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El desinterés por la educación superior en la nueva ley de Cifuentes

04/04/2017 04:04 CEST | Actualizado 09/04/2017 10:52 CEST

Getty Images/iStockphoto

Desde hace meses, con absoluta falta de transparencia y sin consultar apenas a la comunidad universitaria, se ha ido elaborando por parte de la Dirección General de Universidades con las propuestas una Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior. Quiero advertir que no debería nadie dejarse engañar por el título: es una ley dedicada solo a investigación aplicada y a las medallas políticas. En el anteproyecto de ley, apenas se habla nada sobre educación.

Entre todos los despropósitos de este proyecto, destaco ahora el de la «doble vía» para el personal docente e investigador. Así, la propuesta se centra en que algunos investigadores no impartan clase mientras otros acumulan docencia como locos.

Cualquier buen investigador y cualquier buen docente sabe de la difícil separación entre ambos ámbitos, especialmente cuando pones a algunos profesores a ocuparse de cantidades ingentes de docencia, mientras otros se encierran en la burbuja del laboratorio o de la biblioteca. Al mismo tiempo, los docentes se transforman en meros impartidores de clases sin apenas posibilidad de ponerse al día ni de transmitir los nuevos avances al alumnado.

Esto no viene solo de la Comunidad de Madrid, sino que ya lo contempla el absurdo Decreto Wert (14/2012, de 20 de abril) que considera la docencia como un castigo. Es algo que quienes disfrutamos las clases desde nuestras investigaciones y viceversa entendemos como simple ignorancia.

Esta medida resulta además especialmente chocante cuando no responde a la propia Ley Orgánica de Universidades vigente en la actualidad, donde en su artículo 2 expone lo siguiente:

«Su objeto social exclusivo [el de la universidad] será la educación superior.»

Desde el título de la Ley Cifuentes hasta sus propuestas demuestran una ignorancia o un profundo desinterés respecto a lo que es la «Educación Superior». En importantes universidades, por ejemplo, son precisamente los mejores investigadores quienes imparten clase en los primeros cursos de los grados.

La terrible gravedad de esta ley viene acentuada por otra ignorancia, mucho más urgente que la anterior: la situación real del profesorado universitario madrileño que, en el 40% de los casos, sufre acumulación indefinida de contratos temporales y esconde bajo la figura del profesor asociado una manipulación flagrante de la L.O.U. y de su proyecto de carrera académica.

Añadamos otro dato: si pasamos de unos rankings criticados por las principales universidades del mundo, como podemos ver aquí, y miramos los datos de productividad respecto a financiación, nos encontramos con que estos profesionales de las universidades públicas españolas se encuentran entre los más eficientes del mundo, como podemos ver aquí. Pero se prefiere difundir las leyendas urbanas y hundir la credibilidad de los servicios públicos, como se ha hecho con las televisiones públicas, y se insiste en hacer con la sanidad.

En las universidades públicas madrileñas, con graves problemas de financiación y precariedad laboral en todos sus niveles, existen salarios de personal de administración y servicios hasta diez veces más altos que los del 20% del personal docente e investigador y de un número similar, pero difícil de estimar, del restante personal de administración y servicios. Por este motivo, muchísimos profesores e investigadores preparan sus clases a toda prisa sin poder investigar porque deben compaginar sus clases con trabajos externos.

Quienes trabajamos en las universidades públicas hacemos constantemente propuestas que pueden y deben debatirse, pero hace falta que el gobierno desee realmente mejorar la educación superior.

La situación es tan evidente que en la Asamblea de Madrid se aprobó hace pocos meses una Proposición No de Ley sin oposición de ningún partido político (han leído bien: sin oposición alguna ni de PSOE, ni de Cs, ni de Podemos, ¡ni del PP!) en la que se reconocía la imposibilidad de sostener una universidad pública en estas condiciones y la obligación de elaborar un plan de rescate para resolver esta situación, mediante la convocatoria de plazas de concurso público con las que sustituir figuras precarias que aguantan hasta diez y doce años con salarios por debajo del mínimo reconocido por la ley. Si no me creen, lo pueden consultar en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, número 89, página 1103. (Sin embargo, no aparece esa partida en los presupuestos.)

¿Contempla la LEMES este problema, que el propio Partido Popular reconoció?

En ningún sitio.

Porque esta ley no soluciona ningún problema estructural de la educación superior. Está diseñada solo para intervenir la universidad pública, imponiendo a golpe de control presupuestario lo que debe investigarse y estudiarse en nuestras universidades.

Ya está bien: no critiquemos; propongamos.

Esta LEMES se centra en una financiación por objetivos, es decir, que concederá recursos económicos a las universidades que los cumplan. Bien, suponiendo que aceptara esta vulneración de la autonomía universitaria (que no acepto), hagamos que la LEMES penalice la precariedad laboral en las universidades, tanto del personal de administración y servicios como del personal docente e investigador.

Esto arreglaría varios problemas: uno ético (no puedes tener a ningún colectivo laboral renovado indefinidamente en condiciones precarias) y otro académico, puesto que los profesionales universitarios podrían centrarse en su trabajo y no buscar otro de 15:00 a 21:00 para poder llegar a fin de mes.

Una buena medida que podría contemplar esta ley sería la creación de un observatorio de la precariedad docente, así como servicios de asesoramiento jurídico en colaboración con los comités de empresa para luchar contra los abusos y la trágica precarización.

Dicho observatorio debería tener personalidad jurídica propia, independencia orgánica y funcional de la Consejería competente en materia de universidad. Por otra parte, Para garantizar la eficacia e independencia de dicho observatorio, en el sistema de elección de los miembros natos debería garantizarse una representatividad suficiente del profesorado precario. El observatorio colaboraría con las agencias u organismo autonómicos y estatales de acreditación a los efectos de remitir anualmente un informe público que evaluara la situación, la evolución y las problemáticas del personal de administración y servicios, y del docente e investigador.

Quienes trabajamos en las universidades públicas hacemos constantemente propuestas que pueden y deben debatirse, pero hace falta que el gobierno desee realmente mejorar educación superior.

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