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Pacto para la Justicia: así no

17/02/2017 07:22 CET | Actualizado 17/02/2017 07:22 CET

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá viene insistiendo en todas sus comparecencias, tanto públicas como parlamentarias, sobre la necesidad de un gran pacto nacional sobre Justicia, que incorpore además de los partidos políticos, a las instituciones y a los profesionales de la Justicia. Es decir, que apela al necesario consenso para reformar de verdad a la hermana pobre de los poderes del Estado.

Dos son los grandes objetivos para esta legislatura del ministro, al menos en el ámbito del derecho penal: una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (la actual es del siglo XIX, con múltiples parches) y traspasar la instrucción de los procedimientos penales al Ministerio Fiscal en lugar de los Jueces de Instrucción, como hasta ahora.

Sin embargo, los pasos que por el momento están dando el ministro y el Gobierno desprecian ese consenso al que siempre alude el ministro.

Consenso es un término que procede del latín "consensus" y que hace referencia al acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos.

Si alguna cuestión tiene consenso entre partidos politicos, instituciones y profesionales de la Justicia es la derogación de la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó en solitario el Partido Popular en la X Legislatura. Es decir, la limitación de los plazos de instrucción o investigación por parte de los juzgados.

En la pasada legislatura fallida y en la actual, se han aprobado sendas Proposiciones No de Ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a derogar el artículo 324. Seis asociaciones judiciales y fiscales pidieron la suspensión de su entrada en vigor, calificando públicamente la reforma de auténtica ley de punto final. En las conclusiones de la XXV reunión nacional de Jueces Decanos de España (órgano de representación de los jueces elegidos por los propios jueces democráticamente), la conclusión con respecto a esta reforma fue clara: "Va a tener un efecto sumamente negativo, como lo es el establecimiento de plazos-límite en la instrucción, medida de evidente carácter voluntarista que nada soluciona ni aporta, cuando su causa radica precisamente en la permanente escasez de personal y medios, así como en leyes anticuadas que aplicamos al proceso penal y que, Gobierno tras Gobierno, nadie se atreve a modernizer".

La definición de consenso de momento pasa por estar de acuerdo con lo que propone el Partido Popular y despreciar los acuerdos del resto de grupos parlamentarios.

No cabe duda que la agilización de procesos es siempre un objetivo loable, pero la redacción aprobada supone un grave desconocimiento de la realidad de la Administración de Justicia, infradotada de medios personales y materiales, dejando además la posibilidad de solicitar prórrogas en manos de la Fiscalía, quien a día de hoy no es el instructor del procedimiento. Tal y como está a día de hoy, fomenta la pena de banquillo (acusaciones sin investigaciones completas que pueden acabar en sentencias absolutorias). O lo que puede ser peor, la impunidad.

Pues bien, a pesar de ese "consenso" entre todos los grupos parlamentarios (excepto el PP, claro) y profesionales de la justicia, la semana pasada el ministro de Justicia, a la pregunta de si el Gobierno pensaba derogar el actual redactado del artículo 324, contestó claramente que no lo piensan derogar. Habrá, por tanto, que llevar al Parlamento una proposición de ley para reformarlo.

Lo mismo ha ocurrido con las tasas judiciales para pymes y ONGs, a pesar del consenso para eliminarlas. Aquí, el Gobierno se ampara en el veto presupuestario para no eliminarlas.

Lo próximo sera la reforma de la justicia universal aprobada esta semana pasada en otra proposición no de ley en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

El Gobierno ignora los consensos parlamentarios, despreciando al poder legislativo, y con estos antecedentes, es difícil creer que en la creación de la subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia en la Comisión de Justicia del Congreso, llegue a buen puerto.

La definición de consenso de momento pasa por estar de acuerdo con lo que propone el Partido Popular y despreciar los acuerdos del resto de grupos parlamentarios o la opinión de los profesionales aunque estos sean mayoritarios.

Y mientras, la Justicia sigue igual de abandonada.

Así no.

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