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Ese maldito empeño en controlar nuestra muerte

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El 7 de febrero de 1984, en horario de máxima audiencia, Carlos Gómez, cántabro enfermo de leucemia, apareció en el programa de TVE Si yo fuera presidente del añorado Fernando García Tola pidiendo públicamente, por primera vez en nuestro país, que se le aplicase la eutanasia. No quería vivir la parte de vida que le esperaba. El pasado 30 de octubre, Francisco Guerrero, cordobés de 65 años diagnosticado de una forma de esclerosis múltiple especialmente cruel, sin tratamiento capaz de ralentizar siquiera su progresión, hacía la misma petición desde la tribuna más modesta del Diario de Córdoba.

Desmoraliza comprobar que, después de veintiocho años de historia de España en los que se han conseguido innegables cambios sociales y avances de las libertades ciudadanas, se siga repitiendo la misma petición de ayuda para morir sin que en ese tiempo hayamos conseguido una solución legislativa para estas angustiosas situaciones. Desde un comprensible pesimismo podría incluso pensarse que el cambio al respecto en ese cuarto de siglo ha sido a peor: en 1984 la audiencia era estatal y en la televisión pública y hoy, sólo en un periódico de difusión provincial de una comunidad autónoma que, para más perplejidad, cuenta con una ley de muerte digna que se manifiesta incapaz de resolver situaciones como la de Francisco.

Probablemente sería injusto afirmar que en ese tiempo nada ha cambiado para los españoles respecto a la dignidad en el proceso de morir. De hecho, tan sólo dos años después de la petición de Carlos Gómez, se promulgó la primera carta de derechos de los pacientes contenida en la Ley General de Sanidad. En ella se nos reconoció la libertad de renunciar al tratamiento, derecho de nuevo cuño que -quién sabe si intencionalmente- iniciaba la ruptura con el concepto de sacralidad de la vida que el nacional-catolicismo nos había impuesto durante su dictadura y, según el cual, siendo el dios creador el único dueño de nuestras vidas y Francisco Franco su administrador en la tierra, sólo a ellos correspondía tomar decisiones sobre su continuidad o fin. A nosotros, sus súbditos, no nos quedaba otra opción que aceptar resignadamente el sufrimiento que el final de la vida nos deparase. Rebelarse, y no digamos poner fin a la propia existencia usurpando su propiedad, tenían garantizado el rechazo social o a lo más, la ocultación vergonzante de semejante pecado de insubordinación.

Cierto es también que, tanto la timorata reforma del código penal de 1995 como la ley básica de autonomía del paciente, de 2002, mejoraron la situación legal respecto a algunas conductas tradicionalmente consideradas eutanasias pero, a día de hoy, no podemos negar el hecho de que las decisiones fundamentales sobre el final de nuestra vida: el cuándo, el cómo y el dónde tiene lugar, permanecen todavía en manos ajenas, convirtiendo de hecho en letra muerta la pretendida autonomía personal y el respeto a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad que proclama nuestra ley de leyes.

Para comprender esta contradicción entre los valores que las leyes dicen reconocer y lo que efectivamente permiten, hay que olvidarse de las razones esgrimidas por los colectivos que se auto-titulan defensores de la vida. Su pretendida defensa de los intereses de los débiles cuya vida estaría en peligro si se aprobase la eutanasia no resiste el más elemental análisis.

La explicación hay que buscarla más bien en el oculto interés de determinados poderes fácticos en mantener las decisiones vitales más trascendentes fuera del ámbito de decisión personal. Esos poderes fácticos creen -o al menos dicen creer- que la vida, nuestra vida, es un don otorgado del que sólo somos administradores con poderes limitados. Esta creencia es, por cierto, tan respetable como la de quienes reivindicamos esa propiedad y nos sentimos únicos responsables de ella. Lo que no es respetable en absoluto es el desmedido y mal disimulado empeño de los primeros por imponernos su creencia a los que nos sentimos propietarios. Empeño que, viendo la petición de Francisco Guerrero, consigue todavía hoy que personas incapacitadas para poner fin a su vida sin ayuda de otras, se vean obligados a vivir una vida que no consideran un bien sino una auténtica tortura. La certeza de que la mano amiga que les ayude podría terminar en la cárcel, obliga a muchas personas a malvivir contra su voluntad si no tienen la posibilidad de ponerle fin por su mano ni medios económicos para desplazarse a Suiza y, peor aún, les pone en riesgo de fracasar en un intento de suicidio sin garantías y quedar en peor situación que la que les llevó a desear la muerte.

Francamente, me resulta incomprensible que el señor Rouco pueda tener algún interés legítimo por la longitud de mi vida. ¿Qué le va a él que un ateo irreverente como yo siga vivo, pensando y expresándose en público contra sus prédicas? Es tan incomprensible como el interés de nuestro flamante ministro de justicia en defender el presunto derecho a la vida de fetos con malformaciones tan graves que, caso de llegar a nacer, les garantizará una vida de sufrimiento propio y ajeno (por cierto, sin ayudas sociales porque el partido del ministro las ha reducido a su mínima expresión). Detrás de esa pretendida defensa se esconde la menos generosa intención de impedir la libertad de la madre que no quiera traer al mundo un ser condenado al sufrimiento; aunque para impedir esa libertad sea necesario condenar a hijo y a madre al sufrimiento y a la humillación de verse convertidos en un mero instrumento de intereses ajenos. Intereses que se concretan en mantener al mayor número de personas y por el mayor tiempo posible atemorizados por un más allá de la muerte y por si su grado de sumisión en este mundo habrá sido suficiente para obtener la felicidad en la otra vida. Otra vida en la que, a la vista de sus actos, no cree ninguno de los que la predican desde su silla episcopal.

Por si a alguien le quedaba alguna duda, la propia conferencia episcopal ha dejado claras pistas en su diatriba contra la sentencia del constitucional sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo: "La cultura de la pansexualidad (es) una cultura que no genera vida y que vive la tendencia cada vez más acentuada de convertirse en una cultura de la muerte". Sexo y muerte, las herramientas de dominación que les han servido durante siglos amenazan hoy con dejar de serles útiles para manipular las conciencias de las personas. Su empeño en impedirlo cuenta por ahora con la derecha en el poder y su ministro de Justicia, siempre dispuestos a convertir en delito lo que la jerarquía católica les señale como pecado.

Mientras ellos puedan seguir controlando nuestra muerte, nuestra libertad será sólo una libertad vigilada.