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Torturas en Irak: a mí no me da risa

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Foto: ISTOCK

"Jo, a este se lo han cargado ya". Y luego risas. Esto es lo que sucede al final de un vídeo en el que se ve a cinco soldados españoles moler a patadas y a golpes a dos prisioneros en una base militar española en Irak en 2004. Las imágenes son escalofriantes: un legionario le pide a uno de los prisioneros que se levante mientras otros lo pisan con violencia y los "colocan" para poder pegarles mejor. Si alguien les pidiera a estos legionarios que explicaran lo que hicieron, ¿cómo justificarían sus actos? ¿Qué puede pasar por la cabeza de estos hombres para hacer algo así?

Registros de detenidos perdidos, testigos que se retractan, testimonios que la justicia no utiliza... Estos elementos podrían formar parte de una película de suspense; pero son la realidad, concretamente la que tuvo lugar en la "Base España" de Diwaniya, Irak, en 2004, y en años posteriores.

Nuestras sospechas de que la investigación tenía irregularidades comenzaron temprano, pero eran eso, sospechas. Ya en el año 2013 nos dirigimos al ministro de Defensa, Pedro Morenés, expresando nuestra preocupación por los hechos reflejados en el vídeo y pidiendo que se realizara una investigación exhaustiva e independiente sobre estos hechos en la justicia ordinaria, no en la militar.

Sin embargo, a finales de 2015 sucedió algo que fue clave para nuestra investigación sobre la causa: tuvimos acceso a parte del expediente y a los autos que dictaron las distintas instancias militares. Vimos transcripciones de escuchas telefónicas, de testimonios, e incluso fotos de quienes podrían haber sido los presuntos autores de la brutal paliza.

Aún hay tiempo para reabrir esta investigación si, por ejemplo, se tiene en cuenta la información que demuestra que ha sido irregular, o si aparecen más pruebas.

Pronto nuestras sospechas se confirmaron: la investigación sobre torturas está repleta de irregularidades. Por ejemplo, hay dos testigos que reconocen a los soldados que dieron la paliza. Uno de ellos (el que filmó los hechos) posteriormente se desdice y afirma que no sabe nada de lo que pasó y que, cuando declaró lo contrario, estaba confundido. Si a esto le añadimos el hecho de que se abriera asimismo una investigación por presuntas amenazas a este testigo, que quedó archivada, las sospechas de irregularidades fueron haciéndose más claras. El otro testigo, que vio el video sin pixelar, simplemente no fue tenido en cuenta por la justicia militar. Así, sin más.

Otro ejemplo: el libro de detenidos, con el que se permitiría identificar a las víctimas de los malos tratos, se perdió. Esta pérdida no se ha investigado. Además, parte de la información de los detenidos en la base española fue proporcionada por un informe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. En este documento aparecen nombres, numero de pasaporte, domicilio y otros datos de las personas detenidas. Pues bien, la justicia militar no ha hecho nada para preguntarles a estos detenidos si son ellos los que aparecen en el video.

Estos ejemplos y otros continúan, y así los detallamos en el informe Torturas cometidas por soldados españoles en Irak: 12 años sin justicia, que publicamos ayer. Todas estas irregularidades nos reafirman en una preocupación más general de Amnistía Internacional: las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos no deben llevarse a cabo en la justicia militar y debe ser la justicia ordinaria la que investigue estas vulneraciones.

Dentro de este panorama preocupante hay dos aspectos positivos que reseñar, y son: el hecho de que la investigación se haya archivado "provisionalmente", no de manera definitiva; y la predisposición de la Fiscalía General del Estado a proporcionar información a Amnistía Internacional. Aún hay tiempo para reabrir esta investigación si, por ejemplo, se tiene en cuenta la información que demuestra que ha sido irregular, o si aparecen más pruebas.

Amnistía Internacional lanzó ayer una campaña dirigida a la Fiscal General para que transfiera la causa a la justicia ordinaria. Porque un caso de tortura como éste no puede quedar impune. Imagino que a mucha gente le pasará lo mismo que a mí: no entendemos quién se puede reír después de preguntar si se han cargado a una persona. A mí no me da risa.