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Cifuentes contra la universidad pública madrileña

19/06/2017 07:38 CEST | Actualizado 19/06/2017 11:35 CEST

EFE

Desde su anuncio, hace más de seis meses, se han ido sucediendo los rechazos contra la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) con la que el gobierno de Cifuentes pretende reformar las universidades. Manifiestos, informes oficiales de sindicatos, de asociaciones, un comunicado de los representantes de estudiantes de las seis universidades públicas... Lo último, un contundente comunicado de todos los rectores de las universidades públicas madrileñas que supone un verdadero varapalo al proyecto.

Los rectores exigen «cambios sustanciales» en todos y cada uno de los aspectos fundamentales de la ley. No dejan títere con cabeza y aluden al nuevo sistema de financiación, a la intrusión política en la gobernanza, a los requisitos para la creación de nuevas universidades privadas, al trato a los estudiantes, a las nuevas figuras contractuales, etcétera. No queda en pie ni uno solo de los pilares de la LEMES.

Todos los colectivos y representantes de la comunidad universitaria coinciden en que la Ley de Cifuentes pretende trampear la autonomía universitaria para ejercer un control político inaceptable. Las críticas por la ambigüedad del texto, por la falta de concreción jurídica y la chapucería con la que se ha redactado son ampliamente compartidas. Pero lo más notorio no son las críticas, sino la absoluta falta de apoyo. Hasta la fecha y al margen de sus impulsores directos, nadie ha apoyado la LEMES. El silencio es atronador.

Un desaguisado como este solo podía ser cocinado con una total falta de transparencia, algo que caracteriza especialmente al Director General de Universidades de Cifuentes, José Manuel Torralba. Tras proclamar a los cuatro vientos un proceso participativo, escogió cinco personas a dedo, una representación irregular de los equipos de gobierno universitario —que acabaron por criticar el proyecto— y un representante de estudiantes que abandonó la mesa tras ver el escaso interés por sus opiniones. Es decir, se quedó solo con sus cinco amigos. Por el camino hizo caso omiso del resto de la comunidad, de los partidos políticos, de los sindicatos, de las asociaciones, de los expertos... Ni grandes figuras de la investigación ni figuras internacionales. Nada. Apenas se ha cambiado desde entonces una sola coma sobre los aspectos más relevantes.

La LEMES desprecia los problemas más importantes de la universidad, como la precariedad del profesorado, los precios prohibitivos de matrícula, la falta de becas o la maltrecha situación de las cuentas de las universidades como resultado de los recortes. El olvido de la trágica situación laboral del personal de administración y servicios es insultante. ¿Los estudiantes? Apenas le importan a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Ni una garantía sobre mejora de sus condiciones.

Para mejorar la docencia se limita a plantear que los investigadores no enseñen y los docentes no investiguen. Toda una «genialidad» que consiste en que al estudiante apenas le darán clase los grandes profesores, mientras que sus verdaderos docentes apenas podrán actualizarse. Interrumpir esta retroalimentación es un negocio ruinoso en el que no podemos caer. Así, los madrileños se quedarán con universidades «de primera», con grandes investigadores que no darán apenas clase, y universidades «de segunda», llenas de docentes low cost que transformarán los estudios universitarios en clases de saldo.

El PP vuelve a diseñar una aspiradora de dinero público hacia manos privadas, un modelo que conocemos demasiado en nuestra región.

No es casualidad en este sentido que, cuando tenemos una inmensa cantidad de profesores con contratos precarios —más de un 40% de las plantillas en muchas universidades—, la obsesión del gobierno sea atraer figuras de fuera (no, no a la gran cantidad exiliada). Se financiará, por supuesto, con el dinero ahorrado por los profesores que se matan a dar clases por 500 euros al mes.

La LEMES persigue dejar la financiación de las universidades bajo mínimos para luego conceder el dinero según le convenga a la Comunidad de Madrid, mediante un programa de incentivos bastante arbitrario y al que explícitamente la ley reconoce que podrán acceder las universidades privadas. El PP vuelve a diseñar una aspiradora de dinero público hacia manos privadas, un modelo que conocemos demasiado en nuestra región. Según el propio Torralba admite, los criterios de financiación se resolverán con negociaciones privadas con cada universidad y creando competitividad entre ellas. El verdadero objetivo es disciplinar su actividad. Para colmo, la Comunidad de Madrid se reserva por ley el derecho a incumplir los términos de los contratos establecidos entre la comunidad y las universidades. Se reconoce con total desvergüenza.

Por supuesto, en los próximos meses el discurso de «la lucha contra la endogamia y el feudalismo universitario» volverá para justificar la necesidad de un proyecto que no guarda relación alguna con dichos problemas. El objetivo es muy distinto: continuar un cambio de modelo en el sistema universitario que comenzó hace ya muchos años y que pretende abandonar a su suerte el grueso de la universidad mientras se privilegian parcelas escogidas a dedo para solo trepar en los rankings. Por el camino malogramos el sentido de la universidad como servicio público, imprescindible en una democracia avanzada.

Llegados a este punto, y dada la unanimidad contra la ley, ¿es realmente sostenible que el proyecto salga adelante en las actuales condiciones? ¿Qué va a hacer la Consejería ahora que todos los actores relevantes la han criticado con similares argumentos? ¿Va a escuchar a rectores, representantes de estudiantes, asociaciones, profesores, sindicatos y grupos de la oposición y paralizar la ley hasta que se llegue a un verdadero acuerdo? ¿O va a huir hacia delante?

Cifuentes debería medir muy bien sus pasos si no quiere acabar como el ex-ministro Wert. Forzar decretos a espaldas de la comunidad educativa solo le valió para consolidar su aislamiento político y acabar, meses después, abandonando el ministerio por la puerta de atrás, tras un período de convulsión social y oposición en las calles que consolidaron parte del cambio político y, sobre todo, hicieron perder a la ciudadanía una oportunidad necesaria de construir algo verdaderamente útil.

En esta ocasión los madrileños no podemos seguir a Cifuentes en sus juegos de manos y su funambulismo mediático. Si continúa en solitario con sus planes, confirmará una vez más que el nuevo PP y el viejo PP son indistinguibles, y se encontrará, como ya le sucedió al ministro Wert, con la respuesta de todos los que defendemos la educación pública frente a las políticas destructivas de su partido.

22-XI-2016 y 14-III-2017. En la Asamblea de Madrid se reúnen representantes de delegaciones estudiantiles, de asociaciones, de equipos decanales y rectorales, de plataformas de profesorado, de los cuatro principales sindicatos universitarios madrileños, y coinciden en un profundo rechazo.

27-II-2017 (UGT) y 9-V-2017 (CC.OO.). Los dos principales sindicatos publican fuertes críticas.

7-IV-2017. El rector de la universidad privada Antonio de Nebrija publica una dura crítica.

24-IV-2017. Las Delegaciones de Estudiantes de las seis universidades públicas de Madrid registran un texto que solicita la paralización de la ley.

8-V-2017. Se publica el manifiestoParemos la LEMES con más de mil firmas de miembros de la comunidad universitaria. Se forma una plataforma de asociaciones estudiantiles. Prometen un «otoño caliente» con movilizaciones.

31-V-2017. Los seis rectores de las universidades públicas madrileñas publican un comunicado que rechaza los aspectos fundamentales de la LEMES.

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