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Por la reforma de la Constitución

08/12/2015 09:20 CET | Actualizado 08/12/2016 11:12 CET

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Foto: EFE

Puede sorprender que un exdiputado constituyente celebre la Constitución defendiendo su reforma. Sin embargo, tengo al menos tres razones muy claras para sostener tal propuesta:

La primera es que, por fin, los españoles podemos reformar una Carta Magna. La cuenta desde la Constitución de Cádiz de 1812 ahorra comentarios: siete Constituciones, dos reyes expulsados, uno importado, dos repúblicas, tres guerras carlistas, la guerra civil y varias dictaduras. La educación cívica debería comenzar con esta enumeración. Ahora, por primera vez, se puede adaptar y actualizar. Los estadounidenses mantienen la suya desde 1789, con 27 enmiendas (la del aumento de sueldo de los congresistas han tardado dos siglos en aprobarla), los mexicanos han reformado 642 veces la Constitución de 1917, y los alemanes han reformado la Ley Fundamental de 1949 no menos de 60 veces.

La segunda es que hay cuestiones fundamentales que se resolvieron como apuestas de futuro y han funcionado, pero necesitan ponerse al día. Sin duda, el tema principal es la estructura autonómica del Estado en una nación formada por nacionalidades y regiones con voluntad y lealtad compartidas, que deben expresarse como tales. El sistema preautonómico cumplió su papel, pero no está ya vigente. El Senado debe ser la Cámara federativa frente a unos reinos de taifas sin foro común, se debe actualizar la Constitución fiscal e introducir un sistema de reparto de competencias como el de la Constitución de 1931, de la que por cierto copiamos el sistema autonómico de factura esencialmente catalana. Igualmente, hay que eliminar discriminaciones de todo tipo, incluida la de género en la jefatura del Estado, y profundizar en la garantía de los derechos sociales. La Constitución no hubiera sido posible sin Pactos de la Moncloa y sin reforma fiscal.

La tercera es que Europa debe estar en la Constitución. Nuestra participación en la construcción europea desde 1986 como parte de nuestro destino en una Europa unida es un componente fundamental de nuestro futuro. De hecho, ha sido el motivo de las dos únicas reformas realizadas hasta ahora, para incorporar la ciudadanía europea y el freno a la deuda. Pero los cambios implícitos son mucho más amplios, afectan a frentes tan diversos como el derecho a la integridad de la persona o la protección de datos, el reconocimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, la solidaridad intergeneracional, la elaboración de nuestros presupuestos y la mayor parte de temas económicos y monetarios.

La ciudadanía tiene derecho a escuchar de los partidos que concurren a las elecciones sus propuestas de modificación de la Constitución. Una vez constituidas las Cortes Generales, se debe crear una ponencia en la Comisión Constitucional que aproveche el informe del Consejo de Estado de 2006. En ella, como al iniciar la transición, es de esperar que se sienten juntos a trabajar republicanos y monárquicos, centralistas y autonomistas, nacionalistas e internacionalistas, para renovar el principal logro de entonces, una norma fundamental que permita compartir el futuro sin excluir a nadie.

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