Xabier Etxebarria2013-05-21T22:41:03-04:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.es/author/index.php?author=xabier-etxebarriaCopyright 2008, HuffingtonPost.com, Inc.HuffingtonPost Blogger Feed for Xabier EtxebarriaGood old fashioned elbow grease.De ley y de justiciatag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.29612622013-03-28T02:29:14-04:002013-03-28T03:41:34-04:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/Europapress que durante el 2012 se opuso a las progresiones de grado (regímenes de semi-libertad) propuestas por la Junta de Tratamiento de Nanclares para tres presos que han rechazado la violencia, han abandonado ETA y el Colectivo de Presos, han pedido perdón a las víctimas, han manifestado públicamente la autocrítica de su pasado y el de la izquierda aberzale en general ―véase la hemeroteca, el magnífico documental producido por Elías Querejeta Al final del túnel y el documental de TV3El perdón, en los que participan dos de estas personas― y, en dos de los casos, han participado en encuentros restaurativos individuales con víctimas de ETA, con un resultado muy valioso para ellos y para las víctimas. Del mismo modo se supo hace no mucho que se denegaban permisos a presos del mismo grupo.
En primer lugar, resulta sorprendente el modo y el momento en que se conoce por la opinión pública hechos de hace meses. La política de comunicación de Interior en una cuestión tan sensible, y de actualidad por la vista en Estrasburgo o el pleno del Parlamento vasco, no invita al optimismo y sí a la especulación.
Con todo, lo relevante ahora a mi juicio es que en estos casos, como en un número pequeño pero muy significativo de otros casos, es que estamos ante un supuesto de inaplicación de la legislación penitenciaria y un error político en materia de construcción de una memoria justa del terrorismo.
El artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, introducido en 2003 por la Ley de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, establece que "la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo... requerirá... que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades". Estas por cierto son las exigencias para el régimen abierto y la libertad condicional, no para el disfrute de permisos ni para el destino a una prisión u otra.
Pues bien, este grupo de presos de la denominada vía Nanclares ―algunos de ellos como Urrosolo, Gisasola, Pikabea, Lasarte, Caride, Carrasco, Alza, Etxezarreta, Oteiza, García Corporales, Díaz Urrutia... encuadrados en el autodenominado Grupo de Presos comprometido con el irreversible proceso de paz desde tiempo antes de la declaración de ETA de 20 de octubre de 2011―, y otros que han seguido un camino más individual, no sólo ha cumplido con las exigencias de la ley penitenciaria, sino que en la mayor parte de los casos llevan entre 10 y 20 años en prisión y han ido mucho más allá de las exigencias legales; a mi juicio constituyen un referente ético y político en cuanto que desean contribuir a la revisión crítica del pasado; a asentar en la sociedad vasca, y sobre todo en el ámbito ideológico de la izquierda abertzale, que la lucha armada fue un injusto e inútil error que ha generado un inconmensurable sufrimiento del que es responsable toda la izquierda abertzale que lo apoyó; a reconocer y reparar el daño sufrido por todas las víctimas de la violencia, en primer lugar las que ellos causaron; en definitiva, como dice Reyes Mate, la recuperación del victimario, que se convierte en agente de paz.
Pues bien, la no concesión de permisos, terceros grados y libertades condicionales por parte de instituciones penitenciarias ―con la positiva excepción de Iurgi Oteiza, al que se concedió el régimen abierto a los 3 años de ingresar en prisión para cumplir los 4 años y medio impuestos por participar en el incendio de un autobús― a presos que cumplen sobradamente con las exigencias legales es en mi opinión una ilegalidad, un injusticia y un error político. La Dirección General entiende que la evolución de estos presos es positiva pero aún debe "consolidarse y confirmarse", sin que, a la vista de lo que ya han hecho, quepa imaginar qué más se les pide.
Desde que en enero de 2012 tomaron posesión los nuevos responsables, la política de favorecer reinserciones individuales dentro de la legalidad y con un componente ético, de permitir el debate libre de ideas dentro de prisión mediante la organización de talleres, así como la organización de encuentros restaurativos, reparadores para las víctimas, se ha visto obstaculizado cuando no cortado en seco. Da la impresión de que para los responsables de la política penitenciaria no cabe hacer distinción entre presos de ETA, todos son iguales, lo cual es injusto para los que han cumplido las exigencias legales y quieren participar en la vida social y política mediante una revisión crítica del pasado "desde dentro", con el especial significado que esto tiene.
La palabra de los condenados, su petición de perdón, el reconocimiento del daño causado, su propia condena de su pasado, etc., más aún si se hace en un proceso dialogado con las víctimas, contribuye a construir un relato, una memoria de nuestra historia reciente que la describa en términos moralmente justos. Con esto se profundiza realmente en el significado de su responsabilidad personal, profunda, con respecto a las víctimas que ha provocado. Y además de forma tanto privada como pública. Precisamente este constituye uno de los Principios rectores para un Modelo de fin de ETA sin impunidad propuesto en la reunión de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo firmado en Madrid el 23 de noviembre de 2010 ("la reinserción debe implicar un trabajo de asunción subjetiva de la responsabilidad con respecto al daño causado y una vertiente pública. Lógicamente se trata de casos individualizados porque no serían aceptables soluciones colectivas para el colectivo de presos etarras", "incluso reducir la exigencia a los terroristas que estén dispuestos a romper con la organización terrorista ETA al plano de actuaciones relevantes en el ámbito privado: escribir una petición de perdón, escribir el reconocimiento del daños personal causado o el pago de indemnizaciones pendientes no es suficiente, porque los asesinatos perpetrados por ETA para la consecución de su proyecto político poseen, además, una dimensión pública innegable").
El Plan para el desarrollo de la política penitenciaria de reinserción individual en el marco de la ley de hace casi un año podría haber sido el esqueje de una política penitenciaria adecuada a los nuevos tiempos, si bien nació de manera confusa, publicitado extrañamente y sin un nítido apoyo institucional como expresión de una decisión de política penitenciaria. Lo cierto es que desde entonces se enterró la política de reinserciones individuales que había comenzado tres años antes y se abrió un periodo de silencio e inmovilidad respecto a la política penitenciaria.
Como dije en un post reciente, la política penal y penitenciaria en esta materia debería contemplar cómo coadyuvar a la deslegitimación del terrorismo; debería abordar el conjunto de actividades tratamentales a desarrollar en las prisiones con miras al fin constitucionalmente recogido de reeducación y reinserción social. Y como primer paso, a la aplicación de las leyes vigentes, y con ello a la excarcelación de las personas presas que han rechazado y deslegitimado su propia actividad terrorista pretérita y han cumplido ya una parte significativa de su condena. Confiemos en que en los próximos meses los gobiernos español y vasco desatasquen consensuada y discretamente esta parálisis política, diseñando con inteligencia estrategias adecuadas a la nueva situación y a los nuevos objetivos. De ETA poco podemos esperar; a la vista de su último comunicado, siguen viviendo en otro siglo y otro planeta.]]>Esperando a Estrasburgo... y a Godottag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.29227842013-03-22T02:05:42-04:002013-05-21T05:12:01-04:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/con el puño en alto tras permanecer en ella 18 o 20 de los 30 años que podrían cumplir como máximo; ciertamente no puede ser ―y no es― la misma la respuesta punitiva ante un asesinato que 132; ciertamente que la salida de prisión de decenas de delincuentes por la anulación de la llamada doctrina Parot generaría alarma social ―sin entrar ahora en el contenido de un concepto tan ambiguo y manipulable como este―. Sin duda habrá muchas víctimas del terrorismo y de otros delitos que se sientan insatisfechas si el Tribunal Europeo establece que la doctrina parot es contraria a los derechos humanos. Algunos dirán que genera impunidad que salgan de prisión habiendo cumplido solamente 20 años (más el tiempo transcurrido desde que se les aplicó dicha doctrina hasta ahora). Y habrá quien diga que la doctrina parot es un obstáculo al proceso de pacificación y convivencia en Euskadi y lo pone en peligro, en una inaceptable amenaza implícita y distracción interesada respecto a sus propias obligaciones en el proceso. Y otros que es una intromisión en la política penitenciaria española. Ninguno de los intentos de coacción moral o condicionamiento al Tribunal Europeo, más aún si provienen de instituciones legítimas, son de recibo.
Creo que resulta claro que, en el caso de acumulación de muchos delitos en un periodo temporal anterior a la primera condena, los límites de cumplimiento no pueden ser la mera suma aritmética, porque la referencia de los límites de cumplimiento ha de mirar a la esperanza de vida y a la perspectiva de un plazo razonable para la reinserción social. Por eso no cabe hacer demagógicas divisiones como que una persona cumple 2 años por cada asesinato; es una afirmación interesadamente equívoca. Por ejemplo, si una persona condenada a 3.000 años por 60 asesinatos cumpliera solamente 60 años en prisión ―lo que equivale en la práctica a morir en prisión― cada asesinato le saldría a sólo un año por cada uno. Ésta es por tanto una afirmación que ni tiene contenido ni lleva a conclusión alguna; no va dirigida al raciocinio de las personas.
Pero no es esta tampoco la cuestión que se dirime en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por más que estas formulaciones pretendan distraer, difuminar y contaminar. La cuestión es si la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero, y las que siguen su doctrina ―así como las que aplican un criterio similar a una institución distinta como es el abono de la prisión provisional sufrida a la espera de juicio, como las Sentencias del Tribunal Supremo 207 y 208 de 2011―, respetan los derechos humanos a la legalidad penal ("no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida") y a la libertad ("Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley") contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Esta es la cuestión, fundamentalmente jurídica, pero no sólo, puesto que atañe a los valores y derechos humanos con los que queremos construir nuestras sociedades; atañe a nuestra integración en los valores y derechos europeos e internacionales, a nuestra inserción en una comunidad internacional respetuosa con los derechos fundamentales.
La doctrina Parot fue una creación ―ingeniería jurídica, eufemismo similar al de ingeniería financiera, que se utilizó para referirse a Lehman Brothers, Goldman Sachs o Madoff― del Tribunal Supremo en el año 2006; creación que surgió divida en el seno del Tribunal ―tuvo tres votos particulares― y que generó aún mayor división en el Tribunal Constitucional ―que perdió la oportunidad de solventar esta quiebra de derechos fundamentales en el ámbito interno y evitar la censura europea―.
Sin entrar en tecnicismos y sólo para situar la cuestión. Hasta 2006 se había interpretado pacíficamente el Código Penal de 1944, y luego el de 1973, en el sentido de que la redención de penas por el trabajo (en la práctica una reducción automática de 1/3 de la condena) se aplicaba sobre el límite de los 30 años de prisión, y a nadie se le había ocurrido que se pudiera interpretar de otra manera, produciéndose sin aparente alarma social la excarcelación de decenas de personas en esta situación. De hecho, al entrar en vigor el Código de 1995, se rechazó la aplicación retroactiva de este a hechos anteriores, precisamente porque no era más beneficioso que el sistema de redención de penas que existía.
La insatisfacción que esto provocaba en relación con la adecuación de las penas nominales a su cumplimiento efectivo y a personas que acumulaban muchos delitos llevó a que el Código Penal de 1995 eliminara la redención de penas por el trabajo ―sin disminuir las penas nominales en 1/3, como hubiera correspondido para no producir un incremento generalizado de las penas reales―, así como que los plazos para los permisos, tercer grado y libertad condicional se pudieran computar sobre la totalidad de la suma y no sobre el límite de 30 años. Es decir, en los delitos cometidos a partir de 1996 las penas se cumplen íntegramente; no existen los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de condena. Posteriormente, en el año 2003 se endureció de nuevo la legislación, entre otros modos pudiendo llegar el límite de cumplimiento íntegro hasta los 40 años de condena. Y no olvidemos tampoco que hay en España unas 400 personas condenadas a 60, 80 o 100 años, sin límite alguno, por ser inaplicables los límites del artículo 76 del Código Penal, en lo que supone de facto una auténtica cadena perpetua no revisable.
Sin embargo, como constitucionalmente estas legislaciones no podían ser aplicadas a hechos cometidos con anterioridad, quedaba subsistente la legislación anterior para los delitos cometidos antes de 1995 y 2003 respectivamente. Y ahí surgió la nueva doctrina del Tribunal Supremo ―doctrina Sánchez Melgar se podría haber llamado, por el ponente de la sentencia―; una obra de ingeniería jurídica para salvar por vía de interpretación judicial el escollo que se encontraba el legislador: el derecho humano a la irretroactividad de las penas. Y este es a mi juicio el mayor ataque al estado de derecho de la doctrina Parot: que el poder judicial, cuya legitimidad democrática se restringe a la aplicación de la voluntad popular expresada en la ley, se arroga funciones de poder legislativo. Los votos particulares de la sentencia lo calificaban como una auténtica reescritura del art. 70.2 del Código del 73. Si este artículo dijera lo que el Tribunal Supremo le quiso hacer decir, habrían sido innecesarias las reformas de 1995 y 2003.
La pena previsible en el momento de comisión de los hechos ―y por eso no es una cuestión meramente penitenciaria sino incluida en el derecho humano a la irretroactividad de las penas, como ha declarado el TEDH en el propio caso Del Río Prada c. España, de 10 de julio de 2012, así como en el caso Kafkaris c. Chipre, de 12 de febrero de 2008 (21906/04)― se ve alterada radicalmente por una decisión judicial posterior, por lo que ésta resulta contraria al principio de irretroactividad, pues supone la imposición posterior de una pena más grave de la que previsiblemente se establecía en la ley en el momento de comisión del delito.
Al igual que con la reciente sentencia de otro tribunal europeo relativa a las ejecuciones hipotecarias, es esperable que el estado español asuma el marco legal europeo y el sistema de protección de derechos humanos al que España pertenece, adecuando en un caso la legalidad y en el otro las decisiones judiciales a la interpretación que los tribunales europeos realicen.
En todo caso, sea cual sea la decisión del TEDH, confío en que el fin de esta polémica elimine la distracción que ejerce sobre el establecimiento de una política penitenciaria en relación con los presos por terrorismo adecuada a los tiempos que vivimos. Por el momento parece que la política penitenciaria del Gobierno se define por su inexistencia, por no hacer nada más que simplemente esperar a que vayan cumpliendo sus condenas y saliendo a la calle, da igual cómo. Por el contrario, entiendo que la política penal y penitenciaria en esta materia debería contemplar cómo coadyuvar a la deslegitimación del terrorismo; debería abordar el conjunto de actividades tratamentales a desarrollar en las prisiones con miras al fin constitucionalmente recogido de reeducación y reinserción social. Y como primer paso, a la aplicación de las leyes vigentes, y con ello a la excarcelación de las personas presas que han rechazado y deslegitimado su propia actividad terrorista pretérita y han cumplido ya una parte significativa de su condena. La falta de diferenciación en el tratamiento penitenciario de las personas que han dado los pasos ―y más allá― que exige la ley (léase para entendernos la denominada vía Nanclares), respecto a las que no han dado ningún paso en pro de su propia reinserción, constituye en mi opinión una ilegalidad y una injusticia y comunica al conjunto de la sociedad un mensaje pernicioso para la deslegitimación del terrorismo y la construcción de la convivencia en Euskadi sobre bases éticas.
La decisión de Estrasburgo debiera servir también para que los presos se liberen de una vez del sometimiento al EPPK, que les tiene siempre esperando a algo que solucionará sus problemas sin una decisión personal, impidiendo que, como hizo ya la izquierda abertzale, se acojan a la legalidad vigente para buscar su personal itinerario de reinserción social. Quienes diseñan la política penitenciaria debieran pensar también en esto, en debilitar la capacidad de control del colectivo y en favorecer el debate libre entre los presos, y en este sentido, en qué dirección juega en la actualidad la dispersión.]]>Congo se desangra en silenciotag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.28173242013-03-10T04:10:17-04:002013-05-09T05:12:01-04:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/musungu cuando pasamos en nuestros coches, haciendo ruido entre las chozas de paja y uralita, con nuestras caras blancas y curiosas, con nuestras ropas limpias y nuestras riñoneras y nuestras mochilas y nuestras botellas de agua que nos salvan de un peligro invisible y salvaje. Al fondo, el lago Kivu, de una belleza serena y quieta, hogar de pescadores que cantan al amanecer mientras reman o mientras echan las redes para recoger las tilapias que luego comerán en casa o venderán en el mercado y que constituyen la única proteína accesible en una dieta en la que el fufú, pasta de harina de mandioca cocida, es el plato nuestro de cada día cuando lo hay.
Los domingos las campesinas inauguran un interminable y colorido desfile hacia la parroquia, la inmensa nave, la casa de Dios donde pedirán milagros que no llegan y cantarán y bailarán, en el único acontecimiento cultural que se permite una sociedad devastada por los cuatro jinetes del apocalipsis. El hospital de los belgas, un largo edificio colonial de ladrillo, con sus porches blancos, está atestado de gente que va y viene, de ropas tendidas, de mujeres cocinando en el patio para sus familiares enfermos. En el exterior las mujeres embarazadas esperan para dar a luz recostadas en la hierba, hablando, sin dar la mínima importancia al sagrado ritual de dar la vida, porque la muerte también está ahí, reclamando su parte de dolor y miedo. En la maternidad una chica violada de quince años mira a su bebé con ojos de condenada y la cabeza agachada. Su familia la ha repudiado y se encuentra sola. Maman Merci, la monja encargada de la maternidad, nos enseña unos bebés prematuros, encogidos bajo el peso temprano de la vida, temblando de frío, tan frágiles.
A Maman Eva un tutsi armado con un Kalashnikov se le sienta al lado, en el matatu atestado de gente, de niños, de bolsos, de paquetes y de calor. No me mire así, estas armas nos las venden ustedes, le espeta en un momento del viaje.
Las noches encogen el corazón, tan quietas y silenciosas. Nadie diría que una guerra cruel devasta el país, que los animales han muerto o han huido a otro ecosistema posible, que la policía gubernamental tortura y hace desaparecer a quien habla de más, que en las ciudades se viola y se mata. Que en las chabolas apiñadas en las laderas que rodean Bukavu la gente muere.
A todo es ajeno también el abogado J.M., que nos recibe en la casa de su cuñado. Dice que la suya ha ardido en misteriosas circunstancias. Dice que el Gobierno le ha quitado una parcela en el centro de la ciudad sin explicación alguna, dice que hay muertos por nada, que la violencia, la corrupción y el nepotismo campan a sus anchas. Sale a la calle con guardaespaldas y chófer. El obispo R. nos dice que viven en un país incompleto, ingobernable. No existe el Estado. Nadie hace nada. Nadie hace nada. Bueno, la Mère Generale dedica todos sus esfuerzos a construir un gran pabellón para que las monjas de su congregación puedan orar juntas. Nos pide más dinero porque para ella eso es lo prioritario y nos lleva a ver el orfanato que gestionan las monjas.
Por la frontera los camiones de la MONUSCO, la misión de la ONU encargada de mantener el orden, transitan con sus soldados musculados por el gimnasio. A veces se les ve correr por la carretera de los chinos que pasa cerca de la base que tienen en un saliente del lago, cerca de la ciudad. Otras veces se les ve patrullar en sus vehículos blindados, sujetando una ametralladora amenazante que bascula cada vez que encuentran un bache.
En una curva de la carretera A., el cacique nos para para enseñarnos la urbanización que acaba de crear a orillas del lago, en una de las mejores zonas. Quiere hacer un hotel. Nos da la mano sonriendo. En la otra sujeta el móvil como si fuese la empuñadura de una vara de mando.
En realidad nunca estuvimos allí. Nunca pudimos hablar con los campesinos demacrados, con las mujeres de miradas duras, con los niños sin escuela que deambulan por las explanadas y los campos, con los carpinteros que van serrando los troncos sostenidos por largos caballetes de madera con una larga sierra. Nunca pudimos preguntar a los que sufren en los hospitales, a los soldados heridos, a los albañiles que apilan ladrillos de adobe en cualquier parte, esperando transportes que no llegan, con los trabajadores chinos apiñados en barracones de hojalata, con sus faroles rojos colgando de un costado y que realizan carreteras a cambio de las riquezas minerales.
Y ese país vuelve a estar en guerra, en una guerra de opereta, irracional, repleta de caos absoluto y de muerte absurda. Como todas las guerras, aunque sea en un lugar tan hermoso, con un lago quieto, unas sonrisas encantadoras, unas noches espléndidas y unas montañas azules que nos llaman a lo lejos.
Así, con tinta triste, me lo contó Eduardo Santos a la vuelta de uno de sus viajes a Kivu. Merece la pena compartir las reflexiones de su corazón.]]>Delito de humanidadtag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.24406182013-01-11T02:02:36-05:002013-03-12T05:12:02-04:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/
Y en la calle de ese país, cuando buscas a alguien que te ayude o te acoja en su casa, o en una institución benéfica, aunque sea temporalmente hasta que puedas regularizar tu situación administrativa y encontrar un empleo, aunque no sea legal para ganar unas monedas, no lo encuentras. Nadie parece escuchar tu necesidad. A los días, hablando con personas que se encuentran en tu misma situación de extrema precariedad comprendes lo que está ocurriendo: los últimos que ayudaron altruistamente a extranjeros en situación irregular están siendo juzgados y se enfrentan a una pena de cárcel. No puede ser, te dirías... si es para ayudarme, ¿dónde está el delito?, ¿qué daño hace mi benefactor?
A los pocos días, caes en la cuenta que tampoco nadie te quiere alquilar una habitación... y en el supermercado, con las monedas que has "mendigado", tampoco te dejan entrar a comprar comida. "¿Cómo es posible?" preguntarás y alguien te contestará: aquí, en este país, quien ayude a una persona extranjera, en situación irregular, sea gratis, o sea cobrando el servicio, será detenido, juzgado y condenado. "Imposible que haya un país en el mundo que haga esto" pensarás.
Desde el rincón del parque en el que hayas tenido que montar tu "casa" quizás pienses que no es posible lo que estás viviendo, que es un mal sueño. Que las personas no pueden llegar hasta este nivel de deshumanización. ¿Cómo un país va a dejar en la más absoluta indigencia a personas extranjeras, aunque no tengan regularizada su situación administrativa?... sin sanidad... bueno, ¡pero ¿sin comer?! ...; y sin nadie que te mire ni te escuche, porque quien lo haga será sospechoso de cometer un delito. ¿No es terrible? ... y lo más grave: el método que utilizarán para conseguir este objetivo: usar a los policías, jueces y fiscales para conseguirlo. Y en este país, te sentirás solo; y triste de pertenecer a la raza humana.
¿Cómo se llama este país?, ¿dónde puede estar ocurriendo esto? La respuesta está muy cerca de ti... justo en el Anteproyecto de Código Penal que el Gobierno de Rajoy, a instancias de su ministro Ruiz Gallardón, ha aprobado: en el artículo 318 bis. Ese país es España: es delito ayudar a un extranjero a transitar por España aunque "el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria". Se podrían imponer hasta 2 años de prisión.
Los comportamientos humanitarios con "los otros" no pueden ser castigados con el sistema penal. Sin solidaridad ni apoyo mutuo, ¿hacia dónde o hacia qué se encaminará esta sociedad?; unos serán castigados por atender, ayudar, dar de comer, o vender comida o alquilar una habitación, y otros serán denunciados por omitir el deber de socorro de personas que se encuentren en peligro manifiesto y grave tal y como reza en el artículo 195 del Código Penal que está destinado a proteger la solidaridad entre los ciudadanos... ¿en qué lado de la denuncia te colocas?... El Gobierno ya ha elegido.
La plataforma Salvemos la hospitalidad (change.org/salvemoslahospitalidad) ha comenzado una campaña pública para impedir que esta vulneración de derechos humanos pueda llegar a la redacción definitiva del Código penal.]]>El valor de preguntartag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.23209202012-12-20T01:00:00-05:002013-02-18T05:12:01-05:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/
A emana fragilidad de un cuerpo delgado. Nadie espera ninguna violencia, ningún arrebato de sus modales suaves, de su cara de rusa perfecta en porcelana blanca enmarcada por un flequillo negro echado a un lado y su voz pausada, baja y sin sobresaltos. Unas gafas demasiado grandes aportan el elemento incongruente a su figura. Quiere saber nuestra opinión.
Vive en Barcelona desde hace un año. En este tiempo no ha visto la televisión, no ha escuchado las noticias, casi no ha leído los periódicos. No tiene twitter, ni facebook y siempre llega tarde a las bromas que circulan por la red. El día de la huelga general de marzo salió a la calle para ver con sus propios ojos lo que ocurría ese día.
Miró. La realidad se le echó encima. Una larga cola de coches paralizados porque un tipo sin camiseta y con el único discurso de una canción promarihuana, había decidido sentarse en el asfalto. Varios turistas se sacaban fotos frente a un piquete; un grupo de adolescentes corría de un lado a otro alegremente mientras controlaban la hora para no llegar tarde a casa. También vio cómo la policía llegaba a los sitios haciendo ruido, se bajaban y empezaban a disparar pelotazos, en perfecta contramarcha.
En la segunda huelga, la de noviembre, A volvió a salir a la calle. Las cosas se veían más ordenadas. Los establecimientos estaban cerrados, no había contenedores o coches en el centro de la ciudad; los turistas habían desaparecido. La policía había blindado la manifestación. Controlaban el paso de una calle a otra, todos caminábamos en orden por una calle, nos contó todavía incrédula. Cuando A regresaba a casa sintió un silencio inquietante y vio a un grupo de personas reunidas en Plaza Catalunya. De repente vio cómo la policía acompañaba a una chica de pelo rubio y rizado que se tapaba un ojo. Escuchó gritos de furia. Decidió que ya había visto suficiente.
Nos despedimos después de charlar un rato más. Se hacía tarde. Todo un invierno nos sitiaba.
Rueda de prensa de Puig. El Conseller ha acudido con sus asesores para dar cuenta de la actuación de la Policía. Habla. Una de las personas que ha acudido con él le guiña el ojo para decirle que lo está haciendo bien. El consejero seguramente agradece estos gestos de solidaridad ante el trance, aunque mantiene la misma expresión responsable. Desarrolla sus argumentos. Admite por primera vez, antes lo había negado, que la policía disparó pelotas de goma. Pero lógicamente es porque había grupos extremadamente violentos hostigando su actuación. Apoya la labor siempre difícil de los cuerpos policiales que se han conducido con extremada profesionalidad, eficacia etc.
A se encuentra en la rueda de prensa. Ha conseguido una acreditación para poder asistir, pero le han dicho que no haga preguntas. Esto es cosa de los profesionales. Los profesionales comienzan a plantear cuestiones al consejero. Los términos son abstractos, ambiguos. El consejero se limita a llenar el tiempo con palabras sin decir nada. Una periodista intenta ser algo más incisiva pero pierde enseguida el uso de la palabra, como por arte de magia. Para entonces A tiene un nudo en el estómago y algo le arde dentro. Levanta la mano y le dice al consejero que ella estaba allí, que lo vio todo, que el único grupo violento que existía en la calle eran los Mossos de Esquadra, disparando a todo lo que se movía y que a ver qué tiene que decir a eso. El consejero mira a su asesor de comunicación. Alguien le guiña un ojo. Y vuelve a repetir lo mismo.
A se siente como una niña a la que los padres no dan ninguna razón de por qué hay que hacer una cosa o la contraria. Lamenta no tener el don de la locuacidad, porque es muy joven y le gustaría seguir esa conversación, seguramente diciéndole al Consejero que ella estaba allí, que cómo puede ser lo que está diciendo, que una chica ha perdido un ojo y su dolor no admite medias verdades ni bellas frases vacía. Seguramente, se pone triste y piensa, como en el poema, que
Hay un lirio muy blanco
y un silencio azul
que se imponen a todas las cosas de la tierra
Pero, a pesar de todo, carga su impotencia a cuestas y se la lleva a casa. Cuando se lo cuenta el otro día por teléfono, Eduardo piensa que ha dado una lección a todos los que estaban allí y no se atrevían o no querían preguntar como se pregunta de verdad. De la única forma posible, aunque tengas modales suaves, una cara perfecta de porcelana enmarcada por un flequillo negro echado a un lado y su voz pausada, baja y sin sobresaltos. Porque, si no preguntamos, esto se va a repetir. Porque, si no preguntamos, nos van a hacer una reforma del Código Penal que va a criminalizar a todo el que salga a la calle a protestar. Porque, si no preguntamos, nos sacarán los ojos o nos llevarán a la cárcel mientras en las ruedas de prensa alguien hace guiños cómplices y dice, adelante consejero, que de esta sales y conservas la cartera.]]>A favor del indulto, pero...tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.22752862012-12-12T02:02:02-05:002013-02-10T05:12:02-05:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/
Pongamos cuatro ejemplos, en situaciones donde las alternativas al ingreso en prisión previstas en el Código penal no daban solución a determinadas situaciones personales o legales:
"Manteros". Desde el año 2001, hasta la reforma del año 2010 hubo 700 encarcelados por vender CDs. En 2008 se comenzó una campaña para cambiar el art. 274 y evitar que estas personas que venden en unas mantas CDs de música y películas entrasen en la cárcel, por ser penas desproporcionadas con la gravedad de la conducta. Mientras se tramitó la reforma, se solicitaron los indultos de quienes eran condenados y de los que estaban presos. Al final se concedieron 70. El indulto permitió corregir una situación sin duda legal al ser condenados por aplicación del art. 274, pero injusta por ser claramente desproporcionada.
Exdrogodependientes. Personas que después de años de haber delinquido por la adicción a drogas han rehecho su vida o se encuentran en programas de rehabilitación. Respecto al delincuente que ya no es "peligroso", por haberse rehabilitado, la pena se convierte en innecesaria, desde el punto de vista de la reinserción, y la sociedad lo entiende perfectamente sin sentir que haya ámbitos de impunidad.
Personas con largas condenas: quienes tienen condenas de más de 30 años sin que legalmente puedan ser limitadas a ese tope. Son quienes han delinquido después de tener otras sentencias. Hace unos años había 400 personas en los centros penitenciarios en estas condiciones. La única salida para evitar la cadena perpetua (personas con 40 años de vida y condenas de más de 50), es la del indulto parcial de penas hasta el límite de 30. En este caso el indulto sirve para evitar penas inhumanas.
Quienes tienen que cumplir la pena después de más de diez o quince años de cometidos los hechos, donde la persona ya no es la misma, ni por su evolución, ni su situación...
En todos estos casos, sin indulto estas personas hubieran tenido que cumplir más años de cárcel y sus procesos de reinserción social hubiesen quedado frustrados.
Se trata sin duda de un mecanismo de uso excepcional, y así sucede. Según los datos que conocemos ―gracias a la magnífica tesis doctoral de Ireneo Herrero Bernabé― se vienen solicitando anualmente, en los últimos años, unos 6.500 al año (desgraciadamente sólo el 1% por los propios juzgados y tribunales), de los cuales se concede alrededor del 6%, unos 400 al año. Este número de indultos viene a significar en los últimos cuatro años un 0,2% de las sentencias dictadas por los juzgados y tribunales. Queda claro por tanto que es un instrumento utilizado excepcionalmente. Precisamente por ello sorprende la relevancia de los indultos cuestionables por unas u otras razones.
Este mecanismo no debería poder ser utilizado por el Gobierno de turno (o no de turno; a veces hay indultos, como el del 25 de noviembre de 2011, que parecen una pacto de Estado) para indultar y evitar penas a personas pertenecientes a las esferas de poder. El ejemplo ―que por otra parte es una práctica general― de los torturadores indultados ¡dos veces! ―un uso incontrolable, injustificable, inmotivado, arbitrario, humillante para las víctimas, oscuro y promesa de impunidad― efectivamente supone una mala utilización del indulto porque lanza varios mensajes:
a) a los jueces y fiscales: desmotivador a la hora de investigar las torturas o humillaciones de detenidos en centros policiales.
b) a los policías: que el exceso de su violencia queda impune y hasta se alienta en la medida en que el Estado lo hace suyo al otorgarle impunidad.
c) a la mayoría de los policías que cumplen escrupulosamente las leyes y los derechos de los detenidos de desánimo e indefensión ante los compañeros que abusan de su poder.
d) a la ciudadanía, porque quedan vulnerables e indefensos ante los miembros y cuerpos de seguridad del Estado.
Por todo ello, defendemos que:
Es necesario mantener el indulto, como última instancia para la corrección de situaciones excepcionales: errores judiciales, retrasos o el exceso en el rigor punitivo.
Hay que reformar los criterios para la concesión de indultos, para adaptarlos al derecho penal moderno: en torno a las ideas de ausencia de necesidad de pena.
Los Decretos de indulto, que se publican en el BOE, deben estar motivados y deben ser recurribles; no puede haber competencia de la administración que quede al margen del Estado de Derecho.
La competencia debe recaer en un órgano mixto judicial-administrativo u otro sistema que garantice la independencia respecto al partido político en el Gobierno.
Hay que simplificar el procedimiento para que no se demore más de un año.
Hay que establecer garantías para evitar un uso político partidista.
En definitiva, un Estado democrático de derecho, con la Constitución en su cúspide y sometido a la legalidad internacional en materia de derechos fundamentales, no puede permitir la pervivencia en su sistema jurídico de instituciones arcaicas y predemocráticas:
Auto del T.S. de 9 de octubre de 2012 (ROJ 9613/2012):
"...el art. 11 de la Ley de 18 de junio de 1870, que condiciona el otorgamiento del indulto total a la concurrencia de "razones de justicia, equidad o utilidad pública", renuncia por completo a exigir el más mínimo ejercicio de justificación. Y, todavía más: tratándose del indulto parcial y de la conmutación de la pena -que es el supuesto del caso- prescinde, incluso, de aquel tenue requisito.
Esto, seguramente, guarda plena relación de coherencia con la genealogía del cuestionado instituto del indulto: prerrogativa regia y manifestación de "justicia retenida" en su origen. Herencia del absolutismo, al fin y al cabo, de no fácil encaje, en principio, en un ordenamiento constitucional como el español vigente, presidido por el imperativo de sujeción al derecho de todos los poderes, tanto en el orden procedimental como sustancial de sus actos; y, en consecuencia, por el deber de dar pública cuenta del porqué de los mismos. Un deber especialmente reforzado en su intensidad, cuando se trata de resoluciones jurisdiccionales, más aún si de sentencias de condena; que, paradójicamente, pueden luego, como en el caso, hacerse vanas sin que conste ninguna razón estimable, en el ejercicio de una discrecionalidad política, más bien arbitrio, no vinculada e incontrolable, por tanto.
Dado el actual marco legislativo, es lo que hay, y, de aquí, la imposibilidad jurídica de seguir a la querellante en su planteamiento".
]]>Justicia para las víctimastag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.22045192012-11-30T04:03:51-05:002013-01-29T05:12:02-05:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/Directiva nº 29 de 2012 de la Unión Europea, de 25 de octubre, por la que se establecen las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección a las víctimas de los delitos.
Se trata por tanto de una "nueva" concepción de la administración de justicia penal, no basada exclusivamente en la pena y su ejecución, en la resolución por el juez, con la intervención de abogados, sino en que sean las propias partes, mediante el diálogo, las que acuerden, con su protagonismo e intervención directa y decisoria, cómo resolver los problemas creados o relacionados con el delito y que este acuerdo entre las partes puedan tener efectos beneficiosos para ambas partes en el proceso penal formal.
Esta reciente Directiva viene a sustituir a la incumplida Decisión Marco de 2001 que regulaba el Estatuto europeo de la Víctima. España es uno de los pocos países europeos en los que no existe regulación sobre instrumentos de justicia restaurativa en la jurisdicción penal ordinaria. En esta ocasión la Directiva otorga de plazo hasta el 16 de noviembre de 2015 para dar cumplimiento a lo establecido en su texto.
Actualmente en España el titular de la iniciativa legislativa, el Ministerio de Justicia, tiene abiertas muchas y profundas reformas que atañen a esta cuestión: una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a nuestra decimonónica ley procesal; el Estatuto de la Víctima y la trigésima reforma del Código Penal. Una magnífica ocasión para dar cumplimiento a la Directiva de forma coherente en las diversas normas afectadas.
Además, en España existe una importantísima experiencia práctica en mediación autor-víctima: desde la primera experiencia en Catalunya desde el año 2000 hasta las experiencias auspiciadas por el Consejo General del Poder Judicial desde 2005; hasta el punto de que hoy en día son aproximadamente 200 los órganos jurisdiccionales del orden penal que participan en ellas. Y se trata de experiencias evaluadas con rigor, entre otros por el Consejo General del Poder Judicial, de las que se pueden extraer imprescindibles aprendizajes para el legislador a la hora de regular los procesos de justicia restaurativa.
Y ello a pesar de haberse hecho sin una regulación legal, aprovechando con buena voluntad la legislación existente; sorteando con esfuerzo, por parte de jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios de la administración de justicia, abogados, mediadores, administraciones, asociaciones y, sobre todo, víctimas y victimarios, todas las dificultades legales y carencias que han jalonado el camino.
Pues bien, ante esta magnífica oportunidad y con este valioso bagaje, se detecta un riesgo: que por desconocimiento, por miedo o por ambas, la legislación española en materia de justicia restaurativa resulte pacata y cercenadora de las posibilidades que tiene para la mejor satisfacción de las necesidades e intereses de las víctimas, y también de los infractores y del conjunto de la sociedad.
A mi juicio, el riesgo principal es que se confunda el proceso dialogado de abordaje de su conflicto entre víctima/s y victimario/s (en muchas ocasiones ambas ocupan las dos posiciones a la vez al haberse denunciado mutuamente) con los efectos que pudiera tener sobre la responsabilidad penal, esto es, con los posibles efectos de renuncia o reducción de la pena o de su ejecución.
Partiendo de este error resulta lógico limitar la justicia restaurativa a aquellos delitos menos graves (castigados con penas inferiores a 5 años por ejemplo), dado que sobre otros más graves se considera, con razón, que no es posible la renuncia al proceso o a la pena o su ejecución, lo cual es cierto, pero incurre en el resaltado error de confundir el proceso de diálogo con sus efectos sobre la responsabilidad penal.
Por el contrario, el diálogo entre víctima y victimario se ha revelado como un magnífico instrumento para "sanar" a unos y otros, para ayudarles en sus procesos personales de superación de la victimación, para reparar el daño producido por el delito y para la responsabilización y prevención de la reincidencia del victimario; incluso en casos tan graves y trascendentes como los asesinatos terroristas; y todo ello al margen de que estos procesos de diálogo tengan consecuencias o no sobre la responsabilidad penal y su cumplimiento. No confundamos por favor ambos aspectos si no queremos que la legislación española haga nacer un embrión sin viabilidad.
Lo adecuado sería que el legislador estableciera un proceso y unos medios para que, siguiendo al Catedrático Tamarit Sumalla, en cada caso se pudieran juzgar individualmente los "riesgos y oportunidades" de entrar en un proceso restaurativo. Cosa distinta es regular a priori, ahora sí, las consecuencias para el proceso, la pena o su ejecución que pudiera tener un proceso restaurativo exitoso, a partir de que éste se traduzca en una menor necesidad general o individual de pena en el caso concreto.
La "bagatelización" de la justicia restaurativa, las prejuiciadas prohibiciones apriorísticas (que por ejemplo impiden a las víctimas de violencia de género que lo desean participar en mecanismos de justicia restaurativa) y la falta de cultura restaurativa son a mi juicio algunas de las amenazas que se ciernen sobre el futuro de una justicia restaurativa que en España aún no ha nacido legalmente y, por tanto, para las víctimas de los delitos, que se verían privadas de un potente instrumento reparador y transformador. Como le oí una vez a Christa Pelikan, maravillosa experta austriaca, una frase que no olvidaré y me hizo pensar mucho, algo así como: ¿Quién podría legítimamente privar a una víctima de su derecho a participar en un proceso dialogado porque considere que el delito es grave o cualquier otra cosa? ¿No debería ser la propia víctima quien lo pudiera decidir?]]>Un futuro de convivencia en Euskaditag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.20210482012-10-29T04:10:47-04:002012-12-28T05:12:01-05:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/elecciones al Parlamento Vasco y el primer año desde el silencio de las armas de ETA, un nuevo tiempo para la palabra y el diálogo en el fin de la violencia y la negación del otro.
Del 1.775.336 personas que tenían derecho a ello, han participado votando 1.131.485, casi 2 de cada 3, decidiendo cada una lo que por fin en libertad ha considerado conveniente. Han conseguido representación parlamentaria 5 partidos o coaliciones, componiendo un esquema evidentemente plural, tanto en el eje izquierda-derecha como en el identitario. Ahora comienza el tiempo del diálogo, del acuerdo y la discrepancia, y de la renovación del Gobierno; sin duda, una cuestión de máxima importancia para el liderazgo institucional de los próximos fundamentales años.
Pero también un tiempo para la responsabilidad, para la altura de miras, la que permite otear el inalcanzable horizonte. Sin duda la crisis económica y sus consecuencias, y las consecuencias de las políticas que se están implementando en esta ya larga coyuntura, son acuciantes y decisivas para el futuro de Euskadi al corto y medio plazo, pero, a mi juicio, tan o más importante es que, después de décadas y décadas en las que Euskadi no ha conocido la paz, la libertad y la ausencia de violencia, en esta legislatura se asienten democráticamente las bases de la convivencia en Euskadi.
Necesitamos una convergencia de las fuerzas políticas y sociales a favor de un pacto social que asiente la pluralidad, la libertad y la justicia en una Euskadi definitivamente libre de dictaduras y violencias; unos consensos mínimos basados en la justicia, la memoria y en el conocimiento, reconocimiento y reparación a todas las víctimas de vulneraciones injustas de derechos humanos; que en definitiva todos los proyectos políticos democráticos en el fondo y en la forma ocupen su sitio y nutran su fuerza de la voluntad ciudadana.
En 2012 Euskadi se edifica sobre una montaña de sufrimiento ―miles de personas que han sufrido la persistente, prolongada y lacerante violencia de ETA, la violencia del Estado, la "violencia" del olvido y el silencio...― Todo él nos impone una responsabilidad con ese dolor e injusticia que han marcado nuestras trayectorias vitales. La convivencia en Euskadi sería un espejismo si se edifica sobre injusticias no abordadas y reparadas.
Un vector clave para este nuevo tiempo entiendo que ha de ser la mirada reparadora, restaurativa; hay vencedores: todos, y vencidos, sin duda: las ideas totalitarias, las estrategias y organizaciones que han fracasado; permanecen las personas, víctimas, que merecen justicia, verdad, memoria y reparación ―por el conjunto de la sociedad y por quienes las victimizaron― y permanecen los victimarios, sus familias y sus apoyos y sostenedores, cuyo futuro es reintegrarse en la sociedad vasca, antes de cumplir en prisión toda la condena si al amparo de la ley su evolución sirve a la consolidación de la convivencia.
En este año, las sensaciones de haber avanzado mucho y sentir que es poco, extrañamente conviven en nuestros pensamientos. Los cambios en el nivel político y macrosocial ―los habidos y los que están por venir en esta legislatura― son imprescindibles y condición de posibilidad de otros cambios, pero no debemos olvidarnos del nivel individual, familiar, grupal y local. Ojalá que de la propia sociedad surjan movimientos en pro de un diálogo que traspase los muros invisibles que dividen la sociedad vasca. Para suturar esas fracturas, para reparar el daño causado, entiendo que un primer paso sería un conocimiento y reconocimiento del daño sufrido por las personas con las que vamos sentados en el autobús, las que nos cruzamos en el supermercado, con las que compartimos trabajo u ocio; aún queda mucha ignorancia e incomprensión; en el descubrimiento y diálogo interpersonal también está el futuro de la convivencia en Euskadi.]]>La cadena perpetua de Gallardóntag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.18925662012-09-19T02:10:16-04:002012-11-18T05:12:02-05:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/la reforma que introduce la cadena perpetua ―dado que solo se podrá aplicar a los delitos cometidos a partir de su entrada en vigor, no a los casos que ahora enardecen la iniciativa legislativa―, la primera persona que resulte condenada estará en prisión al menos hasta el 2045, momento en el que, si sigue viva, comenzará a plantearse su continuidad en prisión hacia la perpetuidad o su salida en régimen abierto, es decir, solamente dormir en prisión. Al menos hasta ese año seguiremos oyendo que las leyes penales son blandas, porque los condenados por delitos anteriores al 2013 podrán seguir saliendo de prisión solo con 20, 30 ó 40 años de cárcel; "poca cosa".
La prisión perpetua de al menos 32 años se convertirá en cadena perpetua efectiva a partir de una edad. Si la persona que delinca lo hace a partir de los 40 años de edad, podrá pedir el tercer grado a los 72. Mayor, sin proyecto vital desarrollado, excluida, aislada y sin recursos. Es decir, una pena de "muerte social". Si delinque antes, por ejemplo a los 30, podrá plantearse su excarcelación a los 62. Igualmente, sin formación, sin experiencia laboral, ni formativa, sin tejido social. Es decir tendrá que vivir sola, excluida y maltrecha el tiempo que le quede de energía vital, porque "una vida" ya no tiene. Durante estos 32 años o más la persona tendrá que vivir encerrada en una exigua celda y en un pequeño patio, hacinado de gente, con cuatro compañeros de viaje: la violencia, el hastío, el control absoluto de su intimidad y la soledad. Dicho de otra forma, no podrá durante ese tiempo de vida desarrollar un proyecto vital: desarrollo de sus facultades humanas, ni los afectos ―en su vertiente interna de desarrollo psicológico, y en la externa: la familia, los amigos; ni su actividad laboral―.
Por tanto es incompatible con la dignidad humana, que exige el desarrollo del potencial de las facultades humanas y la creación de las condiciones para que ello pueda ser posible (derecho al libre desarrollo de la personalidad). Se convierte en una pena degradante. Por esto la pena de prisión perpetua, aun revisable a los 32 años, es indigna, inhumana y degradante y, por tanto, inconstitucional (arts. 10 y 15 de la Constitución española).
La prisión perpetua es, además, innecesaria desde un punto de vista de política criminal. El Código Penal ya establece penas de prisión hasta 20, 25 ó 40 años para los delitos más graves. En las cárceles españolas ya viven en torno a 400 personas que tienen condenas superiores a estos límites legalmente establecidos en el Código Penal. Se trata de personas que han delinquido en varias ocasiones y lo han hecho después de que fueran sentenciados por otros delitos; en estos supuestos, en aplicación del art. 76 Código Penal, las penas no pueden limitarse a los topes temporalmente establecidos, sino que tienen que sumarse. Así, hay personas que tienen 30 y 40 años de edad y les quedan por cumplir penas de 60, 70, 80 ó 100 años, sin posibilidad alguna de revisión de esa situación legal. Además, desde 2010 puede que les esperen 10 años más de libertad vigilada para cuando salgan de prisión. Y, si se aprueba la reforma de Gallardón, seguramente le esperen otros 10 años en prisión como custodia de seguridad más después otros 5 de libertad vigilada. Estamos en plazos que van ya más allá de la esperanza media de vida.
También es una pena inútil desde el fin preventivo, toda vez que las personas que cometen delitos tan graves no piensan en las penas de prisión perpetuas. Las que ya hay son de idéntica capacidad intimidatoria.
¿Qué late por debajo de esta propuesta de reforma penal? Creemos que varias cuestiones. Por un lado, un interés del grupo político que lo propone para no abrir otro frente a la ya crispada colectividad social. Algunas asociaciones de víctimas de delitos comunes y de terrorismo buscan en la "venganza" ―un sentimiento legítimo pero no una política pública legítima― la solución a su difícil situación emocional tras la pérdida de familiares. En segundo lugar, esta propuesta permite al Gobierno afirmar que cumple con una de sus promesas electorales, ante el incumplimiento generalizado de todas las demás. Por otro lado, se busca una función meramente simbólica, demagógica, del sistema penal de protección ciudadana, cuando desde ningún otro ámbito, en estos momentos, el Gobierno puede asegurarla.
Por último, no podemos despreciar como argumento el ego de quienes llegan a ministros o asesores del Ministerio de Justicia. Pareciera que su función se justifica con la publicación en el BOE de una modificación penal con su nombre. Todos tienen que modificar el Código Penal porque es el texto normativo que más visibilidad pública tiene. Debe ser muy triste pasar a la historia por firmar el sufrimiento humano a perpetuidad, por ser el Ministro de la cadena perpetua.
Las legislaciones penales de otros países que tienen en sus códigos la prisión perpetua no permiten situaciones como las que anteriormente hemos reseñado en el Estado español. Por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional se permite en casos de prisión perpetua que se conceda la libertad condicional tras 25 años de cumplimiento (art. 110 Estatuto TPI). En Inglaterra-Gales a los 25 ó 15 años. En Francia la prisión perpetua establece revisión tras 18 ó 22 años; sin impedir la semilibertad previa. A 1 de enero de 2007 existían en Francia 527 condenados a prisión perpetua, siendo el tiempo medio de cumplimiento 23 años. El número de reclusos con más de 30 años de pena de prisión ascendía a 20. En Alemania el Tribunal Constitucional estableció el 21/VI/1977 que es inconstitucional una pena de prisión perpetua sin posibilidad de liberación, por contraria a la dignidad humana. Se establecen reglas de liberación anticipada que son seguidas de libertad vigilada durante 5 años y siempre que se hayan cumplido como mínimo 15 años. Se puede solicitar de nuevo cada 2 años. A 1 de enero de 2007 existían 1973 condenados a prisión perpetua en Alemania, siendo la media de cumplimiento 19,9 años.
En conclusión, en la Plataforma "Otro derecho penal es posible" (https://www.facebook.es/otroderechopenal) creemos que la cadena perpetua anunciada es inhumana, inconstitucional e innecesaria; la legislación penal española ya es excesivamente punitiva en duración y en extensión; la armonización con las legislaciones de nuestro entorno exigiría una reducción de las penas de nuestro Código Penal, no lo contrario.]]>Presión mediática diferencialtag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.18515452012-09-04T02:12:45-04:002012-11-03T05:12:01-04:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/
19 de julio de 2012. Cientos de miles de personas salen a las calles a protestar por los recortes, la política económica y la subida de impuestos. Al día siguiente el Gobierno dice que respeta el derecho de manifestación, pero que hay que hacer lo que hay que hacer y que por lo tanto, mantendrán la actual línea de política económica. Es lo que debe hacerse, es lo más adecuado y es lo que nos demandan desde fuera. No somos autistas. Estamos dentro de un sistema europeo con una moneda única y por tanto debemos ceñirnos a una política común, aunque esto suponga hacer sacrificios evidentes para los ciudadanos.
Asesinatos recientes. Unos cientos de personas solicitan pena de muerte y cadena perpetua para los agresores. El ministro de Justicia no tarda en reaccionar: dice que respeta el derecho de manifestación, pero que hay que hacer lo que hay que hacer y que por lo tanto, mantendrán la actual línea de política penal. Da una rueda de prensa para explicar a los ciudadanos que el país está ligado en materia penal por compromisos internacionales de respeto a los derechos humanos. Y que, por lo tanto, no se puede jugar con conceptos como restablecimiento de la pena de muerte o prisión de por vida, porque vulneran claramente el derecho a la dignidad humana y a no ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes. Enumera la abundante jurisprudencia en la materia y aclara que cualquier intervención en contra de estos principios por parte del Estado supondría una condena internacional que traería un evidente descrédito hacia la democracia española. "Y esto es algo que no nos podemos permitir en aras de la credibilidad internacional". Añade que es por esa razón que, acatando la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Gobierno va a adoptar de forma inmediata las medidas convenientes para hacer inaplicable la denominada "doctrina Parot", dado que su parte entiende que así debe ser, independientemente de las posiciones políticas que se mantengan acerca de cómo abordar el fenómeno terrorista. Asimismo, a la luz de la más reciente sentencia del TEDH sobre los malos tratos a una mujer nigeriana y la inactividad judicial al respecto, anuncia una inmediata reestructuración de la policía, sistemas de supervisión del respeto a los derechos humanos, radicales modificaciones en el sistema de selección y formación en los cuerpos policiales y severas sanciones para los jueces que amparen abusos policiales.
A preguntas de los periodistas el ministro puntualiza que, a pesar de la evidente y asfixiante presión social en tal sentido, el Gobierno se va a mantener firme y no va a realizar modificación alguna en el código penal en el sentido de provocar un endurecimiento generalizado de las penas. "No podemos convertir infracciones leves en delitos", asevera, para luego explicar que esto quebraría el principio de proporcionalidad y la coherencia interna de todo el sistema de castigos. Pone un ejemplo gráfico. "El código penal sirve entre otras cosas para intimidar. Si acabamos penando más gravemente una violación que un homicidio, ni siquiera estamos respetando la jerarquía de derechos fundamentales entre la vida humana y la libertad sexual". Interpela directamente a los periodistas presentes: "Y a ustedes, ¿qué les parece más grave?"
Al día siguiente la prensa recoge con rigor las palabras del ministro y los analistas ponderan gravemente lo acertado de su intervención y la confianza que sus palabras están generando entre nuestros socios comunitarios. La prensa internacional recoge que el Gobierno está resistiendo adecuadamente a la tentación de instaurar un código penal de corte autoritario y claramente punitivista donde el ciudadano y sus derechos no existan más que de manera formal. La plataforma "Otro derecho penal es posible", habitualmente crítica, valora positivamente su actitud.
Opción contraria: El ministro de Justicia se fotografía con los familiares de asesinados y les promete aceptar sus exigencias de modificación de las leyes penales y penitenciarias. El ministro de Economía toma ejemplo y se fotografía con desempleados, desahuciados, embargados y emigrados con el fin de analizar la situación de los mercados, las medidas anticíclicas a adoptar, la evolución del diferencial con el bono alemán, el déficit de la tarifa energética y la consolidación fiscal, prometiéndoles aceptar sus exigencias de modificación de las leyes y políticas económicas.
Ambos ministros dan una rueda de prensa conjunta, muy satisfechos porque ahora escuchan a los directamente afectados por sus políticas: "Los expertos, estudiosos y universitarios no viven las cosas en primera persona, no tienen un criterio experiencial ni comprenden el sentir de la ciudadanía". Se dice que en las tertulias televisivas y radiofónicas y en las columnas de opinión de la prensa ya no se van a incluir las opiniones de catedráticos, analistas bursátiles y premios Nobel de economía, sino directamente las de las víctimas de la crisis, que son las que han de marcar la política económica.
Por otro lado, en la investigación de los delitos el nuevo paradigma es la lucha contra el dopaje y el caso Ángel Mullera. La presunción de inocencia, el principio de lesividad y en general todos los principios del derecho sancionatorio son un incordio, ineficaz para calmar a los periódicos y preservar la marca España; a partir de ahora bastará con que algún periódico diga que alguien ha enviado a alguien un correo electrónico preguntando por algo delictivo. Es indiferente que el correo electrónico haya podido ser obtenido ilegalmente. No es necesario que el delito se haya cometido, ni que se haya intentado, ni haber dado positivo, ni que se le hayan encontrado sustancias prohibidas, ni transacciones económicas sospechosas, ni resultados deportivos sorprendentes; nada, para sancionar bastará con pensar o fabular con algo delictivo, considerándose agravante escribirlo en un correo electrónico. Pero los delitos, como el dopaje o, en tiempos, el adulterio, solo se castigarán cuando se hagan con notoriedad y escándalo, poniendo en peligro la imagen de los políticos; mientras se haga en la intimidad, si ayuda a extender la marca España por el mundo, se mirará para otro lado.]]>Libertad condicional para Uribetxeberriatag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.17879502012-08-16T06:00:23-04:002012-10-16T05:12:28-04:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/
El Código Penal de 1995 y la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 prevén la puesta en libertad, condicionada, de las personas presas mayores de 70 años y de los enfermos muy graves con padecimientos incurables, aun cuando no hayan cumplido el requisito temporal para la excarcelación en libertad condicional, que, con carácter general, es haber cumplido las ¾ partes de la condena. Para la aplicación de la ley no deberían hacer falta manifestaciones, presiones o huelgas; ni la aplicación de la ley debería hacerse porque las haya.
Además de sufrir padecimientos graves e incurables, deben concurrir los demás requisitos (estar en tercer grado, buen comportamiento y pronóstico individualizado favorable de reinserción social) y la ausencia de peligrosidad; dicho de otro modo, que no exista un elevado riesgo de delinquir, de causar daño a las personas o a la sociedad. El cual, a tenor de la enfermedad que el miembro de ETA parece sufrir y tras el cese de la actividad armada de ETA, se antoja ínfimo.
No es completamente pacífica la interpretación de los criterios generales sobre cuáles son los padecimientos graves e incurables que dan derecho a disfrutar de la libertad condicional anticipada, pero, conforme a los datos que se conocen por los medios de comunicación y tras el dictamen del preceptivo informe médico actualizado, parece claro que un cáncer en estado avanzado y con metástasis cumple con el requisito legal y con carácter general la concesión de la libertad en estos casos no plantea ningún dilema jurídico.
Hasta aquí la letra de la ley, el esencial aspecto formal. Pero, ¿qué anima y da vida a la ley? En este caso, en primer lugar, el principio de humanidad, el respeto a la dignidad humana. En el estado actual de avance de nuestra cultura jurídica, el consenso normativo que preside la Constitución acepta que es inhumano mantener en prisión, privada de libertad, alejada de su familia y entorno, a una persona con padecimientos graves e incurables; por llevarlo al extremo, aunque la ley no exige tanto, que una persona pase los últimos días, semanas, meses o años de vida en prisión con graves padecimientos; teniendo en cuenta que, además, el medio penitenciario suele tener un efecto en sí nocivo sobre la evolución de muchas enfermedades.
Que el preso en cuestión haya protagonizado actos delictivos humanamente incomprensibles, que no haya demostrado la humanidad que en la aplicación de la ley aflora, no impide la aplicación de una ley expresiva de los principios de humanidad y proporcionalidad de las penas y ofrece un vívido contraste que debería hacer reflexionar a sus autores y a los que de cualquier modo justifican dichos actos.
El ejemplo de las personas que se han ido haciendo conscientes de la inutilidad e injusticia del terrorismo de ETA, lo han expresado públicamente con valentía y coste personal, quieren ser agentes de paz y trabajan por impedir que una memoria injusta perpetúe el mal causado cobra en el marco de estos debates una si cabe mayor significación social.]]>La "nueva" reforma penaltag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.16855652012-07-23T04:19:43-04:002012-09-21T05:12:13-04:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/Código Penal de 1995 inicia su andadura como Anteproyecto en uno de los últimos Consejos de Ministros anteriores a las vacaciones de agosto. Y aún nos espera la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, que ya se anticipa que va en la misma línea ideológica.
La línea político-criminal sigue la estela de las anteriores ―con unos matices u otros pero en lo esencial indistinta entre un partido de gobierno u otro― que se pueden sintetizar en unas ideas clave: más mano dura, populismo punitivo, modelo penal de la seguridad, uso meramente simbólico del derecho penal, autoritarismo e injusticia social.
A falta de ir estudiando detalladamente el Anteproyecto ―después habrá que conocer los informes pertinentes del Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, las enmiendas parlamentarias y el texto definitivo en el BOE― ya se han ido anticipando algunas de ellas en diversas declaraciones de unos ministros y otros: mayor penalización de la multireincidencia, la cadena perpetua, la conversión de faltas, el encierro preventivo ―custodia de seguridad―, la extensión de la libertad vigilada preventiva ―que ya introdujo la reforma del año 2010 del Gobierno del PSOE―...
Varios de estos temas ya los hemos tratado en la Plataforma Otro derecho penal es posible, a cuyos extensos y rigurosos textos me remito, por lo que me limito a apuntar ahora solamente unas líneas generales, de esta reforma y de toda la línea político-criminal que se viene siguiendo desde 1995:
La inmensa mayoría de las reformas que endurecen de uno u otro modo la respuesta penal carecen de la más mínima base empírica o criterio de los expertos. Desgraciadamente el Gobierno no impulsa ningún tipo de estudio criminológico para conocer la realidad de la delincuencia y la eficacia de las normas e instituciones actuales.
Consecuentemente, las reformas son meramente intuitivas o, peor aún, puramente ideológicas ―de modo parecido a las reformas económicas que estamos sufriendo― y en una gran parte de ellas simplemente demagógicas, es decir, las reformas no se justifican por su necesidad para garantizar los bienes jurídicos penalmente protegibles sino casi exclusivamente en el intento de transmitir un mensaje falsamente tranquilizador a la ciudadanía frente a la distorsionada imagen de riesgo que transmiten los medios de comunicación de masas.
La innecesariedad es una de las mayores tachas que cabe hacer a las leyes penales, que, no lo olvidemos, son las leyes que más intensa e incluso violentamente inciden en nuestros derechos y libertades. La restricción de esos derechos y libertades fundamentales debe estar legitimada por su necesidad para conseguir utilidades sociales, no por fines electoralistas o políticos coyunturales. Esto se denomina populismo punitivo. Ya lo dijeron los pensadores ilustrados hace 250 años: "Toda pena que no se deriva de la absoluta necesidad es tiránica".
Son los derechos y libertades de todos, no lo olvidemos, no de "los otros", son nuestros y los recortes en esos derechos y libertades nos afectan a todos; no son para protegernos a "nosotros" de "ellos", esta es la cobertura ideológica.
Así se construye el llamado derecho penal del enemigo, del otro, del carente de derechos, creando categorías de personas cuyos derechos no hay que respetar porque les excluimos de los bienes sociales y de todo el aparato de garantías que ha costado siglos de luchas conseguir.
Y en un contexto de crisis económica como el actual, que está causando una crisis y ruptura social, con una lógica conflictividad social en aumento, el Gobierno promueve la deriva autoritaria en los delitos de atentado y resistencia, con el fin de criminalizar la contestación social.
Es la lógica real de todo sistema penal, servir al mantenimiento del status quo social: no es posible un derecho penal justo en una sociedad injusta. Se opta por dotar al sistema penal de armamento cada vez más pesado para resolver los conflictos sociales en un sentido ideológicamente predeterminado.
Mientras tanto, no se considera que para atajar la especulación, la corrupción pública y privada tan extendida en los años "del ladrillo" y de las obras faraónicas, las estafas a los usuarios de banca, los viajes de placer con dinero público, los sobresueldos de los directivos negligentes, la más que negligencia de los supervisores económicos... sea necesario recurrir a una mayor eficacia del sistema penal.
]]>¿Puede una abogada ser madre?tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.16585542012-07-14T04:03:20-04:002012-09-12T05:12:11-04:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/
Me refiero principalmente a las abogadas ―sirve exactamente igual para procuradoras― autónomas, que trabajan por su cuenta, en un despacho individual o pequeño, es decir, a la mayoría de las abogadas españolas.
Conciliar es la palabra mágica, conciliación de la vida laboral y familiar; hasta se conjuga como verbo: yo concilio, tú concilias, ella concilia, nosotros conciliamos... todo el mundo concilia; se supone que es un objetivo consensuado entre todos los sectores sociales, ideologías, opciones partidarias...; se apoya en multitud de legislación que la promueve, incluso existe legislación específica como la Ley 39/1999; se regula la reducción de jornada, el permiso de maternidad y paternidad, el permiso de lactancia...; se forman redes sociales como en www.conciliacionrealya.org...
Separar lo personal de lo laboral. Seguir la regla de ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de tiempo libre.
Priorizar. Organizar el tiempo en función de tareas urgentes de verdad.
Aprender a decir "no".
Planificar. La planificación es la piedra angular de la gestión del tiempo: hacer un listado de tareas.
Ser respetuoso con el tiempo propio y exigir a los demás que lo sean también.
Ser puntual en los horarios de comienzo de jornada para estar más legitimado para salir puntualmente.
Evitar y combatir el presentismo. Las empresas cada vez evalúan más a sus trabajadores de acuerdo a sus resultados.
Convocar reuniones sólo cuando sea necesario, sustituirlas cuando se pueda por una conversación telefónica.
Organizar las reuniones para que no se extiendan. Hay que fijar no sólo hora de inicio, sino también de finalización.
Sustituir las comidas de trabajo por desayunos. Igual de efectivos para la toma de decisiones, pero mucho más breves.
Pero, ¿y en el ámbito de la Administración de Justicia? Las jueces, las fiscales, las funcionarias, las peritos... casi todas las mujeres en el ámbito de la justicia tienen acceso a las posibilidades actuales de conciliación de la vida familiar y la laboral.
Sin embargo, para las profesionales liberales conciliar la vida familiar y la vida laboral es una carrera de obstáculos.
Por otro lado, la sensibilidad de los juzgados se encuentra entre el cero y los números negativos. Las madres abogadas o abogadas madres podrían contar innumerables anécdotas: tener que redactar un recurso de casación en el hospital a punto de dar a luz, porque el Tribunal Supremo, que se toma un año en decidir si acepta el recurso anunciado, considera improcedente ampliar el plazo de 15 días sólo porque vayas a dar a luz; asistir a un cliente en una declaración en el último mes de embarazo sin que nadie le acerque una silla a la única persona de pie, la mujer embarazada; que para hacerte un favor te señalen un juicio para el mismo día que está el parto planificado, "así haces el juicio y te vas para el hospital tranquila"; que tu hijo conozca más la luz del ordenador del despacho que la del parque; tirar de sacaleches en los baños de los juzgados para poder aguantar todo el juicio...
Afortunadamente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, modificó el art. 188 de la LEC, en relación con los motivos de suspensión de las vistas, estableciendo en su punto 5 lo siguiente:
5.- Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del abogado de la parte que pidiere la suspensión, justificadas suficientemente, a juicio del Tribunal, siempre que tales hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183, siempre que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y no se cause indefensión.
Igualmente, serán equiparables a los supuestos anteriores y con los mismos requisitos, otras situaciones análogas previstas en otros sistemas de previsión social y por el mismo tiempo por el que se otorgue la baja y la prestación de los permisos previstos en la legislación de la Seguridad Social.
Como se puede comprobar, finalmente se ha atendido la reiterada pretensión de la Abogacía estableciendo como causa de suspensión de las vistas la "baja por maternidad o paternidad del abogado" ―aunque difícilmente una autónoma podrá tener una baja como tal―. Queda que los juzgados apliquen la ley y que los Colegios de Abogados se impliquen en esta reivindicación legítima de las abogadas.]]>Varapalo al Constitucionaltag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.16620632012-07-10T11:37:38-04:002012-09-09T05:12:04-04:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/algunos elementos de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la doctrina Parot, cuyo sentido ya se venía anticipando, puede ser conveniente apuntar algunas reflexiones, sin perjuicio de que el conocimiento exacto de la sentencia, que no es firme, y los acontecimientos que se desarrollen a partir de ahora, nos pudieran llevar a modificar las reflexiones iniciales. Al respecto cabe hacer consideraciones de tipo jurídico y de tipo político.
En todo caso, la Sentencia supone un importante varapalo al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo. La Sentencia del Tribunal de Estrasburgo considera que se vulneran los derechos a la legalidad penal y a la libertad contenidos en los arts. 5 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que el TEDH hace unas valoraciones jurídicas que deberían haber hecho el Tribunal Supremo y, sobre todo, el Tribunal Constitucional, por vulneración de los derechos a la legalidad y a la libertad de los artículos 25 y 17 de la Constitución española.
Sin duda son compartibles y comprensibles la sensaciones de una gran parte de la ciudadanía, y principalmente de las víctimas del terrorismo, ante la excarcelación, legal pero valorada como prematura, de personas condenadas por múltiples crímenes gravísimos. Por esta y otras razones se inició el camino de reforma legislativa con la eliminación, en 1995, de la redención de penas por el trabajo. Obviamente, en virtud del derecho fundamental a la irretroactividad de las leyes penales, principio irrenunciable de un Estado de Derecho, dicha eliminación sólo es posible para los hechos delictivos cometidos a partir de 1996. Posteriormente, en 2003, la aprobación de la Ley Orgánica 7/2003, de medidas para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, profundizó en el objetivo de acercar el periodo de encarcelamiento real al tiempo máximo de duración del límite de cumplimento, 30 años, que en esa ley, además, se amplió hasta los 40. Obviamente, en un Estado de Derecho, dichas reformas sólo podían aplicarse a quienes cometieran sus delitos a partir del 2003.
Es decir, quedaba subsistente el mismo problema respecto a las personas condenadas por hechos anteriores a 1995 y 2003, esto es, la gran mayoría de los presos de ETA; estando además cercana la puesta en libertad de presos significativos por el cumplimiento de sus condenas a los 18 ó 20 años de prisión. Y en este contexto, en el 2006 se aprobó la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006 que, al resolver un recurso de Henri Parot contra un Auto de la Audiencia Nacional, crea la llamada doctrina Parot, que produce un efecto similar al actual artículo 78 del Código Penal, no aplicable a los condenados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Se trata de una nueva interpretación de las leyes, completamente novedosa y desconocida hasta el momento, que permitía alargar la estancia en prisión hasta los 30 años del límite del encarcelamiento. No es ocioso recordar que a esta sentencia se presentó voto particular discrepante de la sentencia, aprobada por mayoría, por parte de los magistrados Joaquín Giménez, José Antonio Martín Pallín y Perfecto Andrés Ibáñez, "pues lo que propone como una mera interpretación innovadora de la regla 2ª del artículo 70 del Código Penal de 1973, es, en realidad, una alteración drástica del sentido de la norma y de su contexto prescriptivo".
Con varios años de retraso, durante los cuales han seguido en prisión la mayor parte de los 66 presos a los que se estima ―según noticias de prensa― que se ha aplicado la doctrina Parot, en su mayor parte presos por delitos terroristas, el Tribunal Constitucional finalmente el 29 de marzo se pronunció sobre algunos recursos contra los Autos basados en dicha doctrina o interpretación jurisprudencial ―por ejemplo en la Sentencia nº 40/2012, de 29 de marzo, también con algunos votos particulares―; el a mi juicio más significativo, valiente y jurídicamente acertado el de la Magistrada y Catedrática de Derecho Penal Adela Asua Batarrita, con base en la insuficiente fundamentación de la sentencia aprobada por el Pleno y la vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal, en definitiva un "imprevisible cambio en las reglas de juego", que es precisamente lo que ha apreciado el Tribunal de Estrasburgo.
En consecuencia, al margen de los avatares del caso concreto que ha resuelto el TEDH ―si se recurre o no, si se suspende su aplicación o no, si tiene efectos sobre otros casos de aplicación de la doctrina Parot y, en su caso, en qué tiempo ocurra esto― lo cierto es que no se puede ocultar que significa la condena al Estado español por haber conculcado derechos fundamentales, es decir, por haber ignorado principios esenciales del Estado de Derecho. Lo lamentable es que los mecanismos internos correctores de vulneraciones de derechos fundamentales, como el recurso de amparo al Tribunal Constitucional, no hayan funcionado.
Creo que respecto al fin de ETA la resolución del TEDH no es muy relevante, pero sí puede serlo, si se extraen las consecuencias oportunas, para el tratamiento de algunas cuestiones tras el cese de la actividad armada de ETA. Como se ha afirmado reiteradamente, a pesar de haberse también ignorado en ocasiones, en el Estado de Derecho no caben atajos contra el terrorismo; las leyes, los derechos fundamentales, son un límite infranqueable para los poderes públicos. La deslegitimación del terrorismo sólo puede hacerse con respeto al Estado de Derecho; cuando esto no ha sido así, solamente ha servido para echar leña al fuego de los violentos. Es cierto que hay libertades con el puño en alto que indignan y ofenden, pero no podemos por ello quebrantar las leyes y socavar el estado de derecho y la legitimidad de la lucha antiterrorista.
Una de las consecuencias que el terrorismo ha tenido sobre el Estado de de Derecho ha sido la de armar al Estado con mecanismos excepcionales al amparo del art. 55. 2 de la Constitución, permitiendo que se suspendan ciertos derechos y libertades "para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas". A partir de ahí, en la lucha contra el terrorismo se han ido introduciendo en las leyes penales, procesales y penitenciarias reglas excepcionales ―con una tendencia expansiva intrínseca que ha dado lugar a que se apliquen en muchos casos con carácter general―, algunas de las cuales han sido muy discutidas desde la perspectiva de los derechos fundamentales; así como prácticas e interpretaciones en los tribunales, principalmente en la Audiencia Nacional, igualmente discutidas. Quizás a partir del cese de la actividad de ETA ―sin perjuicio, obviamente, de que en ningún caso queden impunes los graves delitos cometidos y pendientes de esclarecer― convendría ir replanteándose esta legislación y prácticas desde el punto de vista tanto de su legitimidad como de su eficacia, necesidad y proporcionalidad.
Y, a mi juicio principalmente, aquellas normas sobre el cumplimiento de las penas que obstaculizan los permisos, tercer grado, libertad condicional, etc. de un modo excepcional para los delitos de terrorismo respecto a otros, como por ejemplo los artículos 36, 76, 78, 91 y otros del Código Penal. Desafortunadamente, muchos presos de ETA han ido e irán siendo excarcelados, a medida que vayan cumpliendo sus condenas conforme a las leyes, sin haber hecho una reflexión autocrítica de las gravísimas vulneraciones de derechos humanos producidas por ETA y por ellos mismos y el inmenso dolor y daño social que su absurda e inútil violencia ha generado. En mi opinión, a futuro, esto es lo grave: que pueda subsistir en algunos sectores de Euskadi, quizás durante generaciones, una justificación y legitimación de la violencia como instrumento político. Por ello entiendo que la política penal y penitenciaria en esta materia debe contemplar cómo coadyuvar a la deslegitimación del terrorismo y a la excarcelación de las personas presas que han rechazado y deslegitimado su propia actividad terrorista pretérita.]]>Tirarse a una piscina vacíatag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.16276402012-06-28T04:35:47-04:002012-08-27T05:12:06-04:00Xabier Etxebarriahttp://www.huffingtonpost.com/xabier-etxebarria/
Explican al consejero que una cárcel de 504 celdas significa una población penitenciaria de 1.000, muchos de ellos de fuera de Navarra, porque la población reclusa actual en la Comunidad está en torno a las 250 personas. Esto va a traer necesidades de todo tipo y gasto a prever para el Gobierno de Navarra en lo relativo a asistencia sanitaria y social, transportes, centros de rehabilitación de toxicomanías, justicia gratuita y asistencia letrada a los reclusos...
Navarra no cuenta con infraestructuras suficientes para toda esta población. Le preguntan si hay algo previsto en ese sentido. Se trata de hacer la cárcel, dice. Deja entrever desinterés y oposición y por tanto no quiere abordar estos asuntos ni abrir un debate. Cuando tengamos la cárcel pensaremos en esto y en otras cosas, como asumir las transferencias en materia penitenciaria. Su mirada se desliza nuevamente por el mapa de Pamplona. Primero crearemos la necesidad, nos dice. La mano invisible, pensamos en ese momento, proveerá todo. En sucesivas comparecencias el consejero se muestra cada vez más irritado cuando se le mencionan las consecuencias de la construcción. Reitera que el cemento es lo primero, luego veremos.
El 5 de junio se inauguró la nueva cárcel de Pamplona. La cárcel se levanta gris en medio de una reserva paisajística, mucho más deprisa que los recursos judiciales de asociaciones de vecinos y anticarcelarias. L. acude a manifestarse en bicicleta el día de la inauguración. No les han dejado concentrarse frente al Centro, así que lo tienen que hacerlo en una rotonda en medio de la carretera. En el camino es parada e identificada por la policía. Uno de los agentes le retuerce el brazo hasta dejarla en el suelo. En prensa la mayor polémica se ha desatado porque van a poner en las celdas televisores de plasma y porque el Centro tiene piscina. Los responsables del Ministerio del Interior se apresuran a decir que las televisiones de plasma, ya compradas y almacenadas, no se van a colocar y la piscina no se va a llenar porque no estamos para esos gastos.
Tampoco estamos para otros. El Gobierno de Navarra ha retirado la partida con la que colaboraba al mantenimiento de la cárcel porque hay que hacer recortes y la política penitenciaria no es de su competencia. El servicio jurídico penitenciario, que acudía a la antigua prisión cinco días a la semana, por las tardes, ahora sólo lo hará dos. El resto de asociaciones que trabajan dentro de prisión no tiene información alguna sobre cómo desarrollará su actividad en adelante. Faltan funcionarios, explican. Uno de ellos, de los que llevan las medidas alternativas a prisión, cuenta que no tiene interés en ir a la inauguración. Comenta el despilfarro que ha supuesto dotar el Centro de Inserción Social para personas que, si bien controladas por la Administración, deben hacer vida normal en la calle. "¿Para qué necesitan un gimnasio?" dice a modo de ejemplo. Van a destinar a personal de interior de la cárcel a parte de la escasa plantilla que se dedica ahora a labores de reinserción. La escasez de personal hará que haya zonas del Centro que estén cerradas, ante la imposibilidad de atender los servicios. Por no hablar de la falta de preparación de muchos funcionarios en prácticas, destinados aprisa y corriendo a la nueva cárcel. Trabajo extra, ahora tendrán que cachear los televisores que traigan los presos, dado que en las celdas no va a haber televisores fijos.
El consejero ya no es consejero, la reserva paisajística ya no existe. 750 personas presas están a punto de llegar.
Y la piscina no tiene agua, pero ya estamos en el aire.
¿Cuándo se darán cuenta de que una prisión no es un edificio, sino un lugar en el que viven y conviven más de mil personas, que por ley tienen intactos todos sus derechos menos el de la libertad de movimientos, que tienen las mismas o más necesidades médicas, educativas, asistenciales... que las personas que están en libertad y que están allí para poder salir mejor de lo que entraron?]]>