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¿Cuánto cuesta privatizar la universidad?

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Foto de una protesta estudiantil en la Universidad Complutense de Madrid/EFE

Este artículo fue escrito conjuntamente con Germán Garrido Miñambres, profesor e investigador de la Universidad Complutense de Madrid

Son tiempos adversos para la universidad pública.

A la reducción de partidas presupuestarias por parte de las autoridades comunitarias se suma toda una serie de iniciativas encaminadas a su progresivo desmantelamiento: recortes en la política de becas y ayudas al estudiantado, bloqueo a la estabilización laboral del profesorado e incluso la negativa a abonar sanciones millonarias en obligado cumplimiento de sentencias judiciales. Por si fuera poco, basta echar un vistazo a la proliferación de titulares que la prensa ha dedicado recientemente a la universidad para constatar la campaña creciente de descrédito entre la opinión pública. A diferencia de lo que sucede con la sanidad o la educación escolar, la sociedad no termina de percibir la universidad como un bien propio amenazado por intereses espurios ni parece dispuesta a movilizarse en su defensa. Por el contrario, la opinión mayoritaria tiende a verla como un lujo innecesario cuando no como un lastre del erario público.

Más allá de los muchos y graves vicios que sin duda lacran nuestro sistema universitario, solo una sociedad a la que se ha privado de todo instrumento crítico y emancipador puede llegar a entender la universidad como problema antes que como derecho y garante de oportunidades. Responsable de ello es en buena medida un discurso mediático que se alimenta del vínculo entre las deficiencias del mundo académico y las penurias del sufrido contribuyente. Haría falta preguntar a ese mismo contribuyente que se lamenta por el destino de sus impuestos si prefiere que estos se empleen en la financiación de una universidad destinada a las élites o en una a la que sus propios hijos tengan acceso.

La omisión de un debate tan fundamental ha permitido exponer a la indiscriminada intervención de grupos políticos y poderes económicos una materia que como las pensiones o la atención sanitaria debería formar parte del consenso social básico. Con apenas disimulado interés se plantea una falsa dicotomía entre una universidad oscura y cavernaria que fagocita partidas presupuestarias y una moderna y emprendedora además de rentable. Falsa es esa dicotomía desde el momento en que, en cualquiera de sus variantes, el impulso reformista no persigue tanto una mejora cualitativa del sistema universitario como su instrumentalización productiva: ni Oxford ni Cambridge son los paradigmas que inspiran tales reajustes, sino la universidad selectiva a la par que deficiente propia del modelo chileno.

El futuro de la universidad pública pasa por que sus representantes evolucionen de una actitud defensiva y mendicante a una abierta y propositiva.

El problema queda sustancialmente resumido en las relaciones entre la universidad y el sector empresarial. Casi nadie objetará que, para hacer valer su impronta como agente transformador, la universidad necesita romper su atávico aislamiento tejiendo vínculos con la sociedad, como tampoco que esos vínculos deben incluir al sector empresarial, especialmente si de ello se deriva la captación de recursos financieros. Igualmente incuestionable parece sin embargo que la imbricación social no debería limitarse a esos agentes ni supeditarse a sus dinámicas competitivas si desea preservar un bien público de intereses particulares.

Basta consultar los programas electorales de ciertas formaciones políticas para constatar que una premisa tan elemental dista mucho de ser unánime. En lugar de concebir la universidad como un servicio público, estas propuestas la presentan como un centro profesional perfectamente homologable a cualquier otra iniciativa empresarial. Consecuente con ello es un modelo enteramente supeditado a criterios productivos, donde la universidad queda sujeta a un patrón de eficiencia y sostenibilidad. La apuesta se completa dando libre entrada al sector privado en los campus, pero no en forma de mecenazgo o colaboraciones puntuales, sino cediendo amplias cuotas de poder desde los sillones del consejo social.

El éxito de esta estrategia no sería completo si no contara como último agente propiciatorio con las propias autoridades académicas. El futuro de la universidad pública pasa por que sus representantes evolucionen de una actitud defensiva y mendicante a una abierta y propositiva. Cuan lejos nos encontramos de ello queda patente en el reglamento de colaboración entre la Universidad Complutense y otras entidades recientemente aprobado por su Consejo de Gobierno, que acaso sin proponérselo conscientemente habilita fórmulas tanto para que la universidad transfiera parte de su autonomía como para que genere dinámicas de corrupción. Como ya denunciábamos no hace mucho en este mismo medio, el reglamento ignora los más elementales mecanismos de control estipulando además unas fórmulas de colaboración muy restrictivas.

El caso de la UCM, como el de la politécnica madrileña, donde esta clase de prácticas han sido ya regularizadas y están a la orden del día, demuestra que el recorte presupuestario, lejos de contribuir a optimizar la gestión universitaria, incentiva un sistema cada vez más excluyente y opaco. Frente a esta escalada de agresiones la comunidad universitaria no debe mantenerse indiferente ni limitarse a perpetuar un modelo caduco. Es la hora por el contrario de que haga oír su voz fomentando un debate abierto a la ciudadanía. Con ese propósito diversos colectivos de la Universidad Complutense de Madrid han convocado una jornada sobre modelos de financiación universitaria a la que también asistirá el rector. Son eventos como estos los que debemos apoyar y en los que debe escucharse nuestra voz. El problema nos afecta a todos y todos estáis invitados.