La brecha de la transparencia

Los españoles somos muy dados a la charla y a veces también a opinar y a juzgar, en conversaciones entre amigos o en el trabajo, sobre las cuestiones que rodean nuestra vida diaria. Muchas veces hemos oído que en España cada español tiene una opinión, y con ello, un discurso y una crítica para el análisis de la situación que existe o la que existió.

Es muy corriente ver amenas tertulias en los bares o encendidas posiciones en los círculos familiares sobre distintos temas de información pública. Las tertulias proliferan y las "sabias" conclusiones se afianzan basadas en un infinito argumentario, a veces contradictorio.

Todo esto ocurre en nuestro día a día, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, todo es especular, pero, ¿dónde está la verdadera realidad?

Parte de los protagonistas de esta costumbre han crecido con aquello de "¡no preguntes! que preguntar es de mala educación". Esto tal vez ha influido para que, en privado, todos seamos muy participativos y críticos, tanto como remisos después a levantar la mano en público.

Las cosas, sin embargo, han cambiado mucho. Hoy, preguntar es ya un derecho. Querer saber más es la garantía de estar mejor informado y así poder participar en la vida pública de una forma crítica, veraz y responsable. Han tenido que transcurrir muchos años para que el nuevo derecho -la transparencia- se instale en la vida pública en España.

Hace tan solo unos días, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo creado por la Ley de Transparencia para velar por su cumplimiento, cumplió su primer año y medio de vida. El mismo tiempo ha transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en la Administración General del Estado y la puesta en marcha del Portal de Transparencia. Una nueva realidad jurídica y social que anima a preguntar, a saber, a participar.

El Consejo ya no es un organismo que trata de ponerse en pie sino que trabaja para la ciudadanía justificando, con sus hechos, su independencia y vocación de compartir. Ya es más que un germen del impulso necesario para cambiar las cosas es un cauce de cambio cultural.

A pesar de sus 18 meses de existencia, el Consejo se ha hecho adulto y rinde cuentas de su actividad. Diecinueve personas han conseguido que sea un organismo "grande", que ocupe su lugar en la vida pública, aceptado por la sociedad civil y cumpliendo con su obligación de servicio público.

Casi 1.700 iniciativas ciudadanas se han tramitado ya en esta casa que es de todos. Seis Comunidades Autónomas han confiado en nosotros encargando al Consejo la resolución de sus reclamaciones. Se han firmado convenios con 32 organismos que desean trabajar en la misma dirección. Las universidades públicas de Madrid están formando en estrecha sintonía con el Consejo a universitarios expertos en transparencia, que están llamados a ser especialistas en el derecho a saber.

Además, el organismo ha abierto a la información pública datos e informes que antes no se sometían al escrutinio público, sino que se hablaban en los círculos de opinión. Asuntos como el coste de las embajadas, la retirada de la vacuna de la varicela, los gastos institucionales en publicidad y sus criterios, las incompatibilidades de algunos cuerpos de élite de la Administración, los sueldos públicos, los presupuestos y contrataciones de obras públicas de envergadura y mucho más asuntos son ya informaciones para el ciudadano y no son ya objeto de especulación porque son públicos.

El Consejo ya no tiene que proclamar, como tal vez se veía obligado en sus inicios, su independencia. Dieciséis contenciosos hablan de ella. Principalmente, recursos de la propia Administración en los cuáles el Consejo asume sus resoluciones y las defiende 'erga omnes'.

Parece que todo marcha bien, después de año y medio: hay reclamaciones, hay nuevas informaciones a disposición de la ciudadanía, hay un organismo que defiende ante los tribunales su independencia... pero, sin embargo, existe todavía un gran obstáculo que es preciso salvar: la brecha de la transparencia.

El Portal de Transparencia ha recibido durante año y medio cinco millones de visitas. Multitud de ojos que hacen uso de toda la información que "de oficio" se pone a disposición del ciudadano. Asuntos relacionados con la organización, la actividad jurídica y la económica, asuntos de interés relevante como contratos, ayudas, subvenciones, encomiendas de gestión, retribuciones, indemnizaciones. Multitud de informaciones que "siempre quisimos conocer" y que suponen dos millones de datos al servicio del ciudadano.

Aunque la noticia ya no ocupe grandes titulares, es el resultado de un esfuerzo extraordinario, apoyado por cientos de empleados públicos que han creado una amplia red de transparencia, desde la que atienden puntualmente las peticiones de información que les llegan.

¿Por qué una obra pública multiplica al final su presupuesto inicial? ¿Por qué no se termina el polideportivo de mi población? ¿Quién tomó la decisión que no soy capaz de comprender y en qué apoyó sus argumentos? ¿Cuánto cobran nuestros representantes en dietas? ¿Cómo se adopta una importante decisión y quién participó en ella? Y tantas y tantas cosas más pueden pasar de la opinión a la información ¡Interesante! pero, en año y medio, solo 5.490 ciudadanos han levantado la mano para saber más.

Descubrimos, haciendo balance, que hoy sigue existiendo una gran distancia entre la publicidad que la Administración ofrece y el ejercido individual del acceso a la información por parte de los ciudadanos, empoderados ahora de un derecho, sustantivo, amplio y subjetivo que llevará a un mejor escrutinio público.

¿Qué origina esa brecha que crea una enorme distancia entre lo que me dan y lo que pido?

En el Consejo de Transparencia hemos dado vueltas a este problema, hemos estudiado la situación que vivieron otros países y hemos llegado a algunas conclusiones que, hoy, con año y medio de vida, podemos afirmar sin rubor.

1. La transparencia interesa a los ciudadanos. Cinco millones y medio de visitas al Portal, así lo acreditan.

2. La transparencia interesa a los políticos, de hecho, todos los partidos y todos los discursos convergen en su necesidad, en su impulso y en su extraordinario valor para avance de la democracia.

3. La transparencia interesa a la democracia porque hace a los ciudadanos más críticos, más exigentes, más formados y afianza la participación ciudadana.

4. La transparencia interesa a la lucha contra la corrupción porque a más transparencia menos corrupción, y por tanto, ayuda a la tan necesaria regeneración democrática.

¿Qué ocurre entonces? Nos preguntamos. Y encontramos también algunas respuestas.

1. Es necesario promocionar la cultura de la transparencia, en una España que ha tardado 40 años de democracia en incorporar la transparencia al ordenamiento jurídico. Es necesaria una voluntad decidida de propiciar el gran cambio invirtiendo en canalizar el constante cambio social que habrá de producirse.

2. Es necesario, por tanto, informar a nuestros ciudadanos, incentivar el abandono de ese miedo a preguntar, romper la complacencia con el secreto, la indiferencia con la opacidad.

3. Es necesario también abrir las puertas y, puesto que los datos son nuestros, no exigir llaves y consignas para acceder a ellos. No poner barreras al acceso de la ciudadanía a una información que le pertenece.

4. Es necesario pensar que un derecho se crea, pero si no se garantiza su ejercicio, en realidad, solo se ha creado en el papel, sin proyección social alguna.

Desde el Consejo pedimos a la ciudadanía que asuma su responsabilidad, que dé un paso adelante, que pregunte, porque cada demanda de información beneficia a todos.

Y también reclamamos a la Administración que comprenda que aquello que pertenece a los ciudadanos no puede estar guardado bajo siete llaves. Que es necesario que se pueda acceder a la información pública con mayor facilidad, sin necesidad de claves y cerrojos que blindan de tal manera la información que convierten, en ocasiones, en disuasorio el acceso a ella.

Este primer año y medio de la transparencia nos ha enriquecido, nos ha hecho más libres, más exigentes, más participativos, pero también hemos descubierto esa gran brecha: la que nos habla de cinco millones de españoles que se interesan por los datos, porque se asoman a ellos, junto a solo 5.000 que se han atrevido o han conseguido solicitar otras informaciones a la Administración.

Querer saber no es cosa de niños, aunque en esa etapa de la vida, las preguntas llegan a tal velocidad que a veces no nos permiten encontrar respuestas. Es cosa de ciudadanos que, como los niños, necesitan respuestas para crecer.

Horacio, en el siglo I a.C., ya se lo dijo a su amigo Lolio: "atrévete a saber, a pensar, a decidir, a ser ciudadano más libre, a participar y a exigir responsabilidad", y para hacerlo es necesaria la ayuda de una Administración que, de verdad, abra sus puertas a los ciudadanos, elimine trabas, establezca vínculos y facilite el ejercicio de un derecho que tiene la obligación de garantizar.

Y en el ejercicio de ese derecho, los ciudadanos podrán seguir disfrutando en sus charlas de una sociedad más justa, más democrática y que nos haga sentir orgullosos de que por fin en España opinión es información. ¡La transparencia es tuya y es de todos, ejércela!