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Una herencia sin fin

28/12/2017 07:36 CET | Actualizado 28/12/2017 07:36 CET

Si se entiende la posverdad como la distorsión deliberada de una realidad hay que admitir que el PP fue pionero de esta tendencia en la Comunitat Valenciana. Antes de estos modernos calificativos no faltaban sinónimos para definir la irresponsabilidad política que supone "falsear", "manipular", "amañar", "trucar" o "trampear" con las cuentas públicas para engañar a la misma ciudadanía que ahora se ve abocada a costear las consecuencias del disparate. Vaya por delante que el gobierno valenciano del cambio, y así lo ha anunciado su president Ximo Puig, va a hacer lo posible y más para que sean los responsables de este desmán contable quienes asuman sus actuaciones.

La ratificación por parte del Tribunal de Justicia de la UE de la multa de 19 millones al Gobierno de España resulta económicamente onerosa y políticamente insostenible por parte del mismo partido que, no contento con saquear la Comunitat Valenciana durante su gestión, ocultó su déficit y tergiversó los datos de gasto pese a las advertencias de la Sindicatura de Cuentas. El tribunal europeo considera una "negligencia grave" esta artimaña de quienes hoy, en la oposición, reclaman una transparencia que ya es norma mientras miran a otro lado cuando afloran a diario las secuelas de sus actuaciones manipuladas e interesadas. Una herencia sin fecha de caducidad.

Por encima de los fundamentos jurídicos, la decencia en el uso de los recursos públicos, es decir, del dinero de las ciudadanas y ciudadanos, exige claridad y, sobre todo, verdad sin ningún prefijo que la anteceda. Que esta maniobra del PP no sea una sorpresa no le resta gravedad. No lo es porque, la propia Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ya tuvo, nada más iniciarse la Legislatura, que recomponer las listas de espera quirúrgicas que habían sido maquilladas por el Gobierno anterior del PP para ofrecer datos que no se correspondían con la realidad. Más de 10.000 pacientes tuvieron que ser incluidos sin que ello sea óbice para que el PP siga aferrado a sus datos tergiversados para ejercer una crítica que antepone el partidismo a un tono constructivo que sirva para mejorar la sociedad. Ese debería ser el objetivo.

Que la comunidad peor financiada (según el último informe de Fedea) corra el riesgo además de ver mermados sus recursos en 19 millones, tal y como advirtió por carta Hacienda el pasado 11 de septiembre de 2015, por la manipulación contable que hicieron otros sería una doble e insostenible injusticia. Significaría que los servicios o equipamientos que con ese dinero se pueden poner a disposición de los valencianos y las valencianas se les hurtan por la irresponsabilidad de quienes, precisamente, debían al frente del gobierno garantizar sus derechos y redistribuir con equidad los recursos. Todo lo contrario a lo que hizo el PP. No hay duda de quién tiene que pagar los platos rotos.