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Acercarse o alejarse de la UE

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Foto: EFE

A principios de abril, el ministro de Hacienda Cristobal Montoro comunicaba oficialmente que España había sobrepasado los objetivos de déficit para el 2015 por casi un punto -a pesar de que en febrero negaba esta posibilidad-. En los casi cinco años de gobierno del PP, el objetivo de déficit fue conseguido solo en el 2013, aunque la desviación del 2015 ha sido la más significativa.

Observemos ciertas propuestas de alguno de los partidos que se presentan el 26J con respecto a ingresos y gasto público. Concretamente, el PP propone reducir el ratio gasto/PIB en el Plan de Estabilidad presentado a Bruselas y C's reducir "grasa política". Este argumento lleva implícito que el sector público español es ineficiente, gasta más de lo necesario y esto provoca la aparición de déficit público. El problema es que ningún indicador del tamaño del sector público apunta en dicha dirección, ni muestran un gasto público excesivo, sino todo lo contrario. Concretamente, España ocupa el puesto 20 -de 28- con respecto al porcentaje de gasto público sobre el PIB, con un 43,3% frente a un 48,6% de la eurozona en 2015 (47,4 la UE 28). Es más, si observamos el gasto por habitante podemos observar que España tiene un menor gasto por habitante en salud, educación, o servicios sociales (aunque superior en orden público, o policía, eso sí).

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Además la política de los últimos años nos ha llevado a recortar en sanidad y educación 18.000 millones, 16.000 millones en inversión pública, y 8.000 en vivienda. Estos recortes, han ampliado aún más la brecha cualitativa y cuantitativa que existe entre Europa y España. El PP -en el plan de estabilización y en la carta de Rajoy a Jean Claude Juncker plantea reducir -aún más- el gasto público al 40,1% del PIB (del actual 43,3%). De la misma manera, C's, que en su memoria presenta exactamente el mismo objetivo que el PP (40,1%) tendría que explicar dónde se aplicarán los recortes, porque los famosos 600 millones de euros de las diputaciones no son suficientes para recortar los más de 30.000 millones euros que tendrían que recortar para alcanzar esa cifra de gasto. Teniendo en cuenta que, de media, los Presupuestos Generales del Estado consignan en torno al 60% a gasto social y servicios públicos básicos, es perentorio que se especifique qué derecho social o qué servicio público será mermado. Está claro que la racionalización del gasto público es algo que hay que hacer, y ningún economista sensato se opondría a ello. Pero una cosa es racionalizar y otra muy diferente es que, con esa excusa, se prevean recortes de servicios públicos esenciales que se estén escondiendo a la población.

Sin embargo, y a pesar de que los ministros Montoro y De Guindos siempre hacen referencia únicamente a problemas de gastos cuando se habla de déficit, el verdadero problema de la estabilidad presupuestaria de nuestro país reside en la debilidad de nuestros ingresos. Como pone de manifiesto Eurostat, el peso de los ingresos en nuestro país sobre el PIB es de un 38,2%, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que fue en 2015 del 46,6% (España ocupa concretamente el puesto 23 de 28). Es cierto que la crisis ha mermado los ingresos públicos, pero el caso de España es excepcional, pues en ningún país de la zona euro han caído de manera tan pronunciada. Y lo peor es que ni con el crecimiento económico experimentado durante el último año éstos han sido capaces, ocho años después, de recuperar los niveles previos a la crisis.

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Por lo que se ha escrito hasta ahora parece cuanto menos discutible, por no decir irresponsable, la reforma fiscal que puso en marcha de manera adelantada el Gobierno del PP. Según los datos del Ministerio Hacienda, ésta habría supuesto una reducción de la recaudación de 7.846 millones de euros, que son más o menos los mismos recortes que exige Bruselas (8.000 millones) entre 2016 y 2017. Según datos de la AIReF, con la tendencia inercial de la economía, y si el Gobierno no hubiera aplicado esta reforma fiscal, el déficit público habría podido cumplir los objetivos de Bruselas.

Si no se derogan las reformas laborales, no se aumenta el SMI y no se refuerza la negociación colectiva, es impensable e irreal la estabilidad financiera de la Seguridad Social.

La decisión de realizar una política fiscal expansiva por la vía de la bajada de impuestos ha sido ineficiente para las arcas públicas. En efecto, esta merma en la recaudación tributaria de 7.846 millones de euros ha producido un incremento del PIB de apenas 3.000 millones, es decir, tiene un multiplicador del 0,37. Si el Gobierno hubiera utilizado esta cantidad en revertir los recortes (reponer vacantes, recontratar profesores despedidos, servicios sociales, contratar médicos, etc.), es decir, una expansión fiscal por la vía de la demanda, dado que el gasto público tiene un multiplicador superior a 1 (según la Comisión Europea, FMI, BCE, entre otros), éstos hubieran reportado un incremento del PIB mayor de lo gastado. Parece pues que el PP cuesta dinero a los españoles (y camas de hospitales, profesores, etc.).

Otro de los elementos que ha hecho incumplir los objetivos de Bruselas es el déficit de la Seguridad Social. Las tarifas planas y las bajas cotizaciones de los nuevos empleos, como consecuencia de las reformas laborales, han mermado en una fase de crecimiento los ingresos de manera significativa. Para que quede claro: mientras que 2007, con el mismo aumento de cotizantes (más de 400 mil), el crecimiento de ingresos de la seguridad social fue de un 8%, en 2015 el crecimiento ha sido del 1,3%. Son los bajos salarios los que determinan el bajo nivel de ingresos por las cotizaciones, por lo que si no se derogan las reformas laborales, no se aumenta el SMI y no se refuerza la negociación colectiva, es decir, no se actúa en sentido opuesto al camino seguido hasta ahora, es impensable e irreal la estabilidad financiera de la Seguridad Social. Esto no es óbice para que una parte relevante de la solución resida en la necesidad de cambiar el modelo productivo, pero incluso este cambio de modelo -centrado en alcanzar la parte alta de la cadena de valor añadido- será imposible con un SMI que roza el umbral de la pobreza.

El programa de Podemos presenta una propuesta que permite, por el lado del gasto, no alejarnos de más de la UE, y por el lado de los ingresos, recortar al menos en tres puntos porcentuales la diferencia con Europa. Respecto al gasto público, se acusa a Podemos querer elevar de manera exagerada e insostenible el mismo. La realidad es que Podemos propone simplemente mantener -no incrementar- el ratio de gasto público sobre el PIB de 2015 -40,3%- para no seguir alejándonos de Europa. En el gráfico que cierra este texto se pueden apreciar las diferentes propuestas de los partidos políticos que concurren al 26J, y dos extremos de comparación, la zona euro por un lado, y los países emergentes y en desarrollo por otro. Todo depende de cuál es el camino por el que España quiere transitar, si por el del PP (y C's), que nos aleja de nuestros socios y nos acerca a otro tipo de regiones y países, o el de Podemos, que nos acerca a Europa.

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