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Las FARC y el Día D

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Foto: REUTERS

Nos encontramos a semanas del Día D que debe poner fin a más de medio siglo de conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y es que ello supone un nuevo horizonte para Colombia, el cual exige de una profunda y necesaria refundación del Estado en todos sus niveles. Una refundación que ponga fin a las condiciones objetivas, estructurales, de cariz social y económico que, sin duda alguna, contribuyeron a sostener el conflicto armado interno más longevo del hemisferio occidental.

Sin embargo, es pertinente precisar algunos aspectos que son prioritarios y que deben ajustar a la realidad el nuevo escenario de construcción de paz y posconflicto armado que debe darse en Colombia. En primer lugar, hay que destacar la periferialización experimentada por el conflicto armado interno. Es decir, por periferialización debe entenderse el enquistamiento del activismo guerrillero en dos regiones periféricas del país: el nororiente - especialmente, los departamentos de Arauca y Norte de Santander-, frontera con Venezuela, y el suroccidente- sobre todo, Cauca y Nariño-, frontera con Ecuador. Expresado de otra manera, casi dos de cada tres acciones de las 122 acciones guerrilleras protagonizadas por las FARC y el ELN se condensaron en estas dos regiones del país. Dos regiones muy alejadas de los centros decisorios y con una marcada condición selvática, una impronta fronteriza y unas particularidades locales que invitan a pensar en la continuidad de ciertos frentes que, difícilmente, se desmovilizarán.

No obstante, y a pesar de ello, debe precisarse que la jerarquía de mando de las FARC es mucho mayor de lo que algunos pudieran pensar hace tan solo unos años. Esto, porque a pesar de las muertes de buena parte de sus líderes históricos -Manuel Marulanda, Mono Jojoy, Raúl Reyes o Alfonso Cano- el Secretariado actual ha conseguido reducir en un 80% las acciones guerrilleras, por ejemplo, con respecto a los registros del año 2012. En efecto, una cifra nada desdeñable, que obliga a remontarnos a finales de los setenta para encontrar niveles tan reducidos de violencia guerrillera.

Un segundo aspecto importante, junto con la periferialización, es la narcotización del conflicto. Esto, entendiendo por la narcotización la concurrencia de un mayor activismo guerrillero en aquellos enclaves cultivadores de coca. No es casualidad que las regiones descritas como periféricas sean a su vez las regiones cocaleras del país por antonomasia. Tampoco es casualidad que los frentes guerrilleros más activos en los últimos 18 meses estén mayormente ubicados en enclaves cocaleros. Tanto, que más de tres de cada cuatro acciones guerrilleras en Colombia se dan en lugares donde concurren este tipo de cultivos, los cuales, todo sea dicho, han pasado de 69.000 hectáreas a 96.000 hectáreas en el último año. Así, esto es de gran importancia porque, aparte de desdibujar por completo cualquier atisbo de ideal guerrillero, evidencia de qué modo la lógica de ciertas fuentes de poder económico han terminado por ser indisociables del activismo de algunos frentes guerrilleros, no solo de las FARC, sino también del ELN.

Centroamérica o la desmovilización paramilitar que experimentó Colombia en 2005 ya nos dejaron buena prueba de qué no hacer si de construir un escenario de posconflicto armado se refiere.

Así, periferialización y narcotización muestran una cuestión que ya se pudo observar en Perú tras el desmantelamiento de Sendero Luminoso y la continuidad de una pequeña facción, Proseguir, con cerca de 300 integrantes, que bajo la retórica guerrillera sigue presente en la región del VRAE, y tampoco por casualidad, la región cocalera por antonomasia del país.

Es decir, muy posiblemente, esto es lo que suceda en Colombia tras el fin del conflicto que se aproxima: un continuismo de la actividad armada bajo las siglas de las FARC pero que, en el fondo, está por completo ligada a la actividad delictiva. Y antes o después, es un ejercicio que deberán reconocer FARC y Gobierno para evitar que la frustración, la incomprensión o los saboteadores de la paz puedan cuestionar un proceso de diálogo y resolución del conflicto, al menos en la forma, casi impecable. De hecho, huelga decir que, recientemente, un exalto mando de las FARC me reconocía que esperan que la cifra de personas que no se desmovilicen no supere el 15% del total de los 7.500 combatientes que, aproximadamente, conforman actualmente la guerrilla.

Por último, y lo más importante, la solución pasa por una transformación de la arquitectura institucional y la estructura territorial del Estado colombiano. Con casi veinte millones de ciudadanos en condición de pobreza, más de seis millones de desplazados, tres millones de personas que no saben leer ni escribir y con uno de los mayores niveles de desigualdad y recentralización del continente, se corre el serio riesgo de reducir la paz a una mera ausencia de guerra con las FARC y no a una superación de las condiciones estructurales que sostuvieron dicha guerra.

Y es que Centroamérica o la desmovilización paramilitar que experimentó Colombia en 2005 ya nos dejaron buena prueba de qué no hacer si de construir un escenario de posconflicto armado se refiere. Si la violencia estructural, de la que es responsable el Estado, no se mitiga, nada invita al optimismo. Todo lo contrario. Recuérdese que si en 2005 se desmovilizaban 33.000 paramilitares, en apenas tres años, casi una tercera parte había vuelto a la criminalidad. A tal efecto, recuerdo las palabras que un jefe paramilitar me comentaba con relación a esta cuestión: "Con motivo de la desmovilización paramilitar, en el fondo quedaron 30.000 hombres con más puntería que cultura. Razón por la que muchos terminarían conformando las Bandas Criminales".

En conclusión, adelantarse a las dinámicas de continuidad del crimen organizado en aquellos sectores de las FARC que muy posiblemente no se desmovilizarán, unido a una estrategia integral de actuación sobre el narcotráfico - que debe implicar a países productores y consumidores-, unido a una transformación estructural, son imperativos que debe asumir el Gobierno y la sociedad colombiana desde ya. Luego estará el avanzar la negociación con el ELN y mitigar el alcance de las bandas criminales que tanto protagonismo han cobrado en los últimos meses. Empero, ello será arena de otro costal. Mientras tanto, la prioridad de transformar el Estado y adecuar la sociedad para un proceso de normalización de la vida política, económica y social del país requiere de un conjunto de compromisos que deben comenzar desde ya, sin esperar al ansiado Día D que todos anhelamos.