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Por un progreso más seguro, justo y duradero

28/02/2017 10:52 CET | Actualizado 02/03/2017 11:25 CET

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Foto: IStock.

Hace algunos días, la presentación del documento Somos socialistas. Por una nueva Socialdemocracia supuso una primera aportación al debate sobre el futuro del socialismo en España, en el contexto del proceso en curso para la renovación del liderazgo del PSOE.

Se trata de una reflexión de carácter estratégico, con el objetivo de identificar los grandes retos globales, así como la necesaria reorientación de la socialdemocracia en el siglo XXI. Y parte del inexcusable reconocimiento de las causas por las que la socialdemocracia se ha venido desdibujando como opción progresista: a partir de la década de los ochenta, el pensamiento neoliberal impuso su confianza en las ventajas de la desregulación e insuficiente supervisión de los mercados - en particular de las finanzas -, el retroceso de la acción pública y de la fiscalidad como herramienta redistributiva, el desmantelamiento de los sindicatos, sin que la socialdemocracia constituyera un freno efectivo ante el avance de este paradigma económico. Y ello, a pesar de sus cada vez más evidentes y graves consecuencias sociales y laborales: crecientes desigualdades y concentración del poder económico y mediático, precarización del trabajo, deterioro de los servicios públicos básicos.

La socialdemocracia tampoco identificó a tiempo los efectos sociales del impacto ecológico de dicho paradigma, construido sobre el supuesto de la viabilidad de un crecimiento económico ilimitado y ajeno a la contaminación creciente, la destrucción de ecosistemas y el calentamiento global.

Estos procesos han comportado ya gravísimas consecuencias- riesgos climáticos, problemas de salud pública provocados por la contaminación, inseguridad alimentaria y en el acceso al agua.-, que afectan, muy en particular, a los países más pobres y a los ciudadanos más desfavorecidos Es decir, a todos aquellos que constituyen el objetivo prioritario de la socialdemocracia. También en España: véanse los datos sobre enfermedades y muertes prematuras causadas por la mala calidad del aire, los daños de los fenómenos meteorológicos extremos en la agricultura y el turismo, la sobreexplotación de los recursos pesqueros.

Por eso, en nuestro documento se añade la sostenibilidad ecológica a los valores tradicionales del socialismo, precisamente como garantía imprescindible para avanzar en la igualdad la libertad y la solidaridad; como requisito de un progreso más seguro, más justo y más duradero, a escala global, para las generaciones presentes y las venideras.

La socialdemocracia no puede seguir ajena a la interdependencia entre lo ambiental, lo social y lo económico. Y debe hacer propuestas acordes con el conocimiento científico actual, que alerta de los crecientes riesgos derivados de la no consideración de los denominados "limites planetarios"- el cambio climático, la pérdida de biodiversidad terrestre y marina, la disponibilidad de agua potable, la acidificación de los océanos.

Medir el progreso más allá del PIB, con los indicadores adecuados, constituye uno de los principales retos de una nueva política económica.

De hecho, a escala mundial somos la primera generación con suficiente conocimiento sobre los desafíos ambientales y sobre las posibles alternativas; y quizás somos, también, la última generación capaz de evitar el colapso social y ecológico. Necesitamos, por tanto, una profunda transformación en el modo de producir y de consumir, en la movilidad.

Los costes económicos y sociales de la degradación ambiental son cada vez mayores, y ello comporta una urgencia en la transición ecológica de la economía, que no se aprecia, por el contrario, en algunas referencias "políticamente correctas" a la economía verde o al desarrollo sostenible - incluso incorporadas por los partidos más conservadores - , como elementos marginales y compatibles con el vigente paradigma económico. No se trata, desde luego, de promover algunas actividades "verdes", mientras el resto de los sectores productivos siguen siendo "marrones". Se requieren los incentivos públicos adecuados (fiscales, regulatorios, compras públicas) de forma que cualquier tipo de empresa, en cualquier sector, reduzca sus residuos y todo tipo de contaminación e impacto sobre los ecosistemas; y se trata de que los ciudadanos tengan suficiente información y mecanismos de participación idóneos para contribuir, de forma responsable, a la transformación de los hábitos de consumo.

Estamos convencidos de que esa transición ecológica de la economía es viable, gracias a las tecnologías ya disponibles y a la creciente conciencia ciudadana sobre la inviabilidad del modelo actual. El cambio climático, en concreto, exige una transición energética capaz de reducir drásticamente el uso de los combustibles fósiles en el horizonte de 2030, así como modificar cuanto antes el modelo alimentario basado en una excesiva ingesta de proteínas animales- responsable de un 20% del calentamiento global-.

En el caso de España, además, numerosos informes -de la OCDE y de la OIT, entre otros- afirman la capacidad de creación neta de empleo, asociada a dicha transición, gracias a la riqueza de nuestros ecosistemas y al potencial desarrollo de tecnologías sostenibles en todos los sectores productivos. Y hay que recordar que el simple incremento del PIB no garantiza la creación de empleo digno, de empleo estable. Como tampoco garantiza la reducción de las desigualdades, ni la confianza en las instituciones democráticas, ni la preservación de los equilibrios ambientales. España ha sido- y es actualmente-, un buen ejemplo de ello.

Para medir el avance hacia un progreso más seguro, más justo y más duradero, hay que acotar la verdadera naturaleza del PIB - que solo mide la cantidad de bienes y servicios producidos durante un determinado periodo de tiempo y ponderados según sus precios de mercado-. Medir el progreso más allá del PIB, con los indicadores adecuados, constituye uno de los principales retos de una nueva política económica, acorde con los principios y valores de la socialdemocracia del siglo XXI.

En este empeño, España participa del compromiso de implantación de un amplio abanico de indicadores para medir el progreso, asumido al aprobarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la denominada Agenda 2030, en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015.

Los ODS integran, por primera vez, la agenda de desarrollo con la agenda ambiental, reconociendo la necesidad de considerar los "límites planetarios" para erradicar la pobreza y el hambre, para reducir las desigualdades, para garantizar el acceso al agua y a la energía mediante avances generalizados en la educación y la sanidad, en la innovación, en la calidad de las instituciones, en el acceso a la información, la participación y la justicia. Una Agenda universal y transformadora, que debe implementarse en todos los países; y que exige la transición ecológica de la economía, propuesta en nuestro documento como una de las señas de identidad de la nueva socialdemocracia.