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El futuro de las pensiones: el pacto generacional y la igualdad de género

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Foto: EFE

Probablemente, el avance del que más orgullosa está la población española desde la Constitución de 1978 es la construcción del Estado del bienestar: el acceso a la educación para todos, incluida la universitaria; la atención sanitaria universal; con mejor salud y preparación, éxitos en la ciencia y el deporte internacional; alargamiento de la esperanza de vida; un sistema de pensiones con cuantías suficientes y que mantengan su poder adquisitivo; y un sistema de protección ante las situaciones de dependencia, aunque abortado por los gobiernos del PP en pleno proceso de gestación.

Esto es un hecho. Por eso, las políticas socialdemócratas son valoradas, de forma unánime, muy positivamente, y ahora muchos actores políticos se reclaman de la socialdemocracia, con independencia de su adscripción ideológica y trayectoria política.

Hay quienes consideran que esto es sólo un espejismo y que el Estado del bienestar ya no se puede sostener. Argumentan que la educación para todos, la salud o la atención a la dependencia no eran sostenibles para tratar de justificar los enormes recortes de la pasada legislatura.

Ahora le ha llegado el turno a las pensiones: parece que alargar la esperanza de vida ya no es deseable. Según esta línea argumental, las pensiones están en riesgo porque la ciudadanía está más sana y vivimos más años. Es paradójico que lo que se ha conseguido, y que debería ser objetivo prioritario de todo Gobierno -que la población viva más años y mejor- ahora resulte ser el gran problema. Ahora, como antes, se trata de una decisión política que se intenta presentar bajo el velo de la necesidad.

Simplemente como recordatorio, hay que decir que la cuantía del recorte del Estado del bienestar en la pasada legislatura del Partido Popular equivale a las ayudas directas para salvar a la banca, con resultados todavía por ver. Es decir, una decisión política, de aprovechar la crisis para justificar recortes de servicios al conjunto de la población, transfiriendo grandes volúmenes de recursos hacia una minoría.

Toda situación de cambio puede resolverse en beneficio de la inmensa mayoría o de una minoría: la mayor esperanza de vida ¿es un riesgo o una gran oportunidad?

Para unos, es un gran riesgo que justifica nuevos recortes en el sistema de pensiones, porque dicen que no es sostenible. El PP, con su denominada Ley de Sostenibilidad de las Pensiones ,(Ley 23/2013) recorta en diferido el 30% de la cuantía total de la pensión para aquellas personas que se jubilen a partir de 2019. Sus efectos no se percibirán plenamente hasta pasada esa fecha. A mayor esperanza de vida, mayor recorte. Y esto también perjudica especialmente a las mujeres.

Más mujeres quieren trabajar y quieren trabajar más horas, pero los recortes de servicios públicos y la reforma laboral de 2012 las condenan a la marginalidad en el mercado de trabajo con empleos a tiempo parcial.

Se rompe así el Pacto de Toledo al aprobar esta ley sin consenso social ni político. Se menosprecia el esfuerzo realizado por las generaciones del baby boom -que ahora tienen entre 40 y 60 años-, que con sus cotizaciones han sostenido no sólo las pensiones sino el desarrollo de las primeras etapas del Estado del bienestar, como las sanidad universal y parte de los servicios sociales. El Partido Popular decidió en 2013 que a esta generación, cuando empiece a jubilarse a partir de 2019, se les recortará su pensión en función de la esperanza de vida estimada. Esto ni es serio ni es una solución. Están cuestionando el pacto generacional. Si ni siquiera quieren garantizar pensiones dignas a los que han cotizado, ¿qué futura jubilación propone el Partido Popular a los más jóvenes en situación de precariedad crónica?


Garantizar las pensiones a través de la garantía los de ingresos da estabilidad al conjunto del sistema y al conjunto de la ciudadanía

Para la socialdemocracia, más que un riesgo, el aumento de la esperanza de vida es una oportunidad. La cuestión es cambiar el paradigma de la mayor edad. Las personas mayores de hoy tienen independencia y salud, y ser mayor no significa decrepitud o inutilidad. Recortarles la pensión es privarles de independencia. Condenar a la precariedad y a la pobreza a las personas mayores no resolverá los problemas de las generaciones más jóvenes mientras los salarios sigan siendo tan bajos, las cotizaciones sociales, insuficientes y la capacidad de ahorro, nula. Empobrecer por decisión política a uno de los grupos mayoritarios de la sociedad española, convertir a las personas mayores en dependientes económicos de sus familias -cuando realmente han sido el sostén de las mismas, primero trabajando y cotizando y luego haciendo de caja de resistencia durante la crisis- además de miope, será la ruina de nuestro país.

La política socialdemócrata se compromete a poner en marcha mecanismos de garantía para que esto no ocurra. Significa restituir derechos y consolidarlos a través del diálogo social y político en el Pacto de Toledo. Significa tener la valentía de contar la verdad a la ciudadanía, dedicar los recursos del Estado para el bienestar de la mayoría y no para salvar a unos pocos y prever un recargo impositivo a todo tipo de rentas altas- de capital o trabajo- para que sea solidario y redistributivo.

Este recargo impositivo finalista significa un compromiso de estabilidad del sistema ante cualquier tipo de eventualidad o circunstancia.

La reforma estructural que de verdad necesita nuestra economía es la que se refiere al modelo productivo, a la economía del conocimiento, a la ampliación de las tasas de actividad y empleo. Nos pasamos el día gimoteando por no tener cotizantes y despreciamos y enviamos a casa a las mujeres -precisamente a aquellas cohortes femeninas mejor formadas de nuestra historia, incluso más que sus homólogos varones-. Y aquí está la madre del cordero.

Hasta 2010, el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo iba en ascenso permanente, hasta incorporarse tres millones más de las que había en el año 2000, cuando ya se habían incorporado otras tantas con respecto a los años 80. Este proceso se paró en 2011. Sin embargo, más mujeres quieren trabajar y quieren trabajar más horas, pero los recortes de servicios públicos y la reforma laboral de 2012 las condenan a la marginalidad en el mercado de trabajo con empleos a tiempo parcial.

La tasa de empleo en España para las mujeres entre 20 y 64 años apenas alcanza el 58% . El objetivo que nos habíamos marcado en la Estrategia Europea 2020 era una tasa de empleo femenino del 73%, quince puntos de diferencia o, lo que es lo mismo, tres millones de mujeres con empleo a tiempo completo, buenos salarios, cotizando y contribuyendo según su renta al mantenimiento del Estado del bienestar.

Lograrlo es posible. Las fórmulas están inventadas: únicamente hay que ponerse a ello y hacer una de las reformas estructurales que más necesita nuestra economía. Los modelos nórdicos socialdemócratas nos sirven de guía, con tasas de empleo femenino por encima del 75% y altas tasas de natalidad que garantizan la reposición.

En una campaña electoral deben plantearse las alternativas de forma clara y transparente. La socialdemocracia de siempre sigue vigente, y lo auténtico siempre es mejor que la copia.

La OIT, y hasta el Fondo Monetario Internacional, o la OCDE, nos están marcando el camino. Va desde completar la formación de las mujeres en las nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo de las profesiones ya adquiridas, hasta equiparar a las mujeres con los hombres en el ámbito empresarial, como autónomas y como responsables en los puesto de dirección. Y, por supuesto, potenciar la investigación básica y aplicada para desarrollar una economía del conocimiento que no distinga por géneros. En este sentido, también proponen un aumento significativo de salarios, el acceso al crédito y una fiscalidad que no expulse a las mujeres del mercado de trabajo.

Pero no cabe duda de que lo determinante es sustituir la caja de resistencia de los cuidados, que recae en la mujer, por una profesionalización de estos servicios que permita una amplia corresponsabilidad, para que la maternidad y cuidado de dependientes no perjudiquen el desarrollo profesional de las mujeres.

Lo anterior no es un lujo, es inversión: inversión en equipamientos escolares y de atención a los dependientes (niños de 0-3 años y personas dependientes); inversión en servicios educativos y sanitarios; inversión en profesionales para la ayuda y apoyo a la educación (los deberes en el colegio, no con las madres); inversión en profesionales para el mejor cuidado de las personas dependientes. Así lograremos que las mujeres decidan su maternidad y sea posible elevar la tasa de natalidad y alcanzar el nivel de reposición.

Esta política socialdemócrata, y no los recortes, es lo que asegura el futuro. Consolidar los recortes en pensiones, diferidos a 2019, será una nueva carga para las mujeres, puesto que volveremos a tiempos pretéritos en los que las parejas jóvenes tienen que hacerse cargo de sus mayores. Y siempre serán las mujeres las que asumirán la carga.

En una campaña electoral deben plantearse las alternativas de forma clara y transparente. La socialdemocracia de siempre sigue vigente, y lo auténtico siempre es mejor que la copia.

 

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