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Miles de afectados por los Préstamos-Renta Universidad

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Foto: EFE

Confundir lo público con lo privado (estudiante con cliente, derecho con pago de servicio, ayuda con crédito...) implica, como poco, una asombrosa ingenuidad. Unamos a esto las fantasías y falacias de que los mecanismos de lo privado funcionan muy bien allá donde se aplican, siempre y sea el sitio que sea.

Todo esto debe tenerse en cuenta para reflexionar sobre lo ocurrido con los Préstamo-Renta Universidad del ICO y el Banco de Santander para estudios universitarios. Contextualicemos.

En 2007, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco de Santander lanzaron la Línea de Préstamos-Renta Universidad para facilitar con dinero público el acceso a un postgrado oficial a cualquier titulado universitario que quisiera ampliar su formación.

El Préstamo-Renta Universidad se puso en marcha en el año 2007 y se derogó en 2011. La primera convocatoria fue 2007/2008, las siguientes fueron 2008/2009, 2009/2010 y la última, 2010/2011. En las dos últimas convocatorias, las entidades financieras fueron, en 2009-2010, el Banco de Santander, la Caja Insular de Canarias, la Caja General de Canarias, el Banco Caminos y Cajasol. En 2010-2011, el Banco Santander, Sa Nostra, Cajasol y Unicaja, según datos de la Plataforma de Afectados.

Las condiciones iniciales eran las siguientes:

• Préstamo al cero por ciento de interés.
• Devolución en el momento en que se superaran los 22.000 euros de renta anual.
• Si en 15 años no se pudiera pagar, la deuda prescribiría.

¿Quién vería mal unas condiciones tan «generosas»?

Contemplemos un par de problemas básicos.

Ante todo, nos encontramos con una tara que debería solucionar el propio Estado o la Comunidad Autónoma correspondiente: el derecho al acceso a titulaciones oficiales sin importar las condiciones económicas de los estudiantes. Este fracaso empeora con la subida de hasta el 250% (en la Comunidad de Madrid, por ejemplo) que sufrieron dichos másteres en diversas CC.AA. en los últimos años. ¿Debería ser necesaria la intermediación de un banco privado o de un sistema de créditos para facilitar el derecho a la educación que todos tenemos? Defender que el problema de las elevadas tasas se soluciona con una política de créditos es retorcido.

Huir hacia parches privados o créditos no solo dista mucho de ser la solución, sino que a medio y largo plazo siempre empeora el problema.

Por otra parte, recordemos que no se trata de pagar la educación solo para beneficio de quien quiera disfrutar de su derecho, sino de pagar la formación de quien en el futuro nos operará del corazón, enseñará a nuestros hijos y diseñará los aviones en que volemos. Incluso tratándose de másteres en el extranjero (como algunos nórdicos, que incluso pagan a los estudiantes de postgrado o como Francia y Alemania, con precios simbólicos, casos muy diferentes al español), el Estado debería ocuparse de habilitar las ayudas correspondientes ‒no mediante créditos‒, en la medida de lo posible. Más adelante hablaremos de la sostenibilidad de este principio.

Por si fuera poco, no parece muy buena idea salir de la universidad ya endeudado; aquí volvemos a la relación con EEUU. Tanto allí como en otros países que han optado por modelos similares, como Chile, la burbuja de préstamos universitarios ha crecido de un modo escandaloso y con difícil solución. Es una demostración de la falacia, ya leyenda urbana, de que en EEUU nadie se queda sin estudiar por falta de dinero. Si así fuera, las familias no se pasarían la vida ahorrando para pagar la universidad a sus hijos ni existiría tan tremenda burbuja.

¡Pero si la cosa ya pintaba mal con el planteamiento de partida de estos préstamos, peor se puso en un solo año. A partir de la siguiente convocatoria (2008-2009) y a lo largo de las restantes, esas condiciones se suprimieron. Sin embargo, ¡la publicidad del Banco de Santander y el silencio respecto a los agravantes en el BOE se mantuvieron! Como leéis.

• Por lo pronto, se eliminó inmediatamente el umbral de renta para empezar a pagar, con lo que había que devolver el dinero nada más acabar los estudios, se tuvieran o no fondos para ello.

• Además, la deuda no prescribía, sino que se convertía en vitalicia.

• Y, ya puestos, en cuanto a los intereses y comisiones, fueron diferentes según la convocatoria; por ejemplo, en la tercera convocatoria (2009-2010), existió un 10% de interés por demora más un cobro de comisión por «cada cuota vencida y reclamada».

Es decir, quienes tenían menos dinero acumularon más y más deuda según pasaban los años. Ni siquiera la web del Banco de Santander ni el BOE anunciaban dichos cambios perjudiciales para los afectados, mientras sí avisaban de otras modificaciones.

Los miles de afectados crearon la Plataforma de Afectados por los Préstamos-Renta Universidad, pero solo consiguieron unos aplazamientos. Con los nuevos plazos, la situación es y será aún más insostenible para muchos jóvenes que solo querían mejorar su formación y que creyeron que se podía confiar en este tipo de juegos.

Al permitir que se cambiasen unilateralmente las condiciones de los préstamos, al convertir a estudiantes en clientes, al no iniciar los procesos justos para los que han sido designados, en definitiva, nuestros políticos han hecho dejación de las funciones constitucionales para las que han sido designados: defender a los ciudadanos, mejorar sus vidas, protegerlos de agresiones ilícitas.

Por otra parte, las tasas de nuestras universidades continúan entre las más elevadas del mundo, mientras estamos entre los países occidentales que menos invierten en universidad. Como decía al principio del artículo, países con PIB menores tienen tasas gratuitas o precios casi simbólicos. Esto demuestra que la universidad es sostenible con otras políticas y con otros planteamientos económicos y fiscales. Huir hacia parches privados o créditos no solo dista mucho de ser la solución, sino que a medio y largo plazo siempre empeora el problema, como hemos visto con las privatizaciones de la luz y de otros servicios. Y con estos préstamos-renta.

La solución se encuentra en el trabajo interno, en la mejora de nuestros sistemas públicos. Creer que una empresa responderá desde el altruismo a una necesidad de los ciudadanos o que los parches, por públicos que sean, solucionarán los problemas de fondo es pecar, como poco, de ingenuidad.