La fiscalía pedirá de 10 a 19 años de cárcel para Urdangarin por el 'caso Nóos'
La Fiscalía Anticorrupción prevé solicitar entre 10 y 19 años de cárcel para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, a quien acusará de un delito de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y dos delitos fiscales.
La pena específica a reclamar dependerá de si el yerno del rey abona antes, junto a su exsocio Diego Torres, los cerca de seis millones de euros de los que presuntamente se apoderaron de las Administraciones públicas, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.
Tal y como han precisado, la cantidad de años que pedirá el Ministerio Público se acercaría más a las condenas mínimas previstas para cada delito, principalmente si el imputado decide devolver parte del dinero presuntamente defraudado de Baleares y Comunidad Valenciana, lo que permitiría aplicarle una atenuante de reparación del daño.
Del mismo modo, las mismas fuentes han precisado que el delito de malversación que prevé atribuir la Fiscalía al Duque irá en concurso con el de falsedad documental, debido a que la primera de estas infracciones pudo cometerse sirviéndose de la segunda para que pudiera materializarse.
De este modo, de acuerdo a lo previsto en el Código Penal para los concursos de penas, el de falsedad quedaría subsumido en el de malversación y, sólo por este delito, se le pediría de seis a ocho años de prisión.
En cuanto a Torres, la pena que la acusación incluirá en su escrito de calificación provisional, que presentará en unos meses, oscilaría entre los diez y los 15 años, puesto que en su caso le será atribuido un solo delito fiscal.
600.000 EUROS PARA LA INFANTA
Tras la declaración el pasado sábado de la infanta Cristina como imputada, la instrucción del caso se encuentra en su recta final a falta tan solo de algunas decisiones que debe adoptar el juez instructor, José Castro, sobre nuevas declaraciones de testigos solicitadas por el exsocio de Urdangarin, Diego Torres.
Una vez resuelva esa cuestión, el magistrado previsiblemente dictará el auto de transformación a procedimiento abreviado, en el que discriminará quiénes continuarán imputados y quiénes no.
Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción dictará el escrito de acusación en el que concretará acusados, delitos y penas que solicitará para cada uno de ellos.
En el caso de la infanta Cristina, para quien la Fiscalía Anticorrupción podría solicitar que pague en torno a 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, esta petición tampoco llegaría a formularse en el escrito de acusación si su defensa consignara una cantidad previamente.
La cuantía a reclamar a la infanta sería la de los gastos particulares que realizó ella, del 50 % percibido por la empresa Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos entre 2003 y 2007.
