Algo habrá que hacer

Algo habrá que hacer

El tipo de interés alcanzado por el bono público a diez años, y la consecuente prima de riesgo, es la síntesis más inquietante, pero lo ocurrido en el mercado de acciones tampoco puede pasarse por alto.

Esa es la expresión que antes o después acaba apareciendo en toda conversación sobre la

combinación de circunstancias adversas que han situado al Tesoro español ante una situación

insostenible a lo largo de la jornada del viernes. El tipo de interés alcanzado por el bono

público a diez años, y la consecuente prima de riesgo, es la síntesis más inquietante, pero lo

ocurrido en el mercado de acciones tampoco puede pasarse por alto.

Esa combinación de un 7,27% en el bono (prima de riesgo, o diferencia frente a la misma

referencia alemana, de 610 puntos básicos) y el Ibex desplomado un 5,82% (con castigo

diferencial a los bancos) ha tenido lugar a pesar de la unánime aprobación del Memorándum

que guiará la aplicación de la línea de crédito de 100.000 millones de euros para la

recapitalización del sistema bancario español. Han debido ser otras señales que emergieron

en la misma jornada las que han aumentado la aversión al riesgo a los valores españoles. La

petición de auxilio financiero de la Comunidad Valenciana, las expectativas de continuidad de

la recesión, la erosión en la situación financiera de la Seguridad Social o la liquidez disponible

en el Tesoro habrán influido igualmente en el deterioro del panorama.

La ofrenda del excepcional ajuste presupuestario aprobado el día anterior en el Congreso

de los Diputados no ha acusado los efectos pretendidos. Los mercados parecen cotizar en

mayor medida la depresión que ese ajuste ejerce sobre el crecimiento económico. Lo mismo

ha ocurrido en Italia, donde las propuestas de reformas y consolidación fiscal han quedado

sombreadas por las expectativas de crecimiento y, desde luego, por la eventual inestabilidad

política asociada a las elecciones del próximo año.

La revisión del ritmo de crecimiento económico de España para el año que viene (desde

una tasa positiva del 0,2% al -0,5% ) siendo adversa, no lo es tanto como la anticipada por la

mayoría de los analistas. Es coincidente con la anticipada hace unos días por el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero sin

acusar los impactos del ajuste fiscal por 65.000 millones de euros ni, previsiblemente, el ritmo

de deterioro en la economía global y, en especial, en aquellas más próximas comercialmente a

la nuestra. Tampoco es muy probable que el registro correspondiente al año en curso mejore,

como ha señalado el ministro de Hacienda. La asociación entre la continuidad de la recesión

y la inestabilidad financiera dominante alimenta los temores depresivos: en los registros

estadísticos y, desde luego, en los estados de animo de los agentes económicos. La petición de

auxilio de la Comunidad Valenciana ha terminado por contribuir a la configuración de una de

las jornadas más aciagas en los mercados financieros.

Algo habrá que hacer, efectivamente. Pero, al menos hasta el momento, la desorientación es

la nota dominante, acompañada, desde luego, de una razonable inquietud. Si las decisiones

fiscales adoptadas por el Gobierno español son las propias de una economía intervenida, es

necesario que los costes de financiación pública sean los que corresponden a esa condición.

El propio FMI reclamaba hace unos días al Banco Central Europeo (BCE) que interviniera comprando bonos en el mercado

secundario desde el convencimiento de que las cotizaciones de esos mercados no reflejaban

los fundamentos de las economía española e italiana. El BCE debe activar el programa del

pasado agosto hasta tanto se arbitran otros mecanismos con un carácter más definitivo con mercados, favorecidos por el refugio de los que huyen de España e Italia y, desde luego, de la

propia Comisión Europea. Por último, pero no menos importante, en nuestro país debemos

hacer las cosas ordenadamente y con el máximo apoyo político posible: intentar no ir detrás

de los acontecimientos y formalizar un acuerdo con el máximo respaldo político en torno,

cuando menos, a la reforma de las Administraciones Públicas, la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y la definición

de decisiones facilitadoras de la reducción del desempleo. Son, en mi opinión, condiciones

necesarias, aunque quizás no suficientes, para frenar la sangría actual y facilitar el verdadero

apoyo financiero: llámese rescate convencional o como convenga a los administradores del

lenguaje de circunstancias. Una cosa es cierta: no hay manual de instrucciones para rescatar a

España e Italia. Algo tendrá que hacer el BCE.