España no está intervenida por la Unión Europea. Si lo estuviera, tendrían sentido las afirmaciones del presidente Rajoy y del ministro Montoro responsabilizando a Bruselas de las medidas aprobadas por el Gobierno para reducir el déficit del Estado. Pero no es el caso y, mal que le pese, el Ejecutivo tiene que asumir su propia y exclusiva responsabilidad en la orientación de las mismas y dejarse de echar las culpas al maestro armero o al empedrado comunitario.

Nuestro país ha recibido la solidaridad europea en forma de un rescate parcial para salvar a algunos bancos en dificultades a través de un préstamo a un interés que no llega a la mitad del que pagaría en el mercado y con un largo plazo de devolución: 15 años. Para ello, ha suscrito con la UE un contrato de más de treinta puntos en el que no figura ni una sola de las decisiones del Gobierno: subida del IVA, supresión de la paga de Navidad a los funcionarios, reducción del subsidio de desempleo, etc.

Es más, se ha alargado en un año el límite temporal para el cumplimiento de los compromisos de rebaja de los números rojos del Estado que el Ejecutivo había adquirido ante Bruselas en el marco del procedimiento por déficit excesivo abierto por la Comisión Europea a España. Es decir, a la vista de la situación se han dado facilidades adicionales a nuestro país, sin olvidar, por supuesto, que la futura aplicación de los acuerdos del reciente Consejo Europeo acabará también por beneficiarnos directa e indirectamente.

No somos ni Grecia ni Irlanda ni Portugal. Así que el Gobierno sigue contando con todo su poder constitucional para tomar las decisiones que considere oportunas, más aún cuando cuenta con una amplia mayoría absoluta en las Cortes. La UE exige, porque así se ha pactado con Madrid y de acuerdo con los Tratados que están en vigor, que se alcance una cifra determinada de déficit. Pero no está entre sus competencias decir cómo. En todo caso, podrá hacer recomendaciones sobre el camino de seguir que no pasan de ser eso, recomendaciones.

Por ejemplo, si en vez de recortar los ingresos a funcionarios y desempleados el Gobierno hubiera decidido instaurar un impuesto sobre las grandes fortunas para recaudar más, no duden de que la UE no se habría opuesto; tampoco lo habría hecho si en lugar de aumentar exponencialmente el IVA -que es el impuesto regresivo por excelencia y el más dañino para el consumo- se hubiera planteado una modificación del IRPF para hacerlo más progresivo y que pagaran más los que más tienen; tampoco hubiéramos oído protestar a la Comisión Europea, al Ecofin o al Eurogrupo si, más que reducir las partidas en dependencia, se hubieran disminuido los gastos suntuarios, protocolarios y de representación, que siguen siendo tan numerosos como inútiles (y deberían publicarse para general conocimiento).

Esa es la realidad. No estamos intervenidos por la UE y no se le dicta al Gobierno desde Bruselas lo que debe hacer en concreto para llegar a la meta fijada respecto al déficit.

Pero la táctica del Gobierno sigue siendo penosa. Primero se negó a llamar a las cosas por su nombre: rescate; luego trató de presentarlo como si fuéramos a recibir duros (o euros, mejor dicho) por pesetas; más tarde, al hilo de la Eurocopa, vistió las conclusiones del último Consejo Europeo como si fueran el bálsamo de Fierabrás y supusieran una victoria nacional sobre Alemania, provocando el lógico enfado de Berlín y otras capitales.

Todo con tal de despistar a la opinión pública. Cuando, a pesar de tantas batallas ganadas heroicamente, el alza imparable de la prima de riesgo y el hundimiento de la bolsa se encargaron de mostrar crudamente la realidad y no tuvo más remedio que aprobar un durísimo plan de ajuste, el Gobierno optó por echar las culpas a Europa: "Es la UE quien nos obligar a hacer todo esto porque no tenemos margen de maniobra".

No es verdad. Ese margen existe y la cuestión es qué opción elige libremente el Gobierno para alcanzar los objetivos: la austeridad basada en golpear a los sectores sociales más débiles y erosionados por la recesión o el crecimiento a partir de recursos obtenidos de los que más tienen y menos sufren la crisis.

La buena noticia, en fin, es que no estamos intervenidos. La mala, que con tal de salvar su propia y exclusiva responsabilidad, el Gobierno ha decidido poner en cuestión el europeísmo de la ciudadanía española echando la culpa de los recortes a quien no la tiene y, encima, nos ayuda con un préstamo barato y a largo plazo de devolución.

Por supuesto, la mayoría política que hoy gobierna la UE tiene sus propias responsabilidades en esta crisis global (comenzando por el empecinamiento en la austeridad y terminando por la actitud suicida del BCE al no comprar masivamente deuda pública de los países de la Eurozona), pero no incluyen ni las opciones ni los errores de Rajoy. Ya tiene bastante con las suyas.