2013-05-22T23:40:47-04:00 Sara Baliña http://www.huffingtonpost.es/author/index.php?author=sara-balina Copyright 2008, HuffingtonPost.com, Inc. HuffingtonPost Blogger Feed for Sara Baliña Good old fashioned elbow grease. tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.3156075 2013-04-26T02:02:59-04:00 2013-04-26T04:31:22-04:00

Sara Baliña http://www.huffingtonpost.com/sara-balina/ Los mercados financieros y los datos económicos llevan semanas hablando distintos idiomas. Los primeros han encontrado en el estímulo monetario de los bancos centrales el salvavidas que necesitaban para alargar la tregua a la deuda pública de la periferia del euro: España está pagando por su deuda a 10 años solo un 3% más que Alemania al mismo plazo; hace apenas seis meses, este diferencial superaba el 5%. Los segundos siguen recordándonos que todavía es pronto para pensar que la estabilización del empleo y el gasto interno van a producirse antes de que termine el año.

Podemos convenir que la normalización de la financiación es el primer eslabón de la cadena de condiciones que frena la mortalidad empresarial y la pérdida de ocupados. Pero cuando después de cinco años consecutivos de destrucción de empleo, la Encuesta de Población Activa confirma que, en el primer trimestre de 2013, España ha vuelto a perder 320.000 ocupados (y ya van 3,9 millones), como si no existiese un suelo al deterioro laboral, la atención debe dirigirse al perfil de los nuevos parados y al comportamiento de aquellos que, habiendo perdido su trabajo entre 2008 y 2010, siguen desempleados dos años después.




La radiografía de las personas que han perdido su empleo en los primeros meses de 2013 es similar a la que presentaban las que lo hicieron en 2012, otorgándole a esta nueva fase recesiva del mercado laboral una idiosincrasia muy distinta a la de los primeros años de crisis. Ahora son los trabajadores nacionales, tanto varones como mujeres, con edades comprendidas entre los 25 y 45 años, y ocupados en la industria y los servicios más ligados al sector público y a las actividades profesionales, los que más están sufriendo el ajuste de plantillas.

Este perfil nos ayuda a entender por qué, a diferencia del período 2008-10, los despidos también afectan a trabajadores con educación superior y contratos indefinidos. De los 322.000 ocupados que se perdieron en el primer trimestre de 2013, 205.000 eran trabajadores nacionales (115.000 hombres y 90.000 mujeres), más de un 60% tenía entre 25 y 35 años y casi 94.000 contaban con formación universitaria. La Administración Pública y, en concreto, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, continúan destruyendo empleo, ya no solo temporal sino también indefinido. Desde mediados de 2011, el empleo público se ha reducido un 10% (casi 400.000 personas) y va camino de seguir haciéndolo: la flexibilización de los objetivos de déficit público por parte de Bruselas no exime a España de continuar recortando su gasto público.

El motivo por el que la caída de la ocupación no se está traduciendo en un aumento de igual magnitud de la población parada (en marzo se han superado los 6 millones de desempleados) reside en que, cada vez con mayor intensidad, el desánimo se está generalizando entre los parados de larga duración y los jóvenes (estos últimos soportan tasas de paro superiores al 40%). El hecho de que dejen de buscar empleo ante las dificultades de encontrarlo reduce la población activa y contiene el repunte de la tasa de paro.




Pero no nos engañemos: detrás de la pérdida de activos (más de 200.000 en el último año) está la ausencia de expectativas de generación de empleo a corto plazo. La búsqueda de oportunidades laborales en otro país es una opción para muchos parados extranjeros que deciden volver a su país y para algunos nacionales que, por su cualificación o profesión, tienen más posibilidades de reinserción laboral en países que demandan perfiles profesionales muy específicos. Sin embargo, la magnitud de la caída de la población activa en los últimos trimestres sugiere que el efecto desánimo entre los parados nacionales que continúan en España y las prejubilaciones son factores tanto o más importantes que la salida de población del país.

Un año más de destrucción de empleo al ritmo que estamos observando supone incrementar, y mucho, la exclusión laboral de una parte importante de la población parada y acentuar la vulnerabilidad social de hogares que apenas cuentan con fuentes de ingresos. Sabíamos que 2013 iba a ser un año difícil pero hay que evitar que se convierta en un año perdido. Seis años de destrucción de empleo terminan por generar secuelas sociales difíciles de reparar.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.2930911 2013-03-25T01:00:00-04:00 2013-03-25T03:09:54-04:00

Sara Baliña http://www.huffingtonpost.com/sara-balina/
En primer lugar, ¿qué es el déficit comercial?

Los intercambios de bienes de un país con el resto del mundo aparecen recogidos en su balanza comercial o de bienes. Las ventas de bienes (automóviles, alimentos, maquinaria, material de transporte, etc.) que realice al exterior, denominadas exportaciones, constituyen un ingreso para el país y las compras al resto del mundo (importaciones), un pago. La diferencia entre el flujo de ingresos y pagos es el saldo de la balanza comercial: si los ingresos son inferiores a los pagos dicho país presenta déficit comercial, en caso contrario, habría superávit comercial.

España se ha caracterizado por presentar déficit comerciales abultados durante las últimas dos décadas, alcanzando el máximo en 2008, al superar los 90.000 millones de euros (un 10,5% del PIB). El motivo es doble: por una parte, el volumen de importaciones ha superado sistemáticamente al de exportaciones (por ejemplo, entre 2000 y 2007, España ha exportado bienes por un importe medio de 146.000 millones de euros anuales mientras que ha realizado importaciones por 199.000 millones); por otra parte, el crecimiento de las importaciones ha sido mayor, coincidiendo con unos años de elevado dinamismo del gasto interno. Y es que frente a un crecimiento medio de las exportaciones en la fase de expansión del 4,7%, las importaciones avanzaron un 7,1%.

La crisis ha alterado como nunca antes la dinámica comercial de España con el resto del mundo. ¿Qué factores explican el fuerte ajuste del déficit comercial desde 2008? Son también dos: el primero reside en la elevada debilidad de las importaciones de bienes. Con el consumo de las familias y la inversión (pública y privada) muy deprimidos, España ha restringido sus compras del exterior, prescindiendo de bienes ahora no necesarios o sustituyéndolos por bienes de producción nacional. El segundo factor explicativo es el buen comportamiento de las exportaciones desde 2009, pese a que el Área euro, principal socio comercial de España, se ha mantenido desde entonces prácticamente en recesión.


Déficit comercial de España (millones de euros). Fuente: Afi, Banco de España.


En lo que respecta al sector exportador, España se ha beneficiado de la diversificación geográfica lograda en la última década. A principios de los años 2000, el Área euro concentraba el 60% de las exportaciones de bienes españolas; en 2012, el Área euro suponía algo menos de un 50% del total, ganando peso áreas emergentes como Europa del Este, Latinoamérica o los países del Magreb, con un crecimiento de su demanda mucho más favorable.

La diversidad de productos exportados también ha desempeñado un papel clave en el avance de las exportaciones: el 15% de las mismas son alimentos, un 20% automóviles, un 22% bienes de capital (material de transporte, maquinaria, aparatos eléctricos, etc.) y algo más de un 20% bienes intermedios (metales, productos químicos, etc.).

Además, también hay que tener en cuenta las ganancias de competitividad generadas desde 2010: la corrección de costes de producción y precios internos se ha traducido en menores precios de venta de los productos exportados frente a los países competidores.

Por último, ¿qué supone que España cuente ahora con un déficit comercial que no llega al 2,5% del PIB? Es el reflejo de la magnitud del ajuste acumulado por el gasto interno en el período de crisis. Un dato relevante: si excluimos el componente de energía tanto de los bienes exportados como de los importados, España habría tenido superávit comercial en 2012, por primera vez desde finales de los años ochenta. La reducción del déficit de bienes ha contribuido, y mucho, a la contención de las necesidades de financiación exterior de España, es decir, al ahorro que el resto del mundo le tiene que prestar para poder financiar su gasto interno. De hecho, con los ingresos del turismo extranjero, España podría haber cubierto el déficit comercial del año pasado.


Déficit comercial de España (% del PIB). Contribución del saldo energético y no energético. Fuente: Afi, Banco de España y Ministerio de Economía.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.2905730 2013-03-19T05:17:38-04:00 2013-05-19T05:12:01-04:00

Sara Baliña http://www.huffingtonpost.com/sara-balina/
Hasta el momento, y como vía para aliviar la carga que supone para un país rescatar a sus bancos, la asunción de pérdidas en los procesos de reestructuración bancaria se había restringido a los accionistas y acreedores con mayor riesgo. El rescate de Chipre ha roto en buena medida con este esquema, no solo por establecer pérdidas a los depositantes y vulnerar así la garantía que a finales de 2008 se había fijado para los depósitos inferiores a 100.000 euros en el Área euro, sino también por dejar indemne a una porción significativa de tenedores de deuda bancaria. En esencia, el guion del rescate supone alterar el orden de prelación de los acreedores.

Aunque se acuerde una mayor discriminación en los impuestos aplicados a los depósitos en función de su volumen (aquellos superiores a 100.000 euros soportarían una tasa sustancialmente más elevada que los inferiores a esta cuantía), la pregunta que emerge es: ¿se ha abierto la veda para que en futuros rescates los depositantes contribuyan con su ahorro a sanear la posición financiera de la banca?

Pese a que el programa de asistencia oficial a Chipre ha apostado por esta vía, reduciendo la factura para el sector público y entrando así en un terreno inexplorado y potencialmente peligroso, parece que la respuesta es negativa. A diferencia de otros sistemas bancarios, el de Chipre cuenta con características muy peculiares que no se reproducen ni en España ni en las principales economías de nuestro entorno. Una circunstancia que, como veremos, ayuda a entender la propuesta de participación de los depositantes en el rescate bancario.

De esas particularidades, tal vez la más relevante sea la relacionada con el tamaño de la banca. Los depósitos bancarios totales de Chipre ascienden a 72.000 millones de euros, casi un 400% del PIB. En España, este porcentaje cae ligeramente por debajo del 100% cuando se tienen en cuenta los depósitos de hogares y empresas. Además, aproximadamente la tercera parte de los depósitos chipriotas proceden de inversores no residentes, en su mayoría de nacionalidad rusa, atraídos por su mayor remuneración (en media, desde 2009, los depósitos de Chipre pagan un tipo de interés superior en un 2% a los españoles) y/o vinculados a operaciones de "blanqueo" de capitales.

Con una base de depósitos tan elevada en relación al tamaño de la economía, se entiende el incentivo con el que se han encontrado las autoridades a la hora de proponer la aplicación de una tasa sobre los depósitos bancarios. Sobre todo, cuando otras alternativas no resultan lo suficientemente convincentes como para que la Troika las considere factibles. Por ejemplo, si se decidiera cubrir todo el coste del saneamiento bancario incrementando la deuda pública y sin exigir sacrificios a los depositantes, la ratio de deuda pública sobre PIB de Chipre podría pasar del 90% del PIB a niveles del 150%. Dentro del Área euro, solo Grecia se aproxima a estas cotas.

Estos factores diferenciales de Chipre deberían servir como elementos mitigantes de un posible contagio a otros países, como es el caso de España, en el que las características y la situación de su sistema bancario son bien diferentes. En cualquier caso, la gestión del "caso Chipre" durante los próximos días va a ser crucial de cara a contener un posible incremento de la percepción de riesgo sistémico en el conjunto del Área euro. Sería importante asistir a una respuesta contundente desde el frente institucional europeo que incida en las especificidades de Chipre y minimice las posibilidades de que esta gestión del rescate se haga extensiva a otros países. El intento por reducir el coste que tengan que asumir los pequeños ahorradores es un paso en esa dirección.

A corto plazo, el principal foco de riesgo lo situamos en el Parlamento chipriota, que pronto debe decidir sobre la adopción de la tasa bancaria sobre los depósitos. Una eventual negativa que no venga acompañada de un plan alternativo podría derivar en un período de mayor inestabilidad, en el que el bloqueo de financiación del BCE a la banca y la posibilidad de que ésta no pueda afrontar las peticiones de retirada de depósitos prolonguen el "corralito" impuesto el pasado fin de semana más allá del próximo jueves.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.2479946 2013-01-16T01:00:00-05:00 2013-03-17T05:12:01-04:00

Sara Baliña http://www.huffingtonpost.com/sara-balina/ muy por debajo de los niveles observados a lo largo de la última década. Sin ir más lejos: en 2011, esta tasa cerró en el 11% y en 2009, cuando la crisis empezaba a mostrar su cara más amarga, rozó el 18%.

¿Qué ha pasado en este tiempo para que la situación de los hogares haya cambiado tanto? Una merma sin precedentes y casi generalizada de las principales fuentes de ingresos. Es cierto que fue en 2009 cuando se produjo la mayor destrucción de empleo de lo que llevamos de crisis y el desplome más acusado de la confianza de los consumidores: la incertidumbre sobre lo que les podía deparar el futuro inmediato era máxima. Pero por aquel entonces todavía había 17,8 millones de afiliados a la Seguridad Social, no se hablaba abiertamente de moderación salarial (los costes salariales por trabajador crecían un 3% anual) y no se cuestionaba el sistema vigente de prestaciones sociales.

La renta de los hogares moderó su crecimiento, como es lógico, pero hubo que esperar hasta mediados de 2010 para ver las primeras correcciones, a medida que el deterioro laboral ganaba dimensión y se daba el pistoletazo de salida a la carrera por la austeridad fiscal. Con tasas de inflación aproximándose al 3%, la pérdida de poder adquisitivo estaba asegurada. El "efecto precaución" se impuso en las decisiones de gasto de aquellos hogares que todavía veían la crisis de reojo. En los que la falta de empleo empezaba a hacer mella, el reajuste de la cesta de gasto fue casi inmediato. Solo con una caída agregada del consumo del 4% en 2009, que en el caso del gasto en hoteles y restaurantes, menaje del hogar o bebidas alcohólicas fue del doble, se puede explicar el repunte de la tasa de ahorro hasta cotas del 18% de la renta.

Desde entonces, las cosas han cambiado y mucho. Lo que parecía ser una crisis inmobiliaria que nos haría pasar dos años malos, se ha convertido en una crisis que dura ya cinco (y todavía no ha terminado) y que ha dejado por el camino más de 3 millones de empleos. El 2012 finalizó con 16,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, casi seguro con más de 6 millones de parados (nos lo confirmará la EPA en breve) y una cobertura del sistema de protección por desempleo que ya empieza a resentirse. De los casi 5 millones de parados registrados en el INEM, dos millones no reciben ningún tipo de prestación por desempleo y de los que la reciben, casi un 54% cobra prestación asistencial. Los costes salariales encadenan ya dos trimestres consecutivos estancados y, se deba o no a la reforma laboral, lo más probable es que la senda reciente de moderación tenga continuidad durante 2013.

Solo con este balance podríamos entender por qué los hogares están acelerando el recurso al ahorro en los últimos meses para mantener su gasto básico en consumo. Si, además, añadimos las subidas de impuestos (directos e indirectos), la supresión de la paga extra a los funcionarios, la no compensación a los pensionistas por la desviación de la inflación, el copago farmacéutico o el encarecimiento de bienes y servicios básicos (desde la electricidad, a las tasas universitarias pasando por los alimentos frescos), nos damos cuenta que la situación actual de los hogares en poco se parece a la de hace apenas dos años.

Las cifras lo confirman. La renta percibida por el conjunto de hogares hasta septiembre de 2012 ha sido inferior en 11.500 millones a la que tuvieron en el mismo período de 2011. Las rentas del trabajo han registrado una cesión de 16.100 millones, compensada, solo parcialmente, por el aumento (todavía) de las prestaciones sociales y la caída de las cotizaciones sociales. Los pagos por impuestos sobre la renta, tras la subida del IRPF de principios de 2012, se han incrementado en casi 1.400 millones.

Más allá de la lectura de las cifras agregadas, detrás de ese 8,8% de tasa de ahorro están los hogares que, por uno u otro motivo, han logrado sortear mejor la crisis y mantienen ingresos salariales aceptables. Otros muchos no están en condiciones de generar nuevo ahorro, por mucho que racionalicen y abaraten su cesta de gasto.

Por eso, más que nunca, toca fijarnos en la letra pequeña de los datos económicos. Puede que el 2013 sea en términos de crecimiento algo mejor de lo que creíamos hace unos meses. Pero no nos engañemos: mientras que pensemos que se pueden destruir otros 400.000 empleos y que el consumo de las familias puede caer otro 3% en un año, la economía española estará dibujando un encefalograma plano.

]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.2196883 2012-11-28T04:18:02-05:00 2013-01-27T05:12:01-05:00

Sara Baliña http://www.huffingtonpost.com/sara-balina/
En primer lugar, ¿qué son los estabilizadores automáticos?

Los estabilizadores automáticos son aquellas partidas de los presupuestos públicos que, tanto por la vía de los ingresos como de los gastos, se ven alteradas como consecuencia de los cambios en el nivel de actividad económica, sin que los Gobiernos adopten ningún tipo de decisión fiscal. De ahí, su consideración de "automáticos".

Los estabilizadores más relevantes son: (i) por el lado de los ingresos: los impuestos que gravan los beneficios empresariales (Impuesto sobre Sociedades), la renta de los trabajadores (IRPF) o las transacciones de bienes y servicios (IVA); y (ii) por el lado de los gastos: las prestaciones por desempleo y otras transferencias corrientes del sector público que reciben los hogares cuando se enfrentan a dificultades económicas.

El hecho de que se denominen "estabilizadores", ¿a qué responde? Precisamente al impacto que tienen sobre el saldo público y el ciclo económico. Veámoslo con un ejemplo.

Cuando la economía se encuentra en una fase de crecimiento económico sostenida, el nivel de beneficios de las empresas y de renta de los hogares es progresivamente mayor y, por lo tanto, también el volumen de ventas de bienes y servicios. Como consecuencia, el Estado consigue incrementar su recaudación por impuestos y, por ende, sus ingresos públicos. Al mismo tiempo, el aumento de la producción suele venir acompañada de generación de empleo, reduciendo el número de parados y el gasto público en prestaciones por desempleo. Debido a los dos efectos anteriores, el Estado ve mejorar su saldo de ingresos y gastos, es decir, logra reducir el déficit o incrementar el superávit que tenía en un primer momento. Al mismo tiempo, dado que, por ejemplo, la recaudación por impuestos tiende a aumentar más de lo que lo hace la renta o el consumo, los estabilizadores automáticos también contribuyen a contener la expansión de la actividad, "estabilizando" el ciclo económico.

Si, por el contrario, la economía se encuentra en una senda recesiva, las caídas de la renta y el consumo reducen la recaudación por impuestos, hacen subir el paro e incrementan el gasto en prestaciones por desempleo. El resultado no es otro que un deterioro del saldo público (mayor déficit o menor superávit). En este caso, el aumento de las prestaciones, por ejemplo, consigue amortiguar el impacto que la pérdida del empleo tiene sobre la renta de las familias y su capacidad de consumo, evitando una contracción mayor de la actividad.

En España, el efecto de los estabilizadores automáticos es explicativo, en parte, de por qué, después de casi tres años de recortes, el déficit público no se reduce a ritmos más elevados. Pese a las subidas de impuestos, el volumen de ingresos públicos todavía se encuentra muy por debajo de las cotas de 2008, mientras que el aumento de algunos gastos, como el realizado en prestaciones por desempleo, está limitando la caída del gasto público agregado. Por ejemplo, en 2008, había un millón y medio de personas cobrando una prestación por desempleo. A mediados de 2012, rondaban los tres millones. El aumento del número de parados puede elevar este año el gasto público por prestaciones a más de 30.000 millones de euros, 3.000 millones más que lo pronosticado por el Gobierno a principios de ejercicio. Esta desviación es prácticamente el aumento de recaudación previsto por la subida del IVA para 2012.


Ingresos y gastos del conjunto de Administraciones públicas españolas (miles de millones de euros). Fuente: Afi, MHAP.



Número de parados registrados en el INEM y beneficiarios de prestaciones por desempleo (millones de personas). Fuente: Afi, MESS.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1923947 2012-09-29T04:07:14-04:00 2012-11-28T05:12:01-05:00

Sara Baliña http://www.huffingtonpost.com/sara-balina/ sprint". En estos términos se ha pronunciado esta misma semana el FMI, tras comparar cuáles habían sido las dinámicas de endeudamiento de las principales economías del mundo en los últimos cien años. Sin embargo, los países de la periferia del euro han optado (o se lo han impuesto) por jugar la carrera a la baza contraria. Y eso que la realidad evidencia que para reducir un euro de déficit con la actividad contrayéndose, es necesario recortar, como mínimo, dos euros de gasto público.

El esbozo de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que hemos conocido el pasado jueves, da una nueva vuelta de tuerca al recetario de esfuerzos que debe acometer la sociedad española para devolver las cuentas públicas a una posición más saneada. Las novedades respecto a lo que conocíamos antes de verano han sido más bien escasas. La subida del IVA y del IRPF que ya se está soportando, la reducción de empleo público, el recorte de las prestaciones por desempleo o las mayores restricciones de gasto a los ministerios, engrosarán el ajuste el próximo año. El Estado tiene que reducir el déficit en 7.000 millones de euros y, para ello, el Gobierno plantea medidas de consolidación por algo más del doble.

Lo hace partiendo de dos supuestos, a día de hoy, cuando menos cuestionables: el primero es que este año, "sí y sí", el Estado cumple con el objetivo de déficit, y el segundo, que, en 2013, la economía "solo" se va a contraer un 0,5%, limitando así las pérdidas adicionales de ocupación. El cumplimiento con el objetivo de 2012, incluso por parte del Estado, no está ni mucho menos garantizado; la última palabra la va a tener la recaudación y su capacidad para sortear la recaída del gasto doméstico en el último semestre del ejercicio. Además, llama la atención que el Gobierno haya mantenido para el cálculo del Presupuesto el mismo escenario económico que barajaba en julio, cuando, desde entonces, la percepción de deterioro, dentro y fuera de España, se ha incrementado.

Estas consideraciones son relevantes, no tanto de cara a valorar la credibilidad del proyecto presentado, que también, sino a la hora de anticipar si van a ser o no necesarios más recortes de gasto a los que a día de hoy conocemos. Por lo pronto, se mantiene la congelación de salarios públicos (y ya van tres años consecutivos) y se deja en el alero la actualización de las pensiones, ésa que tiene lugar el primero de enero de cada año para compensar las desviaciones entre la inflación con la que se calcularon y los precios realmente observados el año previo. Ir más allá en los esfuerzos exigidos a los empleados públicos o no proceder a la actualización de las pensiones son medidas que reportarían a las arcas públicas unos ahorros jugosos pero que presionarían, más si cabe, la capacidad de gasto de los hogares españoles.

Esto es lo que ocurre cuando se quiere llegar a meta lo antes posible y la carrera es de obstáculos.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1866732 2012-09-09T04:20:39-04:00 2012-11-08T05:12:02-05:00

Sara Baliña http://www.huffingtonpost.com/sara-balina/
Los 500 puntos básicos de prima de riesgo que paga España no responden, únicamente, a sus desequilibrios internos y a la desconfianza que suscita la devolución de un volumen de deuda creciente en ausencia de crecimiento. El mercado también ha incorporado a las cotizaciones soberanas una prima por "riesgo de convertibilidad" asociada a una posible segmentación o ruptura del Área euro. Lo dijo el FMI en julio y la estimó el Banco de Italia en un estudio reciente para la curva italiana. El BCE, con la decisión del jueves, ha querido transmitirle al mercado que hará lo que esté a su alcance para reducir a la mínima expresión esta prima por convertibilidad. El euro es irreversible, ha reiterado Draghi y, por ello, las nuevas compras de deuda serán ilimitadas y carecerán de un trato preferencial frente a las realizadas por inversores privados.

Ahora el mercado es consciente de que sí existe un cortafuegos capaz de evitar que España e Italia vuelvan a pagar tipos de interés a corto plazo próximos al 6%. El anuncio de su creación ha servido para devolver a la curva española a niveles no observados desde abril y, lo que es tanto o más importante, para abrir la lata de emisiones de deuda en mercado por parte de agentes privados españoles (Telefónica y Banco Santander), cerrada desde entonces.

Aun siendo muy bienvenida esta reacción, no es momento de caer en la complacencia. Llega el turno del Gobierno español. Conocer las características del apoyo del BCE era la precondición para proceder a la solicitud de una línea de crédito preventiva, que limite la incertidumbre que supone tener que renovar vencimientos de deuda pública (estatal y autonómica) por 70.000 millones de euros de aquí a finales de año.

El coste político de las condicionalidades económicas que como peaje imponga Europa no debería ser superior al que ya hayan podido generar todas las medidas de ajuste anunciadas en el último año. De la celeridad y rigor con la que se gestione el rescate desde España y del grado de cumplimiento con los compromisos adquiridos, depende que podamos hablar de un punto de inflexión definitivo en la crisis actual. El objetivo último es volver a ver, aunque al principio solo sea con cuentagotas, el retorno de capital privado extranjero. Cuando esto ocurra, estaremos un poco más cerca del final del túnel.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1759890 2012-08-10T02:46:14-04:00 2012-10-09T05:12:04-04:00

Sara Baliña http://www.huffingtonpost.com/sara-balina/ crisis financiera de 2007 y que hizo aflorar los desequilibrios en los que se había cimentado el mayor período de crecimiento de nuestra historia reciente.

La mayoría de ellos son por todos conocidos pero, para entender en qué momento de su corrección estamos, conviene recordarlos. Entre finales de la década de los noventa y 2007, España creció, de media, un 3,7% anual, un punto por encima de la media del Área euro. Lo hizo sobre la base de un modelo intensivo en la utilización de factores de producción, principalmente del factor trabajo, al amparo de una dinámica demográfica expansiva, la ebullición de sectores de actividad muy demandantes de mano de obra y la disponibilidad de financiación en condiciones laxas intermediada por la banca.

En ese período, la población española pasó de 40 a 46 millones de personas, la población en edad de trabajar se incrementó en 3 millones y la ocupación lo hizo en algo más de 5. La generación de renta fue suficiente para compensar el aumento de la población, facilitando la convergencia de España con la media europea en términos de renta per cápita. Si solo fuese por el gasto realizado en consumo e inversión nacional, el crecimiento medio del PIB habría sido del 4,5% anual, solo equiparable al de países como Irlanda o Grecia.


Contribuciones de la demanda doméstica y externa al crecimiento del PIB de España (variaciones interanuales, %). Fuente: Afi, INE.


España iniciaba, entonces, entre 600.000 y 800.000 viviendas al año y realizaba un gasto anual en inversión (en construcción residencial pero también en infraestructuras, obra civil, maquinaria y material de transporte) próximo a los 300.000 millones de euros (un 30% de su PIB), cifras más propias de una economía emergente que de una desarrollada. La construcción llegó a suponer el 12% de la producción agregada y de la ocupación. El crédito bancario a hogares y empresas se duplicó entre 2000 y 2007 hasta alcanzar un volumen de 1,8 veces el PIB (más de la mitad, era crédito inmobiliario e hipotecario). Como contrapartida, la deuda hipotecaria de las familias llegó a ser 1,3 veces su renta y el valor de su riqueza inmobiliaria, 9 veces (los precios inmobiliarios subieron un 135%).

El ahorro privado y el saneamiento de las cuentas públicas no fueron suficientes para financiar una expansión del gasto interno de tal magnitud. La complicidad del resto del mundo (y, en particular, de los socios europeos) ayuda a entender cómo durante más de una década España fue capaz de captar ahorro externo por un importe de hasta 100.000 millones de euros anuales. Es el importe equivalente a un déficit por cuenta corriente crónico, que ha elevado la deuda externa española a cotas del 170% del PIB, y que presenta dos lecturas adicionales. La primera, vinculada a la pérdida de competitividad exterior desde la pertenencia al euro. La segunda, al pago de una factura de intereses por endeudamiento externo de casi 65.000 millones de euros.


Tasa de ahorro e inversión de la economía española (% del PIB). Fuente: Afi, INE.


Después de cinco años de crisis, toca hacer balance. Las cifras hablan por sí solas. Desde los máximos de 2007, el PIB acumula una caída de casi el 4,5%, que en el caso del gasto nacional alcanza el 12% y de la ocupación el 15%. El peso de la construcción residencial en la economía ya se sitúa en niveles pre-boom, con un volumen de iniciaciones inferior a las 100.000 viviendas anuales. El gasto en inversión total ha pasado del 31% del PIB en 2007 al 21% a principios de 2012. España ha conseguido reducir su dependencia del ahorro externo, ahora en 30.000 millones de euros, gracias a la contención de costes de las empresas y a las restricciones de consumo de los hogares, y pese a un elevado déficit público (la nueva dolencia de nuestra economía).


Ciclos de caída de la ocupación en España (datos en miles). Fuente: Afi, INE.


Lo que hasta hace poco se cuestionaba por su retraso, está ganando dimensión. Los precios inmobiliarios acumulan ya una caída del 30%, similar a la observada en EE UU; la moderación salarial tiene visos de hacerse extensiva en los próximos meses, y el rescate al sector bancario y ahora, casi con total seguridad, también al soberano, acelerarán el adelgazamiento de ambos sectores. La reducción del endeudamiento privado, aunque con dificultades, lleva más de un año materializándose.

La propia deriva de la crisis ha determinado el tipo de dieta a la que está sometiéndose la economía española: adelgazamiento rápido, no equilibrado y con muchas secuelas. Sin duda, no es el régimen más saludable pero es el peaje que hay que pagar para seguir formando parte del Área euro y recuperar, en última instancia, la credibilidad perdida. La combinación de unos años, los próximos, de crecimiento anoréxico, desempleo estructural y empobrecimiento tiene como colofón un deterioro incuestionable de las expectativas sobre los estándares de vida. Los cambios que estamos observando en la conducta de los agentes y, especialmente de los hogares, no son transitorios; han llegado para quedarse y merecen comentario aparte en una nueva entrada de este blog.]]> tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1664020 2012-07-11T04:05:03-04:00 2012-09-09T05:12:04-04:00

Sara Baliña http://www.huffingtonpost.com/sara-balina/
Aunque de forma vaga, la reunión del Eurogrupo del lunes ha servido para dar respuesta a algunas de las cuestiones pendientes, sobre todo las relativas a las condicionalidades asociadas al rescate del sector bancario español. El emplazamiento a principios de septiembre de las discusiones técnicas sobre la capacidad del fondo de estabilidad permanente para inyectar directamente capital a la banca, y de la creación de un supervisor bancario único, es bienvenido. Solo una implementación rápida de ambas medidas puede limitar los riesgos de que la ayuda a la banca acabe deteriorando la solvencia del Tesoro.

También resulta positivo, aunque no nuevo, hacer explícita la flexibilidad operativa del mecanismo de estabilidad una vez entre en vigor, comprando deuda pública en el mercado secundario, más ahora que el BCE ha reducido las expectativas sobre su posible intervención para frenar el castigo a la deuda periférica.

Habrá que esperar al próximo Eurogrupo del 20 de julio, cuando se firme el Memorando de Entendimiento con España, para corroborar los detalles que adelanta el borrador del mismo sobre las condicionalidades específicas para las entidades que van a recibir las ayudas (aceleración del proceso de restructuración, venta de activos, control de las políticas retributivas, etc.) y aquellas que, de forma general, se establezcan para el conjunto del sistema bancario.
La segregación de activos dañados a un banco malo y la participación en las pérdidas de los tenedores de instrumentos híbridos y deuda subordinada de las entidades rescatadas, son algunas de las que se contemplan dentro de las primeras. La generalización de la exigencia de un ratio de core capital (capital básico) del 9% se baraja dentro de las condicionalidades para todo el sector. A cambio, se espera que el plazo y los costes de financiación del rescate sean lo suficientemente favorables como para garantizar su devolución por parte de las propias entidades, y que, a partir de finales de julio, estén ya disponibles los primeros 30.000 millones de euros de una línea de crédito que, como máximo, podrá alcanzar los 100.000 millones.
El esquema de asunción de pérdidas definido y el hecho de que las facilidades de estabilidad europeas no vayan a tener prioridad sobre el resto de acreedores en el cobro de la deuda, deberían tener una buena acogida por el mercado.

Aun cuando en más de una ocasión se ha reiterado que el programa de ayuda a España difiere de los concedidos a Grecia, Irlanda y Portugal en que es el sector bancario, y no el público, su receptor y que, por lo tanto, no llevará aparejadas condicionalidades macroeconómicas, lo cierto es que, de facto, la nueva batería de medidas de ajuste fiscal que prepara el Gobierno para los próximos días hay que entenderla en estos términos.

Sorprende que justo cuando el Eurogrupo confirma que España dispondrá de un año más (hasta 2014) para alcanzar el objetivo de déficit público del 3% del PIB, y que en 2012 la meta será revisada al alza en un punto hasta el 6,3%, se pongan sobre la mesa algunas de las medidas ya contempladas en mayo por la Comisión Europea en sus recomendaciones de política económica para España. De hecho, y contra pronóstico, el Memorando incorpora como obligaciones macroeconómicas las sugerencias de la Comisión, muestra evidente de la escasa discrecionalidad de actuación que tendrán las autoridades nacionales de ahora en adelante, no solo en el ámbito bancario sino también en el económico.

Otro punto de discusión es el impacto que la flexibilización de los objetivos de déficit puede llegar a tener sobre el ciclo económico en 2012. La naturaleza de la desviación este año respecto al objetivo inicial (caída de la recaudación superior a lo previsto y/o dificultades para recortar gasto corriente) y el importe y tipo de medidas pendientes de concretar, son los dos factores determinantes. Queda por constatar si los recortes que están por venir van a suponer ajustes adicionales a los ya contemplados en los presupuestos públicos para este ejercicio, o si responden a una compensación de algunos que, aun estando previstos, no se están llevando a cabo. No descarto que se deba sobre todo a lo segundo.

En cualquier caso, no parece que la relajación de la senda de consolidación vaya a suponer un alivio significativo, al menos a corto plazo, para una demanda doméstica en fase recesiva, que va a ver como uno de sus principales resortes, el gasto de los hogares, tendrá que lidiar con un nuevo aumento de la imposición indirecta y recortes en prestaciones sociales básicas como el seguro por desempleo.]]>