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España, Catalunya y la mezquindad política

30/09/2017 09:18 CEST | Actualizado 30/09/2017 09:18 CEST
EFE

España y su conflicto con Catalunya es tan particular que nada tiene que ver con ningún otro caso comparado, más allá de las reivindicaciones nacionalistas que, por otro lado, en la Europa del siglo XXI siguen latentes. Esto, porque aun con todo, el Estado español ha experimentado cuatro décadas de crecimiento y consolidación que le han convertido en un Estado fuerte y con legitimidad, a diferencia de la experiencia franquista que pese a ser autoritaria, se sostenía sobre un Estado débil.

El punto actual de la relación de España con Catalunya hay que encontrarlo en la crisis de 2008. Una crisis que ha erosionado las bases de confianza y legitimidad del Estado, y que ha dejado consigo imágenes de impune corrupción, pauperización creciente y politización e instrumentalización de la justicia. Bajo todo esto, el Gobierno español utilizó como marco de referencia el "problema catalán" del mismo modo que el Gobierno catalán escondió sus miserias justificando que el origen de todos los males provenía de "Madrid". El resultado ha sido que en menos de una década se multiplicaran por cinco las voces en favor del independentismo.

A un problema evidentemente político se le está planteando una solución jurídica. Es decir, mal diagnóstico con ineficiente solución. Empero, el nivel de emotividad propio de todo nacionalismo ha florecido so pena de hacer que una solución política devenga insuficiente, y habida cuenta de que las soluciones planteadas pasan mayoritariamente por los extremos.

La solución pasa por reformar la estructura territorial del Estado, superar la idea intocable de la unidad de España y reformar la Constitución de 1978.

A partir del 2 de octubre solo sigue siendo posible pensar en una solución política, pero que no confunda legitimidad con represión. Esto obliga a salir del inmovilismo del Partido Popular, cuyo voto cautivo pide mayoritariamente una posición de firmeza, pero también del Gobierno catalán, que debe encontrar beneficios en la búsqueda de una solución política. Algo difícil en tanto que ello puede contravenir unas intenciones por las que, por medio de una ruptura con España, se entienden posibles lógicas de continuidad en su poder político y social. Si a lo anterior se añade que la movilización social que acompaña al referéndum puede superar a la capacidad política de las elites independentistas, y que los discursos son cada vez más reduccionistas, sobre ejes excluyentes como Madrid vs Barcelona o Democracia vs Dictadura, la posibilidad de una equidistancia se torna compleja.

La solución pasa por reformar la estructura territorial del Estado, superar la idea intocable de la unidad de España y reformar la Constitución de 1978, pues mucho de lo que alimenta este conflicto de intereses se sirve de elementos ajenos, propiciados por la crisis económica de 2008. Así, un referéndum ha de ser posible, aunque, en otros términos, si bien antes conviene entender el problema desde otro enfoque y con otra solución. De lo contrario, la ruptura será inevitable por la mezquindad irresponsable de ambas partes.