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Por qué los Presupuestos del Estado 'valen' una reforma electoral en Canarias

02/05/2017 17:41 CEST | Actualizado 10/05/2017 16:29 CEST
EFE
Mariano Rajoy, rodeado de Australia Navarro, líder del PP de Gran Canaria y Asier Antona, presidente del PP de Canarias el pasado fin de semana.

A pesar de llamarse nacionalistas, Madrid ha sido siempre una especie de talismán para Coalición Canaria, que ha conseguido allí neutralizar la amenaza de sus rivales políticos en las islas a base de juegos y alianzas estratégicas con el principal objetivo de mantener el Gobierno de Canarias. Pero cosas de la vida, puede que sea en Madrid donde se esté larvando el fin de su hegemonía en las islas si Nueva Canarias mantiene su apuesta de arrancarle al PP un compromiso firme para reformar la ley electoral canaria a cambio de que su diputado, Pedro Quevedo, apoye finalmente los Presupuestos Generales del Estado. Una auténtica pesadilla para CC, que depende del actual sistema electoral como el cubalibre del refresco de cola.

Quizá los canarios no nos hayamos hecho oír o quizá al establishment político y mediático español le importe una higa, pero la ley electoral canaria es, a juicio también de algunos investigadores, una de las más injustas y desproporcionales del mundo democrático: permite que un 83% de la población, la que vive en las islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, elija al mismo número de diputados autonómicos, 30, que un 17% de la población, la que vive en las islas no capitalinas, La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura.

Nueva Canarias aún mantiene entre parte de la izquierda canaria el estigma de haber contribuido a la hegemonía política, mediática y cultural de Coalición Canaria.

Es como si el voto de un habitante de la isla de El Hierro, una pequeña isla donde Coalición Canaria ha tenido un dominio histórico, valiera lo mismo que el de 17 votantes de Gran Canaria, una isla mucho más grande, con una sociología más compleja y una distribución del voto más plural y cambiante. Este desequilibrio, combinado con unos topes electorales del 6% regional y el 30% insular para acceder al parlamento, produce más aberraciones, como que Ciudadanos, con 53.981 votos y un 5,96% del voto regional, se quedara fuera del parlamento en las autonómicas de 2015, mientras que la Agrupación Socialista Gomera (una escisión insularista del PSOE que ahora apoya al Gobierno de CC y que defiende con ahínco este sistema), con sólo el 0,56% de los votos regionales, entrara con tres diputados autonómicos, al suponer estos votos el 42,83% de la sobrerepresentada circunscripción de La Gomera. Un despropósito democrático en plena España post15M.

Dicen que se eligió este sistema en los inicios de la autonomía para favorecer la influencia política de las llamadas "islas menores", tradicionalmente condenadas al olvido y el subdesarrollo por parte de las islas capitalinas. Casi cuatro décadas después, y tras sólo un leve retoque en 1996 para hacerla menos representativa todavía, esta ley se ha convertido en la tabla de salvación para Coalición Canaria, que argumenta para su defensa los intereses de las islas no capitalinas y la necesidad de no "romper Canarias", mientras minimiza las barbaridades que se producen con el sistema actual. Claro que, desde hace años, CC pierde sistemáticamente en votos las elecciones autonómicas, pero no siempre en escaños, porque tiene una notable implantación en la islas no capitalinas: lugares más pequeños, con poblaciones más reducidas, un manejo de la política altamente clientelar, donde los cabildos insulares -gobiernos de la isla-, mucho en manos de CC, son las principales máquinas de contratación y dinamización de la economía.

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Fernando Clavijo (segundo por la derecha), presidente del Gobierno canario y José Miguel Barragán (tercero por la derecha), secretario general de Coalición Canaria durante el reciente congreso nacional de la formación.

"El actual sistema electoral es la columna vertebral del poder de Coalición Canaria en las islas", afirma Santiago Pérez, exsenador y exdiputado regional del PSOE, hoy fuera de las filas socialistas y uno de los mayores defensores de la reforma de la ley electoral. "La primera premisa que CC pone en cualquier negociación, que está escrita en tinta invisible pero con fuego, es que el sistema electoral no se toca".

No suena para nada a exageración a tenor los sucesivos intentos de reforma que se han caído por el camino. En 2007, por ejemplo, el Parlamento canario solicitó la retirada del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de las Cortes con los votos de PP y CC, a pesar que CC lo había pactado anteriormente con los socialistas en la Cámara regional y de que no se había producido ninguna modificación sustancial en las Cortes, como exige el actual Estatuto de Autonomía para retirarlo. En ese proyecto se proponía la bajada de los topes al 15% insular y al 5% regional y la posibilidad, ni siquiera la obligación, de que hubiera una lista regional que pudiera compensar la sobre-representación de las circunscripciones insulares. Pero nada, no llegó.

En 2009 también, Santiago Pérez propuso una proposición de ley en el Parlamento para bajar todos los topes al 5%. El Pleno lo aceptó por unanimidad, pero ya en la Comisión Institucional, CC votó en contra. Tampoco el PSOE pidió votarlo de nuevo en el pleno, afanados como estaban algunos de sus dirigentes, según Pérez, en acercarse a Coalición Canaria, con la que pactarían el Gobierno regional en 2011.

Pero las cosas ya no son como entonces. Ahora, Coalición Canaria tiene un Gobierno débil que sólo cuenta con 18 diputados de 60 y depende del apoyo del PP. Rajoy depende a su vez de Nueva Canarias para aprobar sus Presupuestos del Estado. Y Nueva Canarias necesita la reforma electoral para ganar más peso en el Parlamento, ya que tiene el grueso de sus votantes en la isla de Gran Canaria, una de las circunscripciones infrarrepresentadas.

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El líder de Nueva Canarias (tercero por la izquierda) Román Rodríguez bromea con Antonio Morales (segundo por la derecha), presidente del Cabildo de Gran Canaria. Detrás está Pedro Quevedo (segundo por la izquierda), diputado en el Congreso de Nueva Canarias.

Queda por ver si conseguirán torcerle el brazo a Mariano Rajoy y a Coalición Canaria, bien en la reforma del estatuto, que ha vuelto a las Cortes generales, bien a través de la reforma de la ley en el Parlamento canario, donde se ha creado una comisión para este tema. Pero CC apenas se mueve de la oferta de bajar los topes al 15% insular y al 5% regional, nada más que un maquillaje que apenas alteraría la situación actual y no mejoraría mínimamente el problema de desproporcionalidad entre islas. "Coalición Canaria sólo ha apoyado esta comisión en el Parlamento para ganar tiempo. Es su táctica cuando va a perder una votación. Vota a favor de algo para luego torpedearlo", comenta Pérez. Otra cosa es que esta vez lo consigan.

Pero el asunto tiene también una derivada shakespereana: que Nueva Canarias le pueda encajar este tanto a los que fueron sus antiguos compañeros. Formada en 2005, el partido es una escisión de la facción progresista de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria, que se fue tras los incumplimientos del sector vinculado a CC en la isla de Tenerife. Son en su mayor parte los herederos de la lucha del cristianismo de base y los curas obreros en la zona sur de Gran Canaria, que, en 1993, decidieron formar un partido con la burguesía conservadora tinerfeña, equivalentes a sus antagonistas en la isla de Gran Canaria y mucho más ubicados en una especie de localismo costumbrista que en los nacionalismos anticoloniales de izquierdas de los que bebían ellos. Todo por quitar al socialista Jerónimo Saavedra de la presidencia del Gobierno canario.

Aunque los últimos años de pactos con el PSOE y Podemos han blanqueado su pasado, Nueva Canarias aún mantiene entre parte de la izquierda canaria el estigma de haber contribuido a la hegemonía política, mediática y cultural de Coalición Canaria.

Porque además, si algo comparten con sus antiguos compañeros de CC, es ese inmenso posibilismo pragmático, muchas veces oportunista, que les permite haber ido a las dos últimas elecciones generales en coalición con el PSOE y negociar ahora con Mariano Rajoy. Bregados en las mil batallas isleñas de asambleas, iglesias e invernaderos de tomates, saben jugar bien a esta cosa maquiavélica de la política.

A buen seguro, sin embargo, habrá más de uno en la izquierda canaria dispuesto a mirar para otro lado si Nueva Canarias termina apoyando los presupuestos a cambio de que el PP se comprometa a luchar para tener una nueva ley electoral canaria más representativa en las elecciones autonómicas de 2019.

Hay momentos en los que la lógica pura y dura del poder se cruza en el camino con los buenos objetivos éticos y políticos. Este puede ser uno de ellos.