La lucha contra la corrupción, un reto global

La lucha contra la corrupción, un reto global

La corrupción nos afecta a todos. El Foro Económico Mundial estima que a la economía mundial le cuesta más del 5% de la producción anual. Pero no solo conlleva un coste financiero o económico; corroe nuestras sociedades y la confianza en el estado de derecho; carcome la confianza en los gobiernos, en las empresas y en el deporte; permite que particulares y empresas evadan el pago de impuestos y no aporten lo que les corresponde; y hace que sea mucho más difícil acabar con el crimen organizado y el terrorismo.

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Imagen: ISTOCK

Hoy, líderes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y de la sociedad civil de todo el mundo -entre ellos, el ministro español de Justicia en funciones, Rafael Catalá- una cumbre en Londres cuyo objetivo es luchar contra el problema mundial de la corrupción.

Esta cumbre, cuyo anfitrión es nuestro primer ministro, David Cameron, pretende acordar un paquete de medidas prácticas para destapar la corrupción, castigar a sus autores y dar apoyo a los afectados, contribuyendo a desterrar unas prácticas que se han extendido por todo el mundo.

Además se abordarán asuntos como el secretismo empresarial, la transparencia gubernamental, la aplicación y ejecución de la legislación internacional contra la corrupción y el robustecimiento de las instituciones internacionales.

La corrupción nos afecta a todos. El Foro Económico Mundial estima que a la economía mundial le cuesta más del 5% de la producción anual: unos 2,6 billones de dólares. Por su parte, el Banco Mundial calcula que la corrupción incrementa los costes de las empresas en un 10% a nivel global, y que reducir la corrupción en tan solo un 10% podría beneficiar a la economía mundial en unos 380.000 millones de dólares anuales. Esta institución también estima que cada año se paga alrededor de un billón de dólares en sobornos.

Pero la corrupción no solo conlleva un coste financiero o económico; corroe nuestras sociedades y la confianza en el estado de derecho; carcome la confianza en los gobiernos, en las empresas y en el deporte; permite que particulares y empresas evadan el pago de impuestos y no aporten lo que les corresponde; y hace que sea mucho más difícil acabar con el crimen organizado y el terrorismo.

Ningún país es inmune a esta lacra; tampoco el Reino Unido. Pero se trata de un problema que la comunidad internacional ha ignorado durante demasiado tiempo. Ha llegado el momento de hacerle frente. Por este motivo, el Reino Unido quiere lanzar una ofensiva contra la corrupción, para lo cual también ha endurecido sus propias leyes. Desde 2010, el Reino Unido:

  • ha aprobado una ley contra sobornos [Bribery Act 2010], en la que se califica de delito el que una empresa no evite un soborno;
  • ha estado a la cabeza de los esfuerzos por abordar la evasión de impuestos y el fraude fiscal, repatriando más de 2.000 millones de libras esterlinas (2.539 millones de euros) que los defraudadores habían sacado del país;
  • ha co-presidido un comité de la ONU que ha colocado la lucha contra la corrupción en el núcleo de sus nuevos objetivos de desarrollo;
  • va a destinar más de 190 millones de libras (240 M€) hasta 2019 para ayudar a los países en desarrollo a investigar y juzgar casos de corrupción, y obligar a los gobiernos a rendir cuentas.

En la Unión Europea, el Reino Unido ha cerrado un acuerdo pionero con grandes aliados como España, Francia, Alemania e Italia para intercambiar información sobre los registros de titularidad real de las empresas y los nuevos registros de fideicomisos que tengan efectos fiscales.

También ha sido el primer socio del G20 en crear un registro con información sobre la titularidad real de las empresas que empezará a funcionar en junio y estará abierto al público.

Más de noventa países se han comprometido a compartir su información fiscal de manera automática para 2018, lo que implica que muchas más personas y empresas pagarán los impuestos debidos. Gibraltar, por ejemplo, ya mantiene relaciones de intercambio de información fiscal con más de 75 países, entre ellos España, y ha recibido de la OCDE la misma nota que Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos en cuanto al cumplimiento de la legislación internacional.

En efecto, el Reino Unido trabaja con sus territorios de ultramar y dependencias de la Corona para garantizar que no se convierten en paraísos para la corrupción o la evasión fiscal. Aquéllos que tienen centros financieros han acordado intercambiar de manera automática información de las cuentas financieras de los contribuyentes de forma que las autoridades británicas conozcan las cuentas que puedan tener contribuyentes británicos y la información relativa a la titularidad real de las empresas.

Pero desterrar la corrupción, allá donde exista, requiere un enfoque verdaderamente global e integrado. Lograr las reformas necesarias requerirá tiempo, coraje y determinación, pero si trabajamos juntos y aplicamos las medidas necesarias, haremos que sea mucho más difícil cometer delitos de corrupción y salir indemne. Espero que la cumbre de hoy en Londres sea el primer paso de verdad en reducir esta auténtica lacra.