El principio del fin del modelo Alzira
No hay marcha atrás. El Gobierno del cambio de la Generalitat Valenciana tiene la convicción de que hay otra manera distinta de hacer política y de gestionar los recursos en función del bien común. Es el compromiso colectivo de un gobierno que no entiende el derecho a la asistencia sanitaria como motivo de negocio. Este compromiso comenzará a materializarse en el 2018 con el fin de la concesión a una empresa privada de la gestión de un Departamento de Salud como es el de Alzira. Las normas que regirán el retorno a la sanidad pública valenciana del hospital de Alzira estarán definidas antes de finalizar marzo. Con ello arranca el principio del fin de ese modelo. Un modelo que siempre primó la rentabilidad económica sobre la social.
Este proceso está basado en la firme defensa de los derechos de la ciudadanía con la que nos comprometimos a recuperar la sanidad para lo público. La salud de las personas, su bien más preciado, no debe estar al albur del mercado. Cuando la asistencia sanitaria hoy privatizada se revierta a la gestión pública, se obtendrán beneficios. La diferencia cualitativa es que estos no se reflejan en ninguna cuenta de resultados ni en la memoria de empresa alguna. Será la ciudadanía quien lo perciba en la mejora de su calidad de vida. Ese es nuestro objetivo, que tiene que ver con la defensa de la salud como derecho y también con la mayor eficiencia y la mejora de la calidad de los servicios que se prestan.
Cuando, con sesgados argumentos, se quiere extender la falacia de que la sanidad privada es más barata, habría que preguntarse si es compatible que el el coste sea el factor principal a la hora de garantizar un derecho que vela, nada menos, que por preservar la salud y la vida de las personas. Aun así, nada es suficiente para ciertos sectores cuando de defender determinados negocios se trata. No por previsible resulta menos significativa esta cruzada de la derecha contra la devolución a las valencianas y valencianos de lo que les pertenece. No hay que olvidar que la reversión de Alzira por la finalización del contrato de concesión es un acuerdo de gobierno del Pacte del Botanic. Tampoco hay que olvidar que su privatización no figuraba en el programa del PP y, además, se llevó a cabo sin contar con nadie. Es decir, el mundo al revés. Lo que se pretende por parte de los interesados en perpetuar el negocio es presentar como una afrenta el cumplimiento de la palabra dada.
Defender lo público no es atacar lo privado. Este Gobierno no tiene ningún problema con la empresa privada, pero la sanidad privada es un complemento de lo público, nunca un sustituto. Es la Administración, es decir, la ciudadanía, quienes con sus impuestos arriman el hombro, estén de acuerdo o no, en beneficio de un privado. Son ellos quienes costean ese canon fijo que se paga a las concesionarias privadas y que, al ser invariable, implica que, de haber ahorro -como se vende para avalar el modelo-, redundaría en una mayor margen de beneficio empresarial y no en un alivio para las arcas públicas. Estos despistes de quienes, a medida que se acerca la fecha, más atacan la decisión del Gobierno de la Generalitat Valenciana, se extrapolan al diseño del proceso. ¿No recuerdan que en 2003 se rescató el modelo Alzira porque los beneficios de la empresa no cuadraban con los esperados?
El fin último no era, pues, mejorar la calidad de la asistencia, sino edificar un negocio en función de las expectativas de lucro de la concesionaria. Entre 1999 y 2003, la empresa privada acumuló casi cinco millones de euros en pérdidas. Algo que para el Gobierno del PP no se podía tolerar. Y actuó en consecuencia. El nuevo contrato a la carta preveía, además del hospital, el control de los centros de salud del departamento y un aumento del 68% por habitante del canon a pagar. En 2009, la misma empresa que volvió a quedarse con el contrato obtuvo unas ganancias de 2,1 millones de euros. Objetivo cumplido.
Este es el modelo que defiende hoy, ayer y mañana el PP. Ese es el futuro que le desvela. Cuánto se echó en falta en su momento tanto desvelo cuando se recortaba y recortaba en la sanidad. En cuatro años, el Gobierno del PP redujo el 15% el gasto y el 10% el número de profesionales en el sector.
Por último, y no menos importante, quienes se atrincheran en este modelo aferrados a una eficiencia que no es tal también olvidan que, a día de hoy, buena parte de su trayectoria se encuentra en los juzgados. En el número 4 de Valencia, en concreto, se investiga a una de las concesionarias y a su filial por presunta malversación de dinero público. En este escenario, cabe preguntarse si se dan las mejores condiciones para una colaboración público-privada en la sanidad. Por supuesto, se trata de una pregunta retórica.
La respuesta de este Gobierno del cambio es que la sanidad pública valenciana es hoy mucho más fuerte que ayer y lo será aún más en el futuro. Que la sanidad pública es calidad, equidad y cohesión social. Que la recuperación para lo público de Alzira revierte para bien en la salud de la ciudadanía y protege sus derechos frente a los intereses privados. La respuesta es que este Gobierno del cambio será el primero que devuelva a lo público el primer Departamento de Salud que fue privatizado.
