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La confianza en la policía y las estadísticas

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El pasado 24 de julio, el editorial del diario El País señalaba el peligro que podía constituir para la buena reputación de una institución como la policía el mantenimiento en su cargo del actual ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Se apuntaba el importante capital simbólico de este cuerpo, algo constatable en los resultados de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde es una de las pocas instituciones -junto al Ejército y la Guardia Civil- que mejor ha resistido el embate de la distancia de los ciudadanos con respecto a la mayor parte de las instituciones democráticas, como se constata en la casi totalidad de los países democráticos, siendo un síntoma de indudable preocupación.

Así es, la serie del CIS que recoge el grado de confianza que los españoles tienen en la policía ha mantenido a ésta en medias que se encuentran alrededor del 6 (entre un mínimo de 0 y un máximo de 10). El último registro arroja un 5,95 y, aunque como suele ocurrir, pueden encontrarse diferencias teniendo en cuenta distintos criterios sociodemográficos -especialmente la edad- cabe entender como bastante extendida la relativamente buena valoración de esta institución.

Ahora bien, el que tal valoración se mantenga depende, como subraya el editorial, de la imagen que proyecte el titular de Interior; pero, también, de otras dimensiones, como la disponibilidad de recursos, que es lo que, a su vez, tiene una incidencia en el día a día de la relación de los ciudadanos con la policía, objeto central en esa valoración ciudadana.

En 2015 se registra la existencia de casi doce mil efectivos policiales menos que en 2011, dentro de un descenso continuo. En el mismo periodo también descendió la tasa de criminalidad.

Recursos necesarios para afrontar la gestión policial de una sociedad crecientemente compleja. Y no hablo sólo de la casi universal vulnerabilidad hacia los ataques terroristas, como los que han protagonizado los medios de comunicación en este mes de julio (Francia, Alemania, Estados Unidos...). Hablo también de la gestión de la seguridad en nuestras calles, especialmente teniendo en cuenta las consecuencias de la crisis económica.

En un principio, los datos estadísticos ofrecidos por el propio Ministerio del Interior parecen desmentir tal preocupación. Así, en 2015 se registra la existencia de casi doce mil efectivos policiales menos que en 2011, dentro de un descenso continuo. Pero, he aquí lo interesante, que también ha descendido la tasa de criminalidad (infracciones penales conocidas-registradas por los cuerpos policiales por mil habitantes), de un 48,4 a un 43,7 en el mismo periodo.

Cabrían varias interpretaciones de esta evolución y el análisis debería profundizarse por varias vías: evolución en la denuncia de los distintos tipos de delito (han disminuido los relacionados con lesiones o, en general, los delitos contra el patrimonio y, sobre todo, los que atentan a la seguridad vial y, por lo tanto, tienden a ser denunciados por los agentes), relación de la evolución de delitos conocidos y de número de policías por unidades territoriales, etc.

Una vuelta por algunas comisarías lleva a pensar que lo que ha traído la menor disponibilidad de recursos humanos policiales es precisamente el menor registro de denuncias.

A bote pronto, la interpretación más positiva es la de un aumento de la efectividad real policial y, por lo tanto, de la seguridad o una sociedad menos inclinada a la infracción penal. Entre las potenciales interpretaciones menos positivas, se encuentran aquellas que están en la fuente de la construcción de tales resultados estadísticos: se realizan menos denuncias por los ciudadanos. No dudo de la alta profesionalidad de nuestros distintos cuerpos policiales; pero una vuelta por algunas comisarías lleva a pensar que lo que ha traído la menor disponibilidad de recursos humanos policiales es precisamente el menor registro de denuncias.

El escenario es una comisaría de una importante ciudad costera levantina, Gandía, que en estas fechas ve multiplicada su población. Lo primero que sorprende es que en la sala de espera -sórdida como casi todas las salas de espera de las comisarías- cada una de sus cuatro paredes soporta repetidamente el mismo mensaje que recuerda que una denuncia falsa es un delito. Tanta reiteración lleva a hacer pensar al potencial denunciante si no se le está mandando un mensaje disuasorio. Junto a éste, uno de disculpas por las molestias ocasionadas debido a la reducción de plantilla. Tal es el decorado para una espera que será larga.

Allí llegan dos chicos llenos de magulladuras y heridas en la cara. Han sido golpeados brutalmente por un grupo que, al parecer, había estado jugando al "knock-out game" toda la noche: se selecciona aleatoriamente una víctima y se le golpea con el objetivo de tirarle del golpe y dejarle noqueado. En este caso, uno de los jóvenes fue el elegido como víctima, siendo golpeado con un puño americano. El otro, se interesó por el anterior, al verle sangrando en el suelo, y recibió otro golpe por sorpresa. A traición. ¡Qué valientes estos jugadores!

Al poco tiempo, llega una pareja que dice ser enviada desde la oficina de denuncias que se ha puesto este verano en la playa porque allí no les pueden tomar la denuncia ya que no tienen toner. Un agente, que hace las veces de recepcionista, les informa que tendrán que esperar bastante, aconsejándoles volver a la oficina de la playa para comprobar si han recibido ya el toner. Este mismo agente, al que hay que reconocer gran capacidad de convicción, invita a un hombre -unos cuarenta años y al que se le caían las lágrimas- a que se dé una vuelta, para que se calme, antes de poner la denuncia. Asimismo, hace que una señora que iba a denunciar el robo de su domicilio vuelva al mismo para que compruebe con todo detalle todo lo que le ha podido ser sustraído. Puede que sólo consiga retrasar el momento de estas denuncias, pero no cabe duda de que su función es la de disuadir al denunciante impulsivo.

Los dos jóvenes agredidos salen del pequeño despacho donde se llevan a cabo las denuncias. Sólo uno ha podido efectuarla. El otro, que tiene rota la mandíbula y una notable herida en la mejilla, no pudo llevarla a cabo porque, al ser golpeado por atrás y por sorpresa, no pudo identificar al agresor. Eso es lo que le dijo el agente encargado de tomar la denuncia. Algo que suena muy extraño puesto que, entonces con la misma lógica, no habría delito si se encuentra un cadáver apuñalado. En este segundo caso, tal vez la víctima vio al agresor, pero las posibilidades de identificarle son nulas. A este criterio tan peculiar para filtrar qué denuncias de lesiones pueden efectuarse, se une el hecho de que, debido a que estaban en la comisaría por otro delito, se pudo identificar al agresor del muchacho que sí vio a su agresor. Una identificación que se hizo cara a cara, sin ningún tipo de protección para el denunciante.

Ante la evidencia de que el agresor identificado se movía en grupo, pues incluso varios miembros del mismo se encontraban en la propia comisaría, el chaval denunciante optó por abandonar la comisaría y la ciudad, dando por finalizadas sus vacaciones, para las que había estado ahorrando una buena parte del año. Primaban la seguridad, la tranquilidad -suya y de sus padres- y la salud, ya que tenía que acudir a su médico-dentista con el fin de reparar los desperfectos causados por la agresión.

Ante tal panorama y falta de protección ¿qué sentido tiene seguir adelante con la denuncia? Desde un punto de vista práctico, tal vez lo mejor era seguir como si no hubiera pasado nada. Pero con estos comportamientos se erosiona gravemente la confianza en las instituciones y, sobre todo, el tejido social.

Tal vez la narración de estos hechos haya parecido larga; pero creo que era necesaria para poner en evidencia cómo se producen algunos resultados estadísticos. Pero también para ver cómo el esfuerzo productivista por alcanzar objetivos -en este caso, la reducción de denuncias- no deriva siempre en el interés común para el conjunto de los ciudadanos.