementar el temple y disminuir los caracteres irascibles para soportar lo que es ya una convivencia deteriorada.
Según la estadística analizada la edad media en que los hombres y mujeres se separaron fue de 42 años ella y 44 él. Estas cifras siguen la misma línea de la estadística del año anterior. Si a ello añadimos el dato de la duración media de los matrimonios, 15 años, deducimos que el hombre contrae matrimonio alrededor de los 30 años y la mujer de los 28. Estos datos son coherentes con la edad de emancipación que se sitúa alrededor de los 30 y que también traduce efectos evidentes de la crisis, en especial en el desempleo de los jóvenes por debajo de la treintena.
Además del retraso en la emancipación de los jóvenes, factores sociológicos adicionales permiten deducir que el no incremento de las rupturas matrimoniales es también consecuencia de la falta de formalización legal de las parejas como matrimonio, o bien su formalización a edades más avanzadas, lo que conlleva una mayor madurez y en consecuencia un incremento de estabilidad.
Un dato optimista es que las "rupturas consensuadas" aumentaron ligeramente, llegando al 70% de las mismas y ello es una satisfacción porque hay un dato trágico que acompaña a algunas rupturas no consensuadas: en todas las muertes de hijos causadas por su padre este se encontraba en un proceso de separación contencioso y violento (estuviese o no en el juzgado). No conozco ni un solo caso de muerte de un hijo en manos de su padre en que los progenitores no se encontraran en pleno proceso de separación y este no fuera conflictivo. Por ese motivo los "mutuos acuerdos" deben ser celebrados y bienvenidos siempre.
Son muchos los intereses en juego en una separación: casa, niños, patrimonio, pensiones... Esta última consecuencia es una de las que más conflictos acarrea, ya sea alimenticia o compensatoria, elevándose a un 12% las rupturas que conllevaron al abono de una pensión compensatoria, abonada 9 de cada 10 casos por el esposo siendo la esposa la beneficiaria de dicha pensión, lo que también permite pensar en los efectos de la crisis en el retraso (o renuncia obligada) de la incorporación al trabajo de la mujer o la más numerosa proporción de esta en los procesos de desempleo.
Como dato curioso en cuanto a la estadística referida a las comunidades autónomas observamos que Canarias es la que ostenta la tasa más alta y Extremadura la más baja; todas ellas oscilan entre un 1,70 a 2,86 disoluciones por cada mil habitantes. Si se analizan estas cifras en abstracto obtenemos el dato objetivo de una tasa casi doble de rupturas entre la más baja y la más alta. ¿A qué podemos achacar que un extremeño tenga el doble de posibilidades de mantener su matrimonio que un canario? Complicada respuesta en la que habría que analizar factores sociales y culturales que nos exigiría, cuanto menos, otro artículo completo.]]>Los cinco errores que un ex no debe cometertag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.15895592012-06-13T04:50:19-04:002012-08-12T05:12:06-04:00Purificación Pujol Capillahttp://www.huffingtonpost.com/purificacion-pujol-capilla/
Por ello no está de más que repasemos algunos consejos para que, fijado e inexorable el fracaso de la convivencia, no se inicie un nuevo fracaso, una nueva guerra de despechos y culpabilizaciones. Analicemos cinco de los errores que nunca se deben cometer:
1. No separarse a tiempo
Hay que intentar, por todos los medios, llegar a la separación sin que la relación se haya deteriorado; así todo será mucho más fácil. Recordar que hay tres fronteras que no debemos traspasar; antes se debe decidir coger cada uno su camino: la falta de respeto, la humillación a tu pareja y la violencia, ya sea verbal o física (esta última, en ocasiones, hasta menos dolorosa que la verbal). Son límites que si se transgreden convertirán tu separación en un infierno pues se habrán sembrado unas malas semillas que, sin duda, germinarán.
Finalizar una relación no significa destrozar a la persona que fue tu pareja, triturarla y hacerla añicos, si te es posible. Alegrarte de sus desgracias, de sus enfermedades, intentar hacerle daño. No. Eso no es terminar con una relación, eso es volcar en otro (y le ha tocado a tu expareja) toda la maldad y odio que has ido acumulando a lo largo de tu "amargada vida".
2. Si hay hijos: hablarles mal del otro progenitor
Es deseable que ambos padres mantengan fuertes vínculos con los hijos, y ello aunque el resentimiento entre la pareja sea muy grande. Es fundamental tener claro que los padres dejan de ser cónyuges, pero nunca padres. En las parejas en que prevalece el amor a los hijos sobre los rencores personales se logra una relación parental de la que el hijo se beneficia. Y es ese, el bien de los hijos, el principal valor que debería predominar en las relaciones con el otro progenitor.
Se debería ser consciente de lo perjudicial que es, para el que lo practica, la descalificación del otro progenitor ante los hijos. Ese suele ser uno de los errores más frecuentes y el que más fácil sería de evitar (a poco que actuemos con sentido común y un mínimo de inteligencia emocional) y, además, ese tipo de actuaciones son las que más trastornos y aflicciones ocasionan en los hijos.
3. Hacer comentarios despectivos de tu ex
Si te pasas el día hablando mal de tu ex vas a provocarte un fuerte desgaste emocional, pues no tiene otra consecuencia alimentar continuamente el odio hacia tu expareja. Además, eso va a impedir que puedas rehacer tu vida. El "odiador" tiene siempre en su cabeza a esa otra persona y, generalmente, su ex ni se entera. No es solo una actitud autodegradante sino, sobre todo, inútil. Sería deseable actuar de un modo más inteligente y no cometer acciones que solo causan perjuicios gratuitos a aquel que las realiza.
4. Que tu separación sea "monotema con los amigos"
Todos conocemos a algún amigo recientemente (o no tan reciente) separado que no tiene otro tema de conversación que lo malvado/a que es su ex. ¡Qué pesadez! Es un buen momento para hacer el sano ejercicio de ponerse en el lugar de los demás: puedes imaginar a "el amigo" hablando con nosotros siempre de su ex. ¿A qué sería insufrible? Pues eso. Tenlo claro: no debemos abusar de nuestros amigos ni utilizarles como emisarios de noticias envenenadas.
5. No llegar a un acuerdo con el otro progenitor respecto a la educación de los hijos
Las causas de la ruptura de una relación de pareja son incontables pero existen algunos factores comunes y uno de ellos es que siempre quienes se separan son dos. Es cierto que con ellos arrastran, en mayor o menor medida, a familiares y amigos, pero el conflicto fundamental se desencadena entre dos personas. En cualquier caso, es fundamental para el equilibrio emocional futuro, no hacer partícipe de los conflictos a los hijos. Fundamental. Si tenemos hijos y estos están en la edad de seguir educándose, entre los padres debe haber una actitud de cooperación y no de competencia, pues de otro modo solo conseguirán perjudicar a su propio hijo y generar rechazo a ellos mismos. Todos los psicólogos coinciden en que los hijos que no tengan una infancia y adolescencia sana podrán tener problemas en la edad adulta y ello repercutirá en la buena relación con sus progenitores.
Seamos inteligentes y, si por condición natural ello no es posible, practiquemos el egoísmo. En cualquier caso, intentemos con nuestras actuaciones no formar parte del número de individuos estúpidos que circulan por el mundo.]]>
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