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Los modelos de gestión del agua: entre la fe y la razón

30/06/2017 07:19 CEST | Actualizado 30/06/2017 07:19 CEST
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¿Son compatibles el conocimiento y la emoción? ¿La evidencia basada en datos y las visiones míticas? Por supuesto que sí, siempre y cuando una no se presente (disfrazada) como la otra. Es imprudente tomar determinadas decisiones técnicas desde la emoción, desde la fe, desde el mito, del mismo modo que sería ingenuo pensar que un conflicto social, gestado durante décadas, puede resolverse sólo con ciencia. Los mitos siempre nos han ayudado a encontrar sentido al mundo y la vida pero es el conocimiento científico el que realmente añade luz, sobre la base de criterios racionales, para la toma de decisiones frecuentemente complejas.

En la gestión de los recursos hídricos y los servicios de agua uno encuentra diferentes especies. Están quienes se empeñan en corregir los datos científicos con dogmas, con afirmaciones que, no por repetidas mil veces, son más ciertas. También hay quienes, desde la arrogancia intelectual, parecen incapaces de entender que la gestión del agua es la gestión de conflictos; que es necesario tener coraje para hacer política en el sentido más noble del término.

Es curioso que a quienes defienden el uso de criterios racionales se les acuse con frecuencia de imponer una visión de la realidad, cuando el conocimiento nace de la evidencia, de la observación experimental de esa realidad, mientras las afirmaciones dogmáticas nacen de visiones tan simplificadas de la misma que a veces la desfiguran de modo grotesco. Se tiende a ser más benevolente con estas visiones mesiánicas, sin embargo. Una cosa es afirmar que la racionalidad, el conocimiento, la evidencia no resuelven todo, algo que es cierto, y otra bien diferente pensar que se puede prescindir de esos elementos hasta el punto de reemplazarlos por juicios de valor que no resuelven nada.

Concha Buika, cantante de origen guineano, dice en Miénteme bien: "así que si me mientes, miénteme bien, porque hoy quiero engañarme de nuevo". Si uno se levanta con ganas de engañarse, hay poco que hacer. Paul Boghossian, filósofo estadounidense nacido en Armenia, lo llama "miedo al conocimiento" (su libro es una lectura recomendada para distinguir entre el pensamiento y los caprichos). Ahora bien, si uno quiere entender, el debate público debería contribuir a enriquecer esa reflexión colectiva.

Estas trampas son comunes en el sector del agua. Hay quienes afirman, por ejemplo, que dado que el sector privado tiene muchos defectos, la gestión de los servicios de agua debería ser siempre pública (por supuesto, desde la convicción de que la gestión pública es inmaculada, carente de esos defectos u otros). Por otro lado, ya vivimos en su momento los abusos del Consenso de Washington, un conjunto de diez principios (esencialmente dogmáticos), que constituyó el credo de los paquetes de reformas sugeridos por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Departamento del Tesoro de los EEUU en la década de los noventa. Otra trampa de la fe que estableció como norma la privatización de empresas públicas. Ambas afirmaciones son falsas si se presentan como proposiciones universales y, pese a ello, tienen o tuvieron una sorprendente capacidad de persuasión e influencia.

Hay otras, sin duda: la afirmación de que la gestión pública es más equitativa y eficaz, tan incierta como que la gestión privada es sistemáticamente más eficiente. ¿Servirían esas afirmaciones, que se proclaman como válidas con carácter general también para una mala empresa pública y una mala empresa privada o se afirmaría entonces, de modo impúdico, casi indecente, que son excepciones a la regla?

Tiene que existir espacio para la política y para modelos inclusivos de gobernanza del agua donde cada actor social pueda desempeñar su papel en pro de la sostenibilidad, la equidad y la eficiencia.

El 11 de junio de 1962, en un discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad de Yale, el presidente de los EE.UU., John Fitzgerald Kennedy, afirmó: "Muy a menudo, el gran enemigo de la verdad no es la mentira deliberada, artificial y deshonesta, sino el mito, persistente, persuasivo e irreal. Con demasiada frecuencia nos aferramos a los clichés de nuestros antepasados, adaptamos los hechos a un conjunto prefabricado de interpretaciones, disfrutamos la comodidad de nuestra opinión sin padecer la incomodidad del pensamiento".

La condena con carácter general de la gestión pública por algunos defensores de la gestión privada o de la cooperación público-privada es cuando menos precipitada. El ejercicio de denostar la gestión privada por quienes abogan por la gestión directa no es menos caricaturesco. Afortunadamente, hay una amplia mayoría que no se identifica con ninguna de estas dos posiciones excesivas.

Es interesante observar que muchos de los argumentos esgrimidos en contra de un modelo de gestión servirían igualmente para descalificar también al opuesto. Quizás porque lo relevante no es tanto quién se corrompe sino la corrupción (condenable con carácter general), o el nivel de las tarifas (sino la desigualdad y que las familias más vulnerables no vean en riesgo su suministro en caso de impago), o la recuperación de costes (sino para qué resulta instrumental: para la consecución de objetivos de política pública), o la falta de rendición de cuentas, o la deficiente gestión de activos...

A fin de cuentas, esta reflexión no conduce al relativismo. Sí podría, sin embargo, alertar sobre los riesgos de privatizar empresas públicas que funcionan bien o de pasar a gestión directa allí donde la indirecta ha sido exitosa.

Y alguien podría preguntarse cómo se mide el éxito. Estamos hablando de un servicio público, vinculado a un bien de dominio público, de modo que el éxito debería medirse esencialmente en términos de la consecución de objetivos definidos colectivamente: el desarrollo social y económico, la calidad del agua potable, el adecuado saneamiento y tratamiento de las aguas residuales, una adecuada atención al cliente, la resiliencia de los servicios de abastecimiento y saneamiento, la capacidad para asegurar la inversión a largo plazo, la garantía de capacidad de pago por los hogares en situación de exclusión social...

En términos más amplios (vinculados al recurso) y tanto o más significativos, si cabe, el esfuerzo debe dirigirse a la reducción del riesgo ante la escasez y la sequía, la gestión de inundaciones, el deterioro de la calidad del agua, la pérdida de diversidad biológica y la degradación de ecosistemas acuáticos, la adaptación al cambio climático. Lamentablemente, siempre que se simplifica la realidad hasta el paroxismo, los retos importantes quedan en espera.

Cuesta creer que sólo nos queden dos opciones: la suspensión del pensamiento o la tecnocracia. Tiene que existir espacio para la política y para modelos inclusivos de gobernanza del agua donde cada actor social (municipios, otros niveles de gobierno, empresas privadas, sociedad civil...) pueda desempeñar su papel en pro de la sostenibilidad, la equidad y la eficiencia. La alternativa es ocultar desafíos u omitir el coste de las decisiones y nadie podría defender algo así, ¿verdad?

Publicado originalmente en el blog del Foro de la Economía del Agua, Ver lo invisible.

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