Europeas: resultados útiles para la Unión

Independientemente de los resultados concretos en cada país, que merecen un análisis nacional particular, las urnas han dado buenas noticias a la UE si se leen las cifras arrojadas por las urnas en términos europeos.

Antes que nada, la abstención ha dejado de crecer desde que en 1979 se eligió por primera vez de forma directa a los eurodiputados. Más allá de que la mayor participación se haya producido por un incremento de los votos eurófobos, estamos ante la reversión, por débil que sea, de una tendencia negativa.

Inmediatamente después, a valorar como muy positivo que el próximo Parlamento de la Unión vuelva a contar con una amplísima mayoría europeísta, muy por encima de la mayoría absoluta de sus miembros: populares, socialistas, liberales y verdes (es decir, las familias nítidamente preeuropeas) suman más de 526 escaños de los 751 de la Cámara.

Una mayoría de esas características es parecida a la existente antes de las elecciones y, lo más relevante, estaría en condiciones de adoptar las decisiones que la agenda de la Unión reclama: completar la unión económica para culminar la unión política y, de esa manera, dotar a la UE de los instrumentos necesarios para recuperar el crecimiento y el empleo, saliendo de la crisis de forma sólida y sostenible.

Además, esa mayoría puede sostener una nueva Comisión encabezada por un presidente que responda a los resultados electorales, como afirma el Tratado de Lisboa, heredando lo previsto en la Constitución Europa. No lo olvidemos, porque es muy importante: los votos van a influir realmente esta vez sobre quién encabezará el Gobierno europeo. Los ciudadanos deben saberlo y los ejecutivos nacionales respetarlo.

Y en este punto conviene no equivocarse: no es que la nueva Comisión vaya a ser con toda seguridad y afortunadamente fruto de una gran coalición porque así lo decidan los grandes partidos (que lo son porque los ciudadanos lo han establecido democráticamente en las urnas, no por designio divino), es decir, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, sino porque su nuevo presidente deberá presentar un colegio que incluya a un nacional de cada estado miembro propuesto, en la práctica, por el Gobierno respectivo, cuando todos son conservadores, socialdemócratas o de unidad.

Ojalá la Comisión tuviera menos miembros que estados -la primera posibilidad contemplada en el Tratado-, lo que permitiría mayor agilidad, eficacia y una composición paritaria. Pero de momento es complicado conseguirlo.

El nuevo Parlamento y la nueva Comisión estarían así en condiciones de recuperar un acuerdo permanente entre las insituiciones más nítidamente comunitarias para frenar la deriva intergubernamental experimentada durante la crisis económica y presionar a favor de una agenda para más y mejor UE, algo más necesario que nunca.

El auge de los eurófobos y populistas de todo tipo, a derecha e izquierda, debe preocupar sobre todo en los estados miembros, por la influencia que pudiera tener en la orientación de los futuros Gobiernos nacionales. Y tal inquietud llegaría también, por ese camino, a la Unión, porque tales Ejecutivos son los que componen el Consejo y el Consejo Europeo.

Por ahora, los eurófobos se diluirán en el día a día del Parlamento Europeo, bien por la incapacidad para formar grupos coherentes, bien por la debilidad para aliarse frente a la citada amplia mayoría europeísta, bien por su ausencia de programas dignos de tal nombre.

Todo esto no quiere decir que la UE tenga garantizados los avances citados, pero sí que la ola antieuropea que se anunciaba no se ha producido. La ciudadanía que ha votado tenía clara su apuesta por la Unión.