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Hay que proteger a los funcionarios que denuncian la corrupción

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Foto: EFE

¿Cuántos casos ya judicializados pueden investigarse gracias al testimonio de funcionarios valientes? ¿Cuántos podrían haberse prevenido a tiempo?

¿Hay que ser un héroe para ser responsable, para ser cívico? Si la respuesta es sí, comprenderemos que tramas auténticamente mafiosas hayan podido extenderse y carcomer gobiernos locales y autonómicos. Los "casos aislados" ya no son creíbles: la magnitud de los indicios evidencia colaboradores necesarios, y tristemente, testigos silenciosos. El caldo de cultivo de la impunidad.

Desde que en 2000 veinticinco países de la UE -entre ellos España- ratificasen la resolución de Naciones Unidas Contra la Corrupción, casi todos han desarrollado leyes específicas para proteger al whistleblower, alertador o denunciante de corrupción. Estas leyes amparan, antes de llegar a la vía judicial, al denunciante de malas prácticas en el ámbito público, a veces también en sectores privados específicos (por ejemplo, el financiero). EEUU, Reino Unido, Japón, Israel, Nueva Zelanda, Canadá, Holanda, Corea del Sur, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Irlanda... Solo cuatro países de la OCDE no han escrito ni una línea dieciséis años después, entre ellos, España.

Ciudadanos ha incluido un capítulo específico en la Ley Integral contra la Corrupción presentada recientemente en el Congreso. En la Asamblea de Madrid hemos propuesto, por segunda vez, crear una Autoridad independiente del Gobierno que ampare a funcionarios denunciantes en la Comunidad y ayuntamientos.

Queremos una Autoridad a la que los denunciantes puedan dirigirse, más protectora que fiscalizadora. Que preserve la identidad del denunciante, su estabilidad personal y laboral. Que ampare el derecho a asistencia jurídica de los denunciados en las investigaciones. Que respete la independencia del Poder Judicial y derive a este los indicios de delito. No queremos una Autoridad antifraude juez y parte del Gobierno de turno, como han defendido Ahora Madrid y el PSOE en el ayuntamiento de la capital, o el PP en Castilla y León.

Por segunda vez, el Partido Popular, como partido conservador de poder que es, ha votado en contra. Nos ha llamado "antipolíticos" y "antiliberales". Ignoran que son Gobiernos de corte liberal y reformista quienes impulsan siempre estas medidas.

Y en su deriva, el Partido Socialista, con su abstención, ha vuelto a bloquear la iniciativa. Lo llevaban en su programa, lo incluyeron en el acuerdo de investidura con Ciudadanos (como el PP) y han cruzado los límites apoyando la Oficina Antifraude de Carmena, que más parece una Comisaría Política.

En Madrid, de momento, la protección al denunciante tendrá que esperar.