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¿Por qué apoyar el acuerdo de paz con las FARC?

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Foto: EFE

El acuerdo de paz que suscriben las FARC y el gobierno colombiano debe ser la oportunidad para refundar el Estado colombiano. Y es que más allá de suponer el fin de unas hostilidades de más de medio siglo, implica trasformar o superar buena parte de las estructuras económicas y sociales que sirvieron de soporte para el conflicto durante tantos años.

Así, el acuerdo se asienta sobre cinco puntos, más uno final que se encarga de establecer los elementos de implementación, verificación y refrendación del mismo. El primero de los puntos, quizá, es el que menos tiene que ver con el conflicto armado, stricto sensu, pero es el que verdaderamente más potencial tiene en el horizonte transformador que necesita el país. Desde principios como erradicación de la pobreza extrema, acceso progresivo y democratización de la titularidad de la tierra, la reforma de la estructura rural colombiana es una deuda con el único país latinoamericano que no experimentó reforma agraria alguna. Piensen que Colombia es el país más desigual de América Latina - solo superado por Honduras -y, aproximadamente, la mitad de la superficie del país es propiedad del 1% de la población-. Este punto primero, lo que hace es reconocer que la violencia en Colombia ha tenido una explicación directa con factores económicos y sociales desatendidos durante cincuenta años.

De este modo, y con base en enfoques diferenciales tanto territoriales como de género o condición étnica se destinan diez millones de hectáreas - muy bien definidas jurídicamente- para que los sectores más vulnerables y excluidos de la sociedad tengan mayor y mejor acceso a la tierra, desde un enfoque de economía solidaria y cooperativa. Esto se une, además, por un lado, a elementos de mayor descentralización municipal, en la que los niveles locales de gobierno están llamados a tener un mayor protagonismo en el diseño y planeamiento de políticas públicas; y por otro, a la necesidad, de parte del Estado, de transferir mayores niveles de institucionalidad, recursos e infraestructura en tanto que son condictio sine qua non en tal propósito. No olviden que Colombia es el país más recentralizado, junto con Venezuela, del continente.

Un acuerdo como éste es la llave para transitar de un escenario de violencia a un escenario de recomposición política, cultural y social.

El segundo de los puntos gravita en torno a la participación política, un elemento imprescindible en los intercambios cooperativos que tienen lugar en todo proceso de negociación con guerrillas que debe abandonar las armas para luchar en las urnas. En este punto, hay varios temas novedosos, si bien, en gran parte, orientados a construir una cultura política, por desgracia, fundamentalmente afectada por el parroquialismo y un déficit de democracia local notable -traducido en desafección, desinterés e, incluso, desconfianza hacia las instituciones políticas más importantes del país-. Es por ello que se incorporan elementos tales como presupuestos participativos; visibilización, problematización y politización de las necesidades de las regiones más afectadas por el abandono del Estado; y todo un elenco de acciones destinadas a construir pedagogía de lo que representa transformar y superar un conflicto armado interno de estas características.

El anterior punto conecta directamente con el punto tres, y que, aunque gravita en torno al fin del conflicto - entrega y dejación de armas, cierra los aspectos de participación política. Así, establece los recursos y posibilidades que deben facilitar la participación de las FARC en la nueva arena política colombiana. Por ejemplo, para los dos siguientes períodos presidenciales se prevé que el partido político heredero de las FARC disponga de cinco senadores (sobre 102) y cinco congresistas (sobre 166) sin necesidad de umbrales electorales o mínimos de participación electoral, y susceptibles de ampliarse en función de los resultados electorales.

También se establecen los incentivos para la desmovilización, que suponen, aproximadamente, 600 euros para el momento de entrega de armas y abandono de la estructura guerrillera y unos 200 euros mensuales, durante dos años, en los que se llevará a cabo todo un proceso de reincorporación y formación educativa y productiva que permita su resocialización. Elementos imprescindibles en la sostenibilidad de un proceso de paz como éste y que debe requerir, indisociablemente, de una reforma tributaria para un país con una presión fiscal tan endeble como regresiva. Además, aunque se ha discutido mucho este punto, tengan en cuenta que en África subsahariana este punto incluyó, entre otras cuestiones, embajadas, viceministerios y ministerios, además de un número muy superior de congresistas y senadores.

El punto cuatro gravita en torno al tema de drogas y narcotráfico. Las FARC colaborarán con el Estado en la transferencia del conocimiento sobre cultivos y rutas si bien, en un país que resulta ser el mayor productor cocalero del mundo -donde entre 2014 y 2015 se pasó de 69.000 hectáreas a 96.000-. Tengan en cuenta, empero, que cada euro invertido en políticas preventivas contra las drogas es más de veinte veces más eficaz que los invertidos en políticas reactivas. Es decir, la prioridad será resignificar las políticas que estimulen cultivos alternativos a la coca, lo cual conecta, directamente, con lo referido en el punto uno del acuerdo.

Finalmente, el punto cinco salvaguarda a la perfección lo que supone un esquema de justicia transicional. Quedan exonerados los delitos derivados de rebelión política y sedición que queden enmarcados en el conflicto armado con excepción de los más graves, como violencia sexual, reclutamiento de menores, desaparición forzada o asesinato. Todos estos quedan alineados con el Estatuto de Roma y supondrán penas privativas de libertad de 2 a 5 años para los delitos graves y de 5 a 8 años para los más graves. Es decir, algo muy similar a lo aplicado con los paramilitares colombianos en 2005 y siempre, vinculado a los parámetros de verdad, arrepentimiento y no repetición que son imprescindibles para acogerse a la justicia transicional y no a la justicia ordinaria. Además de este instrumento de Justicia Especial se creará una Comisión de la Verdad que se encargará de leer las páginas de la historia del conflicto colombiano antes de pasar página. Entre otros casos, Perú puede ser un perfecto espejo en el cual inspirarse.

Como pueden ver, un acuerdo como éste es la llave para transitar de un escenario de violencia a un escenario de recomposición política, cultural y social donde las diferencias se resuelvan sin armas. Es un acuerdo de paz con democracia local, inversión social, redefinición territorial, participación política incluyente y con una salvaguarda ejemplar a los Derechos Humanos y el Estado de derecho. Lo demás, de verdad, es pura construcción discursiva de los enemigos de la paz.