Cuando el fin justifica los medios

No hubo microcirugía y tampoco anestesia. La operación fue a corazón abierto y sin más analgésico que el que cada cual decidiera ingerir los días previos para mitigar el desgarro del trance. La redacción del decreto que autoriza al Gobierno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución resultó tan drástica como contundente, y lo será mucho más cuando su aplicación se haga efectiva.

La respuesta del Estado se ha desplegado sin ningún complejo y sin dejar un solo resquicio para que el independentismo siguiera haciendo de su capa un sayo y avanzara en su proyecto de ruptura civil. Así ha sido, pese a lo dicho y reiterado. El Govern ha sido cesado; el Parlament, limitado; y la autonomía, liquidada. Digan lo que digan, esto no es una intervención, ni una suspensión, sino una liquidación en el sentido más amplio del término.

Por más que su objetivo sea el de restaurar el orden constitucional y la legalidad que el secesionsimo hizo saltar por los aires hace tiempo, esto no deja rastro de autogobierno. La economía, los medios de comunicación, la seguridad, las finanzas y hasta el Parlamento. Con todo, lo más grave y, sobre todo dudoso desde el punto de vista jurídico, es la intervención del legislativo. El 155 se redactó para que el Gobierno asumiera funciones ejecutivas cuando una autonomía se saliera del margen constitucional, pero nunca para limitar las funciones de un Parlamento.

Si el Estado hubiera actuado inmediatamente después del fatídico pleno del 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlament aprobó las leyes de referéndum y transitoriedad, no estaríamos hoy donde estamos, con media España desgarrada y la otra media, inflamada.

Y en política, como en la vida, siempre es mejor llamar a las cosas por su nombre y no poner paños calientes porque mitigar, edulcorar o jugar con las palabras sólo sirve para generar frustración cuando los hechos se imponen y los decretos se publican en en el BOE. La verdad evita siempre el agrio sabor que deja la mentira cuando ésta es descubierta.

Y, sí, nos dijeron que el 155 nunca supondría una suspensión de la autonomía; que la respuesta al desafío independentista sería proporcionada; que el PSOE había hecho de muro de contención; que su aplicación sería limitada, breve y para preservar el autogobierno; que la intervención sólo afectaría a los "servicios esenciales" de Cataluña y que el ejercicio de un poder constitucional tan excepcional nunca podría ser expansivo.

Todo mentira. Gobierno, y con él PSOE y Ciudadanos, han llegado a la conclusión de que el fin justifica los medios y que la Historia absolverá a quienes acodaron esta aplicación "cruenta" -por utilizar el mismo término que usó el portavoz de la Ejecutiva socialista- por la importancia del objetivo perseguido: que España deje de ser España.

La situación es tan grave y tan indescifrable que no hay nadie que se atreva a decir que, llegados a este punto, hubiera abordado el asunto de otro modo. Es más, en el PP están tan satisfechos de la respuesta como seguros de que ésta acabará con sus siglas en Cataluña, pero les hará crecer electoralmente en el resto de España. No descarten que Rajoy, erigido ahora en máxima autoridad en Cataluña y en España, haga coincidir las elecciones autonómicas con unas generales. Y, recuerden que la diferencia con el PSOE es que la derecha nunca necesitó de un buen resultado en aquella Comunidad para lograr una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. De ser así, la crisis catalana habrá cerrado por mucho tiempo las opciones de cambio, ya que tras el 155 quedan dinamitados todos los puentes que Sánchez y el líder de Podemos empezaron a construir tras las primarias socialistas.

El 155 consolida, por otra parte, la oposición hegemónica de Ciudadanos en Cataluña, aunque es probable que la factura que paguen PP y PSC haga inviable un frente constitucional que se imponga con claridad al bloque secesionista.

Sobre cómo afectará electoralmente esto al PSOE, hay muchas más dudas, si bien queda claro que con su apoyo al 155 del Gobierno de Rajoy queda sepultado para los restos el relato del "no es no" que llevó a Pedro Sánchez por segunda vez a la Secretaría General.

El líder de los socialista se enfrenta, además de a la fractura del PSC, a la titánica tarea de mitigar el coste de corresponsabilizarse de la aplicación del 155 junto al PP, de que lo que está en juego es la supervivencia del Estado y de que cualquier secretario general en su situación hubiera hecho exactamente lo mismo.

De momento, el sábado imploró el apoyo de notables y barones, a quienes hace meses desde su candidatura de las primarias se acusó de "complices de la derecha", de "traidores", de "golpistas" y de "someterse al establishment". El trago no debió ser fácil. Salvo a Zapatero, a ninguno de los otros ex secretarios generales del PSOE a los que ahora ha telefoneado en busca de auxilio, les había informado ni una sola vez de sus conversaciones con Rajoy para abordar esta crisis.

Claro que tampoco reunió ni al Consejo de Política Federal, donde está representado todo el poder territorial del partido, ni dio detalles a su propia Ejecutiva de las medidas que había acordado con el Gobierno. Aun así no ha habido secretario general, ni siquiera Susana Díaz, que no le ofreciera protección y le hiciera saber que, pese a las batallas internas, cuenta con un respaldo cerrado de todo el partido.

No hay mejor momento para que Sánchez se olvide de las heridas que dejaron los procesos orgánicos y empiece a contar seriamente con todo el partido. Lo contrario, sería un suicidio. Y no está España para, además de perder a la mitad de Cataluña para unos cuantos lustros, pierda también al partido que más hizo por la actual arquitectura institucional del país.