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Intolerancia cero

29/11/2015 09:57 CET | Actualizado 29/11/2016 11:12 CET

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Foto: EFE

Sobre la necesidad de ser tolerantes se ha insistido mucho. Lo que quiere decir que no se trata de algo espontáneo. Temores atávicos nos hacen desconfiar de los que no son iguales a nosotros, como si la diferencia representara una amenaza que debemos conjurar. Por eso, nada mejor para calibrar la madurez cívica de una sociedad que medir su grado de tolerancia. Ha llevado siglos conseguir que ciertos países acepten con naturalidad las tensiones provocadas por la convivencia de diversas etnias y culturas, así como por la mezcla de religiones, tendencias políticas y preferencias sexuales. Pero en general, puede decirse que esa actitud se encuentra hoy generalizada entre nosotros. La uniformidad, lejos de considerarse un ideal a seguir, trae a la mente imágenes de persecuciones y genocidios, autoritarismos, exilios y dictaduras.

Sólo un elemento parece resistirse a esta tendencia. Cuando nos adentramos en el terreno de las lenguas, diríase que se activa nuestro componente más irracional. Todavía son mayoría las sociedades (incluso entre las de carácter democrático) que actúan con el convencimiento de que, para funcionar sin problemas, es imprescindible que todos sus miembros posean un único idioma. Este prejuicio, irracional como tantos otros, ha provocado el atropello de los derechos básicos de numerosos grupos. Pero de manera sorprendente, a diferencia de lo que sucede con otras formas de intolerancia, ésta se acepta con relativa indulgencia. Nos encontramos frente a la última frontera que pone a prueba nuestra capacidad de respeto a los demás.

En sociedades que poseen varias lenguas y tradiciones (como son la mayoría), existen dos formas opuestas de confrontar la situación. Sus dirigentes pueden intentar hallar soluciones acordes con la complejidad real, para que todos convivan en armonía sin verse forzados a renunciar a sus señas de identidad, o pueden, por el contrario, empeñarse en homogenizarla, privilegiando una de ellas sobre el resto. La segunda solución, por desgracia, es la que más se ha practicado en todo el mundo. Sin necesidad de recurrir a los hábitos coloniales de mediados del siglo pasado, denunciados por el keniata Ngugi wa Thiong'o en Decolonizing the Mind, se me viene a la mente la imposición de la educación exclusiva en inglés a los hispanos del Sur de Texas por esas mismas fechas, criticada por la activista chicana Gloria Anzaldúa en Borderlands/La Frontera, o el empeño franquista en obligar a los niños españoles a realizar sus estudios únicamente en castellano, aunque su lengua materna fuera otra. En todos los casos, los que se vieron forzados a pasar por la experiencia aluden al trauma que ello les ocasionó, mencionando problemas de identidad y crisis de autoestima.

Más cerca aún de mi entorno, en junio de 1998 los votantes de California aprobaron una proposición de ley que eliminó la educación bilingüe en las escuelas. Las razones que se alegaron fueron muchas y muy variadas, pero podrían resumirse en una: el miedo a lo diferente. Ese mismo miedo que hasta hace bien poco propiciaba el racismo, las persecuciones políticas, la homofobia y la intransigencia religiosa. El rápido crecimiento de la comunidad latina despierta en determinados círculos temores a que la identidad estadounidense esté en peligro. Como resultado, por mis clases han pasado miles de estudiantes hispanos que son analfabetos en su propia lengua. ¿Qué se ha ganado con ello? Nada. Más bien se está perdiendo una oportunidad. Estados Unidos se ha encontrado de repente dentro de sus fronteras con un factor que, de manejarlo con inteligencia, mejoraría radicalmente sus relaciones con América Latina. Pero, en lugar de hacerlo, sus dirigentes se han dejado llevar por una concepción monolítica de la identidad nacional y, atizando el miedo de la población, han tratado una oportunidad como un problema. Que es la forma más eficaz de hacer que lo sea.

En el caso de España, el reconocimiento de diversas lenguas en la Constitución fue un paso en la dirección correcta. Pero la voluntad de encontrar una solución integradora ha fallado por la forma en que llevó a cabo. Reconocer el castellano como única lengua oficial del Estado, justificó el planteamiento nacionalista de que las lenguas propias de cada Comunidad deberían ser también únicas en su propio territorio. De ese modo, en lugar de acabar con la intolerancia, lo que se ha conseguido es fomentarla.

Hay varios millones de españoles cuyo idioma materno no es el castellano, y que deberían tener derecho a expresarse en sus lenguas en todos los ámbitos de gobierno.

Dos ejemplos me ayudarán a ilustrar lo que acabo de decir. En abril del 2013, el diputado de ERC Joan Tardá fue obligado a abandonar la tribuna del Congreso por empeñarse en realizar su intervención en catalán. El presidente de la sala actuó de acuerdo a las normas vigentes, ya que, según todos sabemos, la legislación española exige utilizar en la Cámara únicamente el castellano. Pero si queremos crear una sociedad basada en el respeto a los diversos grupos que la componen, no es lógico impedir a un diputado catalán usar su lengua materna en un organismo estatal. El razonamiento de que puede hacerlo en castellano carece de peso, ya que no se trata de posibilidades sino de derechos. Las lenguas con presencia histórica en el territorio español deberían ser todas oficiales en los organismos del Estado. Comprendo que eso complicará enormemente el ejercicio de la administración, pero las realidades no se confrontan negándolas. Hay varios millones de españoles cuyo idioma materno no es el castellano, y que deberían tener derecho a expresarse en sus lenguas en todos los ámbitos de gobierno.

Del mismo modo, en una sociedad lingüísticamente diversa como la catalana, en la que más de la mitad de la población posee el castellano como lengua materna, no deja de causar perplejidad que la inmensa mayoría de los que dicen ser sus representantes se expresen en el Parlament únicamente en catalán. Si lo que pretenden transmitir con ello es que consideran el catalán la única lengua propia de Cataluña, eso significaría anteponer un objetivo político (la única lengua debe ser el catalán) a la evidencia de lo que existe en realidad (Cataluña es una sociedad bilingüe). Algo similar sucede con la educación. Conocidos míos que viven en Cataluña me aseguran que la inmersión en las escuelas no origina el más mínimo problema, pero mi experiencia de varias décadas como docente en California me lleva a pensar lo contrario. Una sociedad bilingüe debe poseer una educación bilingüe. No sólo porque es lo justo para todos, sino porque, además, la educación bilingüe acarrea ventajas universalmente reconocidas. Negarlo sólo puede deberse a causas políticas.

Si los españoles en general, y los nacionalistas en particular, hubiéramos insistido en reclamar mayor respeto para todos, en lugar de empeñarnos en fomentar el exclusivismo y la intolerancia, me atrevo a asegurar que nos habríamos ahorrado muchos problemas. Oponerse de manera efectiva a las prácticas de una dictadura, no consiste en reproducir esas mismas prácticas con otros fines, sino en extirparlas de raíz. La intolerancia no puede combatirse con la intolerancia. Que eso se haga, además, con el apoyo de la izquierda no nacionalista, me parece paradójico. La resolución de los problemas que actualmente confronta la sociedad española debería servirnos para probar, no sólo que una sociedad con distintas lenguas e identidades puede funcionar razonablemente bien, sino, más importante aún, que esa pluralidad es buena. Porque las tensiones que ocasiona, si se saben encauzar de manera adecuada, generan una mayor energía y, por tanto, un mayor dinamismo.

Nos encontramos frente al último obstáculo que pone a prueba nuestra capacidad de tolerancia. Resolverlo bien es un reto. Y una responsabilidad. En un tiempo en que el fanatismo parece repuntar por doquier, desde la América de Donald Trump hasta la Francia de Le Pen (por mencionar tan sólo el referente de dos países indiscutiblemente democráticos), es indispensable ofrecer ejemplos que sirvan para desautorizar las políticas excluyentes que algunos propugnan. La uniformidad no tiene por qué ser mejor la diversidad. Sobre todo cuando, para lograrla, es necesario dañar los derechos de ciertos grupos. Una sociedad diversa será más fuerte cuanto mejor sepa usar la energía de todos sus miembros. Y, con ese fin, es necesario que los haga sentirse orgullosos de lo que son. Este es el desafío que ahora confrontamos en España. Y no sólo en España. Intolerancia Cero. Los próximos años demostrarán si hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y resolver el reto con una visión de futuro.