La paz esquiva de Colombia
Han pasado casi seis meses desde que se firmase el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP y lo cierto es que un escenario de incertidumbre y cuestionamientos varios sobrevuelan el horizonte de paz deseado para Colombia.
En no pocas ocasiones advertimos muchos de los que seguimos el proceso de paz colombiano con relativa proximidad del hecho de que la implementación de los primeros meses y los primeros pasos resultaban imprescindibles para consolidar las bases sólidas del cumplimiento del Acuerdo. Sin embargo, las cautelas iniciales invitan cada vez más a un relativo desánimo que no debe seguir avanzando en forma de desafección y desconfianza, pues ello no haría más que hacer un flaco favor a quienes, durante estos años, han tratado de sabotear e impedir cualquier atisbo de negociación entre Gobierno y guerrilla.
En pocos días se cumple el "Día D+180" que, en inicio, debería traducirse en la dejación completa de armas por parte de las FARC-EP. Empero, aún hay varias zonas veredales –que son los puntos en donde los excombatientes deben realizar la dejación de armas y el tránsito a la reincorporación a la vida civil – aún por construirse-. Algo si cabe más preocupante si se añade el hecho de que el vacío de poder que debiera presumirse de la concentración de la guerrilla sobre estos puntos no se ha traducido por el momento en un control efectivo del territorio por parte de la Fuerza Pública.
Todo lo contrario, en los últimos meses en Colombia se ha experimentado un reacomodo de los grupos armados ilegales, guerrillas y grupos pos-paramilitares, que encuentran en la dejación de la violencia de las FARC-EP un bastión idóneo para acumular recursos, extender poder territorial y afianzar posiciones económicas y armadas dentro de un contexto de violencia ni mucho menos resuelto. No solo se ha observado, por ejemplo, un repunte muy significativo de la presencia y la violencia del Ejército de Liberación Nacional en buena parte del Pacífico colombiano, sino que, igualmente, los herederos directos de las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidos actualmente como el "Clan del Golfo", han hecho lo mismo. Únicamente el año pasado murieron más de 130 activistas y líderes sociales a manos de estos grupos y son casi medio centenar los asesinados en lo que llevamos de año, de manera que una coyuntura como ésta no es la más adecuada si de lo que se trata es de generar un escenario de seguridad física, social y económica que, tras la dejación de las armas, garantice el tránsito a la vida civil de los excombatientes de las FARC-EP.
A un contexto de mayor violencia y disputa por el control territorial por parte de estos grupos armados, y a un retraso más que notable en la logística gubernamental a efectos de apoyar y facilitar el proceso de dejación de armas, se suma el retraso en el cumplimiento de los compromisos legislativos que, a modo de fast track debían de dinamizar los primeros avances y cumplimientos gubernamentales para con la guerrilla. Lejos de eso, todo lo contrario, la Corte Constitucional emitía ayer un más que cuestionable fallo por el cual el Congreso puede modificar, sin el aval del Gobierno, los proyectos de ley a efectos de implementar el Acuerdo de Paz. Es decir, se evita cualquier proceso de agilizar la implementación del Acuerdo y, más bien, todo lo contrario, se ralentiza al máximo su desarrollo al abrirse la posibilidad de un escenario de enmiendas y debates legislativos. Esto, a un año de las elecciones presidenciales, va convertir el Acuerdo en un arma de disputa electoral en donde las elecciones de 2018 van a fungir como una suerte de segundo plebiscito por la paz.
En conclusión, el horizonte que se presenta para la paz en Colombia en los próximos meses no invita ni mucho menos al optimismo. La Fuerza Pública sigue sin consolidar su posición en un país con más territorio que Estado. Los compromisos gubernamentales se van a demorar sustancialmente en el tiempo. La mayor visibilidad de las acciones del ELN y de los grupos posparamilitares van a dar más fuerza a las razones que recelan de seguir avanzando a grandes pasos en la implementación del Acuerdo con las FARC-EP. Asimismo, la comunidad internacional, en principio acompañante y garante de los compromisos adquiridos no tiene aún definidas sus funciones y responsabilidades, continuando sin saber qué hacer, y en el Legislativo ya están pensando más en el discurrir electoral del próximo año que en cumplir con responsabilidad de Estado lo pactado en un Acuerdo de Paz que cada vez se encuentra más desdibujado.
Y de este modo, a modo de triste corolario, se puede decir que Colombia sigue pertinaz en su firme propósito de rehuir de una paz estable y duradera que, tras medio siglo, continúa siendo tan esquiva como lejana.
