Colombia: paz a la sombra de los escuadrones de la muerte

Colombia: paz a la sombra de los escuadrones de la muerte

Mientras el Gobierno de Colombia y los rebeldes de las FARC se acercan a un acuerdo de paz -y aunque ya han firmado un alto el fuego bilateral que se mantiene en líneas generales-, Colombia sigue siendo el país del hemisferio occidental que más violaciones de los derechos humanos comete.

DANIEL KOVALIK

Actualización: Después de la publicación del artículo original, han asesinado a cuatro líderes indígenas awá en Nariño (Colombia) y se sospecha que un grupo de paramilitares de extrema derecha ha asesinado a tres activistas ecologistas en Cauca. Tal y como recoge la revista 'Semana', "el acuerdo de participación política logrado en La Habana contempla unas garantías para los movimientos y organizaciones sociales. Pero eso sólo empezará a funcionar si los colombianos le dan el Sí a lo pactado por las FARC y el Gobierno. Hasta que eso suceda, el Estado deberá garantizar la vida de estas personas que, desde las regiones, reciben con incertidumbre las noticias de la paz". No podría estar más de acuerdo.

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Mientras el Gobierno de Colombia y los rebeldes de las FARC se acercan a un acuerdo de paz -y aunque ya han firmado un alto el fuego bilateral que se mantiene en líneas generales-, Colombia sigue siendo el país del hemisferio occidental que más violaciones de los derechos humanos comete. Las llevan a cabo grupos paramilitares de extrema derecha (bandas), cuya existencia niegan tanto Estados Unidos como Colombia.

Según el expresidente Álvaro Uribe, aliado y amigo de los grupos paramilitares, estas bandas están abiertamente en contra de los acuerdos de paz y aumentarán la violencia a medida que se vaya acercando un referéndum para aprobar o rechazar estos acuerdos. Por lo tanto, tal y como recoge el periódico Insight Crime, la Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE) calcula que casi 250 municipios (es decir, más del 25% de los 1105 municipios de Colombia) "están en riesgo de violencia o fraude con respecto al referéndum sobre el anticipado acuerdo de paz" con las FARC. Los departamentos de Choco, Cauca y Putumayo -regiones en las que viven muchos afrocolombianos e indígenas- son los que más riesgo corren. Antioquia, el departamento en el que Álvaro Uribe ostentó el cargo de gobernador, cuenta con el mayor número de municipios en situación de riesgo.

Mientras, los paramilitares ya están aprovechando la oportunidad que les ha concedido el alto el fuego para ganar territorio y conseguir más ventajas para las élites económicas -nacionales e internacionales- a las que sirven.

Para empezar, según la Confederación Sindical Internacional, en Colombia han muerto más sindicalistas que en cualquier otro país y, por eso, se ha ganado un puesto entre los 10 peores países del mundo en lo que respecta a derechos de los trabajadores. Como se explica en el informe anual de la Confederación Sindical Internacional, "en Colombia, los sindicalistas llevan siendo asesinados con impunidad durante décadas. En 2015, se registraron 20 asesinatos de sindicalistas en Colombia, la cifra más alta de todo el mundo". Y no sorprende descubrir que han sido los paramilitares los que han llevado a cabo estos asesinatos por el interés del capital.

Además, ya han asesinado a 35 activistas por los derechos humanos durante la primera mitad del 2016. Es una cifra muy alta. Según el periódico colombiano El Espectador, este año ha sido "uno de los más violentos en lo que se refiere al asesinato de defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras" y los paramilitares han sido los encargados de hacerlo. De hecho, uno de los principales autores de estos crímenes, especialmente contra aquellos que reivindican la devolución de las tierras robadas durante el conflicto armado, es el grupo paramilitar "Ejército Antirrestitución de Tierras". Este grupo se ha reactivado por la liberación del famoso líder paramilitar José Gregorio Mangones Lugo, conocido como Carlos Tijeras. Fue el responsable del robo con violencia de tierras de la región de Magdalena y ahora ha vuelto para asegurarse de que no se la devuelven a sus verdaderos dueños.

Todo esto augura malos presagios para las probabilidades de que se instaure la paz en Colombia. Uno de los defensores de los derechos humanos más importantes de Colombia, el padre Javier Giraldo, ha escrito un post serio sobre este tema: ¿Paz en Colombia? Merece la pena leerlo, sobre todo porque en las noticias nunca aparecerán personas como él.

Como dice el padre Giraldo, a pesar del progreso de las negociaciones de paz en la Habana, que están a punto de concluir, "el país se encuentra profundamente polarizado por el crecimiento y poder creciente de posiciones políticas de extrema derecha. Parece que reviven las posiciones de la Guerra Fría, potenciadas por el monstruoso poderío económico de un empresariado multinacional que defiende rabiosamente sus intereses excluyentes con medios muy poderosos".

Giraldo señala, con razón, que el Gobierno colombiano defiende de boquilla la paz y busca la rendición y la destrucción tanto de las guerrillas como de los grupos pacíficos que defienden el cambio social. En sus palabras:

"En general, las motivaciones de disuasión que han sido utilizadas para promover los acuerdos de paz descansan en gran parte en la imposibilidad práctica de lograr cambios sociales por medio de la lucha armada, dado el poder monstruoso y apabullante de las armas estatales respaldadas por el poderío imperial de mayor alcance destructivo en la historia reciente de la humanidad: los Estados Unidos. [...] Los discursos del Presidente Santos en el exterior han insistido, ante todo, en una paz que beneficiará a los empresarios e inversionistas transnacionales, quienes podrán intensificar su extracción de recursos naturales, pero entre tanto su gobierno reprime con una violencia cruel las protestas sociales de las comunidades afectadas por la destrucción ecológica y social que han causado y siguen causando esas empresas multinacionales".

Después, el padre Giraldo dice una verdad que rara vez se dice y que yo ya he aprendido gracias a los viajes que he hecho a Colombia durante los últimos 17 años: mientras los paramilitares se oponen al proceso de paz porque proporcionará un grado de inmunidad a los rebeldes, "el movimiento popular se teme más a la impunidad de los poderosos y de los agentes del Estado y del paramilitarismo, cuyos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios superan enormemente en cantidad y en crueldad los crímenes de la insurgencia".

Y la impunidad de los paramilitares de extrema derecha, que controlan a gran parte del Gobierno colombiano, es prácticamente total. Una vez más, esta impunidad existe debido a la negación por parte de Colombia y de Estados Unidos de la existencia de los paramilitares. También ayuda el silencio de los medios de comunicación, que no hablan de Colombia ni de la situación de los derechos humanos en ese país, el que tiene la peor situación en lo que a derechos humanos se refiere en todo el hemisferio occidental. Si la paz en Colombia tiene alguna oportunidad, necesitará apoyo por parte de personas bienintencionadas de Estados Unidos, Canadá y Europa, dispuestas a contar la verdad sobre Colombia y a ofrecer acompañamiento al proceso de paz.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición estadounidense de 'The Huffington Post' y ha sido traducido del inglés por Irene de Andrés Armenteros.