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Ética y política

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Foto: ISTOCK

Este artículo es el extracto de la conferencia magistral pronunciada por Enrique Barón en Cátedra ANNUIES de la UACH

Interrogarse sobre la relación entre ética y política es una reflexión que debe hacerse toda persona que quiera dedicarse a la gestión de la res publica: cuáles son las razones que la motivan, dónde está y dónde va. La ética se conjuga en tiempo de presente, la política en tiempo de futuro. En una democracia pluralista, la interrogación sobre la actitud moral que debe adoptar la persona con responsabilidades políticas debe ser un ejercicio cotidiano. La respuesta oscila entre el utopismo y el pragmatismo, como señala la profesora Adela Cortina, también entre el servicio público y el aprovechamiento del público.

Es la famosa pregunta de Max Weber en su célebre conferencia sobre la "política como vocación", cuando plantea "qué clase de hombre hay que ser para tener derecho a poner la mano en la rueda de la historia". La primera respuesta es concebir el propio papel con cierta humildad, como señala Vaclav Havel: "El mundo, el ser y la historia se rigen por un tiempo que les es propio, en el que podemos intervenir de modo creativo, pero que nadie domina por completo". Weber señalaba tres cualidades convenientes para el político y dos defectos que matan la vida política. Las cualidades son la entrega apasionada a una causa, la responsabilidad y la mesura, para actuar en la realidad sin perder la tranquilidad. He podido comprobar que la erótica del poder es a menudo más intensa que la otra. Los defectos que matan la vocación política son la ausencia de una finalidad objetiva, porque solo se busca la apariencia de poder y la falta de responsabilidad que conlleva. ¡El gran teatro del mundo de Calderón y Juárez!

La política como vocación lleva en su seno la tensión entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad o de las consecuencias, en expresión de Victoria Camps. La primera exige la pureza moral sin importar las consecuencias de sus políticas en el mundo real. Se puede comprender en la actuación del opositor a la dictadura o la tiranía. Como norma absoluta es propia del santo, el fanático y, como dice Weber, también la del charlatán. Si se actúa con buena intención, no se tiene responsabilidad del error, la culpa es del mundo, de la estupidez ajena o de la voluntad de Dios. Además, el fin justifica los medios. En contraste con esta actitud, la persona guiada por la ética de responsabilidad tiene presentes las consecuencias de sus actos, incluso las no previstas. También es consciente de las deficiencias normales de de la gente y no presupone su bondad y perfección. Es evidente que en una sociedad abierta y democrática no existe un divorcio o separación total entre ambas éticas, aunque se puede decir que, a la hora de actuar, un político debe hacerlo más con la ética de las responsabilidad, midiendo el alcance y las consecuencias, mientras que los que juzgan, tienden más a hacerlo con un rigor más propio de la ética de convicción.

La ética parte, en primer lugar, de la visión y la conducta de la persona, no solo de la cantidad de controles a la que se la someta. Es la necesidad de tener siempre presente la propia responsabilidad, así como la rendición de cuentas, la famosa accountability. "Elegid a los mejores y más capacitados y vigiladlos como si fuesen canallas", dijo Facundo Perezagua, uno de los fundadores del socialismo español.

No obstante, hay que recordar que normas de este tipo tienen raigambre histórica. En la época colonial, el juicio de residencia de los funcionarios destinados a las Indias era norma de obligado cumplimiento, por él pasaron Cristóbal Colón, Hernán Cortes y Pedro Alvarado. Con las multas que se imponían, al menos se restituía algo del unto de México que se llevaban.

La regulación de los comportamientos políticos, el autocontrol de los intereses y de las pasiones es una pieza esencial de la democracia.

Me centraré en la pasión y el interés, porque es característica de la democracia permitir establecer un aceptable equilibrio entre ambos. Dos conceptos definen en el mundo actual este difícil equilibrio: corrupción y transparencia. No es un tema nuevo. A finales del siglo XVIII, en el debate constituyente estadounidense, Hamilton afirmaba que un hombre avariento que llega a ocupar un cargo público, al reflexionar sobre el momento en que irremediablemente deberá renunciar a sus emolumentos, puede sentir la tentación de aprovecharse de su cargo mientras dure y recurrir sin escrúpulos a los procedimientos más corruptos para obtener una cosecha tan abundante como efímera. En cambio, es probable que el mismo hombre, contemplando una perspectiva diferente, se contente con los privilegios regulares de su situación y sea capaz de resistir a abusar de sus oportunidades. Como dice Tahar Ben Jelloun en El hombre roto, al describir la situación del funcionario que al fin se corrompe tras una larga y honesta carrera, "lo propio de la corrupción es que no es directamente visible". Al límite, es la cuestión que plantea el famoso axioma de Carlos Hank Gonzalez: "Un político pobre es un pobre político".

La cuestión tiene plena vigencia en el mundo actual. Una característica básica de la democracia es posibilitar un adecuado contrapeso entre los intereses y las pasiones, gracias a un sistema de controles y equilibrios con valor disuasorio para los seres humanos que formamos la sociedad, partiendo de que somos falibles. El dicho "cuantos más ojos, menos manos" lo resume a la perfección.

La regulación de los comportamientos políticos, el autocontrol de los intereses y de las pasiones es, por tanto, una pieza esencial de la democracia. No es por ello extraño que este debate esté tan vivo y sea tan sensible. Así se han ido afirmando principios como las incompatibilidades de los funcionarios, parlamentarios y ministros, con declaraciones de intereses, la regulación de los grupos de presión e interés -los lobbies- o el establecimiento de Tribunales de Cuentas autónomos del poder ejecutivo. Medidas que generaron en su momento fuertes resistencias, hoy en día se han consolidado y ya nadie se atreve a defender frontalmente corruptelas y prácticas inaceptables aceptadas hasta hace poco.

Ahora es necesario regular la actuación de los lobbies en su relación con los parlamentarios y los cargos públicos en general. Eso sí, partiendo de la legitimidad de la relación entre los ciudadanos y sus representantes, no de la imputación genérica que parte de la presunción de culpabilidad e invierte la carga de la prueba obligando a demostrar una inocencia imposible, como reza el viejo proverbio: "Calumnia, calumnia, que algo queda...".

No es bueno convertir la labor política, necesaria para la profundización y la vertebración democrática, en una pelea de patio.


Pero es cierto que los resultados de una presión se pueden ver en la palabra o frase oportunamente introducida o suprimida gracias a las enmiendas a un proyecto de ley, unos presupuestos, un impuesto o una regulación de precios. No hace falta investigar mucho para saber a quién se apoya o defiende. Procede regular el tráfico de influencias, porque los comportamientos humanos no siempre son puros y altruistas. Es como manejar mercancías peligrosas: hay que actuar con cuidado. El Parlamento puede hacer un trabajo importante y positivo en la necesaria regulación de los intereses y el control de las pasiones. "El que vive fuera del presupuesto, vive en el error". Esta famosa frase de César Garizurieta, el Tlacuache, resume a la perfección esta situación en su doble sentido: tanto la ventaja de vivir a costa de uno mismo como el hecho de que lo que no se refleja en una partida no tiene existencia política.

Es más útil y positivo seguir una línea de comportamiento que, admitiendo el carácter falible y apasionado del ser humano, trate de hacer políticos responsables, así como de perfeccionar los controles necesarios para que su acción sea transparente. Esta reivindicación del carácter necesariamente ético de la acción pública debe establecerse sobre la base de la transparencia y del autocontrol tanto entre los responsables políticos directos como entre todos aquellos que ejercen responsabilidades públicas, sean magistrados, funcionarios o periodistas. El ideal ético en la sociedad actual parte de unos valores universales compartidos que principian por el respeto a la dignidad de la persona y el respeto a la vida. Ello supone prohibir la tortura y los tratos discriminatorios. Cuando profesiones como la de periodista se convierten en especies amenazadas, o ejecuciones masivas siguen sin aclararse, la cuestión de la ética se plantea en su misma raíz.

No es bueno convertir la labor política, necesaria para la profundización y la vertebración democrática, en una pelea de patio. Tampoco que la respuesta tenga que ser por fidelidad política a un carné o a una causa, ni que uno tenga que ser fiador o avalista de los cientos de miles de decisiones que adoptan cada día decenas de miles de responsables públicos. Cuando me he encontrado ejerciendo una función en virtud de la cual tenía conocimiento de hechos que eran susceptibles de una valoración crítica o de un posible enjuiciamiento, he dado conocimiento de ellos a quien podía corresponder: Intervención General, Fiscalía o Trilbunal de Cuentas. Y ello dentro del comportamiento exigente y de vigilancia continua que debe tener todo responsable público, con la conciencia de que sus decisiones deben someterese a crítica y revisión.

Un primer criterio es precisamente no dejarse cegar por la pasión partidaria para considerar que los intereses del grupo justifican un ataque indiscriminado a las instituciones. Lo importante es que éstas tengan mecanismos para refrenar las pasiones y moderar los intereses en las mujeres y hombres que en ellas participan. Como decía el filosofo suizo Henri-Frédéric Amiel, "la experiencia de cada hombre se desvanece con él. Sólo las instituciones se hacen más sabias acumulando la experiencia colectiva. Gracias a esta experiencia, el comportamiento de los hombres regidos por las mismas normas se irá transformando gradualmente, aunque su naturaleza se mantenga".


Una segunda dimensión es la ética en la era global. Un debate que en gran medida comenzó en estas tierras. Inmanuel Wallerstein, al hablar del derecho de intervención en la obra El universalismo europeo. La Retórica del poder, afirma que "la historia del moderno sistema mundial generó un permanente debate intelectual acerca de su propia moralidad. Uno de los primeros y más interesantes ocurrió muy al comienzo, en el contexto de la conquista española de América en el siglo XVI". Se refiere al debate Las Casas-Sepúlveda, cuyos acentos sobre la legitimidad de la intervención y la lucha contra los bárbaros son tan actuales en Siria, Libia o Afganistán.


Por tanto, el desafío no es la globalización en sí -se trata de un proceso ineluctable y buscado-, sino cómo se acepta y se da una respuesta de adaptación o repliegue frente a la misma. En este sentido, se plantea la responsabilidad y la culpa global. No es tanto el remordimiento por el mal causado directamente, sino la protesta, la indignación moral frente a la guerra, el hambre o el dolor. Reacción que no es nueva: Aristóteles, en La política, dice ya que los hombres en general se sublevan para conseguir la igualdad. El Manifiesto comunista fue el primer gran fresco moderno en el que se describía expresivamente el proceso de globalización.

La globalización del capital, las finanzas y el comercio no se ve contrarrestada por el fortalecimiento de instituciones que puedan contrapesar y controlar democráticamente a nivel global.

La aceleración de la globalización significa que todos dependemos de todos. Un buen ejemplo es el papel del efecto mariposa en el cambio climático. Como señala Zygmunt Bauman, en su modernidad líquida "lo que hacemos o dejamos de hacer influye en lugares ignotos y en generaciones que no conocemos". Otro es la enloquecida globalización financiera de un sistema especulativo funcionando día y noche sin control, con paraísos fiscales que sirven de refugio por doquier. Paradójicamente, esa creciente aparición de la escena global no genera tanto movimientos de indignación o contestación universales como de repliegues manifiestos hacia posiciones defensivas y añorantes de un ilusorio pasado mejor. En Europa, lo estamos viviendo con el Brexit o el florecimiento de populismos nacionalistas. La ilusoria vuelta al hogar tribal local, regional o nacional no resuelve el problema. Menos aún pretender construir una nueva muralla china o un telón de acero. Es tratar de poner puertas al campo.

La base de la Unión Europea actual fueron las cuatro libertades, y la de establecimiento y desplazamiento de las personas es la primera, un principio irrenunciable. Forma parte del mercado común, hoy mercado interior, que por eso no es un simple Tratado de libre comercio. De hecho, a pesar de la demagogia, el derecho a emigrar funciona también aquí a pesar de los muros presentes y amenazados.


El hecho es que la globalización del capital, las finanzas y el comercio no se ve contrarrestada por el fortalecimiento de instituciones que puedan contrapesar y controlar democráticamente a nivel global. Incluso se producen retrocesos lamentables. De "la Ronda de Doha por el Desarrollo" en la Organización Mundial de Comercio hemos pasado a la ensalada de acuerdos regionales de dudosa eficacia que se superponen y solapan -¡el TPP, el TTIP!- en un contexto de vuelta al proteccionismo. Malos presagios. Las críticas a las instituciones y su papel en la sociedad a nivel nacional en nuestros respectivos estados dan fe de esa inadecuación creciente de nuestros sistemas frente a ese galopante proceso.

En el fondo, la cuestión es si está surgiendo un sistema social global con valores comunes, lo que los europeos definimos como economía social de mercado y el Estado del bienestar, cuya continuidad está sometidas a duros embates por la crisis, la evolución de la economía y la demografía. Su base esencial es garantizar para toda la población la cobertura desde la cuna hasta la tumba en los riesgos sociales de maternidad, enfermedad, accidentes de trabajo, fallecimiento o paro gracias a un sistema centralizado e igualitario. Además, está el acceso a los bienes públicos, educación, sanidad, agua, ambiente limpio e incluso acceso a la banda ancha. Esta parece también ser una prioridad para millones de personas que han ido accediendo a la clase media que trabaja en el mundo, con Iberoamérica como una región destacada. ¿Existe un modelo social iberoamericano? ¿Podemos pensar en un modelo social y ético para la humanidad? Una humanidad en la que, por primera vez en la historia, hay tantos teléfonos móviles como personas.

La pregunta no interesa solo a su propia ciudadanía, también a la nuestra. Lo que pasa en este terreno en México, Brasil u otros miembros del G 20 como China, la India o Turquía nos importa mucho. Para no quedarnos en la indignación, la protesta o el desasosiego, la pregunta muestra que la urgencia de introducir la ética global se hace urgente.