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¿Repudia África al Tribunal Penal Internacional?

10/02/2017 07:23 CET | Actualizado 10/02/2017 07:23 CET

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Foto: EFE

El Tribunal Penal Internacional (TPI) nació en julio de 1998 del Estatuto de Roma y entró en vigor en julio de 2002. Aunque la mayoría de los Estados del planeta lo integran (124 de 193), algunos de los más poderosos y poblados (EEUU, Rusia, China) no han ratificado el Estatuto. Su objetivo es perseguir y juzgar a los perpetradores de crímenes masivos (de guerra, de lesa humanidad, genocidio), objetivo coincidente con el del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY). La diferencia, importante, estriba en que el TPI es permanente y su jurisdicción es universal.

El TPI constituye un logro histórico de la comunidad internacional, horrorizada por las barbaridades cometidas en la ex Yugoslavia, en Ruanda, en... En esos años y por la misma causa, gobiernos responsables se movilizan para intentar hacer realidad el "Nunca más" gritado por tantas gargantas a raíz del Holocausto. Corresponde al de Canadá haber impulsado y financiado la constitución en 2001 de la Comisión Internacional sobre la Independencia y Soberanía de los Estados (CIISE), origen de la Responsabilidad de Proteger, la doctrina adoptada por unanimidad en la Cumbre Mundial de la ONU de 2005 y que pretende poner coto asimismo a los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y depuración étnica.

Africa constituye el grupo más numeroso de Estados (34) integrantes del TPI. Sin menospreciar el hecho de que algunos desearan apoyar activamente la existencia de una instancia de justicia internacional, probablemente muchos lo hicieron como consecuencia de los procesos post-independencia que les sumergieron en el sistema de semi-dependencia de los antiguos países colonizadores y de la globalización. Ello incluía expectativas de organización sociopolítica conforme a baremos y métodos occidentales e integración en un sistema de buen gobierno e imperio del derecho. En definitiva, asunción del nuevo orden mundial occidental, comprendida la pertenencia a un sistema de justicia internacional, también occidental.

Existen tres vías para que un caso acceda al TPI. Por la del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por actuación del fiscal general de la propia Corte y por uno de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte. Las dos últimas vías son practicables únicamente si el Estado en que se cometió el delito o aquel del que el sospechoso es ciudadano han ratificado el Estatuto de Roma o aceptado la jurisdicción del Tribunal. El Consejo de Seguridad, sin embargo, puede obligar (o intentar obligar) a los Estados no Partes a cooperar con la Corte.

Los Estados africanos no solo han participado activamente en la creación del TPI, sino que de las no muy numerosas investigaciones abiertas por él varias fueron referidas al Tribunal por los propios africanos. Así lo han hecho la República Democrática del Congo (RDC), Uganda, Costa de Marfil, Mali y la República Centroafricana. Y alguno de sus gobiernos jugó la carta TPI en su propio beneficio. Por ejemplo, el presidente ugandés, Museveni, que ha referido al Tribunal las matanzas cometidas por el denominado Ejército de Resistencia del Señor, obviando toda referencia a las llevadas a cabo por sus propias fuerzas armadas. Algo similar ha tenido lugar en la RDC: el presidente Kabila ha denunciado a los líderes de las milicias que le combaten, ignorando los estragos causados por las fuerzas gubernamentales. Y el ex presidente centroafricano, Bozizé, animó en 2012 al TPI a que interviniera contra la oposición que combatía su régimen dictatorial y represivo.

Felizmente, hay también un grupo de Estados pro TPI, entre otros, Botsuana, Nigeria, Senegal, Túnez, Costa de Marfil, Gabón, Malawi, Tanzania, Zambia.

Desde su creación, Africa ha tenido significativa presencia y capacidad de influir en el TPI, si bien esta última no ha sido pertinentemente utilizada. Cuatro de los 18 jueces, incluido el vicepresidente, el kenyano Joyce Aluoch, son africanos. El puesto clave, la fiscalía general, la desempeña Fatou Bensouda, ex ministra de Justicia de Gambia, y el presidente de la Asamblea de los Estados Partes es el senegalés Sidiki Kaba, antiguo ministro del mismo ramo en su país.

A pesar de ello, un sector de Estados critica a la Corte por lo que califica de "afrocentrismo", dado que nueve de los actuales diez casos abiertos son africanos. Esto es un hecho incontestable, pero lo es asimismo que, en los últimos veinte años, Africa ha padecido diez guerras civiles y, especialmente en la región de los Grandes Lagos, han tenido lugar masacres de todo tipo: genocidio, depuración étnica, crímenes masivos, enormes desplazamientos de población. La militarización de la vida cotidiana, los golpes militares, la liquidación física de la oposición han constituido la tónica habitual. Algunas situaciones se singularizan por la escala en la que han sucedido: dos millones y medio de muertos en Darfur, dos en la RDC, uno y medio en Uganda... En este dantesco panorama, las instituciones políticas y judiciales locales desaparecieron en unos lugares, y en otros, no pudieron o quisieron oponerse a la barbarie. Ello abrió la puerta al TPI, y no está de más señalar que, de las nueve causas en marcha, cinco fueron referidas a la Corte por los gobiernos de Estados africanos (RDC, Centroáfrica [en dos ocasiones], Uganda y Mali).

Y sin embargo, en los últimos años, un grupo de ellos ha lanzado una campaña contra ella, acompañada de invectivas y acusaciones que superan el límite de lo razonable. Por ejemplo, esta: "El Tribunal Penal Internacional es usado por las potencias para excluir del poder a cualquiera en Africa" (diputado burundés al pronunciarse el Parlamento en octubre de 2016 por abandonar la Corte, Reuters, 26-10-2016). Acto probablemente nada ajeno a la decisión de la fiscal Bensouda de investigar la violencia postelectoral en Burundi. O esta: "El TPI es un tribunal caucasiano para perseguir y humillar a los pueblos de color, en especial los africanos" (ministro de Información de Gambia, al anunciar la retirada de su país, The Guardian, 26-10-2016).

Felizmente, hay también un grupo de Estados pro TPI, entre otros, Botsuana, Nigeria, Senegal, Túnez, Costa de Marfil, Gabón, Malawi, Tanzania, Zambia. Comunicado del Gobierno del primero: "Botsuana está convencida de que el Tribunal Penal Internacional, única instancia de carácter permanente, es importante en el sistema de justicia penal. Botsuana desea reafirmar su pertenencia al Estatuto de Roma y reafirmar su apoyo a un fuerte sistema de justicia internacional." (The Guardian, 27-10-2016).

Es sintomático que Botsuana emitiera esta declaración tan solo seis días después de que Suráfrica comunicara al secretario general de la ONU su retirada del TPI. El origen de la disensión surafricana se remonta a junio de 2015, cuando invitó al presidente sudanés, Al Bachir, con orden de captura del TPI, a asistir a la cumbre de la Unión Africana. El propio Tribunal Supremo (TS) del país instó al Gobierno a que cumpliera su obligación con la Corte y detuviera al genocida, acusando al Ejecutivo no solo de violar el derecho internacional sino también el nacional, dado que Pretoria ha incorporado internamente a su legislación el Estatuto de Roma. Además, los tribunales de este país -continuadores del legado de Nelson Mandela, quien defendió los derechos humanos y convirtió la rendición de cuentas por crímenes internacionales en prioridad de su política exterior- han apoyado tradicionalmente la jurisdicción universal y la investigación de crímenes allende sus fronteras.

El Gobierno no acató el auto del TS y Bachir abandonó el país. La disputa, con diferente interpretación sobre la inmunidad de un jefe de Estado que viaja al extranjero, ha abierto una brecha entre dos actores, el Ejecutivo de Pretoria -no avalado por sus propios tribunales- y el TPI. El primero estima que, si bien es cierto que el Estatuto de Roma le obliga a detener a personas que pueden disfrutar de inmunidad en función de derecho consuetudinario, no está dispuesto a hacerlo porque ello significaría la ruptura de sus obligaciones con otros Estados y el bloqueo de sus esfuerzos para promover el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos que asolan el continente.

En el momento de redactar estas líneas (febrero 2017), hay dos eventos dignos de ser destacados. Por un lado, se está a la espera de que el Tribunal Constitucional de Suráfrica se pronuncie sobre si el Gobierno ha violado las obligaciones que le imponen derecho internacional y doméstico, tal como ha fallado el Tribunal Supremo. Por otro, en la reciente celebración de la Asamblea anual de los Estados Partes del TPI (noviembre 2016) el Gobierno de Pretoria ha suscitado una cierta esperanza. La comunicación a Naciones Unidas de un Estado miembro de su deseo de abandonar la Corte no surte efecto hasta 12 meses después. El representante surafricano manifestó que su Gobierno está dispuesto a entablar un diálogo constructivo durante esos meses con el fin de hallar una solución satisfactoria para ambas partes.