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Usos y abusos de la democracia

19/01/2016 07:02 CET | Actualizado 18/01/2017 11:12 CET

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Foto: ALEJANDRO GARCÍA/EFE

Cuando escucho a ciertos dirigentes afirmar que la cuestión catalana debe resolverse democráticamente, implicando con ello la necesidad de un referéndum, me acuerdo del título de aquella película de los años noventa que, refiriéndose a la diferencia entre amor y sexo, aconsejaba llamar las cosas por su nombre. ¿Por qué lo llaman democracia cuando quieren decir derecho de autodeterminación? A no ser que consideren que los dos términos significan lo mismo, que todo podría ser viendo la confusión que se ha instalado en la escena política española.

El deseo de independencia que manifiesta una parte de la sociedad catalana es una aspiración legítima, sin duda, pero si queremos confrontar el asunto de manera honesta, debemos reconocer que nos encontramos frente a un problema de índole excepcional. Un problema, además, que no tiene nada de nuevo. En los años de la Transición, varios grupos parlamentarios plantearon la posibilidad de que se reconociera en la Carta Magna el derecho a la autodeterminación de las denominadas nacionalidades históricas, pero finalmente se decidió no hacerlo. ¿Significa eso que nuestra democracia presente serias carencias? En absoluto. La pluralidad lingüística y cultural es una realidad en la mayoría de los países del mundo, pero ninguna Constitución, que yo sepa, incluye en su articulado ese derecho. Autodeterminación y democracia son dos conceptos de naturaleza diferente y deben, por tanto, ser tratados como tales.

De hecho, así sucedió en España durante más de tres décadas, hasta que en los últimos años, usando el lenguaje de manera ambigua, empezaron a emplearse como sinónimos. Ningún asunto ha servido para probar de manera más alarmante que España carece de una clase dirigente que merezca tal nombre, como la confusión originada por la picaresca de un juego de palabras. Políticos, periodistas, intelectuales, profesores, todos los que conforman la élite política e intelectual de país, reaccionaron al principio desconcertados (algunos lo siguen estando) ante la reivindicación por parte de los nacionalistas catalanes del denominado derecho a decidir. Los mismos que se habían opuesto con firmeza a la autodeterminación cuando se exponía sin ningún tipo de subterfugios, por más que el conflicto estuviera costando cientos de vidas, apoyaron ahora esa misma pretensión cuando se planteó como una exigencia democrática.

El derecho a la autodeterminación no forma parte del normal funcionamiento de una democracia. Está más bien relacionado con el nacionalismo, los pueblos oprimidos y la descolonización. Raül Romeva, el candidato de Junts pel Sí, demostró no comprender bien la diferencia cuando, en la entrevista que le hizo Stephen Sackur en la BBC, insistía en afirmar que lo único que deseaban los nacionalistas catalanes era que se les permitiera ejercer un elemental derecho democrático. El entrevistador, que sí sabía el terreno que pisaba, le preguntó cómo podía hablar de democracia cuando lo que estaba planteando era desobedecer la Constitución. En las páginas de ese documento pactado por todas las fuerzas políticas, y no en las urnas, reside el fundamento básico de cualquier sistema democrático. La Constitución se puede cambiar, pero no ignorar. Quien lo haga, no está procediendo democráticamente.

El comportamiento de los independentistas catalanes en los últimos años es el ataque más serio que ha sufrido la democracia española en sus casi cuarenta años de existencia, sobre todo porque, confundiendo democracia con derecho a decidir, se ha hecho en nombre de los mismos principios en que se sustenta. Pero la democracia no consiste meramente en votar. Plantearlo así sólo puede explicarse porque el que lo hace no está bien informado o porque se propone defender intereses particulares, amparándose en el prestigio de un concepto que goza de general aceptación. George Bush, por ejemplo, justificó la invasión de Iraq en nombre de la democracia, afirmando que a partir de ese momento el pueblo iraquí tendría la oportunidad de elegir a sus dirigentes, y Putin se amparó en la voluntad mayoritaria del pueblo de Crimea para justificar la anexión de esa península. Del mismo modo, David Cameron ha apelado a la voluntad del pueblo para explicar la organización de dos referéndums, uno sobre la independencia de Escocia y otro sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Europa comunitaria.

En los tres casos, más que alabar el espíritu democrático de esos dirigentes, deberíamos preguntarnos qué objetivo persiguen. El trasfondo de las decisiones de Bush y Putin parece claro. El de Cameron, más sutil (no en vano los británicos son los inventores del concepto moderno de democracia, que manejan a la perfección en defensa de sus intereses), encubre por todos los indicios un ataque velado a la Unión Europea. En otro artículo, publicado en este mismo blog, desarrollé la idea de manera más detallada, por lo que no considero necesario repetir mis argumentos. Sólo diré que, si los países comunitarios siguieran el ejemplo británico, fomentando el nacionalismo en momentos de crisis, el futuro de la UE estaría en peligro. Añadiré también que, si Cameron considerara que intereses vitales propios estuvieran amenazados, no organizaría votaciones con la ligereza con que lo hace. Pretender que se trata de una prueba de su talante democrático es ingenuo. Si así fuera, habría apoyado el derecho de Crimea y las partes rusófonas de Ucrania a decidir su futuro.

La independencia de Cataluña, como la de cualquier otro territorio, sólo estaría justificada si contara con el apoyo de una abrumadora mayoría de la población.

La democracia es una forma de gobierno más compleja de lo que a primera vista parece. El prestigio de que disfruta no se debe a que se fundamente en ideales alambicados de prístina pureza, sino a que ha demostrado ser capaz de resolver en la práctica de manera satisfactoria (mejor que otras formas de ejercer el poder) la mayoría de los problemas que se le presentan a una sociedad. Su eficacia, y por tanto su éxito, se asienta en dos pilares básicos: el voto universal del pueblo para elegir a sus representantes y la periodicidad con que se ejerce ese derecho. El primero produce la impresión de que todos los miembros de la comunidad participan por igual en la toma de decisiones, por más que sepamos que ese convencimiento es en gran parte ilusorio. El segundo ofrece a los perdedores la posibilidad de un cambio cercano, permitiéndoles el consuelo de una revancha, y restando, por tanto, severidad a la derrota. De hecho, la práctica demuestra que los vencedores de unas elecciones suelen defraudar las expectativas que generan, por lo que es normal que se produzca una alternancia en el poder.

Si la autodeterminación pudiera votarse cada cuatro años, hay buenas razones para pensar que el asunto perdería buena parte de su encono. Puesto que no es así, debemos reconocer que nos encontramos frente a un problema que no puede resolverse por los habituales procedimientos democráticos. Pretender, como están haciendo en estos momentos los independentistas catalanes, que el 47,8% de los votos es suficiente para iniciar una "desconexión" de índole irreversible, aprovechando que el desigual reparto de escaños les proporciona una mayoría que no refleja el voto popular, es un claro abuso del concepto de democracia. La independencia de Cataluña, como la de cualquier otro territorio, sólo estaría justificada si contara con el apoyo de una abrumadora mayoría de la población. Una mayoría tan clara y contundente que permitiera descartar la eventualidad de un vuelco en el resultado si la consulta se celebrara de nuevo.

La forma en que se está desarrollando el proceso indica que los independentistas catalanes no tienen ninguna voluntad democrática. Su objetivo es otro. Que quienes vociferan más alto por acelerar la ruptura sean partidos que se dicen de izquierdas es cuando menos desconcertante. Quizás sus dirigentes deberían explicar los beneficios que esperan que la generalidad del pueblo español (catalanes y no catalanes) obtengan de todo ello. Si bien, tal vez el hecho de definirse como nacionalistas les sirva de disculpa. Simplemente, están demostrando cuáles son sus prioridades. Pero que haya partidos no nacionalistas que les hagan el juego, aceptando que nos encontramos frente a un problema democrático que puede resolverse mediante una simple votación, sólo puede explicarse por ignorancia o por irresponsabilidad. Confrontar un problema aceptando las premisas de los que defienden intereses opuestos a los nuestros, no parece que sea la forma más hábil de proceder. No tiene sentido utilizar planteamientos que, además de ser tendenciosos, nos perjudican. El primer requisito de un buen político es ser inteligente. Durante los últimos cuatro años, los nacionalistas catalanes han movido bien sus cartas, procurando dividir a sus adversarios. La confusión a la que han arrastrado a una buena parte de la izquierda no es una buena noticia para la democracia española.

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