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Infundir confianza a los de abajo

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Diputados de Unidos Podemos realizan una protesta en el Congreso de los Diputados. (EFE)

El actual curso de los acontecimientos, en el que tan decisiva ha sido la presencia de Podemos, ha determinado una situación política en la que la salida de la crisis del régimen del 78 se dirime entre dos proyectos opuestos: uno de regresión en derechos y en justicia social, capitaneado por el PP y acompañado por C's y los sectores del PSOE, sobre todo de sus dirigentes; y un proyecto histórico de profundización democrática de todas las dimensiones de la vida social en el que es referente principal Podemos y en el que pueden integrarse amplios sectores de la izquierda política tradicional, así como formaciones políticas que postulan el derecho a decidir en las diversas naciones que componen España.

Poco importa la denominación que demos a la existencia de ambos proyectos; lo importante es entender que la misma es un indicador claro del momento de transición entre dos épocas y en el que las clases trabajadoras, y en general los sectores populares, encuentren la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y ser copartícipes en el disfrute de los bienes y servicios socialmente producidos.

Es de una importancia crucial todo lo que sea ampliar y reforzar el campo de una alternativa de progreso, modificando a su favor el equilibrio inestable con las élites adversarias del progreso social, disponiendo de instituciones de gobierno y poderes territoriales que tanto pueden influir en la vida de la gente.

Penalizar al PSOE por facilitar el Gobierno del PP es, en realidad, castigar a los ciudadanos de las comunidades autónomas, que sufrirían de nuevo las mismas políticas de ajuste y recortes que padecieron hasta la primavera de 2015.

Retirar el apoyo a los gobiernos autonómicos del PSOE por el hecho de que su Comité Federal haya decidido, de una u otra forma, abstenerse en la investidura de Rajoy sería un grave error; es regalar, con motivo de la investidura, cinco o seis gobiernos autonómicos que había perdido el PP por la indignación popular contra los recortes y la corrupción.

Penalizar al PSOE por facilitar el Gobierno del PP es, en realidad, castigar a los ciudadanos de las comunidades autónomas, que sufrirían de nuevo las mismas políticas de ajuste y recortes que padecieron hasta la primavera de 2015. ¿Para qué serviría tal "castigo"? En primer lugar para entregarle al PP porciones muy importantes de poder territorial, reduciendo las posibilidades de contrarrestar el poder que aún atesora en el Gobierno central. Además, ayudaría a cerrar filas a la militancia socialista en torno a su actual dirección y a la que venga presumiblemente más a la derecha, visualizando erróneamente que Podemos sólo tiene como objetivo desbancar al PSOE de su posición hegemónica en la izquierda.

Estas amenazas no tienen sentido cuando lo que pende sobre nuestras cabezas es la casi certeza de que Rajoy puede prolongar su estancia en la Moncloa con un proyecto de continuidad de sus políticas "austeritarias" y antipopulares, intensificadas en el contexto de unos más que probables ajustes y recortes sociales.

Aunque sea por un elemental sentido común, lo razonable sería llamar a fortalecer estos gobiernos para que hagan de contrapeso imprescindible a las medidas adicionales de recortes que Rajoy va a adoptar contra las necesidades de las mayorías sociales. Simultáneamente, deberíamos emplazar al PSOE, en esta misma línea, a fortalecer los acuerdos que han hecho posible los Ayuntamientos del cambio, contribuyendo así a consolidar este contrapoder institucional y territorial en beneficio de las capas populares, con políticas públicas sustantivas como son la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda, el urbanismo sostenible, el abastecimiento y saneamiento de aguas, etc.

Es verdad que el PSOE en estas administraciones está atravesado por el conflicto entre quienes quieren mantener posiciones continuistas de políticas fracasadas y quienes, aún con dudas, buscan otro camino para resolver los graves problemas políticos, sociales y territoriales.

La mera existencia de estos sectores favorables a alternativas de progreso es ya una buena noticia y no deja de tener influencias en aquellas regiones donde el PSOE gobierna con el apoyo de Podemos. Estos gobiernos están siendo objeto de la presión contradictoria entre el tándem Felipe Gonzalez-Susana Díaz y lo que hoy representan Iceta, Borrell o Nuria Parlón, además de Izquierda Socialista. Sería un grave error retirar el apoyo a estos gobiernos, dando la razón a quienes dicen que en Podemos no se puede confiar.

Nuestra obligación es privar a los grupos dominantes de los apoyos entre las clases populares. Nuestra tarea consiste en infundir confianza, demostrarles que conocemos y somos capaces de aplicar soluciones a los problemas de la inmensa mayoría social.

Podemos debe impulsar una política que refuerce a los gobiernos autonómicos que sostenemos y a los Ayuntamientos del cambio siguiendo el ejemplo del de Barcelona porque es la condición de posibilidad de una salida democrática. Los dos problemas más graves que tiene la sociedad española, la tremenda brecha social abierta por las políticas del PP y el encaje entre las distintas naciones del Estado, sólo pueden ser resueltas desde la perspectiva de un gran acuerdo histórico entre las culturas políticas postulantes de soluciones de progreso social y profundización de la democracia, haciendo frente a las soluciones oligárquicas y autoritarias que pretenderán consagrar la desigualdad y, si llega el caso, disolver algunas instituciones autonómicas y juzgar a sus representantes.

Este acuerdo puede lograrse si Podemos interviene como lo que es, un actor político con apoyo social y electoral relevante, que no está contaminado por las políticas y los usos de la vieja política. Disponemos de un programa preciso para combatir y reducir las desigualdades sociales creadas por el PP y nos hemos convertido en referente político en Catalunya y Euzkadi para impulsar el derecho a decidir junto con En Comú Podem y Elkarrenkin Podemos.

Nuestra obligación es privar a los grupos dominantes de los apoyos entre las clases populares. Nuestra tarea consiste en infundir confianza, demostrarles que conocemos y somos capaces de aplicar soluciones a los problemas de la inmensa mayoría social. Y que esas soluciones precisan su concurso activo dado que es la condición para que podamos convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia.