BLOGS

Diversidad sexual, hacia la plena igualdad

27/06/2017 07:31 CEST | Actualizado 27/06/2017 07:39 CEST
EFE/Manuel Bruque
Manifestación del Orgullo lésbico, gay, trans y bisexual en Valencia.

En ocho países amar a una persona de tu mismo sexo está castigado con la pena de muerte. En 76 con la cárcel. Hasta hace poco más de 25 años la homosexualidad se catalogaba como una enfermedad mental. Es precisamente la fecha en que la Asamblea General de la OMS excluyó esta orientación sexual como patología en la que se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Un 17 de mayo de 1990 que supuso un punto de inflexión y, a su vez, un nuevo punto de partida de un largo camino. Antes de ello, los disturbios de Stonewall de junio de 1969 en Nueva York fueron el detonante del movimiento pro derechos LGBTI.

Casi medio siglo después, pese a los innegables avances en determinados países, sus reivindicaciones siguen vigentes. Lo estarán hasta alcanzar la plena igualdad de derechos. Ese fue el espíritu que guió dos de los hitos más importantes de los derechos civiles en la historia reciente de España como fue la Ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que tuve el privilegio de ser ponente en su trámite parlamentario, al igual que en la de Identidad de Género de 2007, ambas aprobadas por un gobierno socialista.

Otro gobierno de progreso, el de la Comunitat Valenciana, ha asumido como propias demandas históricas de estos colectivos. Y ha actuado en consecuencia más allá del voluntarismo y de la declaración de intenciones. Así, una de las primeras medidas de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública fue levantar el veto a mujeres solas y lesbianas en el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Ni su estado civil ni su orientación sexual ni su identidad de género son ahora condicionantes para ello.

En una sociedad democrática que merezca ser así considerada la diversidad sexual nunca deber ser motivo de discriminación.

En marzo de este año, Les Corts aprobaban la Ley Trans por la que se reconoce el derecho a la identidad y a la expresión de género. Un paso más hacia la igualdad que se dio pese a los votos en contra del Partido Popular. También, y así se incluye en la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva 2017-2021, se incorpora en la atención primaria y en la especializada la valoración de las prácticas con riesgo para la salud sexual con objeto de diagnosticar de manera precoz el VIH y otras patologías de transmisión sexual.

La magnitud de la desigualdad implica un trabajo intenso y conjunto. Hoy las personas homosexuales y transexuales sufren agresiones físicas y verbales a diario. Sus hijas e hijos son a menudo discriminados. Muchas personas en esta situación aún tienen miedo por sentir como sienten, por el qué dirán, por no poder vivir con la dignidad que merecen. Sin la implicación de la sociedad, sin la colaboración entre ámbitos tan vinculados como la educación, la sanidad, los servicios sociales, jurídicos o la formación de personal de la Administración en la diversidad afectivo-sexual (la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ya imparte este tipo de formación entre su personal sanitario), el reto, ya grande, adquiere dimensiones inabarcables. La igualdad es cosa de todos y de todas. Y lo es a diario.

En una sociedad democrática que merezca ser así considerada la diversidad sexual nunca deber ser motivo de discriminación. Los derechos no se gradúan en función de la orientación sexual o la identidad de género. O son derechos o no lo son. Las Administraciones Públicas, cada una en función de sus competencias, tienen la obligación de ser garante de ellos. La igualdad entre las ciudadanas y ciudadanos es el primer mandamiento de una democracia avanzada. Se han dado pasos importantes para ello, pero siempre serán insuficientes mientras persista un solo caso de desigualdad por la única causa de ser diferente.