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Banca italiana: crónica de un rescate anunciado

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Foto: REUTERS

Está tardando en ser anunciado pero acabará sucediendo: la banca italiana habrá de ser finalmente rescatada. En primer lugar, porque se dan condiciones objetivas para ello, que se sustancian en un pesado lastre de 360.000 millones de euros de activos dañados en sus balances como consecuencia de la dura crisis de los últimos años, combinado con una insuficiencia manifiesta de capital y de provisiones para absorber las pérdidas que de dicha situación van a derivarse. Tal lastre es el mayor de la banca europea y, como referencia, baste señalar que excede con mucho al de la banca española, siendo inferior el tamaño de la banca italiana.

En segundo lugar, porque los mercados vienen retransmitiendo a cámara lenta una situación insostenible con caídas de la banca cotizada italiana que, sólo en lo que llevamos de año, rondan el 60% de media. Hemos llegado a un punto en el que, también en media, sólo se valora por 30 céntimos cada euro de capital de los accionistas de dichas entidades. Esta valoración, además de ser similar a la de los peores momentos de la crisis reciente, es expresiva de una evidente falta de credibilidad y desconfianza en las cuentas y/o el futuro del sector que, por lo demás, aunque no en la misma medida, se manifiesta también en toda la banca europea.

En tercer lugar, porque su peculiar estructura no invita a ser optimista respecto de una reconversión autónoma. Como comentaba de manera más extensa en un reciente post del blog Finanzas a las 9, tras las fusiones y adquisiciones acaecidas en las dos décadas anteriores, en la que (i) se privatizaron el grueso de los bancos estatales y (ii) las "cajas de ahorros" italianas se transformaron en bancos comerciales gestionados en gran medida por fundaciones públicas, y dos grandes entidades, Unicredit e Intesa Sanpaolo, acaparan ahora conjuntamente el 47% de los activos bancarios de aquel país. El resto de entidades significativas (una docena más), entre las que se encuentra el problemático y más antiguo banco Monte dei Paschi di Siena, concentra otro 25%. El 28% restante del total de los activos bancarios se distribuye entre las aproximadamente 500 entidades pequeñas adicionales (muchas de ellas cooperativas de crédito) que conforman el sistema bancario italiano. En definitiva, en un extremo hay dos grandes entidades de ámbito nacional (pero que aun así no están dentro de las verdaderamente grandes europeas) y, en el otro extremo, una larga cola de entidades que operan a nivel regional o local dan forma a lo que es el cuarto sistema bancario (tras el español) por volumen de activos gestionados de la eurozona.

Es verdaderamente llamativa la habilidad con la que Italia ha sorteado durante todos estos años lo que Irlanda, Grecia, Portugal y España no pudieron eludir: la inyección masiva de fondos públicos trufada de un amplio proceso de reestructuración del sector tutelado por las autoridades europeas..

En tales condiciones, es verdaderamente llamativa la habilidad con la que Italia (cierto es que la tiene bien demostrada en otros ámbitos) ha sorteado durante todos estos años lo que países como Irlanda, Grecia, Portugal y, también por supuesto España, no pudieron eludir: la inyección masiva de fondos públicos trufada de un amplio proceso de reestructuración del sector tutelado por las autoridades europeas. Este será previsiblemente, al igual que en los mencionados casos, el desenlace final.

Ahora bien, los términos en los que se producirá ese desenlace no están todavía escritos. Paradójicamente cuando sí lo está, sin embargo, un marco común europeo sobre resolución bancaria (la directiva BRRD) que justo ha entrado en vigor a principios de año. Dicho marco era inexistente en los anteriores rescates bancarios europeos, entre ellos el español, cuyas condiciones fueron improvisadas y negociadas caso a caso.

En realidad es lo que está volviendo a suceder. Ahora, lo que se está negociando es cómo aplicar por primera vez unas reglas que pueden ser curiosamente contraproducentes al regir como principio la obligación de un bail-in (utilización de fondos de bonistas y hasta de depositantes cualificados) extenso y suficiente, previo en su caso al llamado bail-out, es decir, previo a la utilización de fondos públicos. Cuando esto significa que miles de hogares ahorradores italianos (en mucha mayor magnitud que lo que sucedió en el caso español) deberían quedar expuestos a la absorción de pérdidas de los bancos, aparece un grave problema no sólo de índole político sino económico. En definitiva, nada garantizaría que el daño potencial en términos de desconfianza de la base de clientes de la banca italiana no sea superior a la restauración de confianza pretendida con las ortodoxas y tan razonables reglas de rescate bancario (en condiciones normales).

Lo que está dilucidándose es cómo posibilitar la asistencia pública sin atentar contra las reglas de la BRRD en lo que sería su primera gran aplicación. Esto requiere una interpretación suficientemente flexible de la misma y de la coyuntura económica y bancaria actual.

Auspiciada por las propias autoridades italianas está tomando cuerpo una línea de razonamiento en la que (i) se asumiría la necesidad de una "recapitalización preventiva" entendiendo que la mayoría de los bancos son perfectamente viables y no les sería aplicable el proceso de resolución y (ii) se facilitaría que el gobierno italiano inyectase capital de manera temporal y bajo condiciones muy estrictas (orientadas a la recuperación de los fondos puestos por los contribuyentes) en las entidades en las que fuese necesario, asumiendo que las actuales condiciones de mercado son tales que impiden levantar suficiente capital privado.

De hecho, tal línea de razonamiento podría hacer extensible un marco como éste más allá de la propia banca italiana, ante la evidencia de que pueden quedar aún problemas bancarios en Europa no completamente resueltos más allá de las fronteras de aquel país.

No es fácil anticipar si será una vía como la descrita (en línea con lo que desearía el gobierno italiano) o una más cercana a la ortodoxa, pivotando más sobre procesos de resolución, lo que se ponga finalmente en marcha. Cabe presumir no obstante que estará más cercana a la primera, que en volumen rondará los 40.000 o 50.000 millones de euros que se han venido manejando y que se concretará en los próximos días o semanas. A ello invita que en el horizonte (finales de este mes) esté fechada la publicación de los ejercicios de estrés a los que se someten anualmente a los bancos europeos.

 

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