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Ya solo nos queda la reconciliación

05/10/2017 07:25 CEST | Actualizado 05/10/2017 07:25 CEST
EFE/Andreu Dalmau

Al final ha ocurrido: estamos en el peor de los escenarios posibles. Todos lo habíamos imaginado con mayor o menos precisión. Y no es de extrañar, porque todos los elementos de la trama conducían a este desenlace: nada permitía presagiar una marcha atrás del Govern, como tampoco había base alguna para suponer que el Gobierno de Mariano Rajoy concediese una negociación política para prevenir el desenlace policial. Todos mirábamos venir la tormenta perfecta incrédulos, quizás por una novelesca confianza en el giro inesperado de los acontecimientos que in extremis restaurase la normalidad. Pero fuera de la ficción ningún héroe viene a salvarnos para evitar la fatalidad, y lo acontecido el 1 de octubre en Catalunya fue la brusca demostración de que ya solo nos vale ser crudamente realistas.

En rigor, ese realismo viene siendo necesario desde hace ya muchos meses. Se hubiera tratado tan solo de reconocer que en Catalunya existe una voluntad nacional irresuelta desde hace mucho tiempo, y que al menos desde 2010 (fecha en la que el Tribunal Constitucional tumbó la reforma del Estatut pactada por el parlamento estatal y el autonómico) la necesidad de resolverla por los cauces de expresión democrática se había extendido de modo bastante transversal por la sociedad catalana. En lugar de reconocer esa realidad social, los que dicen representar el Estado de derecho se han amurallado en un formalismo legal, obviando que la Ley no está ahí para que la sociedad se le parezca. Las leyes son mecanismos para regular los conflictos que con certeza van a aparecer en una sociedad. Si surgen otros conflictos para los que la Ley no está preparada, entonces hay que arbitrar mecanismos distintos.

Lo ocurrido el pasado domingo es un ejemplo de las nefastas consecuencias que acarrea aplicar de manera ciega la ley. Un desenlace previsible que, en cambio, nadie quería reconocer... ¿Nadie? Déjenme que lo ponga en duda. En cierto y perverso modo, no parece descabellado pensar que todos los bandos previeran e incluso buscaran lo que de hecho pasó el domingo. Lo que ocurre es que casi todos se han equivocado en la previsión de las consecuencias. El Gobierno buscaba exhibir su autoridad y humillar las pretensiones del independentismo, pero ahora se encuentra con que hasta buena parte de la opinión pública internacional evita respaldar al Estado. El Govern buscaba ensimismar definitivamente Catalunya, pero ahora se encuentra con que su ciudadanía traslada de nuevo sus expectativas de transformación al nivel estatal.

Confiarlo todo a unas elecciones no garantiza una correcta gestión del odio que todo esto ha generado.

Incluso Catalunya en Comù y Podemos tenían razones para desear de manera secreta este escenario. Para las formaciones de Colau y Pablo Iglesias, el 1 de octubre solo era legítimo en tanto movilización ciudadana para reivindicar el derecho a decidir en un referéndum con garantías. Sin embargo, nada en el modo en que se ha desarrollado el invitaba a esa interpretación. La confianza en la inminencia histórica de la independencia era y es sincera en muchos partidarios del procés, y la determinación del Govern al respecto es mucho más que firme. Con un mínimo control del censo y de la participación, la República Catalana hubiera sido aclamada antes de la medianoche. Su apelación al voto parecía, por tanto, contradictoria. Solo había una opción para que la hipótesis de la movilización social se verificara: que la Guardia Civil y la Policía Nacional desbarataran la votación, y lo hicieran con una violencia suficiente para empujar transversalmente a la sociedad contra el Gobierno en Madrid. La soñada transversalidad lograda gracias al error de Rajoy, qué trágica paradoja.

Debido precisamente a la constatación del nuevo frente transversal que se opone al gobierno de Mariano Rajoy, la inteligentsia de la nueva política plantea como única solución para un país en fallo sistémico la convocatoria urgente de elecciones. Unidos Podemos sabe que su hegemonía puede empezar prevaleciendo en Catalunya, del mismo modo que Ciudadanos entiende que no se les va a presentar otra oportunidad para acelerar su sorpasso al PP, sin tener que esperar a que las leyes demográficas hagan su trabajo.

En lugar de prolongarlo, necesitamos que ambos bandos reconozcan que no hay salida posible, que asuman la responsabilidad por los errores pasados, y apelen a sus bases a cejar en los recíprocos desafíos.

Lo lamento, pero creo que esta no debe ser la solución. Por una razón sencilla: confiarlo todo a unas elecciones no garantiza una correcta gestión del odio que todo esto ha generado. Aunque el equilibrio de fuerzas cambie, lo cual no es fácil, el odio a los catalanes que de manera informal se confiesa entre muchos ciudadanos españoles y el desprecio hacia un "Reino" español que desde Cataluña se juzga irremediablemente retrógrado no tiene marcha atrás. Aunque pueda resultar un tanto oportunista, creo que el odio a Piqué es el principal indicador. Para muchos de nuestros conciudadanos, la cuestión catalana se interpreta por analogía con el odio que sienten hacia este jugador. ¿Qué tendría que pasar para que, contra la actual tendencia, nuestros estadios volviesen a aplaudir las carreras del defensa del Barça en sus partidos con la Selección? ¿Se lo imaginan?

A mi juicio, la solución ya no puede encontrarse mediante la política ordinaria, sino que tiene que pasar por medidas extraordinarias. El discurso de Felipe VI es la última demostración de que el marco constitucional será incapaz de administrar las emociones en liza. Ya no valen elecciones que enquisten los sentimientos encontrados, ni negociaciones basadas en el ocultamiento interesado de información. Creo por ello necesario iniciar un proceso de reconciliación que implique a toda la comunidad política.

Un proceso de reconciliación consiste en mecanismos públicos que permitan a todos los ciudadanos asumir las consecuencias sobre el pasado, y enfrentar colectivamente el futuro. Suelen ser propios de sociedades que han padecido conflictos de largo alcance, como en Colombia. La traslación al caso español puede resultar exagerada dada la magnitud y la duración de la violencia en ese tipo de casos. Sin embargo, creo que el mecanismo es adaptable. El conflicto entre legalidad constitucional y legitimidad social es irresoluble.

En lugar de prolongarlo, necesitamos que ambos bandos reconozcan que no hay salida posible, que asuman la responsabilidad por los errores pasados, y apelen a sus bases a cejar en los recíprocos desafíos. Deberían traducirse en comisiones extraparlamentarias integradas por partidos, expertos y agentes de la sociedad civil. Para convocarse, ambas partes deberían reconocer al otro como interlocutor, y asumir una serie de responsabilidades: el actual Govern debería reconocer su violación de las leyes del parlamentarismo y el respeto a las minorías; el Gobierno, la mala gestión policial del 1-O, así como la necesidad de reformar el Tribunal Constitucional, pues desde 2010 ya no pude ser depósito de la confianza cívica como árbitro último de la convivencia.

Solo desde la humilde aceptación de que estamos en un callejón sin salida podremos construir maneras para recuperar esa cívica hacia nuestras instituciones. Solo mediante una reconciliación colectiva podremos imaginar el día en que Piqué pueda ser aplaudido cuando se ponga la camiseta de la selección.

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